Luis Pedraza Leduc: Hora de luchar contra las nuevas regulaciones patronales de los salarios impuestas por el gobierno y la Junta Extranjera

Un nuevo reglamento pretende definir desde hoy las condiciones para conceder aumentos salariales en el gobierno

Buenos días. Para los años 1996 al 2000 se desarrolló un debate desigual entre los sindicatos defensores de la mal llamada ley de sindicalización de empleados públicos, Ley 45-1998, y quienes, en minoría, la criticamos por ser una negación de lo mejor de la sindicalización. 

Las discusiones, entre otras, giraban sobre los alcances de la ley en beneficio de los trabajadores o si la ley era una camisa de fuerza para los trabajadores; qué áreas de negociación se ofrecían ya que las prerrogativas gerenciales eran muy amplias e incluyen el llamado principio de mérito como área no negociable; los mecanismos para resolver conflictos donde se criminaliza la huelga, paros y demás acciones concertadas entre los trabajadores.

Aquellos defensores de la ley prometieron aumentos de salarios negociados en un escenario de un gobierno politizado y endeudado. Ya en el 2000, Sila María Calderón congeló la negociación de salarios y más tarde Anibal Acevedo Vila lrepitió la historia. Los defensores de la Ley 45-1998 los defendieron.

Ya para el 2009, la medicina amarga de Luis Fortuño, la ley 7-2009, mostró la verdadera camisa de fuerza sobre los sindicatos del sector público que significa la Ley 45-1998. Ya no se volvió a negociar, a establecer salarios negociados ni beneficios económicos negociados. Por el contrario, se eliminaron. Las leyes de reforma de las pensiones, la ley 66 de la era de Alejandro Garcia Padilla, la ley PROMESA y el paquete de leyes especiales en 2017 sellaron la mala suerte para el empleo público. 

Ante la deuda del gobierno se extendió el cerco a los sindicatos de las corporaciones públicas, se dividió la frágil unidad sindical, se congelaron los convenios, se eliminaron beneficios y se culpó a los dirigentes de las uniones por la quiebra del gobierno.

En el sector privado se lucha hoy por mantener una ley de salario mínimo ante la realidad de una baja tasa de organización sindical que pueda elevar los salarios. Y mientras este escenario funesto se normaliza, entra en vigor un reglamento para establecer las reglas de establecer salarios en el empleo público, sujeto a los fondos disponibles.

El silencio de la dirigencia sindical es elocuente. Los que protagonizaron la defensa de la Ley 45 en EE UU y en Puerto Rico, unos fallecidos y otros retirados, los últimos, deben hablar sobre lo sucedido. Los dirigentes actuales tienen las manos atadas y la creatividad prometida no se hace realidad.

La ley 45 no se dio en el vacío. Fue la principal herramienta para hacer dócil y domesticar un movimiento sindical que se opuso a la privatización de los servicios y protagonizó la histórica huelga del pueblo en 1998. Fue la puerta a leyes neoliberales que limitan las acciones del pueblo. Amarradas las manos sindicales, entonces se legisla para criminalizar e imponer fianzas y multas en las luchas ambientales y comunitarias. Todo tiene que ver con todo.

Y los sindicatos del norte, los partidos del norte, aquellos que favorecen la colonia son responsables. Hoy le quitan al sindicalismo la primera carta de presentación, mejorar el salario al trabajador. El reglamento impuesto delega el salario al esfuerzo individual del sujeto. Niega la acción colectiva y la representación del sindicato en este esfuerzo.

¿Qué hacer? Recomendamos a la dirigencia leer, educarse, reunir e informar a las matrículas, escuchar a las matrículas, escuchar a los pensionados, para entonces, juntos, buscar la contestación.

Luis Pedraza Leduc