México presentará denuncias penales en EE. UU. por las muertes de migrantes
La presidenta del país prometió ir “más allá de las notas diplomáticas” después de que un agente de inmigración estadounidense matara a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano, en Texas esta semana.México presentará denuncias penales en EE. UU. por las muertes de migrantesMéxico presentará denuncias penales en EE. UU. por las muertes de migrantes
Por Zane Irwin
10 de julio de 2026
Las autoridades mexicanas dijeron el jueves que tenían previsto presentar denuncias penales en Estados Unidos por las muertes de varios ciudadanos mexicanos durante operaciones migratorias, la protesta más contundente hasta la fecha contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.
Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores de México, anunció la medida en una conferencia de prensa el jueves, dos días después de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) matara a un mexicano que llevaba décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos y que intentaba obtener la residencia legal.
Velasco dijo que México presentaría denuncias ante los fiscales estatales de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y solicitó investigaciones penales sobre las muertes de 14 ciudadanos mexicanos en centros de detención de migrantes y de otros tres durante redadas de control migratorio bajo el actual gobierno.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no desmintió el recuento de México sobre el número de ciudadanos que han fallecido bajo la custodia del departamento, pero rechazó las acusaciones de que las muertes de migrantes hayan aumentado desde que Trump volvió al cargo. El Departamento de Justicia estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios.
En el segundo mandato de Trump, las relaciones con México se han vuelto cada vez más tensas, ya que él ha lanzado ataques verbales y amenazas de aranceles contra el país.
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Su gobierno también ha aumentado la presión en las autoridades mexicanas para que tomen medidas drásticas contra funcionarios corruptos y los cárteles, amenazando con una intervención militar contra las organizaciones criminales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido defendiendo la soberanía nacional como pilar de la relación entre ambos países. Los fiscales estadounidenses han acusado a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos —entre ellos un gobernador en el cargo— y han exigido su detención para su extradición. México se ha negado a cumplir con la orden, alegando que no hay evidencias suficientes en su contra.
El trato que el gobierno de Trump ha dado a los migrantes mexicanos indocumentados ha sido otra fuente de tensión diplomática. Los disparos mortales contra Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del ICE en Houston el martes fue la muerte más reciente relacionada con la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump. Los responsables de Seguridad Nacional dijeron que Salgado Araujo había intentado usar su coche como arma, aunque no ha salido a la luz ningún video ni otra evidencia que respalde esa afirmación.
“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el miércoles después de que un periodista le preguntara por la muerte de Salgado Araujo. “Su única falta es no tener papeles”, dijo.
Las autoridades mexicanas dijeron el jueves que el país ya había enviado 11 solicitudes al Departamento de Estado de Estados Unidos en las que piden que se investiguen las muertes de migrantes, que habían planteado el tema ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que habían instado a un organismo regional de derechos humanos a revisar los casos.
Pero “nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas”, dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa del jueves, y añadió que su gobierno estaba preparando “medidas jurídicas más importantes”.
Algunos analistas en México temen que esta medida pueda tener un efecto contrario al esperado, por carecer del peso legal suficiente para cambiar la política de Estados Unidos y tensar aún más las relaciones con el gobierno de Trump.
Las tensiones entre ambos países han persistido incluso mientras organizan juntos, con Canadá, el Mundial masculino de fútbol. A finales de junio, cuando el torneo estaba en pleno apogeo, las detenciones de migrantes en Estados Unidos aumentaron discretamente.
Elda Cantú y Emiliano Rodríguez Mega colaboraron con reportería desde Ciudad de México.
Zane Irwin es reportero internacional y forma parte de la generación 2026-27 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.
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Agentes del ICE detuvieron a un antiguo aliado de Pinochet. ¿Será deportado?
Armando Fernández Larios ayudó a planear un ataque con coche bomba en Washington que mató a dos personas en 1976. Cincuenta años después, antiguos secretos del gobierno podrían decidir su destino.
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Por Julian E. Barnes
Una decena de periodistas han escrito sobre Armando Fernández Larios para The New York Times desde 1978; Julian Barnes es el más reciente en esa lista de reporteros.
10 de julio de 2026
En 1976, Armando Fernández Larios entró a Estados Unidos para ayudar a planear un asesinato.
Trazó las rutas que la víctima usaba para ir al trabajo y recopiló datos sobre su coche, su casa y su oficina en Washington. El 9 de septiembre de 1976, le pasó la información a un agente de inteligencia chileno en un baño del Aeropuerto Internacional Kennedy en Nueva York y luego salió del país ese mismo día para volver a Chile.
Menos de dos semanas más tarde, un coche bomba explotó en las calles de Washington y ocasionó la muerte de Orlando Letelier, exembajador de Chile y crítico acérrimo del dictador del país, el general Augusto Pinochet. Una colega estadounidense de Letelier, Ronni Karpen Moffitt, también murió en el ataque.
En 1987, Fernández volvió a Estados Unidos y confesó, al menos en parte, su participación en el ataque. Pasó cinco meses en prisión antes de que autoridades estadounidenses lo ayudaran a salir en libertad. Desde entonces, ha vivido en Florida.
Hasta el pasado octubre, cuando unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llamaron a su puerta.
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Durante años, el gobierno de Estados Unidos consideró a Fernández una especie de aliado útil durante la Guerra Fría, incluso cuando la relación con Chile se deterioraba. Pero ya el otoño pasado se le veía como un delincuente al que había que deportar, lo que pone de manifiesto lo mucho que pueden cambiar las alianzas y las prioridades de Estados Unidos.
El 27 de octubre de 2025, agentes del ICE se llevaron a Fernández a un centro de detención en Miami. En enero, el Departamento de Seguridad Nacional lo incluyó en la lista de “lo peor de lo peor” y señaló que su delito era homicidio.
A diferencia de muchas de las personas detenidas por el ICE, Fernández cumple los requisitos para ser considerado “verdaderamente lo peor de lo peor”, dijo Peter Kornbluh, investigador del National Security Archive, una organización sin fines de lucro que ha trabajado para que se hagan públicos los documentos relacionados con el caso.
“Este es un auténtico criminal, un verdadero violador de derechos humanos, alguien que participó en un complot de terrorismo internacional”, añadió Kornbluh.
Pero Fernández no aceptó el intento de deportarlo. Presentó una demanda con el argumento de que Estados Unidos estaba incumpliendo el acuerdo original que había firmado con él, y que el tribunal debería ordenar al gobierno de Donald Trump que lo respetara.
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Un punto de inflexión
A partir de la década de 1960, Estados Unidos y la CIA intentaron inmiscuirse con frecuencia en las elecciones de Chile, con la intención de impedir que se extendiera el comunismo.
En 1970, Salvador Allende, un marxista, fue electo presidente de Chile, y la CIA intentó, infructuosamente, impedir que asumiera el poder.
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Aun así, el gobierno de Allende duró poco. En 1973, Pinochet, un acérrimo anticomunista, tomó el poder en un golpe de Estado respaldado por la CIA. Incluso a pesar de los terribles abusos contra los derechos humanos, el apoyo a Pinochet se mantuvo durante los mandatos de Nixon y Ford.
Pero las muertes de Letelier y Moffitt fueron noticia de portada en The New York Times y otros periódicos importantes, y con el tiempo fueron consideradas un punto de inflexión en la forma en que los estadounidenses veían a Pinochet.
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En 1978, dos años después del ataque, un gran jurado de Washington imputó a Fernández por su participación en el asesinato, junto con el jefe de los servicios de inteligencia chilenos, Manuel Contreras, y otras cinco personas.
Ese año, el gobierno chileno accedió a entregar a Michael Townley, un agente de inteligencia chileno nacido en Estados Unidos que se había encontrado con Fernández en el aeropuerto. Pero se negó a enviar a Fernández o a Contreras a Estados Unidos.
En 1985, funcionarios de Estados Unidos se pusieron en contacto con Fernández y, al año siguiente, este empezó a considerar la posibilidad de entregarse, ya fuera para limpiar su conciencia o como venganza por el maltrato que había recibido del gobierno chileno, según un documento oficial.
En enero de 1987, se marchó de Chile.
En entrevistas con el FBI realizadas en Brasil, Fernández afirmó que en 1976 estuvo en Washington únicamente para vigilar a Letelier. Pero no superó la prueba del polígrafo: los agentes del FBI detectaron “signos consistentes de engaño” y concluyeron que él sabía que la misión consistía en matar a Letelier.
La declaración que Fernández acabó ofreciendo al gobierno de Estados Unidos también intentaba minimizar su papel, pero describía la implicación de Pinochet.
En cuanto a quién había dado la orden de matar a Letelier, Fernández relató una conversación entre Contreras y un investigador. Según Fernández, el jefe de inteligencia dijo “pregúntale al jefe”, en referencia a Pinochet.
El testimonio bastó para el gobierno de Estados Unidos. El 4 de febrero de 1987, Fernández se declaró culpable de “complicidad a posteriori” en el asesinato de un funcionario extranjero. El juez había rechazado inicialmente el acuerdo de culpabilidad, con el argumento de que Fernández podría enfrentarse a 10 años. Pero Fernández fue sentenciado a entre 27 y 84 meses de prisión.
En julio de ese año, altos funcionarios del Departamento de Estado escribieron a la comisión de libertad condicional con el fin de pedir clemencia para Fernández, que solo cumplió cinco meses de condena.
Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que las declaraciones de Fernández no aportaban “ninguna prueba irrefutable” que vinculara a Pinochet con el asesinato. No obstante, el testimonio contribuyó a que Estados Unidos rompiera relaciones con el dictador chileno.
George Shultz, quien era en ese entonces secretario de Estado, solicitó a la CIA un informe sobre el papel de Pinochet en el asesinato. El documento, con fecha del 1 de mayo de 1987, concluía que Pinochet había dado la orden de matar a Letelier y había dirigido el encubrimiento.
En su propio memorando fechado el 6 de octubre de 1987, Shultz utilizó los antecedentes y la “nueva información relevante” que Fernández reveló sobre el papel de Pinochet en el ataque para ayudar a convencer al presidente Ronald Reagan de que cambiara la política de Estados Unidos.
‘La Caravana de la Muerte’
Pero Letelier y Moffitt no fueron las únicas personas a las que Fernández ayudó a matar.
En 1973, Fernández se había unido a una misión secreta para Pinochet y su gobierno de derecha.
“En los primeros días posteriores al golpe, Pinochet reunió a los pesos pesados y decidió formar un equipo con un helicóptero para ir de un lado a otro, de norte a sur, a matar gente”, dijo Almudena Bernabeu, directora ejecutiva del Centro Guernica 37, una organización sin fines de lucro dedicada a los derechos humanos y al derecho penal internacional. “Se llamó la Caravana de la Muerte; iban de pueblo en pueblo. Asesinaban a los líderes locales y nacionales del partido socialista”.
En 1999, los familiares de una de las víctimas de la caravana, Winston Cabello, presentaron una demanda contra Fernández en Florida.
Bernabeu fue parte del equipo de abogados. El caso llegó a juicio en septiembre de 2003. Tres semanas después, un jurado declaró a Fernández responsable de ejecuciones extrajudiciales, tortura y crímenes contra la humanidad. Otorgó 4 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a la familia de Cabello, pero Fernández nunca pagó.
“Es uno de los últimos que quedan de esa gente pesada, desagradable e ideológicamente comprometida con el golpe”, dijo Bernabeu. “Es uno de los más importantes”.
Durante el juicio, dijo Bernabeu, Henry Kissinger, exsecretario de Estado, envió una carta al tribunal en defensa de Fernández. Pero el juez la ignoró.
A pesar de la intervención de Kissinger, el apoyo a Fernández se estaba desvaneciendo dentro del gobierno de Estados Unidos.
En 2005, Fernández solicitó un visado especial que se otorga a personas que actúan como testigos o informantes de las fuerzas del orden, según The Miami Herald. Aunque se le permitió quedarse en el país, el gobierno nunca le concedió esa visa especial, ante la oposición de los responsables de derechos humanos de Estados Unidos.
Veinte años después, agentes de inmigración se presentaron en su puerta.
Para entonces, el gobierno de Estados Unidos aparentemente consideraba que ya no le debía nada a un antiguo miembro de un escuadrón de la muerte.
Entonces lo liberaron
Sin embargo, Fernández creía que en 1987 Estados Unidos había acordado no deportarlo, y presentó un recurso de habeas corpus para obligar al gobierno de Estados Unidos a cumplir su palabra.
El gobierno nunca respondió al contenido de la demanda de Fernández. La respuesta debía presentarse el 19 de marzo. En su lugar, el gobierno liberó a Fernández, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso en primera instancia el National Security Archive.
No está claro por qué el gobierno decidió no responder y lo dejó en libertad. Pero una de las razones, dijo un funcionario estadounidense, fue que Fernández, que ahora tiene 76 años, padecía demencia, aunque eso no se menciona en la resolución del juez.
El abogado de Fernández, Steven Goldstein, se negó a responder a preguntas sobre el caso.
Fernández tiene otra cita en el tribunal el 5 de agosto ante un juez de inmigración.
Al final, la detención de Fernández por parte del ICE duró más de cuatro meses. Kornbluh, el investigador, dijo que eso fue casi tanto tiempo como el que había cumplido por “un acto de terrorismo en las calles de Washington que costó la vida a dos personas maravillosas”.
Hamed Aleaziz, Frances Robles y David C. Adams colaboraron con reportería. Kitty Bennett y Susan C. Beachy colaboraron con investigación.
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Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.
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