Masiva protesta contra el recorte a la universidad pública en Argentina: “Es nuestro futuro como sociedad, como pueblo”
Cientos de miles de docentes, estudiantes y autoridades académicas marchan en Buenos Aires y otras ciudades del país para exigirle al presidente que aplique la ley de financiamiento universitario y envíe los fondos previstos
Buenos Aires – 12 MAY 2026 – 18:29ACTUALIZADO:12 may 2026 – 19:01 AST
Enormes carteles instalados sobre la Plaza de Mayo y las avenidas aledañas, en el centro de Buenos Aires, repetían la misma consigna: “Milei, cumplí la ley”. Cientos de miles de personas la corearon este martes, cuando marcharon para exigirle al Gobierno ultra de Argentina que detenga el ajuste sobre las universidades públicas y envíe los fondos aprobados por el Congreso. “El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la ley de financiamiento universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema”, denunciaron autoridades académicas, profesores y estudiantes en un documento conjunto, leído en el acto central de la protesta. La Administración de Javier Milei tachó de “acto opositor” a la marcha federal universitaria y reiteró que no enviará los fondos reclamados.
Organizada por las propias universidades, los sindicatos docentes y las federaciones estudiantiles, la movilización convocó a una multitud en la capital argentina y, además, tuvo réplicas en numerosas ciudades del país, como Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Salta y Neuquén, entre otras. De acuerdo con los organizadores, a nivel nacional se manifestaron más de un millón y medio de personas.
Desde el mediodía, las columnas de profesores, estudiantes y trabajadores universitarios colmaron las principales calles del centro porteño. El ritmo de tambores y redoblantes los acompañaba, desde distintos puntos, rumbo a la histórica Plaza de Mayo. Adolescentes, jóvenes y adultos llevaban banderas que identificaban a sus universidades, gremios o agrupaciones políticas de un amplio espectro, desde el centro hasta la izquierda.
“Sin universidad pública no hay futuro”, advertía uno de los tantos carteles que mostraban los manifestantes. “Yo defiendo a la universidad pública”, avisaba otro. “El peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto”. Y también: “La libertad sin educación es una mentira”. Muchos afiches apuntaban contra el jefe de Gabinete de Milei, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito: “¿Cuántos sueldos docentes se destinaron a pagar las vacaciones de este pelotudo?”, preguntaba otro cartel ilustrado con la cara del alto funcionario.
Desde la asunción de Milei en 2023 hasta hoy, las transferencias presupuestarias para las universidades han sufrido una caída acumulada del 45,6%, según denuncia el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el mismo lapso, los salarios de profesores y demás trabajadores de universidades estatales han perdido más de un tercio de su poder adquisitivo —recibieron aumentos del 147% frente a una inflación del 293%—. El presupuesto elaborado por el Ejecutivo para este año prevé destinar a las universidades 4,8 billones de pesos (unos 3.400 millones de dólares), frente a los 7,2 billones requeridos por las casas de estudios como “lo mínimo indispensable para sostener el funcionamiento actual”. En el contraste de cifras radica el núcleo del conflicto entre la comunidad académica y el Gobierno ultra.
“Lo único que queremos es que se cumpla la ley”, dice Marisa Corral, docente jubilada y hoy, a los 68 años, estudiante de Letras en la UBA, mientras camina hacia la plaza. “El presidente está muy encerrado en la economía, tendría que leer otras cosas”, sugiere. “Vengo a defender a nuestra universidad pública, que no es un privilegio sino un derecho de todos los argentinos. Y este Gobierno quiere destruirla”, afirma Marcelo, 24 años, estudiante de la Universidad de Quilmes. Sentada en una escalinata, a metros de la Casa Rosada, Agustina cuenta que no es estudiante ni docente, pero que se sintió convocada a participar de la marcha. “La universidad es nuestro futuro como sociedad, como pueblo”, dice. A su lado, Sabrina, maestra de 29 años, lamenta que los gobiernos “siempre ajustan a la educación pública”.
El reclamo principal de la comunidad académica consiste en que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento universitario. La norma fue aprobada el año pasado por el Congreso, con un amplio acuerdo opositor, y se limita a actualizar los presupuestos del sector a los valores vigentes a fines de 2023. Milei la vetó, pero los legisladores rechazaron el veto. El presidente intentó nuevamente derogar la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. De todas maneras, Milei no cumplió la norma argumentando que atentaría contra el superávit fiscal obtenido por su motosierra. Las universidades recurrieron a la justicia. En dos instancias, los tribunales dictaron una medida cautelar para que el Gobierno comience a aplicar el financiamiento, pero el Ejecutivo se niega y apeló ante la Corte Suprema.
Horas antes de la masiva protesta de este martes, el Gobierno adelantó su negativa a aceptar las exigencias y se concentró en acusar a las universidades de “politizar el reclamo” y de resistirse a las auditorías sobre el uso de fondos. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de presupuesto”, remarcó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, quien definió a la marcha como “un acto opositor”. El funcionario de Milei criticó a las casas de estudios porque tienen, aseguró, “una de las tasas más baja de egreso de la región” y porque no les cobran un arancel a los estudiantes extranjeros.
La manifestación en Plaza de Mayo concluyó con un acto protagonizado por autoridades universitarias, dirigentes estudiantiles y docentes, sobre un escenario montado de espaldas a la Casa de Gobierno. “Estamos en una situación tremendamente crítica”, dijo allí Franco Bartolacci, presidente del CIN, y destacó que lo “más angustiante” es la situación de los docentes y no docentes, para quienes reclamó “un salario digno”.
Luego, los alumnos que lideran la federación universitaria (FUA) leyeron un documento consensuado por las organizaciones convocantes. “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, señalaron. También resaltaron que “la universidad argentina, pública, gratuita y federal […] es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar”, así como “un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posibles los sueños de miles de jóvenes”. Como cierre, pidieron a la Corte Suprema de Justicia que “no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la ley de financiamiento universitario”.
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El Gobierno de Milei promete al campo derogar la ley que limita la compra de tierra a extranjeros
Tras expandir la frontera productiva con la modificación de la Ley de Glaciares, busca “desbloquear” inversiones extranjeras en zonas rurales
Buenos Aires – 12 MAY 2026 – 19:20 AST
Tras conseguir derogar la protección automática que tenían los glaciares en Argentina y expandir la frontera productiva en sus alrededores, el gobierno de Javier Milei va por más. Este martes dos funcionarios clave de su gabinete confirmaron, frente a un auditorio de productores agropecuarios, que buscarán derribar también la ley que establece límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. El argumento oficial es que la modificación “desbloqueará” inversiones en todo el territorio y empujará el desarrollo del país, pero otras voces alertan sobre el posible riesgo de perder posesión soberana sobre recursos naturales estratégicos.
“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería“, aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el marco de Jonagro, una jornada nacional organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “En su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”, dijo, y estimó que el capital que ingresaría si se concretara la derogación parcial de la ley sería de alrededor de 15.000 millones de dólares.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece que las personas y las empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, la más productiva.
Milei intentó derogar esta normativa por DNU apenas comenzó su gobierno, en diciembre de 2023, pero sigue vigente por una cautelar judicial y la resolución final está en manos de la Corte Suprema. Por eso el Gobierno busca ahora abordar el asunto de otro modo y discutir la derogación parcial directamente en el Congreso, en donde ya ha demostrado tener capacidad de imponerse en batallas difíciles como la reforma laboral.
En el mismo sentido que el ministro de Desregulación, la senadora Patricia Bullrich celebró este martes que con la modificación de Ley de Glaciares “millones de hectáreas de tierras han vuelto a la posibilidad de producir” y señaló que con la derogación de la Ley de Tierras sucederá algo similar. Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei hasta diciembre pasado, aseguró que el límite de hectáreas que tienen los actores extranjeros en la zona núcleo ha hecho que bajara el precio de la tierra y adelantó que, como hicieron con la discusión en torno de los glaciares, le “tirarán la pelota” a los gobernadores. En efecto, la normativa aprobada en abril pasado deja en manos de las provincias la definición de qué cuerpos de hielo deben protegerse y cuáles no.
“¿Por qué tiene que haber restricciones a la tierra extranjera? ¿El límite lo pone la Nación pensando en una cosa ideológica o el gobernador, de acuerdo a la necesidad que tiene su provincia?”, sintetizó. Según dijo, solo se mantendrá un límite: el que corresponde a las empresas con capital de estados extranjeros, casos en los que se requerirá la autorización del presidente de la Nación para avanzar.
Actualmente, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, de acuerdo con un informe del Observatorio de Tierras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas, el equivalente a la extensión de Inglaterra. En algunas zonas la propiedad extranjera supera el límite del 15% fijado por la ley, llegando incluso al 50%. “El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos», detalla el estudio, que lleva la firma del historiador Matías Oberlin Molina y la socióloga Julieta Caggiano.
En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses, con más de 2,7 millones de hectáreas, y seguido por Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.
Para los investigadores, la derogación de la ley apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. “En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”, aseguran.
Si bien Sturzenegger y Bullrich no lo mencionaron durante su presentación en la jornada de agro este martes, en diciembre de 2025 el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno libertario también tiene intenciones de reformar la ley que protege los bosques nativos y la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe realizar actividades agropecuarias en terrenos que han sufrido un incendio previamente, como una manera de prevenir el desmonte.
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