Colonialistas en defensa del interés privado: Junta fiscal aboga para que demanda contra LUMA quede paralizada

por Nueva Pensamiento Crítico · Publicada 28 de mayo de 2026 · Actualizado 28 de mayo de 2026

Advierten permitir la demanda afectaría reestructuración de la deuda de la AEE

La junta respondió a una solicitud del Tribunal para brindar contexto sobre la apelación que presentó LUMA. En la foto, miembros del ente fiscal John Nixo y Robert Mujica. Fotos: Yadiel Pérez/ EL VOCERO

Istra Pacheco, EL VOCERO

La Junta de Control Fiscal (JCF) pidió al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revertir una determinación de la jueza Laura Taylor Swain que tuvo el efecto de dejar que siga adelante la demanda interpuesta por el Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico (DACO) en contra de LUMA Energy y que, de prevalecer, le obligaría al consorcio a pagar por aquellos daños causados a enseres eléctricos, negocios y propiedades cuando ocurre negligencia de su parte.

La junta respondió a una solicitud del Tribunal para brindar contexto sobre la apelación que presentó LUMA y explicar lo que a su juicio sería el impacto que las disputas legales activas entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA, tendrían en el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El ente fiscal argumentó que el tribunal erró al permitir que la demanda de DACO prosiguiera, luego de concluir que esta agencia actuaba bajo sus “poderes de política pública y regulatorios”.

Sostuvo que, en cambio, se trata de una disputa contractual que afecta directamente la propiedad de la AEE y que, por lo tanto, debe quedar suspendida automáticamente. A esos efectos fue que opinó que se debe revocar la decisión de Swain.

“La demanda de DACO viola la suspensión automática porque afecta la propiedad de la AEE”, en medio del proceso para salir de su quiebra, indicó la JCF.

La demanda eje de la controversia original fue la que presentó la entonces secretaria del DACO Valerie Rodríguez Erazo.

Aunque el ente fiscal aclara que “no tiene conocimiento de que LUMA haya tomado ninguna medida para rescindir” de su contrato, levantó su preocupación diciendo que el operador privado puede reclamar que se produjo un cambio sustancial en el marco que rige su contrato lo que afecta sus derechos, y dar por terminado el acuerdo.

A su vez, puntualizó que no favorece devolver el manejo de la red eléctrica a manos públicas.

“La operación y el mantenimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico no pueden volver a estar a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que constituiría una violación de la legislación puertorriqueña (y) sería incompatible con los planes fiscales certificados” reza el escrito.

Lo que dijo

La Junta no se está pronunciando sobre si LUMA ha cumplido con (el contrato) ni sobre la validez de las críticas de la Gobernadora a LUMA. Sin embargo, la Junta se opone a cualquier intento de rescindir (el contrato) a menos que otra entidad privada cualificada esté dispuesta a asumir el control de la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la AEE.

Declaraciones de la JCF

Alegan sería “catastrófico” proceso de reestructuración de la deuda

Del mismo modo, alega que sería “catastrófico” para el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, para el suministro de electricidad en Puerto Rico y la economía del Estado Libre Asociado.

DACO busca invalidar una cláusula del contrato de LUMA y una determinación del Negociado de Energía que le otorga inmunidad al consorcio frente a ciertas reclamaciones por negligencia ordinaria, alegando que dicha dispensa es ilegal bajo la ley local.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio la razón a DACO, por lo que LUMA acudió al tribunal de quiebras.

Fue entonces que Swain denegó el pedido de LUMA de incorporar el litigio dentro del ‘stay’ al destacar que los argumentos presentados por el consorcio en la demanda forman parte de las estrategias del gobierno para cancelar el contrato.

“La Junta no se está pronunciando sobre si LUMA ha cumplido con (el contrato) ni sobre la validez de las críticas de la Gobernadora a LUMA. Sin embargo, la Junta se opone a cualquier intento de rescindir (el contrato) a menos que otra entidad privada cualificada esté dispuesta a asumir el control de la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la AEE. En opinión de la Junta, que la AEE retome el control de la red eléctrica sería catastrófico”, argumentó el ente fiscal.

Exsecretaria del DACO levanta cuestionamientos

Rodríguez Erazo sostuvo que la preocupación principal de la JCF nunca ha sido la legalidad del relevo de responsabilidad concedido a LUMA, ni los derechos de los consumidores puertorriqueños, sino el efecto que una decisión adversa pueda tener sobre el contrato de operación y mantenimiento.

“Pero ese no es el análisis jurídico bajo la sección 362(b)(4) del Código de Quiebras incorporada a PROMESA. Aquí la pregunta no es si a LUMA o a la Junta les incomodan las consecuencias de una decisión judicial. La pregunta es si DACO actuó en el ejercicio legítimo de su facultad de proteger el interés público mediante un remedio no monetario y en defensa de los consumidores. La respuesta es sí”, dijo la exsecretaria del DACO a EL VOCERO.

“El hecho de que LUMA o la Junta no estén conformes con las consecuencias de esa decisión no convierte este caso en una controversia contractual protegida por la paralización automática. DACO no acudió al tribunal para cobrar dinero para el Gobierno. DACO acudió al tribunal para defender una política pública esencial, proteger a los consumidores y evitar que una agencia administrativa se arrogara poderes que solo le corresponden a la Asamblea Legislativa”, agregó.

La licenciada señaló que LUMA no debe ser tratada distinto a ninguna otra corporación en Puerto Rico, incluyendo al propio Gobierno y que bajo las leyes, quien causa un daño por negligencia tiene que responder. Al mismo tiempo criticó que tras su salida de DACO la demanda haya pasado al Departamento de Justicia porque eso provocó que se perdiera “el nivel de prioridad y fiscalización agresiva que este asunto requiere”.

Rodríguez Erazo sostuvo que la preocupación principal de la JCF nunca ha sido la legalidad del relevo de responsabilidad concedido a LUMA. Yadiel Pérez/ EL VOCERO

Lo que dijo

El hecho de que LUMA o la Junta no estén conformes con las consecuencias de esa decisión no convierte este caso en una controversia contractual protegida por la paralización automática. DACO no acudió al tribunal para cobrar dinero para el Gobierno. DACO acudió al tribunal para defender una política pública esencial, proteger a los consumidores y evitar que una agencia administrativa se arrogara poderes que solo le corresponden a la Asamblea Legislativa.

Valeria Rodríguez Erazo

Exsecretaria del DACO

“Igualmente preocupante es que, al día de hoy, el Gobierno todavía no le haya explicado claramente a los consumidores y comercios cuál es el proceso para reclamar los daños que sufren constantemente por las deficiencias en el servicio eléctrico. Mientras las facturas siguen aumentando, muchas familias y pequeños comerciantes continúan absorbiendo pérdidas sin orientación clara y sin sentir que alguien los está defendiendo con la urgencia que esta situación amerita”, afirmó.

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Istra Pacheco, EL VOCERO

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