Rodrigo Paz en el Palacio: un balance provisorio del giro político boliviano

Con poco más de seis meses en el gobierno, el nuevo presidente boliviano se enfrenta a una ola de protestas. Al rechazo a medidas económicas de corte liberal se suma una suerte de indignación moral de organizaciones sociales que sienten que han quedado relegadas en medio de las actuales reconfiguraciones del poder.

mayo 2026

María Teresa Zegada Claure

Armando Ortuño

Las elecciones presidenciales bolivianas de agosto y octubre de 2025 fueron a la vez previsibles y sorprendentes. Por un lado, no cabía duda de que sellarían el fin del dominio del Movimiento al Socialismo (MAS) en la política boliviana, desde su llegada al poder en enero de 2006. Por el otro, los ganadores no figuraban en las quinielas. El binomio reunió a Rodrigo Paz, hijo del ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), con el ex-policía Edmand Lara. Paz acumulaba una larga carrera política como diputado, senador y alcalde de Tarija, en el sur del país; Lara, de orígenes populares, era conocido por su perfil anticorrupción. El contexto no era fácil. A la crisis económica que puso fin a un largo ciclo de crecimiento se sumaba una crisis de legitimidad del conjunto de la clase política. Empero, el nuevo gobierno se enfrenta demasiado pronto, cuando aún debía durar la luna de miel con el electorado, a una serie de violentas protestas, con epicentro en el departamento de La Paz. ¿Cuáles son las causas de la actual conflictividad social y dónde está parado el gobierno para enfrentarla? ¿Qué dimensiones caracterizan el cambio político en curso? La socióloga María Teresa Zegada y el economista Armando Ortuño responden aquí una serie de preguntas formuladas por Nueva Sociedad para tratar de comprender el momento político del país, que hoy vuelve a ocupar la portada de los medios internacionales por el conflicto social que atraviesa.

Rodrigo Paz ya pasó los primeros seis meses de su gobierno. Su gobierno heredó una fuerte crisis económica, pero también expresó una erosión de los liderazgos políticos de los últimos años y expresa un giro ideológico sustantivo. ¿Cuál es el balance hasta aquí en el terreno político y económico y qué cambios destacan respecto de la era del MAS?

María Teresa Zegada: La llegada de Rodrigo Paz y Edmand Lara a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, fue un hecho inesperado para los propios candidatos, por lo que, desde el principio, el gobierno ha estado desprovisto de un partido cohesionado, una estructura de poder sólida y un lineamiento programático más o menos claro. Estos antecedentes explican, en parte, las características de su gestión y algunos de los conflictos actuales. 

Su victoria fue producto de dos factores superpuestos: por un lado, la degradación del MAS en los últimos años de gestión de gobierno, que terminó en una  implosión irreversible tras su división en dos fracciones irreconciliables; por el otro, la clara resistencia del electorado a los liderazgos conservadores tradicionales, como el de Jorge «Tuto» Quiroga o Samuel Doria Medina. En ese contexto, se produjo la súbita emergencia y éxito del binomio Paz-Lara, que aparentaba reunir las condiciones que exigía el electorado: renovación política (aunque Paz tenía una larga trayectoria política, no había ocupado cargos ejecutivos ni había sido candidato presidencial antes), cambio de timón tras la larga hegemonía del MAS y atención a las grandes necesidades y demandas de los sectores populares empobrecidos del país en medio de la crisis económica. Sobre todo esto último, conectó directamente con la candidatura a la vicepresidencia del «capitán Lara», un ex-policía proveniente del mundo popular que se hizo famoso en sus redes sociales denunciando actos de corrupción policial, lo que le costó su puesto.

Hoy, contrariamente al momento electoral, en el que se percibía la inclinación del binomio Paz-Lara hacia los intereses de los sectores populares, se ponen en evidencia signos contrarios. Por ejemplo, las visitas de las principales autoridades del gobierno a Estados Unidos para buscar créditos de organismos internacionales y un acercamiento explícito a Washington; la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, que pretendía favorecer la inversión interna y externa; el frustrado decreto 5503, que incluía un amplio paquete de estabilización económica y la disminución de la subvención a los combustibles; y, más recientemente, el impulso a la ley de tierras, que pretendía convertir las pequeñas propiedades en medianas, favoreciendo la liberalización del agro¹. Pese a que también se aprobaron medidas sociales, como el incremento del salario mínimo en 20%, el bono PEPE para sectores vulnerables o un plan de alivio productivo a las microempresas, las primeras señales fueron acumulando rechazo social y la sensación de que el voto había sido defraudado, sobre todo en el departamento de La Paz. 

A ello se suma la crítica relación del gobierno con el vicepresidente Lara. Este se autoproclamó desde el principio como el garante del cumplimiento de las promesas «frente al pueblo». En un acto de campaña, afirmó: «yo soy la garantía, si Rodrigo Paz no cumple, yo lo encaro, lo enfrento». De esta manera, una vez en el gobierno, el vicepresidente, con una personalidad explosiva, fue asumiendo una posición crítica y opositora a Paz, mientras el presidente lo fue aislando de las responsabilidades del Poder Ejecutivo. Durante los días críticos del actual conflicto social, Lara afirmó: «Siempre voy a estar del lado de la gente», «la gente se ha cansado de la mentira, de la corrupción y de las falsas promesas». Incluso advirtió que si tiene que salir a protestar, se sumará a la protesta.

Al asumir el gobierno, se anunciaron tres grandes desafíos: el giro gradual hacia políticas de corte liberal; el combate a la flagrante corrupción que se instaló durante los gobiernos del MAS; y la reconstrucción de una institucionalidad devastada. Estas intenciones no terminan de concretarse ni de salir del plano retórico. En conclusión, dadas las circunstancias de estos primeros seis meses, se podría afirmar que el de Paz es un gobierno de transición, entre el agotamiento del modelo de gestión anterior y una anunciada nueva etapa que no termina de emerger. Entretanto, el gobierno mantiene posiciones ambiguas y contradictorias frente a la acumulación creciente de demandas e impaciencia social. 

Armando Ortuño: En estos seis meses, se confirmaron los principales rasgos políticos del periodo que se abrió con la implosión del MAS: una acelerada descomposición del sistema de partidos y de la gobernabilidad hegemónica que rigió al país durante casi 20 años, sin que haya surgido aún, en su reemplazo, algún arreglo político estable que logre ensamblar a los diversos actores con poder en esta nueva etapa. Si bien las elecciones generales de 2025 certificaron la derrota de la izquierda masista y el fin de su ciclo de gobierno, no emergió un escenario político estable ni tampoco ese resultado le dio un mandato programático claro al nuevo presidente. Rodrigo Paz fue electo más por una conjunción de situaciones que por haber logrado adhesiones a su programa. Tampoco cuenta con una estructura política más o menos articulada; de hecho, tuvo que conseguir una sigla, la del Partido Demócrata Cristiano (PDC), a falta de una propia. Pero el PDC es solo una sigla de alquiler, no un partido. La oferta electoral de Paz-Lara combinaba elementos liberales con otros de naturaleza populista; se alternó la promesa de «capitalismo para todos», como alternativa al estatismo del MAS, con discursos sobre Dios y la defensa de la familia. Sus ocasionales electores lo apoyaron más como rechazo o temor a las opciones de derecha radical que competían con él. Estas ambigüedades explican parte de los problemas que está enfrentando actualmente.

En estos meses, se observaron también señales de fragmentación del campo político: coaliciones ocasionales e inestables en la Asamblea Legislativa, división en casi todos los bloques políticos, surgimiento de nuevos dirigentes populistas con una prédica antipolítica, notable debilitamiento de los partidos nacionales y auge de fuerzas localistas en las elecciones subnacionales (para elegir gobernadores y alcaldes), o la reaparición de una conflictividad social con gran capacidad de movilización pero desordenada, centrífuga y sin liderazgo centralizado.

Al mismo tiempo, en el ámbito económico se iniciaron reformas que apuntan a solucionar los graves desequilibrios fiscales y externos y a materializar el giro liberal. Este proceso empezó con gran fuerza con el fin de las subvenciones a los combustibles y el anuncio de medidas de liberalización económica en diciembre de 2025; sin embargo, la agenda se fue ralentizando a medida que encontraba resistencias. Se fue asumiendo, en los hechos, un enfoque gradualista con algunos logros importantes, pero que tiene aún el reto de consolidar un nuevo esquema cambiario y un marco de financiamiento externo de mediano plazo que sostenga la estabilización macroeconómica.

A estas dificultades propias del programa de reforma económica y de construcción de una nueva gobernabilidad, se agregaron dos hechos no previstos que complicaron la situación: la aparición de un grave problema con la calidad de la gasolina –la llamada «gasolina basura»– que provocó mal humor social y los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio que agravaron los escenarios fiscales.

En resumen, el gobierno de Rodrigo Paz está operando en un contexto cada vez más difícil y enfrentará grandes desafíos en los próximos meses, particularmente relacionados con una agenda de reformas económicas aún incompleta, que deberá desplegarse en un contexto de deterioro de las condiciones políticas, de declive de la aprobación presidencial y de posibles nuevos desajustes e insatisfacciones, además de la conflictividad social que ya ha comenzado.

En un continente en el que fuerzas de extrema derecha han ido ganando terreno, muy claramente en el Cono Sur con Javier Milei y José Antonio Kast, Rodrigo Paz no se ha definido por ese bloque, aunque se ha alineado claramente con Estados Unidos. ¿Dónde se ubica ideológicamente -y geopolíticamente- el nuevo gobierno?

MTZ: En concurrencia con lo señalado en el punto anterior, en el marco general del discurso gubernamental «Bolivia para el mundo, y el mundo para Bolivia», Paz muestra una ausencia de claridad en su posicionamiento geopolítico. No obstante, ha expresado en reiteradas ocasiones su afinidad con países democrático-liberales y un distanciamiento respecto a los anteriores socios de Bolivia, como Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El presidente y su círculo de poder más cercano han viajado a Estados Unidos para retomar los vínculos quebrados por el MAS y han acudido a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el fin de conseguir créditos y apoyo internacional para enfrentar la dura crisis económica interna y atraer la inversión de capitales externos. No hay que olvidar que el presidente Paz recibió el gobierno en noviembre del año pasado con un déficit fiscal de alrededor de 10% del PIB y una inflación acumulada de 18% anual, lo cual ya impactaba en la economía cotidiana de la población. Del mismo modo, el gobierno ha acudido a la asistencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico, propiciando el retorno de la DEA [Administración de Control de Drogas de Estados Unidos]. La orientación del gobierno en el contexto regional y global responde, en principio, a la necesidad urgente de resolver problemas estructurales internos. 

Respecto a los países de la región, ha realizado acercamientos en la línea antes mencionada y ha propendido a aliviar tensiones y afianzar acuerdos con países vecinos, como la histórica controversia marítima -y más recientemente migratoria- con Chile, en el primer caso, o los convenios económicos con Brasil, en el segundo.

AO: El presidente Paz ha expresado públicamente una posición «pragmática» en cuestiones internacionales y geopolíticas, que evita asumir definiciones ideológicas contundentes, al contrario de otros mandatarios de la región. Es notorio, no obstante, que busca un contraste con las orientaciones políticas de los gobiernos del MAS, lo cual lo coloca de facto en un campo programático afín a las posiciones de centroderecha y derecha regionales.

Detrás de su moderación discursiva, hay una notable ruptura en un aspecto central de la política exterior del MAS: se ha restablecido una relación estrecha con Estados Unidos, tanto en relación con el apoyo de Bolivia a posicionamientos internacionales de ese país como en el aumento de la cooperación en aspectos estratégicos, como la lucha interna contra el narcotráfico o la explotación de tierras raras y litio. Sin embargo, hay también señales de que se desea sostener una buena relación con China, que sigue siendo un socio comercial importante de Bolivia, y se ha mantenido un diálogo fluido con el gobierno brasileño.

El MAS pasó de controlar dos tercios del Parlamento a una posición marginal, casi inexistente. Evo Morales mantiene -como se vio en el voto nulo en las últimas presidenciales- una influencia no despreciable en el área rural, pero se encuentra en un exilio interno; figuras jóvenes como Andrónico Rodríguez no han logrado despegar. ¿Identifican algún punto de apoyo para una recomposición de la izquierda boliviana, o se regresó a la fragmentación de los años 90?

MTZ: El MAS ha dejado una profunda huella después de casi dos décadas de gobierno en Bolivia; pero si en un primer momento representó el histórico anhelo de inclusión social de sectores indígenas y campesinos, después de algunos años no solo incurrió en actos de corrupción y continuismo en el poder cruzando todas las líneas institucionales y de legitimidad, sino que también abandonó las demandas y derechos de los pueblos indígenas. Esta actuación provocó un profundo desencanto de las bases sociales populares con sus principales liderazgos. En las elecciones generales de 2025, participó dividido al menos en tres opciones políticas (la de Luis Arce, la de Andrónico Rodríguez y la de Evo Morales, que llamó a anular el voto), y ninguna pudo restituir la unidad ni la fuerza del llamado «instrumento político» de las organizaciones sociales; en el caso de las elecciones subnacionales de 2026, apenas logró ganar en 12 de los 335 municipios, y en una de las nueve gobernaciones, cuando antes lograba imponerse en dos tercios de las alcaldías y en varios gobiernos departamentales.

La fuerza política del MAS como movimiento persiste alrededor de la figura del ex-presidente Evo Morales, autoconfinado en la zona del Chapare, su bastión, y muy debilitado por el proceso judicial por tráfico de personas, bajo la acusación de haber mantenido una relación con una menor de edad. Su irradiación político-electoral se circunscribe básicamente al departamento de Cochabamba, desde donde busca recuperar protagonismo antagonizando con el gobierno de Paz mediante la movilización de sus bases.

Pero ¿adónde migró el voto masista? En los resultados de las elecciones generales, la geografía electoral que apoyaba al MAS se desplazó hacia la candidatura de Paz-Lara, mientras que en las elecciones subnacionales la votación se dispersó en siglas partidarias de reciente creación y agrupaciones ciudadanas locales con identidad propia. 

No obstante, la rearticulación de las bases populares parece reemerger en los márgenes del campo político institucional. Las protestas sociales contra el gobierno de Paz tienen sin duda una connotación política, aunque están despojadas de un liderazgo unificado y un horizonte político: por ejemplo, el pedido de renuncia del presidente Paz no está acompañado de una propuesta respecto al día después, como ocurría, por ejemplo, en los primeros años 2000. 

AO: El golpe político que sufrió la izquierda en los comicios de 2025 fue muy fuerte y sus efectos se siguen sintiendo. Pese a cierta recomposición relativa del evismo en las elecciones autonómicas, con la elección de Leonardo Loza, estrecho colaborador de Morales, como gobernador de Cochabamba -el tercer departamento más grande del país-, el escenario es de fragmentación, falta de unidad y desconfianzas y acusaciones cruzadas.

Las elecciones subnacionales de este año mostraron una fragmentación del voto del MAS entre decenas de fuerzas locales, un evismo disminuido y un apreciable voto nulo y blanco. Pero, al mismo tiempo, ningún otro líder nacional de izquierda pudo articular alguna fuerza relevante; tampoco Andrónico Rodríguez, quien intentó en 2025 ser el candidato de unidad y renovación del MAS. Pese a esa gran debilidad, persiste un bolsón significativo de electores, de alrededor de 35%-40%, que de varias maneras siguen apoyando a la izquierda.

En el ámbito de las organizaciones sociales, la división y la fragmentación son la norma. Aunque la Central Obrera Boliviana (COB) logró articular una coalición a inicios de año para enfrentar las primeras medidas económicas del gobierno, bloqueando algunas de ellas, está aún lejos de ser un punto de encuentro de todas las organizaciones populares. Los tradicionalmente poderosos sindicatos campesinos tampoco lograron reunificarse después de las escisiones que experimentaron en el marco de las luchas intestinas del MAS, aunque algunos de ellos se están rearticulando en algunos territorios, como es el caso de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de la Paz Tupak Katari, que es la gran protagonista de los bloqueos de caminos que se extendieron en ese departamento en este mes de agosto.

Una mirada al gobierno muestra una mayor presencia de las elites tradicionales (aunque estas tampoco estuvieron ausentes en los gobiernos del MAS) y menos presencia campesina-indígena… El vicepresidente Edmand Lara, que en la campaña atrajo el voto popular, notablemente del MAS, hoy está fuera del círculo decisorio. ¿Cómo evalúan sociológicamente este nuevo bloque de poder y qué estabilidad cree que tiene?

MTZ: No creo que se pueda hablar de la conformación de un nuevo bloque de poder. Es verdad que la llegada de Paz a la Presidencia significó la sustitución de los sectores sociales corporativos, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, las federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba y la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa que acompañaron al MAS durante dos décadas. Hoy gobierna una alianza precaria entre grupos y personalidades que ocupan espacios en el poder público, carentes de una estructura institucional sólida y de una base social propia.

Las elites empresariales tradicionales, sobre todo de la región de Santa Cruz, que históricamente negocian y/o participan en el poder político -y que incluso gozaron de privilegios durante los gobiernos del MAS-, celebraron la llegada de Paz, confiadas en el agotamiento del modelo estatizante del MAS y en el anuncio de políticas favorables al libre mercado y a la inversión privada. No obstante, frente a las posiciones oscilantes del gobierno, se encuentran en situación de apronte y dispuestas a asumir medidas de presión en defensa de sus intereses. Es el caso de los agroindustriales, exportadores y otros sectores empresariales del país, junto al Comité Pro Santa Cruz, que es la máxima autoridad cívica de la región, y que en una reciente Asamblea de la Cruceñidad ha exigido al gobierno que intervenga en los bloqueos con las fuerzas del orden, aplique la medida constitucional del «estado de excepción» para controlar la violencia y restituya la transitabilidad, pedido al que se suman algunos sectores como el transporte, los servicios y el comercio de otras ciudades. De esta forma, el gobierno se arriesga a quedar atrapado entre las presiones de los sectores sociales y las empresariales.

Por su parte, los sectores del mundo popular, que en principio le otorgaron su apoyo electoral a Paz, hoy protagonizan una ola creciente de conflictividad debido al malestar y la acumulación de promesas incumplidas, o parcialmente satisfechas por parte del gobierno. Claramente, estos sectores no son sus bases sociales leales, le otorgaron un apoyo electoral condicionado a la resolución de los agobiantes problemas económicos por los que atraviesa el país desde hace varios años. 

En las movilizaciones de protesta social que vienen prosperando en estos meses de gobierno, se superponen reclamos concretos y legítimos -como por ejemplo, el desabastecimiento y la mala calidad de los combustibles, la elevación de precios de la canasta familiar y la defensa de tierras, sumados a la demanda de incrementos salariales, entre otros- pero que coinciden con los intereses políticos de los sectores que fueron desplazados del poder. 

De hecho, el campo popular boliviano es amplio y diverso: abarca a sectores asalariados, cuentapropistas, cooperativistas mineros, indígenas y campesinos, entre muchos otros, y de ninguna manera se restringe a quienes formaron parte de la base social del MAS. Todos los sectores esperan soluciones estructurales a la crisis.

En síntesis, el gobierno es frágil porque carece de bases sociales propias, por lo que requiere de acuerdos sustantivos y pactos políticos, sobre la base de una línea programática más clara. 

AO: En un país polarizado durante muchos años entre un masismo cuya base social era principalmente popular, rural e indígena, y fuerzas opositoras de derecha que representaban a segmentos medios y altos urbanos, Paz intentó colocarse durante la elección en una posición intermedia. Su concepto de «capitalismo para todos» le dio un barniz popular a su liberalismo, su alianza con Edmand Lara le aportó un tono populista. Intentó posicionarse como alguien que reconciliaba y protegía frente a las propuestas de la derecha radical. 

Sin embargo, desde el inicio de su gobierno el tono de sus discursos y hasta su imagen más elitista contrastaron con lo que había mostrado en las elecciones. Su gabinete y la mayoría de sus nuevos funcionarios vienen de las clases medias o son representantes de los gremios empresariales, casi no hay presencia de indígenas o personas de origen popular, y a esto hay que sumar la sonada ruptura con el vicepresidente Lara.

Aunque era previsible que cualquier nuevo gobierno contrario al MAS fuera a modificar la composición sociológica del bloque gobernante que sostuvo a ese partido durante dos décadas, lo llamativo fue que ese proceso haya sido tan fuerte, considerando que Paz había sido elegido mayoritariamente por votantes rurales y populares. Ese esquema se agotó rápidamente y tiene pocas posibilidades de mantenerse sin variaciones si el gobierno desea reconstruir confianza y afianzar la gobernabilidad. Los conflictos sociales están mostrando que las organizaciones sociales y sindicatos tienen un poder que no puede ser desdeñado, y además ha emergido un gran desencanto en los segmentos populares que excede las razones socioeconómicas y que tiene que ver con demandas de reconocimiento y participación en el poder. Sienten básicamente que han perdido el poder que tenían con el MAS y que Paz no admite que ganó gracias a su apoyo. Esta mezcla de indignación económica y moral es potencialmente muy peligrosa para un gobierno que aún no ha encontrado su rumbo. Quizás su fortaleza relativa es la falta de alternativas. O que la alternativa sea la derecha radical.

¿Qué escenarios se abren hacia adelante, hay riesgos de ingobernabilidad, qué coalición necesitaría Paz para terminar su mandato?

MTZ: En realidad, para el gobierno de Paz resulta imperativo consolidar alianzas y pactos para su propia sobrevivencia. Para comenzar, se requiere fortalecer la propia coalición interna para reducir las evidentes tensiones entre las autoridades del Ejecutivo, debido a que quienes conforman el gabinete tienen diferentes orígenes. Algunos son del grupo de confianza del presidente, otros están vinculados al viejo Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, el partido del ex-presidente Jaime Paz Zamora, cuyo nombre puede llevar a confusión sobre su ideología²), o al ex-candidato presidencial Samuel Doria Medina -como el actual ministro de la Presidencia José Luis Lupo, entre otros profesionales y tecnócratas invitados al gobierno. Esto, dejando de lado el mencionado pase a la oposición del vicepresidente. Por otra parte, es imprescindible propiciar acuerdos políticos con los demás partidos con representación parlamentaria, o al menos con algunos de ellos, para viabilizar la aprobación de las leyes y los cambios constitucionales sugeridos; pero también con autoridades de niveles subnacionales recientemente electas, con las que tiene agendas pendientes, como la distribución de recursos entre el nivel central y las regiones.

Por otra parte, dadas las características altamente politizadas de la sociedad boliviana, la gobernabilidad también reside en las calles, por lo que el gobierno precisa negociar con organizaciones populares con una línea que priorice las necesidades de la población. Prácticamente desde las primeras semanas, el gobierno ha transitado por escenarios de conflictividad de alta y baja intensidad; hoy hay una generalizada sensación de acumulación de malestar que pone en riesgo la gobernabilidad y el futuro inmediato de la gestión. 

AO: Los problemas de gobernabilidad eran ya particularmente desafiantes desde el inicio del nuevo gobierno. El presidente estaba casi obligado a ser una especie de gran constructor de equilibrios y de una nueva gobernabilidad con mayor pluralidad política y social. Esa no era una tarea fácil sin un partido o coalición sólida donde apoyarse. Aunque hay avances en la agenda de reforma económica, el mayor déficit es político y de gobernabilidad, al punto que Paz está enfrentando muy tempranamente una oleada de conflictividad social y un creciente descontento que podría erosionar gravemente su estabilidad. 

Por lo pronto, la gran ventaja del presidente es que no hay ninguna alternativa política a su gobierno pese a sus problemas. Eso puede permitirle cierta estabilización precaria, pero plantea interrogantes sobre su capacidad para gestionar y llevar a buen puerto una agenda reformista ambiciosa tanto en el ámbito económico como en el institucional.

En consecuencia, su mayor desafío político se vincula a una reformulación de la coalición sociopolítica que viene sosteniendo desde su llegada al poder y a la capacidad para diseñar una forma más eficiente de funcionamiento político interno. Hay una demanda de diversos sectores por un pacto formal entre los grandes partidos de derecha y autoridades locales electas, que podría contar con una amplia mayoría parlamentaria. Sin embargo, hay grandes dudas sobre si este dispositivo podría ser suficiente, considerando que en los hechos no considera ni representa a una parte significativa de la sociedad.

Por tanto, emerge la necesidad de ampliar esa coalición, incorporando los intereses, los liderazgos y también las estructuras de poder de los diversos mundos populares, campesinos e indígenas bolivianos. Este desafío es complejo, no solo en términos de la voluntad y posibilidad del gobierno de tomar en cuenta y compatibilizar esos intereses con los de sectores empresariales o las clases medias, sino de realizarlo en un contexto de gran fragmentación y debilitamiento de todas las estructuras de representación tradicionales.

• 1.La Ley 1720 permitía convertir voluntariamente pequeñas propiedades rurales (inembargables por ley) en medianas, con el objetivo declarado de que los campesinos pudieran hipotecarlas para acceder a créditos. Los críticos la consideraron inconstitucional y un mecanismo para que grandes agroindustriales concentraran tierras. Generó una marcha indígena masiva y fue abrogada pocas semanas después de su promulgación [N. del E.].
• 2.El MIR fue fundado en 1971 y expresó el clima de radicalización de esos años. Formó parte de la Unidad Democrática y Popular, que gobernó Bolivia entre 1982 y 1985 y llevó al poder en 1989 a Jaime Paz Zamora. En esos años, el partido dejó atrás su adscripción a la izquierda revolucionaria, se volvió muy pragmático e incluso negoció con el partido conservador liderado por el ex-dictador Hugo Banzer, Acción Democrática Nacionalista (ADN), para conseguir la mayoría y acceder a la presidencia [N. del E.].