Puerto Rico: energía más cara y un sistema diseñado para el capital

El más reciente aumento en la tarifa eléctrica en Puerto Rico no es un hecho aislado, sino la expresión de un modelo energético que traslada sistemáticamente los costos al pueblo trabajador mientras garantiza ganancias a empresas privatizadoras y monopolios del combustible. En un contexto de dependencia colonial y alza en los precios del petróleo, la crisis se profundiza con un servicio inestable y más caro, evidenciando la necesidad de organización política para transformar de raíz el sistema energético.

El aumento en la factura eléctrica no es un accidente ni una excepción, es el resultado de un modelo que prioriza las ganancias privadas sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Por Isabelino Montes

En una colonia donde sus principales administradores continúan alineándose con la política exterior de Estados Unidos, incluyendo su intervención militar en Medio Oriente contra Irán, las repercusiones económicas no tardan en sentirse en territorios subordinados como Puerto Rico. El encarecimiento del petróleo, en ese contexto de conflicto, agrava aún más las ya precarias condiciones de producción y distribución energética en la isla.

Sin embargo, atribuir los aumentos en la tarifa eléctrica exclusivamente a la guerra sería una simplificación conveniente. La realidad es más profunda y estructural. Los incrementos en la factura de luz vienen registrándose desde que LUMA Energy asumió el control de la transmisión y distribución del sistema eléctrico. La privatización, lejos de estabilizar el servicio, ha consolidado un modelo de traslado sistemático de costos hacia la clase trabajadora.

La más reciente manifestación de esta dinámica quedó evidenciada cuando el Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó en marzo de 2026 un aumento de 1 centavo por kWh para el trimestre de abril a junio, elevando la tarifa de 26.23 a 27.23 centavos por kWh. Este ajuste respondió a proyecciones de costos de combustible asociadas a Genera PR.

No obstante, el 14 de abril de 2026, el mismo organismo rechazó una solicitud de aumento mayor presentada conjuntamente por LUMA, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica. Lejos de representar una defensa efectiva del interés público, estas decisiones revelan una institucionalidad funcional al capital. La combinación entre LUMA, Genera, la AEE y el Negociado no es otra cosa que un engranaje que permite ajustar continuamente los costos de producción del sistema eléctrico para salvaguardar las ganancias de las empresas privatizadoras y, en última instancia, de los grandes monopolios transnacionales del petróleo.

Son estos monopolios, epicentro de conflictos geopolíticos y guerras por recursos, los que condicionan la estructura energética global y, por ende, la realidad puertorriqueña. Cada fluctuación en sus márgenes de rentabilidad se traduce en presión para aumentar tarifas. Este esquema no es nuevo. Incluso cuando la AEE operaba como corporación pública, lo hacía subordinada a estos mismos intereses.

Desde esa lógica, LUMA sostiene que cerca del 80% de la factura eléctrica no depende de su gestión directa, sino de factores como combustible, subsidios y pensiones. Pero esta explicación técnica contrasta con las denuncias de trabajadores organizados. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego ha señalado que tanto LUMA como Genera han impulsado aumentos sin resolver fallas fundamentales del sistema, incluyendo mediciones incorrectas, facturación estimada y una red con niveles récord de interrupciones.

Aunque reconocen que los problemas no comenzaron con la privatización, los trabajadores subrayan el deterioro acelerado y la mediocridad operativa actual. El resultado concreto es que las familias trabajadoras están pagando más por un servicio más inestable. Sectores de ingresos bajos y medios podrían enfrentar aumentos de hasta 40 dólares mensuales.

Mientras tanto, LUMA continúa cobrando y administrando la distribución sin estabilizar el sistema ni corregir errores de facturación, y Genera permanece atada a una infraestructura obsoleta y a la dependencia de combustibles importados. Así, cualquier alza en el precio del petróleo o gas se traslada de inmediato al consumidor.

La situación, por tanto, es profundamente política. Aunque el Negociado rechace aumentos más agresivos, mantiene intacta la lógica central de trasladar los costos al abonado. Las estructuras coloniales actúan como intermediarias en la entrega de un recurso esencial, la energía, a intereses privados.

Frente a esto, distintas voces han planteado alternativas ignoradas por los administradores coloniales como auditar gastos, revisar el uso de fondos federales y recortar costos administrativos inflados, incluyendo salarios excesivos. Sin embargo, la estructura interna de LUMA no difiere sustancialmente de la antigua AEE: contratos repartidos, altos salarios concentrados en cúpulas directivas y subcontrataciones vinculadas al capital local e internacional.

La lógica no ha cambiado porque nunca fue diseñada para servir al pueblo, sino para sostener a una casta privilegiada y garantizar la reproducción del capital, tanto nacional como internacional, mediante la dependencia de combustibles fósiles controlados por monopolios estadounidenses.

Ante este escenario, la clase trabajadora enfrenta una disyuntiva clara: ni el retorno a la AEE del pasado ni la continuidad del modelo privatizado representan soluciones reales. Ambas estructuras responden a los mismos intereses de clase.

De ahí que se plantee como tarea urgente la cancelación de los contratos con LUMA y Genera, la recuperación del sistema eléctrico bajo control público y, más aún, su administración directa por la clase trabajadora. Esto implicaría reorganizar la AEE y su Junta de Gobierno bajo principios de mérito y transparencia, eliminando prácticas como la politización, el amiguismo, la mala administración, la falta de mantenimiento y la persecución sindical.

Reconocer la energía como un derecho humano y garantizar un servicio confiable requiere ir más allá del terreno sindical y avanzar hacia la organización política. En ese sentido, la creación de Comités Políticos de Trabajadores y Trabajadoras Energéticas que lideren la transformación del sistema es vital como primer paso.

El objetivo inmediato puede consistir en reconstruir una corporación pública energética bajo control obrero, con representación directa en la vida política del país, articulada con alianzas regionales en el Caribe y orientada hacia una transición a energías renovables acorde a las realidades de la región.

La crisis energética en Puerto Rico es la expresión concreta de un modelo económico y político que prioriza la ganancia de los capitalistas sobre la vida y la riqueza colectiva. Y frente a ello, la organización consciente de la clase trabajadora no es solo una opción, se perfila como una necesidad histórica.