Opinión: Soñemos la UPR más allá de la Ley PROMESA

“La universidad pública no se salva con juntas políticas, sino devolviéndole al país la inteligencia de sus propios universitarios.”

• Dr. Carlos I. Hernández Hernández

Debo comenzar este ensayo con un acto de justicia afectiva e intelectual. El doctor Michael González Cruz, sociólogo puertorriqueño y colega del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, advirtió hace mucho tiempo algo que quizás yo mismo no había formulado con suficiente claridad: la influencia profunda de Eduardo Galeano en la persona que escribe. Michael lo vio antes que yo. Vio que, en mi manera de mirar la historia, de sospechar de los poderosos, de defender la memoria y de apostar por los vencidos, había una huella galeaniana: esa terquedad hermosa de no aceptar que la realidad sea solamente lo que los administradores del desencanto dicen que es. Gracias, colega, por el buen tino.

Por eso, ante la Universidad de Puerto Rico, conviene recordar aquella invitación de Galeano: “¿Qué tal si deliramos por un ratito?” en su vídeo Soñemos un mundo mejor. No se trata de delirar para evadir la realidad, sino de mirar más allá de la infamia para imaginar otro mundo posible. En Puerto Rico, la palabra PROMESA fue convertida en una ironía cruel. La Ley PROMESA prometió estabilidad, pero en demasiadas ocasiones produjo desposesión. Prometió responsabilidad fiscal, pero confundió responsabilidad con estrechez moral. Prometió ordenar la casa, pero en el caso de la Universidad de Puerto Rico ha pretendido ordenar el país apagando una de sus luces más antiguas y memorables.

[Video] Eduardo Galeano. “¿Qué tal si deliramos por un ratito?” Soñemos un mundo mejor.

La Junta de Control Fiscal ha mirado la UPR como si fuera una partida contable, una estructura costosa, un problema administrativo, una finca que debe achicarse hasta caber en la imaginación mezquina de los tecnócratas. Pero la UPR no es un gasto: es una inversión civilizadora. No es un lujo: es la principal herramienta de movilidad social que ha tenido Puerto Rico. No es una carga: es el laboratorio donde el país ha formado médicos, maestras, ingenieros, abogadas, agrónomos, artistas, científicos, historiadores, planificadoras, servidores públicos y ciudadanos capaces de pensar más allá de la obediencia.

La ficción malintencionada de la austeridad consiste en presentar el empobrecimiento institucional como modernización. Se reducen presupuestos, se encarece la matrícula, se precariza al personal, se deterioran edificios, se amenaza con cerrar recintos y luego se dice que la universidad tiene problemas de eficiencia. Es el viejo truco de romperle las alas al pájaro y después acusarlo de no saber volar.

Los datos recientes confirman lo que la comunidad universitaria ha denunciado por años: la UPR ha sido golpeada con una severidad que no puede explicarse solo como disciplina fiscal. La reducción presupuestaria, el aumento en los costos de estudio y la merma estudiantil no son accidentes administrativos; son síntomas de una política pública que ha debilitado deliberadamente la educación pública superior. Y cuando se debilita la UPR, no se afecta solamente una institución: se empobrece el porvenir de Puerto Rico.

Por eso hay que contestarle al exlegislador Jorge Colberg -y a todo aquel que pregunte cuáles son los pasos concretos para reformar la Universidad- que la reforma verdadera no puede comenzar con otra junta de políticos, ni con otro plan redactado lejos de los salones, laboratorios, fincas, bibliotecas y talleres donde vive la universidad real. Tampoco puede partir de los comentarios distorsionados que, semana tras semana, repiten algunos voceros del discurso fiscalista, entre ellos el exsecretario de Hacienda Francisco Parés y el señor Antonio Medina, al insistir en la invención de una crisis del Sistema de Retiro para justificar la implantación de un modelo individualista tipo 401(k).

Y es que frente a la solidez, la solvencia y el carácter colectivo del Sistema de Retiro de la UPR, lo que parece asomarse no es una preocupación genuina por los pensionados, sino el apetito de capturar fondos acumulados durante décadas por trabajadores universitarios. Esos fondos resultan demasiado atractivos para una Junta de Control Fiscal que ha demostrado mayor sensibilidad hacia los bonistas, los fondos buitres y los inversionistas que hacia la seguridad económica de quienes dedicaron su vida a la universidad pública.

Lo más grave es que esa narrativa se reproduce en programas televisivos sin permitir, con igual fuerza y tiempo, que personas serias, conocedoras y responsables cuestionen el absurdo de una propaganda orquestada por la Junta y amplificada por sus portavoces. La primera reforma, por tanto, es devolverle a la UPR el control de su presupuesto, proteger su Sistema de Retiro y rescatar la Administración Central del vaivén político-partidista. Mientras la política de turno dicte la vida interna de la universidad, cualquier reforma será cosmética. Mientras la universidad sea botín, no será proyecto educativo ni de país.

La UPR debe ser gobernada por universitarios. No por intereses partidistas. No por operadores electorales. No por personas que descubren la universidad cuando hay contratos, nombramientos o crisis mediáticas. La UPR debe estar en manos de quienes la estudian, la enseñan, la investigan, la limpian, la administran, la caminan y la aman. Eso no significa encerrarla en sí misma. Significa abrirla al país desde su propia inteligencia institucional.

Imaginemos, entonces, una reforma universitaria nacida desde adentro. O, para decirlo con la irreverencia esperanzada de Eduardo Galeano: ¿qué tal si deliramos por un ratito? No para escapar de la realidad, sino para rescatarla de quienes la han reducido a déficit, recortes y obediencia. Soñar un mundo mejor, en el caso de la UPR, no significa abandonar la razón; significa devolverle a la razón su imaginación política. Significa atrevernos a pensar una universidad gobernada por universitarios, sostenida por el país, vinculada a sus comunidades y capaz de convertir cada crisis en una oportunidad de aprendizaje, servicio, justicia y transformación colectiva.

La Escuela de Derecho podría convertirse en una gran escuela nacional de contratación pública universitaria. Bajo la supervisión de profesores y profesionales cualificados, sus estudiantes podrían aprender examinando, redactando y evaluando modelos contractuales para la UPR. No para sustituir responsabilidades legales formales, sino para crear transparencia, rigor y cultura pública. Cada contrato universitario debería ser también una lección de ética, derecho administrativo y responsabilidad fiscal.

La Escuela de Administración Pública, la Escuela Graduada de Planificación y el Instituto de Cooperativismo podrían diseñar, junto a sus estudiantes, estrategias reales de reorganización administrativa, presupuesto participativo, planificación regional, compras cooperativas, gobernanza democrática y servicios compartidos entre recintos. Para ello, la UPR podría mirar con seriedad experiencias internacionales como la Universidad Cooperativa de Mondragón, en el País Vasco, una institución vinculada al movimiento cooperativo de Mondragón que se define por su vocación social, su modelo participativo y su compromiso con la transformación del entorno.

En Mondragón, la educación no se concibe como una torre aislada, sino como una práctica encarnada en empresas cooperativas, proyectos reales, formación dual, investigación aplicada y aprendizaje basado en retos. Esa experiencia demuestra que una universidad puede formar profesionales mientras organiza trabajo, comunidad, producción, innovación y democracia económica. La transformación administrativa de la UPR, por tanto, no tendría que venir como castigo desde una Junta; podría nacer como aprendizaje, investigación aplicada y servicio público, convirtiendo cada problema institucional en un laboratorio vivo de formación, cooperación y país.

La empresa privada también podría participar, pero no como colonizadora de la universidad ni como sustituta del Estado. Podría sumarse desde modelos cooperativos, alianzas éticas, fondos solidarios, cátedras dotadas, becas docentes y proyectos de innovación social. En ese sentido, puede mirarse con atención -aunque también con cautela- el Proyecto del Senado 983, de la autoría del Presidente del Senado, el Lcdo. Thomas Rivera Schatz, que propone incentivar donaciones privadas a la Universidad de Puerto Rico mediante beneficios contributivos para financiar cátedras académicas, plazas o becas docentes.

Y es que una iniciativa de esa naturaleza podría ser útil si fortalece la investigación, retiene profesorado de excelencia y amplía oportunidades para los estudiantes; pero sería peligrosa si se utiliza como excusa para que el Estado abandone su responsabilidad histórica con la universidad pública. No se trata de vender la UPR al mercado, ni de convertir la filantropía privada en sustituto del presupuesto público, sino de convocar al país productivo a proteger su universidad pública bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas, justicia social y respeto absoluto a la autonomía universitaria.

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La Escuela de Arquitectura podría liderar propuestas para rescatar edificios viejos, convertirlos en espacios eco amigables, rediseñar estructuras abandonadas, crear residencias estudiantiles dignas, jardines de sombra, espacios de estudio, centros comunitarios y laboratorios verdes. Cada edificio rescatado sería una afirmación contra el abandono. Cada techo reparado diría: aquí todavía pensamos, aquí todavía soñamos, aquí todavía hay país.

La Facultad de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez podría encabezar un proyecto agroalimentario universitario para producir alimentos destinados a estudiantes en situación de desventaja económica. Las fincas universitarias, las estaciones experimentales y los programas agrícolas podrían convertirse en una red de soberanía alimentaria estudiantil. La comida no puede ser mercancía inaccesible dentro de una universidad pública. Alimentar al estudiante también es educarlo. Proteger su hambre es proteger su inteligencia.

La Facultad de Ingeniería del RUM podría diseñar, con sus profesores y estudiantes, sistemas fotovoltaicos, eólicos y de eficiencia energética para los once recintos. También podría desarrollar programas de recogido de agua de lluvia, manejo de escorrentías, resiliencia ante huracanes y microrredes energéticas universitarias. La UPR no tiene que limitarse a pagar facturas eléctricas abusivas de LUMA; puede convertirse en el modelo energético que Puerto Rico necesita.

Cada recinto tendría una misión regional concreta. Río Piedras, como corazón humanístico, jurídico, artístico y científico. Mayagüez, como eje de ingeniería, agricultura, ciencias, tecnología y desarrollo regional. Ciencias Médicas, como centro de salud pública, investigación biomédica y justicia sanitaria. Cayey, Humacao, Arecibo, Aguadilla, Bayamón, Carolina, Ponce y Utuado, no como “unidades” prescindibles, sino como pulmones territoriales de una universidad nacional distribuida por toda la Isla.

Pienso especialmente en la UPR, Utuado, tantas veces amenazada por la lógica del cierre. Sobre ese recinto ha pendido, como una espada de Damocles -esa antigua imagen de un peligro suspendido sobre la cabeza, siempre a punto de caer-, la amenaza recurrente de la austeridad y del abandono. Qué pobreza de imaginación ver a Utuado como problema. Utuado podría ser un gran centro universitario de agricultura sustentable, agroecología, café, cacao, bosques, cuencas hidrográficas, turismo comunitario, cultura de la montaña y desarrollo rural. En vez de cerrar la UPR en Utuado, habría que sembrarla más hondo. Convertirla en el corazón académico de la cordillera. Hacer de ella una promesa verdadera, no una PROMESA de papel federal.

La gran reforma de la UPR debe partir de una idea sencilla: cada problema de la universidad puede convertirse en una experiencia educativa. Si hay problemas de energía, que Ingeniería diseñe soluciones. Si hay problemas de edificios, que Arquitectura proponga rescates. Si hay problemas de contratos, que Derecho forme una cultura de legalidad pública. Si hay problemas administrativos, que Administración Pública y Planificación creen modelos nuevos. Si hay hambre estudiantil, que Agricultura produzca alimento. Si hay desmemoria, que Historia, Humanidades y Ciencias Sociales devuelvan sentido al país. Si hay crisis democrática, que la universidad enseñe democracia practicándola.

Y sí: hay que aspirar a eliminar los costos de matrícula para los estudiantes. No como consigna irresponsable, sino como horizonte moral de país. La educación pública superior no debe depender de la capacidad individual de pago, sino del reconocimiento colectivo de que un pueblo educado cuesta menos que un pueblo abandonado. La matrícula se ha convertido en una barrera de entrada para muchos jóvenes pobres y trabajadores. Una universidad pública que se encarece demasiado comienza a traicionarse a sí misma.

Pero para eliminar o reducir sustancialmente la matrícula hay que reconstruir el pacto público con la UPR. Hay que restituir una fórmula presupuestaria justa. Hay que proteger fondos recurrentes. Hay que auditar gastos innecesarios. Hay que reducir la politización de la Administración Central. Hay que perseguir la corrupción contractual donde exista. Hay que aumentar fondos federales de investigación sin convertirlos en excusa para retirar el apoyo estatal. Hay que crear fondos patrimoniales, alianzas cooperativas, proyectos productivos y economías internas. Hay que hacer todo eso, sí, pero sin olvidar lo esencial: la universidad no puede ser gobernada como si fuera una tienda por departamentos.

Eduardo Galeano nos enseñó que los políticos no deben creer que a los pobres les encanta comer promesas. En Puerto Rico, demasiados jóvenes han sido obligados a comer promesas rotas: promesas de acceso, promesas de movilidad social, promesas de país, promesas de futuro.

La Ley PROMESA no solo convirtió la palabra promesa en una mueca de dolor; la convirtió en una amarga caricatura histórica. Y la Junta de Control Fiscal, con su culto a la austeridad, ha terminado simbolizando para Puerto Rico una forma de capitalismo salvaje, anterior incluso a la sensibilidad moral que el propio Adam Smith había reconocido antes de escribir La riqueza de las naciones. Porque antes de ser invocado como profeta del mercado, Smith fue filósofo moral: en La teoría de los sentimientos morales defendió la simpatía, la mirada hacia el otro, la capacidad humana de estremecerse ante el sufrimiento ajeno. Ese Smith, el de la conciencia moral y no el del mercado convertido en dogma, parecería decirnos que ningún cálculo fiscal merece el nombre de justicia si para cuadrar sus columnas sacrifica la educación pública, la movilidad social y el porvenir de un pueblo.

La Universidad de Puerto Rico debe ser el lugar donde el país se atreva a delirar responsablemente. Delirar con energía limpia. Delirar con agricultura para alimentar estudiantes. Delirar con contratos transparentes. Delirar con edificios rescatados. Delirar con recintos vivos. Delirar con democracia universitaria. Delirar con matrícula gratuita. Delirar con una Administración Central al servicio de la universidad y no de la política partidista. Delirar, en fin, con una UPR gobernada por quienes saben que la educación no es mercancía, sino derecho, memoria y porvenir.

La Junta mira números. Nosotros miramos rostros. La Junta calcula déficits. Nosotros recordamos generaciones. La Junta habla de sostenibilidad fiscal. Nosotros hablamos de sostenibilidad humana. La Junta pregunta cuánto cuesta la UPR. Nosotros preguntamos cuánto le costaría a Puerto Rico perderla.

“En este mundo chambón y jodido”, como diría Galeano, todavía podemos vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. La UPR, con todos sus dolores, todavía puede levantarse. Pero para levantarse necesita algo más que ajustes fiscales: necesita imaginación política, valentía moral y amor público. Necesita que dejemos de verla como problema y comencemos a verla como lo que siempre ha sido: una de las pocas promesas verdaderas que Puerto Rico todavía puede cumplir.

Y para cumplirla hará falta amor, pero no un amor abstracto ni decorativo, sino un amor comprometido, organizado, universitario y profundamente puertorriqueño; un amor capaz de enfrentar el Leviatán que representan la Ley PROMESA, la Junta de Control Fiscal, sus testaferros y los voceros que repiten hasta la saciedad sus mensajes de desasosiego, resignación y confusión calculada.

Porque nada de esto ha sido una improvisación. Ha sido la puesta en funciones de una maquinaria de posverdad: repetir que la UPR es inviable hasta que el país lo crea; repetir que la austeridad es inevitable hasta que parezca destino; repetir que no hay alternativa hasta que la imaginación pública se arrodille.

Frente a esa pedagogía del miedo, la universidad debe responder con otra pedagogía más antigua y más poderosa: la del compromiso, la esperanza, la inteligencia colectiva y la fe radical en que Puerto Rico todavía puede salvar una de sus instituciones más luminosas. Y es que frente al Leviatán de la Ley PROMESA, la UPR no puede responder con timidez administrativa: debe responder con amor público, organización democrática y esperanza combativa.

Imagen principal: Entrada principal de la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 1950’s. Colección de Fotos del Periódico El Mundo. UPR. 

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• Tags: Administración Central UPR, austeridad, autonomía universitaria, crisis universitaria, Eduardo Galeano, educación pública, educación superior, financiamiento universitario, futuro de Puerto Rico, Junta de Control Fiscal, justicia social, Ley PROMESA, matrícula universitaria, movilidad social, Opinion, política pública, presupuesto universitario, Promesa, Puerto Rico, recintos UPR, reforma educativa, reforma universitaria, Sistema de Retiro UPR, Universidad de Puerto Rico, Universidad pública, UPR

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