La izquierda uruguaya en el poder¿Hacia dónde va el gobierno de Yamandú Orsi?

El Frente Amplio recuperó el gobierno en un país y una región alejados del clima de la «marea rosa» y sin los liderazgos partidarios históricos. A más de un año de asumir, el gobierno de Yamandú Orsi enfrenta un malestar que combina expectativas frustradas, críticas en la izquierda, problemas para incidir en la agenda pública y una desafección democrática creciente.

junio 2026

Natalia Uval

El 1 de marzo de 2025 el Frente Amplio regresó al gobierno. Yamandú Orsi ganó la presidencia, en la segunda vuelta, con una diferencia de cuatro puntos porcentuales. Pero no se trató de un triunfo cómodo. Por un lado, el anterior presidente, Luis Lacalle Pou, a la cabeza de una coalición de centroderecha, terminó su mandato con una elevada popularidad que, no obstante, no pudo transferir completamente a su candidato. Por el otro, la vuelta al gobierno también llegó en un momento interno particular del Frente Amplio: de los tres principales referentes históricos de la era progresista, Tabaré Vázquez y Danilo Astori habían fallecido, y José Mujica fallecería poco después de la asunción de Orsi. Tampoco la región es la misma y los años de la «marea rosa» parecen ya lejanos: si Luiz Inácio Lula da Silva sigue gobernando Brasil, al otro lado del Río de la Plata gobierna el «libertario» Javier Milei, con un nivel de violencia retórica y radicalidad política desconocido en el «país de las medianías», como definía a Uruguay el destacado intelectual Carlos Real de Azúa, aunque la derecha uruguaya haya comenzado a imitar, aún de manera embrionaria, algunas de las estrategias de sus vecinos.

A diferencia de sus predecesores de izquierda en el palacio presidencial, Orsi no es un líder «histórico» del Frente Amplio y al momento de ser elegido ni siquiera encabezaba su propio sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP) liderado tradicionalmente por Mujica. Este profesor de historia había logrado una buena imagen como gestor de la intendencia de Canelones, el segundo departamento más poblado del Uruguay y los perfiles previos a su elección coinciden en destacar su espontaneidad, su cercanía con la gente y su capacidad de diálogo, y también su «moderación», que en Uruguay aparece como un atributo positivo.

La revolución de las cosas simples

El programa de gobierno del Frente Amplio, que siempre es elaborado de forma participativa por miles de militantes, se sintetizó en 48 prioridades con las que pocos podrían estar en desacuerdo. Orsi lo resumió como «la revolución de las cosas simples»: crecer «con inclusión y bienestar», generar empleo, mejorar la seguridad, incrementar el monto de las transferencias a los sectores vulnerables, aumentar los salarios y las jubilaciones, garantizar un sistema de cuidados robusto, especialmente para las madres y los padres de menores recursos.

Al momento de presentar las propuestas frenteamplistas, Orsi expresó que quería «resolver los problemas que tanto mal nos hacen como sociedad», que «existan más y mejores oportunidades» y «ser el presidente que quiera unir». Su discurso estuvo lejos de ser confrontativo con el gobierno anterior; apenas apuntó que, bajo la gestión de Lacalle Pou, Uruguay «quedó a la deriva, sin un horizonte de esperanza».

Durante el primer año del gobierno de Orsi, el crecimiento fue de 1,8%, la inflación se situó en 3,6% al cierre de 2025, se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo –pese al cierre de varias empresas, algunas de ellas emblemáticas como la fábrica de adhesivos La Gotita–, el salario real creció 2,2%, la pobreza y la indigencia se mantuvieron en niveles similares a los de 2024 –aunque se percibe un aumento de las personas en situación de calle en Montevideo– y los delitos contra la propiedad cayeron entre 8% y 10%, si bien el accionar del crimen organizado deja casi todos los días muertos y heridos en los barrios más complicados de la capital.

Orsi ganó en un país que no tenía demasiadas ilusiones: solo 32% de la población expresaba expectativas altas antes de que asumiera. Hoy, 64% responde que sus expectativas no fueron satisfechas. En sus recorridas por el país, los dirigentes frenteamplistas recogen reclamos relacionados con la seguridad y el empleo. La población no esperaba mucho, los indicadores sociales y económicos no se derrumbaron, pero la evaluación negativa del desempeño del gobierno en áreas clave es creciente.

Las encuestas marcan el mismo clima. Entre fines de mayo y principios de junio de 2026 se conocieron los resultados de diversos estudios de opinión pública que marcan una caída pronunciada de la aprobación presidencial. Consultoras como Equipos, Opción, Factum y Usina de Percepción Ciudadana ubican la desaprobación del presidente entre 46% y 49%, mientras que quienes aprueban la gestión no llegan al tercio de la población en ninguna de las mediciones. Estos niveles de aprobación son incluso inferiores a los que registró en su momento el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020), que fue el de menor aprobación y el último del primer «ciclo progresista» en Uruguay.

Malestar, también en la izquierda

El Frente Amplio aún es considerado un ejemplo para otras izquierdas de la región por su capacidad integradora de corrientes diversas y por su hegemonía cultural y política. Eso no quiere decir que no existan tensiones. De hecho, estas fueron particularmente notorias en 2024 pero su estructura consensual al menos hasta ahora siempre logró procesarlas.

Algunas de esas discrepancias se expresaron antes de la vuelta al poder, por ejemplo en relación a la reforma previsional impulsada por el gobierno de Lacalle Pou, que elevó a 65 años la edad jubilatoria. La entidad matriz del sindicalismo uruguayo, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, conocido popularmente como PIT–CNT estuvo a la cabeza del rechazo. Junto con organizaciones sociales, la central sindical impulsó una consulta popular que dividió al Frente Amplio: mientras que el Partido Comunista y el Partido Socialista respaldaron el plebiscito, el MPP al que pertenece el presidente Orsi -sector mayoritario del frente- lo rechazó. Propuso como alternativa convocar a un diálogo social para pensar una reforma integral en caso de ganar las elecciones. La campaña fue dura, con acusaciones mutuas que, en algunos casos, llegaron a insultos dentro de la izquierda, y finalmente el plebiscito fracasó.

Cuando ganó el gobierno de Orsi, instaló el diálogo social prometido, y un objetivo no explicitado era que pudiera propiciar un acercamiento entre los sectores de izquierda divididos en torno de la cuestión previsional. En abril de 2026 se presentaron las conclusiones, que incluyeron la opción de jubilarse a los 60 años –aunque en la mayoría de los casos con un ingreso menor–, la modificación del sistema de las administradoras privadas de fondos de pensiones y mejoras en el sistema de transferencias monetarias para sectores vulnerables. El PIT–CNT y todo el Frente Amplio saludaron los resultados del diálogo social.

Por otra parte, en la elaboración del presupuesto quinquenal, el gobierno incluyó una disposición para que las empresas multinacionales instaladas en el país paguen el Impuesto Mínimo Global en Uruguay, como ya había sugerido que lo haría en campaña. En una entrevista con el periódico La Diaria en marzo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, destacó que Uruguay es «el segundo país de América Latina después de Brasil que introduce un impuesto a las corporaciones multinacionales, siguiendo las reglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)» y lamentó que no se haya «camiseteado más» con esto, porque al electorado de izquierda «le podía haber dado cierta ilusión». En materia tributaria, el PIT–CNT y algunos sectores del Frente Amplio le vienen reclamando al gobierno, sin éxito, que estudie la posibilidad de implementar un impuesto al 1% más rico de la población, que podría servir para generar más recursos para políticas sociales. La negativa del gobierno a considerar este punto genera molestias en un sector de la izquierda.  

No es lo único que ha generado malestar. Una de las fuentes de estas tensiones entre gobierno y partido fue el posicionamiento oficial de Uruguay en relación a los ataques de Israel a Gaza. Uruguay se mantuvo firme en su defensa del multilateralismo y abogó por un cese al fuego, al tiempo que modificó el alineamiento con Israel en foros internacionales que había mantenido el gobierno de Lacalle Pou. Pero no solo se negó a llamar «genocidio» a lo ocurrido -como lo hicieron Pedro Sánchez en España o Gabriel Boric en Chile- sino que, en ocasiones, tanto de Orsi como su canciller, Mario Lubetkin, evitaron la condena a Israel y se limitaron a pedir el fin del conflicto. 

En febrero, durante el carnaval, las murgas uruguayas sintetizaron mejor que cualquier encuesta el malestar interno de una parte importante de la izquierda : la palabra «genocidio» fue una de las más mencionadas, y lo que se entiende como tibieza de Orsi fue parodiado por varios conjuntos murgueros. También fue motivo de burlas la usual respuesta de Orsi ante las preguntas de la prensa: «Es un tema complejo».

A este malestar contribuyó además la presencia del presidente en el portaaviones estadounidense USS Nimitz, que se aproximó a aguas uruguayas en mayo en el marco de una gira regional, así como la disposición de Orsi a posar para la foto con los pulgares en alto junto al embajador estadounidense.

Hoy, el gobierno de Orsi registra niveles inéditos de rechazo entre sus propios votantes: según Usina de Percepción Ciudadana, solo 39% aprueba su gestión mientras que 61% de quienes se consideran frenteamplistas declara que el gobierno no cumplió con sus expectativas. Y cuando se le pide a la población que defina en una palabra a la administración de Orsi, la segunda más frecuente es «tibio», según la Usina. Con «tibio», «los encuestados perciben inacción, cautela excesiva e incapacidad de tomar posición», señaló la consultora en su análisis.

Para algunos referentes del gobierno, «apretar el acelerador» de las reformas hará que las cosas mejoren, pero otros advierten que no es «solamente una cuestión de tiempos», sino de algo «más profundo» que hace que este gobierno esté dejando disconforme a la militancia.

Una agenda reactiva y poco efectiva

Pese a su talante dialoguista, Orsi no tiene las cosas fáciles con la oposición, que ha desplegado una intensa e inédita serie de convocatorias a ministros al Parlamento que le han dificultado al gobierno colocar en el debate público sus propias prioridades. Al mismo tiempo, en redes sociales, los exponentes más confrontativos de la oposición, como la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, se burlan abiertamente del presidente o se dirigen a él en tono condescendiente. «Guardate unos días, por favor», respondió Bianchi a un posteo del presidente en el que anunciaba la instalación de fibra óptica en un pueblo del interior del país.

El último episodio que desató críticas intensas a Orsi, tanto por parte de la oposición como del Frente Amplio, fue la decisión que tomó –antes de asumir la presidencia, pero difundida en las últimas semanas– de comprar una camioneta Hyundai de 80.000 dólares y aceptar un descuento de 25.000 dólares por parte de la automotora que se lo otorgó. A esto se sumó que las explicaciones del presidente sobre la compra fueron poco claras, lo que alimentó la agenda mediática durante semanas.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, lamentó que la coalición de izquierda no tenga capacidad de marcar la agenda política y que los anuncios del gobierno duren solo uno o dos días en la discusión pública. En los almacenes de barrio, en la calle, en el transporte colectivo, la gente está conversando sobre la camioneta de Orsi y no sobre el diálogo social.

Con el fallecimiento de José «Pepe» Mujica, el Frente Amplio se quedó sin grandes comunicadores y sus referentes no tienen una presencia marcada en las redes sociales más utilizadas por las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, un sector de la derecha uruguaya empieza a imitar prácticas de la extrema derecha que han sido efectivas en otros países, incluidos sus vecinos Brasil y Argentina: discursos despectivos y violentos, magnificación de episodios menores, explicaciones simples para problemas complejos. Una cancha embarrada en la que nadie puede entrar a jugar sin mancharse, pero que resulta sumamente efectiva para colocar temas en agenda y destruir la imagen de personas sin tener que pasar por una evaluación racional de sus méritos y defectos.

La democracia por inercia

El Frente Amplio se fundó en 1971 como fruto de la confluencia entre partidos de izquierda y sectores progresistas de los partidos tradicionales, empujado por un movimiento social y sindical decidido a dar pelea en las urnas por la transformación social. Fue golpeado por la dictadura, pero retornó más fuerte y creció sin pausa hasta el 31 de octubre de 2004, cuando ganó por primera vez el gobierno nacional. Ese día, las calles de Montevideo eran una fiesta al aire libre, repleta de sonrisas, cánticos y banderas.

Luego vendrían los primeros gobiernos, con una mezcla variable de ilusiones y decepciones, pero con un balance globalmente positivo entre ambas. La composición del electorado frenteamplista cambió: lo abandonaron algunos sectores privilegiados que se vieron afectados por sus políticas y se sumó un contingente popular por razones opuestas. Durante los dos primeros gobiernos, el entusiasmo no mermó: la victoria de José Mujica en 2009, celebrada en la rambla céntrica de Montevideo, también fue una fiesta popular. El desencanto fue más visible durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, pero no fue irremontable. El Frente Amplio perdió las elecciones en 2019, pero su papel opositor durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y un proceso de introspección durante ese período –sintetizado en el lema «El FA te escucha»– lo acercaron nuevamente a su base social.

Sin embargo, transcurridos un año y tres meses de gobierno, la gestión de Orsi parece haber perdido la sintonía con la ciudadanía. No es, por supuesto, una situación inédita en la región, donde derechas radicales están canalizando el hartazgo o el mero desinterés. Aun así, los resultados de las encuestas no dejan de ser sintomáticos: el 45% de la ciudadanía uruguaya considera que un cambio de gobierno, sea del signo que sea, modificará «nada» o «muy poco» su situación personal. Es difícil siquiera imaginar una explosión de alegría en las calles como la de 2004, gane quien gane las próximas elecciones.

Las personas parecen haber perdido las expectativas, no ya en un determinado partido político, sino en el propio sistema. En este contexto, algunos partidos políticos y referentes de izquierda han abandonado la iniciativa. Desde las trincheras militantes, resisten como pueden los embates de la derecha en un terreno mediático y digital que no dominan y que, en algunos casos, ni siquiera se han molestado en comprender.

En Uruguay, una de las democracias más sólidas de la región según la Organización de las Naciones Unidas, una mayoría disciplinada la defiende, pero a veces parecería que lo hace por inercia. Y, mientras tanto, crecen quienes se inclinan por opciones autoritarias: un tercio de los jóvenes uruguayos preferiría una dictadura en caso de crisis, según lo releva un informe de la Fundación Friedrich Ebert. En este sentido, como en otros, el Uruguay real se aleja en parte de la exitosa «marca país» que proyecta hacia afuera como una suerte de excepción latinoamericana.