Estados Unidos y Cuba intensifican un opaco diálogo con la presión sobre la isla en máximos históricos
El director de la CIA encabezó este jueves una delegación estadounidense a La Habana, después de ofrecer 100 millones de dólares en ayuda humanitaria.
15/05/2026 21:39-Actualizado a15/05/2026 22:30
La visita del director de la CIA a la isla y una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria son los últimos movimientos conocidos de un proceso negociador que se desarrolla en gran medida de forma soterrada, mientras Estados Unidos aumenta sus ataques públicos a la isla. En ese contexto de presión máxima, la diplomacia entre Washington y La Habana avanza de manera opaca y sin que ninguna de las partes haya revelado públicamente el contenido de las conversaciones.
Este jueves 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, encabezó una delegación estadounidense en La Habana en una visita de alto nivel tan inesperada como sorprendente. Fue el Gobierno cubano el que dio a conocer el encuentro antes que Washington, precisando en un comunicado que la reunión se celebró a petición de la parte estadounidense que fue recibida por «su contraparte del Ministerio del Interior», y que ambos lados subrayaron su interés en desarrollar una cooperación bilateral en interés de la seguridad de ambos países y de la seguridad regional e internacional.
La delegación cubana trasladó a Ratcliffe que la isla no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que no hay razones legítimas para mantenerla en la lista de patrocinadores del terrorismo.
La visita sorprende por llegar en un momento de acumulación de frentes para Washington –Trump y Rubio se encuentran en China en visita de Estado, el frágil alto el fuego con Irán amenaza con romperse- y apenas dos semanas después de que la Casa Blanca impusiese nuevas sanciones sobre la economía cubana. Que en ese contexto Washington decidiera enviar al director de la CIA, y no a un diplomático de rango medio, dice algo sobre el peso que la isla ocupa en la agenda de la Administración Trump, incluso cuando el resto del tablero internacional está en ebullición.
Tras el comunicado cubano -que no identificó a ninguno de los participantes-, fue Axios, medio habitualmente bien conectado con el entorno del secretario de Estado, Marco Rubio, el que atribuyó a fuentes de la CIA que Ratcliffe se había reunido con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; el jefe de la inteligencia, el general Ramón Romero Curbelo; y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «Raulito» o «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y teniente coronel del Ministerio del Interior.
Una versión que, de ser cierta, reforzaría el relato de que existe una interlocución paralela dentro del aparato cubano, al margen de la cadena diplomática formal. Sin embargo, las fotografías que la propia CIA publicó después en su cuenta de X contradicen esa descripción: las imágenes muestran a los participantes cubanos con los rostros visibles y a los estadounidenses pixelados, y en ellas no aparecen ni «Raulito» ni los responsables del Ministerio mencionados por Axios.
Una oferta en disputa
Dos días antes de la visita, el Departamento de Estado había hecho pública una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba. La propuesta incluye asistencia directa y financiación para acceso a internet gratuito, con distribución prevista a través de la Iglesia Católica, Cáritas y organizaciones humanitarias independientes, eludiendo al Estado cubano.
Rubio había adelantado la oferta desde Roma el 7 de mayo, tras reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, añadiendo que Cuba la había rechazado. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla respondió en X que la oferta era una «fábula» de la que «nadie aquí sabe nada».
El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío fue más allá y precisó el 6 de mayo en Facebook que de los tres millones de dólares prometidos por Washington en octubre para combatir los efectos del huracán Melissa, a través de la Iglesia Católica, habían llegado materiales valorados en 2,5 millones, y que el resto estaba pendiente.
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Cossío apuntó que Washington había anunciado además, desde hacía meses, una ayuda adicional de seis millones de dólares por el mismo canal, sin que tampoco se hubiera completado su entrega, y que Cuba no había puesto obstáculos a ninguno de los dos envíos, siempre que se procediera «con la debida coordinación con las autoridades nacionales y el respeto a las leyes del país, sin politización».
Tras la publicación formal del Departamento de Estado de la oferta de 100 millones de Rubio, el presidente Díaz-Canel escribió en X que si la oferta se ajustaba a las normas internacionales Cuba no le pondría «obstáculos ni ingratitud», precisando que las prioridades son «combustibles, alimentos y medicamentos», y señalando que el daño podría aliviarse «de manera más fácil y expedita levantando o suavizando el bloqueo».
El anuncio de la ayuda humanitaria estadounidense coincide con un agravamiento de la crisis energética en la isla. La Unión Nacional Eléctrica cubana proyectó para el horario de máximo consumo del jueves 14 una disponibilidad de 976 MW frente a una demanda de 3.150 MW -un déficit de 2.174 MW, el equivalente al 70% de la isla desconectada simultáneamente-. Una situación límite que está generando un descontento creciente entre la población cubana con cortes de hasta 24 horas consecutivas.
El contraste con el mes anterior es elocuente: el crudo del Anatoly Kolodkin, único barco que descargó combustible en la isla entre diciembre y finales de marzo, permitió varios días sin apagones en la capital en abril mientras se procesaba en la refinería de Cienfuegos. Ese alivio fue breve. El bloqueo petrolero impuesto por Trump en diciembre de 2025 sigue en vigor y sus efectos se acumulan sin que haya llegado un segundo barco con el ansiado crudo.
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El proceso negociador y sus marcos
La visita de Ratcliffe no es un hecho aislado, sino el último eslabón de un proceso que se ha ido haciendo visible de forma gradual y controlada. El 13 de marzo, Díaz-Canel confirmó públicamente en conferencia de prensa la existencia de conversaciones, aunque con una formulación cuidadosamente contenida: «Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de EEUU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos».
Un mes después, el 20 de abril, Granma -el periódico oficial del Partido Comunista- oficializó el proceso al confirmar un «encuentro entre delegaciones» con secretarios adjuntos del Departamento de Estado y representación cubana a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.
En la conversación con Público el 1 de mayo, en la Tribuna Antimperialista durante la marcha del Día del Trabajo, Díaz-Canel fijó los términos cubanos con claridad: reconoció que «puede haber un diálogo», pero condicionó cualquier acuerdo a que se produzca «sobre la base de la igualdad, de que no haya imposiciones, del respeto a la soberanía y la independencia del pueblo, sin condicionamiento alguno y mucho menos con cuestionamiento al sistema político cubano», añadiendo que «Cuba ha cumplido todos sus compromisos y Estados Unidos ha faltado a muchos de esos compromisos».
Trump avivó la expectativa antes de volar a China con un mensaje tan escueto como revelador: «Cuba está pidiendo ayuda, ¡¡¡y vamos a hablar!!!»-, mientras describía la isla como un «país fallido». Unas semanas antes, el mismo Trump, había usado un lenguaje aún más violento al asegurar en el mes de que Cuba «sería la siguiente» tras Venezuela.
Los movimientos de la Administración republicana apuntan a una estrategia que va más allá de la presión económica. La narrativa de «Raulito» como interlocutor al margen de la cadena de mando formal, la calificación de Cuba como «Estado fallido» o «patrocinador del terrorismo», la oferta de ayuda humanitaria presentada como deuda del Gobierno con su propio pueblo, y los informes que esta semana han comenzado a circular en la prensa estadounidense sobre una posible acusación judicial contra Raúl Castro buscan construir un marco discursivo para una operación militar contra Cuba.
No se trata tanto de ganar la opinión del Congreso como de preparar el terreno para poder, en su caso, prescindir de su fiscalización: al igual que la operación del 3 de enero en Venezuela -ejecutada sin autorización legislativa previa bajo el paraguas de la lucha antidrogas-, una eventual acción sobre Cuba podría articularse bajo pretextos similares que la disfracen de operación de seguridad y la sustenten en poderes de emergencia ya invocados, eludiendo así cualquier rendición de cuentas ante una Cámara de Representantes que la Administración Trump podría perder en las elecciones de medio mandato de noviembre.
Politólogo y periodista especializado en política internacional y geopolítica. Ha cubierto sobre el terreno procesos políticos y migratorios en México, Venezuela, el Líbano, Argelia y el Sáhara Occidental. Compagina su labor académica con el análisis internacional en medios. Colabora con Público en la sección de Internacional.
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