El origen de la causa contra Zapatero: del archivo por el préstamo a Plus Ultra al impulso de Anticorrupción por una trama de blanqueo
El sumario, que se remonta a abril de 2021, muestra el largo recorrido que ha seguido la investigación desde que la jueza instructora cerró la causa al constatar que la SEPI actuó conforme a derecho hasta que la figura de Zapatero emergió para erigirse como el presunto líder de una trama de tráfico de influencias.
Madrid-25/05/2026 22:35-Actualizado a26/05/2026 08:38
El sumario íntegro del caso Plus Ultra muestra el largo recorrido de una investigación que comenzó en un juzgado de instrucción de Madrid, el 15, a cargo de la jueza Esperanza Collazos, que mantuvo abierta casi dos años una investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, tras una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias, a la que se adhirieron PP y Vox.
El 8 de abril de 2021, la jueza Collazos abrió diligencias previas contra el entonces presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo por los presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención de subvenciones. Tras casi dos años de instrucción, archivó dichas diligencias el 5 de enero de 2023, al no encontrar indicios delictivos respecto a la SEPI por el préstamo de 53 millones para la aerolínea durante la covid.
«El Consejo Gestor de la SEPI no tiene capacidad decisoria sobre el tema de la subvención acordada, él se limita a elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones, en este caso, hasta el Consejo de Ministros de fecha 9 de marzo de 2021, no se autorizó», indicaba la jueza, a la que se le pasó el plazo para llamar a declarar a los responsables de Plus Ultra. El auto de sobreseimiento indicaba que «no aparece debidamente justificada la comisión de un delito».
La Audiencia Provincial de Madrid ratificó esta decisión el 11 de enero de 2023 al rechazar el recurso de nulidad de las actuaciones presentado por Vox, atendiendo al criterio de la Fiscalía y del Abogado del Estado, al entender que no existió indefensión.
Sin embargo, ante la pretensión de la Abogacía del Estado y de Plus Ultra de que se decretase el archivo definitivo de las investigaciones, este mismo órgano respaldó el archivo provisional. Según recoge un auto del 14 de abril de 2023, «aunque los hechos objeto de investigación penal no puedan incardinarse en algunos de los tipos penales por los que se formuló la querella por falta de los requisitos del tipo (malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias), lo que ha evidenciado la instrucción es una insuficiencia de indicios incriminatorios respecto de uno de los requisitos de elegibilidad exigidos por la norma para ser Plus Ultra beneficiaria de la concesión de 53 millones de euros de dinero público».
Y es que, tal y como señaló el propio Ministerio Fiscal en su informe de adhesión al recurso (y vino manteniendo en sus anteriores informes solicitando en todos ellos el sobreseimiento provisional de las actuaciones), existía un «único requisito controvertido», referente al de no encontrarse la compañía en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019. «Según los informes periciales obrantes en la causa, determina a nuestro juicio, que el sobreseimiento de las actuaciones en relación con el delito de fraude de subvenciones del art. 308 CP, no sea libre sino provisional como acertadamente ha establecido el auto recurrido», señaló entonces la Audiencia Provincial.
Impulso de la Fiscalía Anticorrupción
Las Órdenes Europeas de Investigación (OEI) cursadas por las autoridades francesas y suizas en 2024 están en el origen de la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción un año y medio después en la Audiencia Nacional, el 21 de octubre de 2024, y que abrió la investigación que la semana pasada imputó al expresidente Zapatero.
El sumario del caso Plus Ultra da cuenta de esas OEI sobre los indicios de una organización criminal internacional, dedicada al blanqueo de capitales de origen ilícito, «siendo relevante las conexiones de esta red de blanqueo con personas venezolanas y con activos en Venezuela», y señalaba en concreto fondos públicos de programas de distribución de alimentos, (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), «así como con la venta de oro del Banco venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas».
Anticorrupción incidía en que la aerolínea Plus Ultra era beneficiaria de unos préstamos con sociedades vinculadas a esa supuesta organización criminal que retrataban las investigaciones suiza y francesa y que dichos contratos constituían en realidad devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la trama, tras recibir los 53 millones de euros del rescate del Gobierno español, según indica la querella, a la que ha tenido acceso este diario.
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Pilar Araque Conde / Ana María Pascual
Anticorrupción se querelló en octubre de 2024 contra varios ciudadanos extranjeros (dos peruanos, dos venezolanos, un holandés y un abogado español) en el marco de su investigación sobre la trama de blanqueo vinculada a Venezuela. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó tener competencia para investigar los hechos relatados en la querella de la Fiscalía por no haberse cometido los mismos íntegramente en territorio extranjero.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión e instó a la Fiscalía a presentar la querella en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, que ya había investigado hechos relacionados en la causa sobre Plus Ultra.
La jueza Collazos reabrió la causa, pero dejando fuera lo relacionado a la concesión del rescate público, puesto que esa materia ya había quedado investigada y archivada por no existir indicios delictivos. Lo que se investigó a partir de ese momento, en secreto, según los autos que muestra el sumario, es el destino final de los 53 millones de euros del rescate, el uso «indebido» que hicieron de ellos los responsables de Plus Ultra.
Y es en ese ámbito de la investigación cuando emergió Zapatero, que pasó de no existir en la investigación a ser considerado el líder de la trama de influencias ilícitas.
La jueza pidió a la Audiencia Nacional que se quedara con la investigación al adquirir otra dimensión por la presunta participación de Zapatero y sociedades offshore. Ocurrió en diciembre de 2025 tras las detenciones ordenadas por Esperanza Collazos, que revelaban una presunta organización criminal internacional. Y es cuando la investigación pasó a la Audiencia Nacional, a manos del juez José Luis Calama, una investigación cuyo secreto de sumario se levantó hace una semana, coincidiendo con la imputación del expresidente Zapatero.
Sobre las firmas
Ana María Pascual
Redactora de Tribunales e Investigación.
Pilar Araque Conde
Redactora de Tribunales
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Los dos informes policiales clave no aportan pruebas de la influencia de Zapatero sobre los responsables de la SEPI
- El delito de tráfico de influencias requiere que se ejerza sobre un «funcionario o autoridad» para que adopte una resolución concreta, pero la UDEF no revela sobre quién pudo ejercer la trama esa presión.
- El entonces director de Participadas, José Ángel Partearroyo Marín, es el único funcionario de la SEPI mencionado en varias ocasiones en los informes policiales. Mantuvo reuniones y conversaciones con los directivos de la aerolínea, pero no se le acusa de nada ilícito.
Begoña P. Ramírez / Manuel Rico
25/05/2026 22:50-Actualizado a26/05/2026 08:37
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado –y tendrá que ir a declarar ante el juez José Luis Calama– por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los dos informes policiales clave en los que se apoya el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional sitúan a Rodríguez Zapatero como líder de una «red de influencia» que funciona gracias a un entramado de sociedades, creado por el empresario alicantino Julio Martínez Martínez y que supuestamente sirvió para conseguir una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por importe de 53 millones de euros para salvar de la quiebra a la aerolínea Plus Ultra.
El tráfico de influencias se define en el artículo 429 del Código Penal como el delito que comete todo aquel que «influye» en un funcionario o autoridad pública aprovechando su relación personal con éstos «para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero». Se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años.
Por tanto, para configurar el tipo penal hace falta no sólo un corruptor, sino también un responsable público («funcionario o autoridad») al que presione o influya a fin de que tome una decisión que le proporcione un beneficio económico. Los dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no revelan quién o quiénes han sido esos responsables públicos, ni ofrecen dato alguno de la posible «influencia» ejercida por Zapatero sobre ellos.
Es cierto que esos dos informes están fechados el 22 de abril, es decir, antes de que la Policía entrase en el despacho de Zapatero y en la empresa de sus hijas y se incautase de abundante documentación, cuyo análisis aún no ha sido incorporado al sumario.
El papel de Partearroyo
En los informes sólo se cita por su nombre a un responsable de la SEPI, José Ángel Partearroyo Marín, director de Participadas IV. Con él mantuvieron reuniones los directivos de Plus Ultra, y fueron frecuentes sus conversaciones telefónicas. Pero en ninguna de las referencias que los ejecutivos de la aerolínea hacen sobre Partearroyo Marín se mencionan posibles influencias ejercidas por Zapatero. La relación es fluida –»siempre muy amable e inclinado a ayudar en todo momento», aseguran–, pero el contenido de las conversaciones intervenidas hasta ahora no va más allá de cuestiones administrativas o del procedimiento que la SEPI tenía en curso.
Plus Ultra había solicitado el rescate el 1 de septiembre de 2020 y el primer intercambio con Partearroyo Marín no se produce hasta el 2 de diciembre. Entonces les comenta que están en la fase de contratar asesores, lo que se haría el 9 de diciembre, tras resolverse un concurso, en virtud de un acuerdo marco de 42 millones de euros, que se adjudicó a 18 despachos de abogados y consultoras. Daiwa Corporate Advisory y Deloitte fueron los encargados del asesoramiento económico y financiero de Plus Ultra, y ambos emitieron informes favorables a la concesión de la ayuda pública.
El 2 de marzo de 2021, José Ángel Partearroyo comunica a Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de la aerolínea hispano-venezolana, que el rescate ha sido aprobado por el consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para resolver las solicitudes de ayuda temporal de las empresas afectadas por la pandemia. Y que se encuentra sólo a falta de que el Consejo de Ministros la apruebe siete días más tarde. Pero había sido Julio Martínez Martínez quien cuatro días antes, el 26 de febrero, ya había comunicado a Rodolfo Reyes y a Camilo Ibrahim Issa, otro accionista de Plus Ultra, que la ayuda había sido concedida, según consta en sendos mensajes de texto enviados por el primero.
Sin mensajes de ZP pero con un contrato de asesoría
Tampoco hay en los informes policiales conocidos hasta ahora ninguna comunicación entre Rodríguez Zapatero o Julio Martínez Martínez y responsables de la SEPI. Sí que han aparecido conversaciones en las que los ejecutivos venezolanos le dicen al amigo de Rodríguez Zapatero que «sería bueno presionar» para acelerar el proceso. Julio Martínezse limita a responder con un «Ok». En otro momento, los dueños de Plus Ultra comentan entre ellos que es bueno mantener la relación con Martínez por si fuera necesario un «empujón» ya que aún no han recibido el segundo tramo de la ayuda.
Lo que el informe policial no revela es qué hizo el empresario alicantino tras ser requerido por los venezolanos para que «presionara» y dar su «ok».
En cambio, se mencionan hasta seis requerimientos de información o de subsanación de errores que la SEPI hace a Plus Ultra y de los que habla José Ángel Partearroyo con los directivos de la aerolínea. Éstos también celebraron al menos cinco reuniones «con la SEPI», sin precisar con quién, incluidas algunas en las que estaban presentes los asesores Daiwa y Deloitte.
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Más sorprendente es la reunión «con el tipo de la SEPI» de la que habla Rodolfo Reyes, máximo accionista de facto de la aerolínea según la definición de la UDEF, el 4 de noviembre de 2020 y en la que participaba Julio Martínez Sola. Porque, siempre según la versión de los responsables de Plus Ultra, «de la otra línea», escuchaba la conversación «clandestinamente» Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero..
También destacan los informes policiales como prueba de cargo contra el Julio Martínez el contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Stratégica SL: esta sociedad, creada por Julio Martínez, debía asesorar a la aerolínea en todo lo relativo a la solicitud de ayuda a la SEPI a cambio de 530.000 euros, el 1% más IVA del importe del rescate. Según el informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) e incluido en el sumario del caso, no consta, sin embargo, ningún abono de Plus Ultra a Idella. La UDEF cree que estos pagos fueron ingresados en la cuenta bancaria de la sociedad constituida por Julio Martínez en Dubái.
Aviación Civil, AESA, Seguridad Social
Los informes policiales mencionan los nombres de otros altos funcionarios. Es el caso de Raúl Medina Caballero, director general de Aviación Civil. El 14 de julio de 2020 Rodolfo Reyes le pregunta a Julio Martínez Martínez quién va a acudir a una reunión prevista con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. El empresario alicantino le dice que puede «imaginar» que será Raúl Medina, pero que no lo sabe. El director general de Aviación Civil firmó en febrero de 2021 un informe sobre Plus Ultra, que se incorporó al expediente de la SEPI.
En agosto de ese año, meses después de concedida la ayuda, Rodolfo Reyes pregunta a Julio Martínez si conoce a Julián Mateos, director de Negocios de la SEPI que acaba de ser nombrado director del FASEE. Y, a continuación, Reyes escribe: «10k done (hecho en ingles)». Al respecto, la UDEF llega a la conclusión de que esas palabras «ponen de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros». Pero no precisa nada más.
Bartolomé Lora Toro, vicepresidente de la SEPI, aparece someramente en los informes de la UDEF, sólo como el firmante de la adjudicación del contrato de asesoramiento financiero y legal de diciembre de 2020. También se cita a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes, pero no se concretan responsables o funcionarios del organismo. Sólo se hace referencia a que elaboró otro informe favorable sobre Plus Ultra, cuyosdirectivos estaban lidiando con las «dudas» que el plan de viabilidad de la aerolínea había suscitado en AESA.
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Finalmente, la UDEF saca a colación dos informes emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, firmados por el subdirector general adjunto de Recaudación en Periodo Voluntario, José Luis Encinas Prado, y por la jefa de sección de la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de Madrid, Belén Fruiters Casado. Ambos certificaban que Plus Ultra no tenía «pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas en la Seguridad Social». Por el contrario, la Policía Nacional sostiene que la aerolínea acumulaba una deuda con la Seguridad Social de 451.954 euros, del periodo comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2020. Ambas afirmaciones pueden ser correctas: si la deuda ha sido aplazada –o fraccionada o suspendida–, la empresa está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, que es lo que certificó la Tesorería General.
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