El terremoto en Venezuela y la política de desastres: Vigésimo séptimo boletín informativo (2026)

Venezuela se está reconstruyendo en medio de una guerra de información que oculta los efectos de las sanciones, los activos congelados y décadas de guerra económica estadounidense, y que convierte el sufrimiento humano en otro pretexto para desacreditar el proceso bolivariano.

Queridos amigos,

Saludos desde la oficina de Tricontinental: Instituto de Investigación Social .

El 24 de junio de 2026, una serie de terremotos consecutivos sacudieron Venezuela, apenas unos meses después de que Estados Unidos bombardeara la capital y secuestrara al presidente Nicolás Maduro y a la diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. El año ha sido muy duro para Venezuela, cuyo pueblo ha estado bajo ataque de Estados Unidos desde el inicio de la Revolución Bolivariana. El boletín de esta semana incluye nuestra última alerta roja, «La verdad entre los escombros», publicada en colaboración con la Asamblea Internacional de los Pueblos, ALBA Movimientos, Sociedad Patriótica, La Unión Comunera, Fuerza Patriótica Alexis Vive y Frente Francisco de Miranda. Se reproduce a continuación y la versión imprimible está disponible aquí .

Alerta Roja nº 22: La verdad entre los escombros

Los desastres naturales revelan más que el movimiento de las placas tectónicas: la fortaleza de las sociedades, la resiliencia de las comunidades y las fisuras políticas que determinan quién sufre y quién es explotado. A las pocas horas de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio de 2026, las redes sociales y algunos medios de prensa internacionales ya difundían relatos conocidos. Antes incluso de que pudieran comenzar las operaciones de rescate en serio, el desastre se había transformado en otro campo de batalla en la larga campaña liderada por Estados Unidos para socavar el proceso bolivariano iniciado con la elección de Hugo Chávez en 1998.

Nada de esto debe minimizar la inmensa tragedia que enfrenta el pueblo venezolano. Barrios enteros han quedado devastados. Cientos de edificios se han derrumbado. Hospitales, carreteras, puentes y demás infraestructura pública están en ruinas. Las familias siguen buscando a sus seres queridos mientras los rescatistas luchan contra la lluvia, las réplicas y las difíciles condiciones de acceso por carretera. Pero la solidaridad exige más que compasión. Exige la verdad. Por eso, la alerta roja n.° 22, «La verdad entre los escombros», examina algunos de los mitos más comunes que circulan sobre el terremoto y los contrasta con la evidencia disponible.

Mario Carreño (Cuba), Alegoría de un paisaje cubano , 1943.

Mito uno: El gobierno de Venezuela no ha respondido eficazmente al terremoto.

Es fundamental comprender la magnitud de la catástrofe antes de poder emitir un juicio serio. El número de muertos aumenta cada día mientras los equipos de rescate y los voluntarios buscan entre los escombros, y decenas de miles de personas siguen desaparecidas. Casi doscientos edificios se derrumbaron por completo, y cientos más quedaron parcialmente destruidos. Los hospitales que normalmente recibirían a los heridos también sufrieron daños. Un puente importante y varias carreteras resultaron dañadas en el estado de La Guaira, donde el terremoto golpeó con mayor fuerza de los seis estados afectados, lo que dificultó enormemente el traslado de equipos y personal de rescate a las zonas afectadas. Las lluvias continuas y las casi 800 réplicas han complicado aún más las operaciones de rescate, mientras que el derrumbe parcial del aeropuerto de Caracas ha obligado a los equipos de rescate internacionales a llegar a través de aeropuertos más lejanos y luego viajar por carretera. Ningún país tiene capacidad ilimitada para hacer frente a una destrucción de esta magnitud.

Sin embargo, Venezuela afrontó esta catástrofe con una carga adicional que pocos países han experimentado a esta escala: años de guerra económica mediante medidas coercitivas unilaterales impuestas principalmente por Estados Unidos y sus aliados. Estas medidas han congelado más de 30.000 millones de dólares en activos públicos venezolanos que podrían haberse destinado a fortalecer la preparación ante desastres, modernizar la infraestructura y financiar las reservas de emergencia. Han restringido gravemente la capacidad del país para adquirir equipos de rescate especializados, maquinaria pesada, medicamentos, repuestos y materiales de construcción, e impulsado una migración masiva.

El endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2017 impulsó la emigración y provocó una profunda fuga de trabajadores de servicios públicos clave. La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, informó que para 2021 los servicios públicos habían perdido entre el 30 % y el 50 % de su personal, incluyendo a muchos médicos, enfermeros, ingenieros, maestros, jueces y otros profesionales cualificados. Además, muchos hospitales públicos reportaron que entre el 50 % y el 70 % de los puestos de especialistas estaban vacantes. Esta pérdida de personal debilitó la capacidad de respuesta ante emergencias del país: menos trabajadores capacitados, mayor carga de trabajo para quienes permanecieron en el país y servicios públicos menos capaces de responder ante desastres.

Los efectos de los desastres naturales no pueden separarse de las condiciones políticas y económicas en las que ocurren. Sin embargo, Venezuela no es una víctima indefensa. A pesar del devastador saldo de vidas humanas, el país comenzó a recuperarse lentamente. Tras una contracción del 75% del PIB entre 2013 y 2021, el PIB de Venezuela creció alrededor del 9 % en 2024 y nuevamente en 2025. Pasó de importar más del 70% de su suministro de alimentos en 2017 a producir el 96% a nivel nacional para marzo de 2026. Los ingresos petroleros, que habían caído de 93 mil millones de dólares en 2012 a 4.2 mil millones de dólares en 2020, se habían recuperado hasta alcanzar alrededor de 18 mil millones de dólares en los últimos años. La vida no estuvo exenta de desafíos significativos, ni el país había regresado a los niveles previos a la crisis, pero, a pesar de las cerca de 1000 medidas coercitivas unilaterales que aún se mantienen vigentes, la economía, la infraestructura, los servicios públicos y la calidad de vida de muchos de sus habitantes habían comenzado a mejorar, incluyendo la respuesta ante desastres.

Guillermo Kuitca (Argentina), El mar dulce, 1989.

Mito dos: El gobierno venezolano está bloqueando la ayuda humanitaria.

Quizás la afirmación más difundida sea que las autoridades venezolanas han impedido deliberadamente que los voluntarios y la ayuda lleguen a las comunidades afectadas. Sin embargo, las operaciones modernas de búsqueda y rescate dependen de una coordinación minuciosa. Los perros de rescate necesitan silencio para detectar supervivientes bajo los escombros. La maquinaria pesada necesita rutas de acceso despejadas. Las ambulancias necesitan carreteras sin congestión. El movimiento descoordinado de miles de civiles a través de zonas de desastre, por muy bien intencionado que sea, puede obstaculizar las operaciones de rescate y costar vidas.

Los informes desde el terreno indican que los vehículos de rescate quedaron atrapados en el tráfico civil. Los trayectos que normalmente duran cuarenta minutos se prolongaron durante horas. Las ambulancias que transportaban a las víctimas en estado crítico sufrieron retrasos debido a las carreteras congestionadas e intransitables. Por lo tanto, restringir el acceso a las zonas de desastre no es una muestra de represión, sino una práctica habitual en situaciones de emergencia en todo el mundo.

Al mismo tiempo, la participación de voluntarios organizados ha sido amplia desde el principio, con miles de personas inscritas formalmente después del 26 de junio para coordinar las labores de socorro junto con los servicios de emergencia profesionales, garantizando que la solidaridad refuerce, en lugar de obstaculizar, las operaciones de rescate. La cuestión nunca ha sido si los civiles deben ayudar, sino si la asistencia se organiza de manera que salve vidas.

José Clemente Orozco (México), Barricada , 1931.

Mito tres: El gobierno venezolano está descuidando a las comunidades afectadas.

El primer día de la tragedia, los esfuerzos conjuntos de Protección Civil, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la policía y las familias y comunidades afectadas respondieron y ayudaron a rescatar a 2,407 personas de las zonas más afectadas de La Guaira. Para el 1 de julio, una semana después del terremoto, aproximadamente 26,000 efectivos de agencias de protección civil, servicios de emergencia, policía, fuerzas armadas y otras instituciones públicas se habían desplegado en toda la zona afectada. Alrededor de 17,000 voluntarios se habían sumado formalmente a las operaciones de socorro. En todas las zonas afectadas, se han rescatado 6,461 personas. Las autoridades han coordinado los esfuerzos de rescate con más de 4,000 rescatistas extranjeros y al menos 41 delegaciones internacionales que participan en las labores humanitarias. La respuesta humanitaria ya ha entregado directamente cerca de 9 millones de kilogramos de alimentos, alrededor de 28,000 paquetes de alimentos y 3.2 millones de litros de agua potable a las zonas afectadas; cifras que aumentan significativamente cada día con los esfuerzos de socorro en curso y los informes diarios de la Asamblea Nacional. Más de 80.000 familias han recibido ayuda que incluye alimentos, transporte, atención médica, apoyo psicológico y alojamiento de emergencia.

Los equipos médicos han atendido a más de 17.000 personas en hospitales, clínicas de campaña y centros de triaje de emergencia. El servicio eléctrico se ha restablecido en gran medida en las zonas afectadas. Las acusaciones de que las viviendas construidas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela —el programa insignia del gobierno, que ha proporcionado vivienda a 5,2 millones de familias— estaban mal construidas se desmoronaron cuando las construidas por gobiernos anteriores y por contratistas privados sufrieron daños similares. Se han abierto trece grandes albergues en La Guaira, con doce más en funcionamiento en Caracas, Miranda y otros estados afectados, y se están realizando esfuerzos de expansión. Ninguno de estos logros borra el enorme sufrimiento que aún persiste. Pero demuestran que, lejos de permanecer al margen, las instituciones públicas de Venezuela y miles de ciudadanos organizados continúan la labor de ayuda en condiciones extraordinariamente difíciles.

Alejandro Mario Yllanes (Bolivia), Estaño Maldito (Lata maldita), 1937.

Mito cuatro: La preocupación de Estados Unidos por Venezuela puede separarse de su política de guerra híbrida.

Toda contribución humanitaria genuina merece reconocimiento, independientemente de su origen. Sin embargo, los gestos humanitarios no pueden separarse de la realidad política ni del contexto histórico. Estados Unidos continúa imponiendo sanciones que han debilitado sistemáticamente la economía venezolana, restringido su acceso a la financiación internacional, bloqueado la importación de bienes esenciales y congelado miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano. No se puede elogiar la asistencia humanitaria al mismo tiempo que se mantienen políticas que agravan las emergencias humanitarias.

Las sanciones y otras medidas coercitivas unilaterales suelen ser políticamente efectivas precisamente porque son invisibles. A diferencia de las bombas, rara vez generan imágenes impactantes. En cambio, erosionan lentamente los sistemas de salud pública, la infraestructura, la capacidad productiva y las instituciones estatales a lo largo de muchos años. Cuando finalmente se produce un desastre, las instituciones debilitadas se presentan como prueba de la incompetencia gubernamental, en lugar de como el efecto acumulativo de una guerra económica deliberada. El costo humano de esta guerra económica ha sido devastador: las sanciones estadounidenses causaron más de 40 000 muertes entre 2017 y 2018 y pusieron a 300 000 personas en riesgo de sufrir el mismo destino por falta de acceso a medicamentos o tratamientos esenciales.

Aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano —valoradas en unos 1950 millones de dólares en 2020— permanecen en el Banco de Inglaterra tras la adhesión del Reino Unido a la campaña de presión de Washington contra Venezuela. El país también enfrenta una deuda estimada en unos 240 000 millones de dólares , que incluye bonos soberanos y de PDVSA en mora, intereses acumulados, facturas impagas, laudos arbitrales y préstamos bilaterales. Si bien las sanciones financieras impuestas en 2017 no generaron la totalidad de esta deuda, aislaron a Venezuela de los mercados financieros estadounidenses y limitaron gravemente su capacidad para cumplir y reestructurar sus obligaciones. La retención continua de activos y el elevado endeudamiento obstaculizan los esfuerzos del país por reconstruir la infraestructura, proporcionar vivienda y brindar atención digna a los damnificados.

El gesto humanitario más significativo hoy no sería otra declaración de preocupación, sino el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales y la liberación de los activos soberanos congelados de Venezuela para la reconstrucción.

Julia Codesido (Perú), Indias Huancas (Mujeres Indígenas Huanca), 1931.

Mito cinco: El terremoto demuestra que el proceso bolivariano ha fracasado.

El desastre ha puesto de manifiesto la capacidad de una sociedad organizada, capaz de actuar colectivamente bajo una presión extraordinaria. Las comunas, las organizaciones vecinales, las redes de salud pública, los sistemas de distribución de alimentos, las brigadas de voluntarios y las instituciones locales, construidas a lo largo de décadas, se han vuelto indispensables para la respuesta a la emergencia. En todo el país, las comunidades organizadas han movilizado alimentos, refugio, transporte, atención médica y voluntarios a través de estructuras que existían mucho antes del terremoto.

Ninguna sociedad puede eliminar el sufrimiento producido por un desastre de esta magnitud. Sin embargo, las sociedades con comunidades organizadas suelen estar mejor preparadas para resistir y responder a tales crisis que aquellas que dependen exclusivamente de los mercados y la iniciativa privada. Esta resiliencia no surgió espontáneamente. Se basa en décadas de inversión en educación pública, alfabetización, salud y organización comunitaria. Desde el inicio del proceso bolivariano, millones de venezolanos han tenido acceso a la educación, se erradicó el analfabetismo, nuevas universidades públicas han ampliado la educación superior y la inversión pública en salud ha aumentado drásticamente. A pesar del daño infligido por la guerra híbrida liderada por Estados Unidos , estos avances han fortalecido no solo los indicadores sociales, sino también las formas de organización colectiva que se vuelven indispensables en momentos de emergencia nacional.

Gabriel Fernández Ledesma (México), Portada de El sembrador , 1930.

Para el pueblo venezolano, se deben tomar las siguientes medidas:

1. Todas las medidas coercitivas unilaterales, incluidas las sanciones económicas, impuestas a Venezuela deben levantarse de inmediato, y los activos públicos venezolanos que permanezcan congelados, retenidos o inaccesibles en el extranjero deben ser liberados.
2. Hay que poner fin a la intervención extranjera en todas sus formas.
3. La deuda externa de Venezuela debe ser cancelada.
4. La ayuda humanitaria debe coordinarse con las instituciones públicas y las comunidades organizadas de Venezuela, en lugar de utilizarse como instrumento de intervención política o militar.
5. Los movimientos internacionales deben seguir apoyando al pueblo venezolano mucho después de que la atención de los medios internacionales se desvíe inevitablemente hacia otros asuntos.

Los desastres naturales son inevitables. Sin embargo, que se conviertan en catástrofes humanitarias depende de decisiones políticas. El pueblo venezolano se enfrenta ahora al inmenso reto de reconstruir hogares, escuelas, hospitales y comunidades, al tiempo que sufre las consecuencias de décadas de guerra económica. Por lo tanto, la solidaridad internacional debe ir más allá de la mera simpatía: debe rechazar los mitos difundidos por los enemigos de Venezuela, exigir el fin de las sanciones y las restricciones a los activos que han debilitado la capacidad de respuesta del país, y defender su derecho a recuperarse, reconstruirse y determinar su propio futuro libre de coerción externa.

Un cordial saludo,

Vijay