ACLU de Puerto Rico representa periodista que exige información pública sobre la Operación Stonegarden
La solicitud fue dirigida a Joseph González, Comisionado de la Policía de Puerto Rico, quien incumplió con su deber de brindar acceso a documentos clave sobre fondos públicos, operativos y salvagua.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó este lunes una petición de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, en representación del periodista Carlos Berríos Polanco, para exigir que la Policía de Puerto Rico entregue información pública sobre su participación en Operación Stonegarden, un programa de subvenciones federales.
La acción judicial surge luego de que la Policía no respondiera dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, según enmendada, a una solicitud presentada el 19 de febrero de 2026 a través del llamado Portal de Transparencia del Gobierno de Puerto Rico.
«Estamos hablando de información sobre uso de fondos públicos, coordinación con agencias federales, adquisición de equipo y salvaguardas de derechos civiles. Esa información no le pertenece a la agencia, sino al país», expresó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico. “La ley no permite que una agencia simplemente calle, deje vencer el término y trate el acceso a la información como si fuera opcional”, subrayó.
Operation Stonegarden es una subvención federal de FEMA para operaciones conjuntas en fronteras terrestres y marítimas internacionales. El programa de coordinación financiera entre agencias federales y policías estatales y municipales, para atender actividades delictivas transfronterizas como narcotráfico, tráfico de personas y terrorismo.
«El acceso a la información pública es un derecho constitucional indispensable para fiscalizar al poder y para que el país pueda evaluar actuaciones del gobierno con seriedad, datos y hechos. Cuando el gobierno guarda silencio ante una solicitud de esta naturaleza, lo que hace es bloquear el escrutinio público», afirmó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
La solicitud reclama acceso a documentos relacionados con la administración y adjudicación de fondos de Operación Stonegarden, así como a propuestas, memorandos de entendimiento y acuerdos de cooperación o subadjudicación suscritos con agencias federales entre los años fiscales 2018 y 2025.
También solicita informes operativos y datos de cumplimiento de ley. De igual forma, pide registros sobre arrestos, citaciones y otras intervenciones realizadas durante esas operaciones, incluidos documentos que permitan conocer la naturaleza de los cargos y si los casos derivaron en procesos estatales o federales.
La ACLU de Puerto Rico subrayó que la Ley Núm. 141-2019, según enmendada, establece un término de 20 días laborables para atender solicitudes de información pública, contados a partir del día laborable siguiente a su radicación. Ese solo plazo puede extenderse mediante una prórroga justificada en circunstancias limitadas. En este caso, al haber presentado la solicitud el 19 de febrero de 2026, el término comenzó a correr el 20 de febrero y venció el 20 de marzo de 2026.
“Esta solicitud busca documentar cómo opera este programa en Puerto Rico, cómo se usan los fondos públicos y cuáles son sus implicaciones reales sobre las comunidades y los derechos civiles”, expresó Carlos Berríos Polanco, periodista de Latino Newsletter. “Para mí es importante que el público esté consciente de que, cuando una agencia incurre en silencio administrativo, no incumple con un periodista, sino que le niega al país información necesaria para entender cómo se ejerce el poder público y en qué se utilizan los fondos de estos programas”, escribió.
Según surge del propio Portal de Transparencia, al concluir el término y en ausencia de solicitud de prórroga, la solicitud quedó marcada con el estatus de “Silencio Administrativo”, que equivale a una denegatoria de acceso a la información y faculta a la parte solicitante a acudir al tribunal para exigir el cumplimiento del deber ministerial de responder y entregar los públicos.
La solicitud incluye políticas operativas y materiales de adiestramiento que rijan la conducta de los agentes bajo ese programa, con énfasis en uso de fuerza, interacción con civiles, autoridad para intervenir en asuntos migratorios y protocolos para referir personas a custodia federal. También pide documentos sobre garantías de derechos civiles, acceso lingüístico, prevención de discriminación, mecanismos de querellas e impacto comunitario de estas operaciones.
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