Kast y la inevitabilidad de la «batalla cultural»

A pesar de haber prometido en campaña concentrarse en las emergencias de seguridad y economía, las decisiones de José Antonio Kast en materia de derechos humanos, ambiente, género y cultura revelan una agenda identitaria que va más allá de la gestión. La batalla cultural no es una elección, sino un subproducto estructural del ejercicio del poder para la derecha radical.

abril 2026

Cristóbal Bellolio Badiola

En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, José Antonio Kast prometió abandonar la llamada «batalla cultural» para concentrarse en las «emergencias» de orden público y economía; temas más mundanos y transversales. La promesa rindió frutos: Kast disminuyó su resistencia en aquellos segmentos -especialmente mujeres jóvenes- que suelen verlo como un retroceso civilizatorio en cuestiones como el aborto, los derechos de las minorías sexuales o el papel de la religión en las políticas públicas, y así ganó la elección con comodidad. Si bien nunca ocultó sus convicciones conservadoras, Kast argumentó que las reservaría a un plano personal, pues las prioridades eran, ciertamente, otras. A dos meses del inicio de su gobierno, ¿qué quedó de esa promesa?

La batalla cultural: una definición operativa

Uno de los rasgos más característicos de la nueva derecha radical que ha desplazado a la versión convencional en el mundo es su frontalidad respecto a la llamada batalla cultural. En su visión, una sociedad no se gobierna solo desde la institucionalidad política y económica, sino que requiere influir ideológicamente en su base cultural. De otra manera, el poder es efímero. Según este relato, la izquierda -que lo aprendió de Antonio Gramsci- fue exitosa en impregnar la vida de los pueblos con marcos narrativos, códigos lingüísticos y referencias populares favorables a la mentalidad progresista, que abonaron el terreno para su posterior rendimiento electoral y político. Así, corrió el cerco de lo posible hacia lugares que hace veinte o treinta años habrían sido inimaginables, como el matrimonio igualitario, las terapias de readecuación de sexo o políticas de inclusión racial en las empresas. 

La fiebre woke no sería otra cosa que el último eslabón de su estrategia: mover -o más bien achicar- la ventana de Overton para dejar fuera del sentido común a los herejes que no se han puesto a tono con los nuevos marcos. La derecha convencional, anclada en su tradicional economicismo o bien por pura ignorancia, no habría reaccionado a tiempo. Cuando lo hizo, se sumó a la tendencia para no parecer anticuada -o peor, ser «funada» o cancelada-. Entonces, concluye este relato, apareció una derecha valiente dispuesta a combatir sin ambages el avance progresista, reivindicando los valores tradicionales y el verdadero sentido común, y que ha sido tan exitosa en las urnas como culturalmente atractiva para las nuevas generaciones, exhaustas de la «corrección política» impuesta por la izquierda.

El problema de la expresión «batalla cultural» es su vaguedad. Todo podría ser parte de la batalla cultural desde una perspectiva expansiva, pero en ese caso pierde utilidad analítica. Por otro lado, una perspectiva muy reductiva -por ejemplo, limitada a la industria cinematográfica o musical- corre el riesgo de simplificar el fenómeno y dejar muchos casos relevantes afuera. 

El uso común del término en el debate público suele referirse a una de dos cosas. La primera se relaciona con el ámbito donde se produce. En este sentido, la batalla cultural es la que se libra en lo que John Rawls denominaba background culture: el espacio de la vida social, desde las universidades y las iglesias hasta la sociedad civil en general, incluido el «mundo de la cultura» en sentido estricto. Desde esta perspectiva, lo que ocurre en el gobierno o el Congreso no sería batalla cultural. La segunda entiende que la batalla cultural se vincula más con el contenido que con el lugar de la disputa. Y, generalmente, ese contenido refiere a materias morales, como el aborto, o bien «identitarias», vinculadas a cuestiones inmateriales de reconocimiento. Los desacuerdos económicos -por ejemplo, un debate tributario- serían harina de otro costal. 

Por la forma particular en que Kast fue consultado sobre la batalla cultural durante la campaña, entiendo que su uso en Chile remite más bien a la segunda acepción. Aceptando que es una definición operativa -y seguramente incompleta-, así la entenderé en este artículo: la batalla cultural es la disputa orientada a influir en los marcos culturales, morales y estéticos que estructuran el sentido común de una sociedad, tanto a través de la acción directa del poder político -por ejemplo, mediante un decreto o recorte presupuestario- como de su acción indirecta mediante patrones discursivos o recursos simbólicos; lo que algunos llaman «capacidad expresiva del Estado».

Kast y la batalla cultural en campaña

En América Latina, el presidente argentino Javier Milei ha sido probablemente el líder político más explícito en articular la batalla cultural como coordenada central de su proyecto político. Su enemigo no es solo el marxismo old school, sino el marxismo «cultural», que agrupa agendas contemporáneas como el feminismo, el ambientalismo y las políticas de diversidad, pero también ideas económicas keynesianas. Esto es porque Milei tiene una visión expansiva de la batalla cultural, donde pocas cosas quedan fuera. Por eso sentó a su ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, así como a otros funcionarios de Hacienda de primera línea, con el polemista chileno Axel Kaiser, furibundo crítico de la pasividad intelectual de las derechas frente al avance «progre», para que les explicara cómo funciona la batalla cultural. 

Aunque con un tono menos estridente, un estilo más sobrio, y probablemente con un entendimiento más reducido de la batalla cultural, su par chileno José Antonio Kast ha articulado un discurso similar. En la reciente cumbre del Political Network for Values, que tuvo lugar en Bélgica, Kast también arremetió contra «el ambientalismo extremo, el animalismo radical, el feminismo ideológico y el indigenismo». La «ideología de género», por ejemplo, es un villano habitual tanto en el discurso de Milei como en el de Kast.

Sin embargo, a diferencia de Milei, Kast redujo considerablemente la intensidad de la batalla cultural en su última campaña, que fue precisamente la que lo llevó al poder. En sus intentos previos de llegar a la Moneda (en 2017 y 2021), el líder del Partido Republicano combinó el conocido libreto populista de derecha contra las elites progresistas desancladas del sentido común con una robusta reivindicación de valores tradicionales, cristianos y patrios. En 2025, ya fuera por la convicción de que los cambios culturales experimentados por Chile —su acelerada secularización, por ejemplo— son irreversibles; ya fuera porque aprendió del fracaso del proyecto constitucional que su partido lideró a punta de «excesos identitarios»; ya fuera como táctica para hacerse más digerible a los sectores moderados que deciden el balotaje, lo cierto es que Kast modificó su estrategia.

Si en 2021 su propuesta incluía la eliminación del ministerio de la Mujer, proponía la derogación de la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales extraordinarias y ponía en duda la existencia del cambio climático, en 2025 presentó un programa centrado en la gestión, con acento casi excluyente en combatir la delincuencia, expulsar a los inmigrantes ilegales y reactivar la economía. Si en 2021 era explícito respecto de la imperiosa necesidad de «retomar la batalla cultural, ideológica y programática para retomar el camino de la verdadera dignidad humana», en 2025 guardó un escrupuloso silencio sobre las libertades individuales e incluso sobre su admiración por el ex-dictador Augusto Pinochet. 

Kast no dijo haber cambiado de opinión sobre estos y otros asuntos que típicamente se incluyen en la refriega valórica e identitaria, pero fue enfático en que un gobierno de cuatro años es muy corto para dar la pelea en todos los frentes y que el «estado calamitoso de la nación» ameritaba focalizar las energías en las urgencias detectadas.

Kast y la batalla cultural en el gobierno

Los primeros meses de Kast en el poder no han sido la luna de miel soñada. Si bien comenzó con viento a favor -inició su mandato con una aprobación de 57%-, la guerra de Donald Trump en Medio Oriente encareció el precio del petróleo y llevó a su gobierno a tomar medidas impopulares: en este marco, se traspasó sin anestesia el alza de los combustibles a los usuarios, lo que generó un cuadro de malestar ciudadano agravado por la amenaza inflacionaria. Sumado a una serie de desprolijidades en la instalación del gobierno y desajustes comunicacionales de mediana gravedad, las primeras encuestas revelan que Kast ya perdió la adhesión de una parte importante del electorado que lo votó en la segunda vuelta. Por estos días, su principal apuesta es que el Congreso apruebe un ambicioso paquete de reformas que apuntan a reactivar la economía a través de alivios tributarios a las grandes empresas, incentivos a la creación de empleo y la flexibilización de los permisos para agilizar los proyectos de inversión. 

Sin perjuicio de la prioridad que tiene la reactivación económica, la batalla cultural ha encontrado maneras de colarse en la agenda. La conformación de su gabinete entregó las primeras pistas. A la cabeza del ministerio de la Mujer, Kast nombró a una joven militante evangélica, Judith Marín, cuyas posiciones colisionan abiertamente con las demandas históricas del feminismo local. En el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ungió a Fernando Rabat, un abogado que defendió a Augusto Pinochet en sus causas patrimoniales, lo que generó natural malestar entre los familiares de víctimas de la dictadura y las personas vinculadas a la preservación de la memoria. Con estos nombramientos, el presidente Kast tensionó, desde el comienzo de su mandato, la relación con dos entornos progresistas, en materias que poco tienen que ver con la agenda de «emergencia».

A los pocos días de asumir, el gobierno añadió otro adversario: el ecologismo. En un solo acto, retiró 43 decretos ambientales -heredados del gobierno de Gabriel Boric- que estaban en su etapa final de tramitación. La noticia generó reacciones de rechazo en la opinión pública porque entre ellos se encontraba el decreto que protege a la «ranita» de Darwin y al pingüino de Humboldt, y puso en alerta general al activismo verde. 

Aunque las razones esgrimidas para justificar esa decisión fueron diversas, una interpretación coherente con la propia narrativa de Kast sugiere que las preocupaciones medioambientales no pueden entorpecer el despliegue de las fuerzas creativas del capitalismo. Así lo dio a entender el senador y presidente del partido Republicano, Arturo Squella, al reconocer que «si alguien considera que las ranitas son políticas de Estado, bueno, acá cambió la mirada». En este sentido, el oficialismo intentó mantenerse dentro de los márgenes de su gobierno de emergencia, aunque la medida rebalsó hacia el campo de la batalla cultural.

Lo que ocurrió con los decretos ambientales, sin embargo, fue un anticipo de otras tantas medidas que pueden ser interpretadas en ambos niveles (gobierno de emergencia y batalla cultural). Alegando la necesidad de mejorar la gestión de los recursos públicos, el gobierno de Kast ha tomado varias decisiones que tienen una dimensión simbólica e identitaria imposible de soslayar. Una de ellas fue el freno en el proceso de expropiación de las 117 hectáreas de la antigua Colonia Dignidad, comunidad sectaria que operó durante décadas como un feudo autónomo plagado de abusos, liderado por el alemán Paul Schäfer, y que durante la dictadura de Pinochet funcionó también como centro clandestino de detención y tortura, en cuyos terrenos se proyectaba construir un sitio oficial de memoria. Del mismo modo, arguyendo razones de eficiencia, el gobierno introdujo cambios en el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos que afectan la continuidad del programa. 

En una materia distinta, pero aludiendo a la misma falta de recursos, el ministerio de Vivienda y Urbanismo ha paralizado la construcción de la mayor ciclovía del país, en el eje Alameda-Providencia, un diseño largamente anhelado por los ciclistas para mejorar la movilidad dentro de la ciudad de Santiago. La misma estrechez presupuestaria fue invocada para ordenar la suspensión de la ampliación del icónico Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en el corazón de la capital. 

Aunque cada caso puede evaluarse en su mérito, en conjunto sugieren que el gobierno elige cortar el financiamiento de proyectos vinculados a sus adversarios en el plano identitario: el mundo de los derechos humanos, de la movilidad sustentable, de la cultura. De hecho, un polémico oficio de la Dirección de Presupuestos —que el gobierno ha matizado— anticipa la eliminación de programas como Apoyo a la Identidad de Género, Salud Trans, becas de posgrado en el extranjero, Plan de Eficiencia Energética y Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas, así como las Escuelas de Música Popular Chilena, todos blancos habituales en la batalla cultural que la derecha dice librar.

El gobierno de Kast también elige infligir una herida dolorosa a la izquierda chilena al no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta decisión, al menos curiosa desde un punto de vista diplomático, ha sido justificada aludiendo a las escasas posibilidades de la ex-presidenta de ser elegida. Pero es evidente que la decisión encarna un rechazo hacia lo que representa la líder más importante del socialismo chileno en su historia. Tanto por el significado de su segundo gobierno -considerado en el entorno de Kast como el comienzo de la decadencia del país- como por los temas que más la identifican, como la igualdad de género y los derechos reproductivos. 

Kast combina el desaire a Bachelet con su rechazo a la forma en que opera la ONU y los foros multilaterales en general, en línea con el discurso de la derecha populista radical en todo el mundo, que los acusa de ser ineficientes, «globalistas» y -a propósito de la vilipendiada Agenda 2030- solapadamente progresistas. 

Pero, al mismo tiempo, Kast utiliza esos foros para contraatacar en la batalla cultural: Chile se alineó con Estados Unidos, Pakistán y la República Democrática del Congo para impulsar una resolución que define «género» exclusivamente como «hombres y mujeres». Mientras tanto, el Palacio de La Moneda alberga misas matutinas diarias -instauradas por Kast- y se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer, que tiene por objeto defender la vida humana desde el momento de la concepción. Si bien estas declaraciones y símbolos no implican acción legislativa ni atención prioritaria, forman parte de la capacidad expresiva del Estado en el marco de la batalla cultural.

Finalmente, antes de cumplir su primer mes al mando de la nación, Kast asistió a la final del Campeonato Nacional de Rodeo en la ciudad de Rancagua, ocasión en que llamó a conservar las tradiciones patrias, mientras la primera dama, María Pía Adriasola, cantó la tonada «Chile Lindo». Dado que el rodeo es una práctica ecuestre controvertida, defendida por su valor patrimonial e identitario -asociado a la vida rural y a la estética del huaso chileno- y fuertemente resistida por los grupos animalistas preocupados por el maltrato a los novillos, suele ser otra línea divisoria en la batalla cultural. En este contexto, la ministra del Deporte, Natalia Duco, reiteró la calidad de «deporte nacional» del rodeo, una definición que el Consejo Constitucional controlado por el Partido Republicano de Kast intentó constitucionalizar en 2023, pero que el pleno terminó rechazando por su carácter polémico.

Fidelizar a la «tribu»

En resumen, al gobierno de José Antonio Kast le resulta muy difícil no dar la batalla cultural, aunque no le asigne prioridad. Esto se debe a varios factores. El primero es que gobernar implica hacerse cargo de muchos frentes que superan las áreas declaradas de emergencia (seguridad y economía). Cuando se aventura en ellos, inevitablemente hace valer su visión ideológica. Incluso bajo el pretexto legítimo de empujar su agenda de emergencia -por ejemplo, en materia de reactivación económica o austeridad fiscal-, el gobierno toma medidas que, consciente o inconscientemente, hieren la sensibilidad progresista. 

La batalla cultural se revela como subproducto estructural del ejercicio del poder. En segundo término, aunque Kast haya sido pragmático en campaña, muchos de sus colaboradores entienden que este gobierno es pasajero y que la batalla cultural es de largo aliento: cada vez que se pueda, incluso en los más mínimos detalles, hay que contrarrestar el avance del «marxismo cultural». Finalmente, si las cosas no marchan tan bien como se espera en el control del crimen y en el crecimiento económico, el manual de la polarización afectiva recomienda consolidar la base de apoyo propia. En ese caso, dar la batalla cultural no será una alternativa, sino una obligación para fidelizar y mantener movilizada a la tribu, pensando en las escaramuzas que vienen.

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