Europa y la excepción española de la regularización

Regularizar a personas que ya viven aquí significa permitirlas acceder a derechos laborales, sacarlas de la clandestinidad, proteger a sus hijos y reducir explotación y economía sumergida.

Estrella Galán(*)

Estamos en mitad de uno de los procesos de regularización más importantes de la democracia española. Cientos de miles de personas migrantes que ya viven, trabajan y sostienen parte de la vida cotidiana de este país van a salir de la invisibilidad administrativa a la que durante años fueron condenadas. Y quizá precisamente ahora, en medio del ruido político, del alarmismo interesado y de la desinformación organizada, hay que detenerse a pensar qué significa esta regularización y qué dice de nosotros como sociedad.

Mientras Europa celebra oficialmente sus valores fundacionales —los derechos humanos, la democracia, la dignidad humana o el derecho de asilo— la Unión avanza en la dirección contraria: hacia la normalización del miedo, la externalización de fronteras cada vez más lejos y con menos garantías, y el endurecimiento sistemático de las políticas migratorias.

Por eso esta regularización tiene algo profundamente simbólico. Porque en un momento histórico donde demasiados gobiernos europeos compiten por demostrar quién expulsa más rápido, quién encierra más personas o quién convierte el asilo en una carrera de obstáculos más cruel, España ha decidido abrir una vía extraordinaria de reconocimiento de derechos para personas que ya forman parte de nuestra sociedad.

Conviene dejar algo claro desde el principio: estas personas ya estaban aquí. Ya trabajaban aquí. Ya eran parte de nosotros mientras vivían condenadas a una situación de vulnerabilidad dirigida. Por eso hay que desmontar el discurso mentiroso del efecto llamada que tanto vociferan desde las derechas.

La irregularidad administrativa no es solamente una cuestión burocrática. Es una forma de precariedad organizada. Una estructura que permite disponer de personas trabajadores sin derechos plenos, expuestas al miedo constante, a la explotación laboral y a la amenaza permanente de expulsión. Porque quien vive bajo la amenaza de la expulsión difícilmente puede denunciar abusos, negociar condiciones dignas o ejercer su ciudadanía plena.

Durante hace demasiado tiempo Europa está construyendo sus políticas migratorias desde una lógica de sospecha. La frontera ya no está solo en el mar o en las vallas; atraviesa oficinas de extranjería, centros de trabajo, controles policiales y vidas enteras suspendidas en la incertidumbre. La irregularidad se convierte así en una herramienta de producción de vulnerabilidad, de seres humanos manipulables. Cuidados de segunda.

Por ello, la nueva regularización rompe con esa lógica porque elimina las barreras que dejaban fuera a miles de personas. Es un cambio de mirada: reconocer que la dignidad humana no puede depender únicamente de la utilidad económica inmediata que alguien tenga para el mercado laboral.

Además, conviene recordar algo que el Partido Popular parece haber olvidado: España ha regularizado migrantes prácticamente con todos los gobiernos de nuestra democracia. Lo hizo José María Aznar con varios procesos entre 1996 y 2001. Lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 permitiendo aflorar cientos de miles de empleos sumergidos. Incluso gobiernos conservadores europeos han entendido históricamente algo elemental: cuando existe una bolsa masiva de personas trabajando sin derechos, el problema no se resuelve fingiendo que no existen.

Por eso resulta tan obscena la hipocresía actual del Partido Popular que hoy actúa como si reconocer derechos básicos fuera una amenaza civilizatoria. No sabemos si tienen un problema de amnesia o es fruto del cálculo electoral producto de la competición que mantienen con la ultraderecha, en el terreno del miedo y la deshumanización, para ver quién es más racista.

Los procesos de regularización, son una garantía para consolidad la cohesión social. Por eso es importante destacar la dimensión familiar que aborda también este proceso de regularización. La posibilidad de regularizar simultáneamente a hijos menores no es un detalle menor. Es reconocer que las migraciones no son fenómenos individuales aislados, sino procesos profundamente humanos atravesados por vínculos, cuidados y proyectos de vida como se ha defendido siempre desde el movimiento feminista.

Si algo ha hecho el feminismo ha sido obligarnos a mirar aquello que el sistema económico invisibilizaba: los cuidados, la sostenibilidad de la vida y las cadenas globales de precariedad construidas sobre cuerpos de mujeres migrantes, que son un porcentaje altísimo de las personas que se verán beneficiadas por el proceso de regularización.  Mujeres migrantes que han asumido el sostenimiento silencioso de hogares enteros mientras se les negaba reconocimiento político y derechos plenos.

Hablar de regularización sin hablar de feminización de la migración sería volver a invisibilizar precisamente a quienes han cargado con la parte más dura de la precariedad. No puede existir una democracia decente mientras quienes sostienen la vida vivan sin derechos

Las trabajadoras del hogar, las temporeras, las cuidadoras internas, las mujeres que sostienen barrios enteros mientras sostienen también a sus propias familias a miles de kilómetros, han sido una de las grandes columnas invisibles de este país. Y también una de las más castigadas por la irregularidad. Hablar de regularización sin hablar de feminización de la migración sería volver a invisibilizar precisamente a quienes han cargado con la parte más dura de la precariedad.

Por eso esta medida tiene también una dimensión profundamente transformadora: reconoce que no puede existir una democracia decente mientras quienes sostienen la vida vivan sin derechos.

Durante décadas, Europa se presentaba al mundo como el gran espacio democrático nacido de las cenizas del fascismo y de la guerra. El continente que aprendió que ningún ser humano debía volver a ser perseguido por su origen, su religión o su lugar de nacimiento. El templo jurídico y moral donde el derecho de asilo era casi un principio fundacional. Una de las grandes banderas éticas del proyecto europeo.

Y, sin embargo, hoy la Unión Europea parece avanzar exactamente en la dirección contraria.

Mientras España representa una rara excepción y abre una vía extraordinaria de regularización para cientos de miles de personas que ya viven y trabajan aquí, Bruselas impulsa reglamentos de retorno cada vez más agresivos con el fin de acelerar deportaciones masivas, fomenta la puesta en marcha de centros de expulsión y retorno en terceros países normalizando el internamiento y convierte el asilo en una carrera de obstáculos diseñada para disuadir antes que para proteger. El nuevo paradigma migratorio europeo ya no gira alrededor de la acogida o la protección internacional, sino del control, la expulsión y la sospecha permanente. El ejemplo más paradigmático se refleja en países como Grecia que ha modificado su código penal, considerando delito penal la estancia irregular en su territorio, con penas de prisión de dos a cinco años, lo que ha provocado una sobreocupación en las cárceles griegas que ponen de manifiesto la inoperancia de la medida que solo pone en riesgo el Estado de derecho del país heleno.

Es difícil no ver ahí una enorme derrota moral. Porque el problema no es solo jurídico. Es civilizatorio. Cuando Europa empieza a contemplar las migraciones y el derecho de asilo como una amenaza y no como una conquista democrática, lo que se resquebraja no es únicamente una política pública. Lo que estalla por los aires es parte del consenso ético sobre el que supuestamente se construyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Y por eso esta regularización importa tanto. Porque recuerda algo elemental que la UE parece estar olvidando: que los derechos humanos no pueden depender de la nacionalidad, del color de piel ni de la rentabilidad electoral del miedo.

Resulta paradójico que mientras algunos dirigentes europeos compiten por demostrar quién endurece más las fronteras, sea precisamente una medida de ampliación de derechos la que nos permita volver a sentir cierto orgullo de pertenecer a Europa. No a la Europa de las concertinas, de los acuerdos con terceros países para externalizar sufrimiento o de las devoluciones aceleradas. Sino a la Europa que alguna vez quiso ser refugio, garantía y horizonte democrático.

Frente al cinismo y la deshumanización que recorren hoy buena parte del continente, regularizar a quienes ya forman parte de nuestra sociedad no es un gesto “woke”. Es un acto de coherencia democrática.

Alberto Núñez Feijóo ha llegado a afirmar que esta regularización es inhumana, injusta y contraria a los derechos humanos. La dimensión del disparate es inaudita. Porque quizá estamos ante uno de esos momentos donde el lenguaje político se rompe por completo y las palabras empiezan a significar exactamente lo contrario de lo que nombran.

Regularizar a personas que ya viven aquí. Permitirles acceder a derechos laborales. Sacarlas de la clandestinidad. Proteger a sus hijos. Reducir explotación y economía sumergida. ¿Eso es contrario a los derechos humanos? La afirmación sería cómica si no fuera tan peligrosa.

Es como decir que apagar incendios amenaza la seguridad contra incendios o que abrir hospitales atenta contra la salud pública. Un ejercicio de contorsionismo político tan grotesco que hace dudar  si estamos ante una estrategia deliberada o ante la completa normalización del discurso deshumanizador de un partido que criminaliza las migraciones de forma calculada utilizando el miedo como herramienta electoral, erosionando no solo la convivencia sino la propia idea de igualdad democrática.

No vivimos vidas de una sola causa. Y eso es exactamente lo que esta regularización pone sobre la mesa: que la lucha por los derechos de las personas migrantes está atravesada por la lucha de clases, la lucha feminista, la lucha antifascista, la justicia social, el derecho a la vivienda, el trabajo digno y sobre todo, por la defensa misma de la democracia frente al avance del odio.

Y hoy, con todas las dificultades y contradicciones que aún existen, España puede sacar pecho. Porque frente al repliegue identitario y la deshumanización, está enviando un mensaje nítido: nadie deja de ser persona por no tener papeles.

Porque algo está claro: ni un solo día en Europa sería mejor sin las personas migrantes y refugiadas.

(*) Eurodiputada SUMAR (The Left)

ETIQUETAS:

Europa Migrantes Mundo Obrero 398 junio 2026 Regularización de inmigrantes

COMPARTIR:

• Compartir en Facebook
• Compartir en X
• Share on Bluesky
• Compartir en WhatsApp
• Compartir en Telegram
• Envía esta página por correo electrónico