Un pueblo está de luto

Proponen eliminar el Instituto de Cultura Puertorriqueña

Nancy R Santiago Capetillo  

(San Juan, 10:00 a.m.) Toda pérdida significativa provoca un proceso de duelo. La psicología ha estudiado ampliamente ese fenómeno en el individuo, pero pocas veces nos detenemos a considerar que también los pueblos pueden atravesar un luto cuando sienten amenazada su memoria colectiva, su patrimonio o las instituciones creadas para preservar su identidad histórica. El luto no acompaña únicamente la muerte física; también surge cuando aquello que da sentido a una existencia comienza a ser arrancado, degradado o condenado a desaparecer. Por eso hay pérdidas que no se anuncian con campanas ni se acompañan con cortejos fúnebres, pero que dejan a una nación igualmente huérfana.

La noticia sobre el futuro del Instituto de Cultura Puertorriqueña me produjo coraje y dolor. No puedo recibir con tranquilidad que una institución creada para custodiar la memoria de Puerto Rico vuelva a estar expuesta a la posibilidad de perder su autonomía y ser reducida a una dependencia de una agencia dedicada principalmente al desarrollo económico y comercial. No estamos ante un simple ajuste administrativo, ni ante una reorganización inofensiva de oficinas y funciones. Estamos ante una concepción de país que parece incapaz de comprender que la cultura no es una mercancía, que la memoria no puede administrarse según su rentabilidad inmediata y que la identidad de un pueblo no debe quedar sujeta a las prioridades económicas del gobierno de turno.

Me indigna, además, que se pretenda tranquilizar al país mediante expresiones generales, reuniones calificadas como positivas y promesas que no sustituyen las garantías jurídicas. Puerto Rico merece saber con claridad si se abandonará definitivamente todo intento de desmantelar el Instituto de Cultura Puertorriqueña o de convertirlo en un programa subordinado. Cuando está en juego la institución llamada a proteger nuestra memoria histórica, no basta con pedir confianza. La confianza no sustituye la transparencia, y una conversación privada no puede ocupar el lugar de un compromiso público con la permanencia, la autonomía y el fortalecimiento del ICP.

Mi preocupación no nace del interés de defender una estructura administrativa ni una burocracia por el mero hecho de existir. Tampoco obedece a la defensa acrítica de una institución que, como todas, debe evaluarse, rendir cuentas y corregir sus deficiencias. Surge de una convicción mucho más profunda: cuando una sociedad deja de comprender la razón de ser de las instituciones encargadas de custodiar su memoria, comienza a debilitar los fundamentos mismos de su identidad. Reformar una institución cultural puede ser necesario; privarla de su personalidad, diluir su misión o someterla a una lógica ajena a su naturaleza constituye otra cosa. Constituye una indignidad.

Con demasiada frecuencia se presenta una falsa oposición entre cultura y desarrollo económico, como si invertir en la primera implicara sacrificar el segundo. Sin embargo, antes de examinar esa premisa conviene responder una pregunta más elemental: ¿qué entendemos por nación? Una nación no surge de manera espontánea ni se define exclusivamente por la existencia de un territorio, unas fronteras o un gobierno. Se construye lentamente sobre una memoria colectiva, una lengua compartida, unas tradiciones, un patrimonio y unas manifestaciones artísticas que una comunidad reconoce como propias, así como sobre la conciencia de un pasado común. Es ese legado compartido el que permite a un pueblo responder las preguntas esenciales de toda existencia colectiva: quiénes somos, de dónde venimos y cuál es la responsabilidad que tenemos con las generaciones que habrán de sucedernos.

El historiador José Andrés-Gallego recuerda que el concepto de nación antecede al Estado moderno y que, en sus orígenes, hacía referencia a comunidades unidas por vínculos históricos y culturales. Rafael Calduch, por su parte, distingue claramente entre Estado y nación al señalar que el primero pertenece al ámbito jurídico y político, mientras la segunda constituye una realidad histórica, social y cultural. Estas distinciones, lejos de ser discusiones puramente académicas, permiten comprender que la identidad de un pueblo no depende exclusivamente de su organización política, sino de la permanencia de su memoria colectiva.

Fue precisamente para preservar esa memoria que se creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Su misión nunca ha consistido únicamente en organizar actividades culturales. Desde su origen ha sido llamado a investigar, proteger, conservar y divulgar el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y documental de Puerto Rico. En otras palabras, fue concebido como el custodio de la memoria histórica y cultural que da contenido a nuestra puertorriqueñidad; de ese legado que permite a cada generación comprender qué significa ser boricua y asumir la responsabilidad de transmitir esa herencia a quienes vendrán después.

Si la cultura constituye uno de los pilares sobre los cuales descansa la identidad de una nación, la pregunta que sigue resulta inevitable: ¿por qué los pueblos crean instituciones específicamente dedicadas a protegerla? La respuesta es sencilla. La memoria colectiva no se conserva por sí sola. Requiere investigación, legislación, educación, planificación y un compromiso permanente que trascienda los cambios de gobierno. Allí radica la razón de ser de los institutos, ministerios y secretarías de cultura que existen en buena parte de las naciones del mundo.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nació en 1955 inspirado precisamente en ese principio. Desde la arqueología y la arquitectura histórica hasta la música, la literatura, las artes plásticas y las tradiciones populares, el ICP fue concebido como la institución llamada a custodiar la memoria material e inmaterial de nuestro pueblo.

Por eso resulta ofensivo tratar al Instituto como si fuera una pieza intercambiable dentro de la maquinaria gubernamental. Una agencia creada para proteger la memoria nacional no puede evaluarse con los mismos criterios que una oficina dedicada a atraer inversiones, promover empresas o aumentar transacciones comerciales. Subordinar la cultura al desarrollo económico no la fortalece; altera su naturaleza y la expone a que cada proyecto, cada propiedad, cada colección y cada programa tenga que justificar su existencia mediante criterios de rendimiento que nunca fueron concebidos para medir el valor de la memoria.

Como arqueóloga, he aprendido que el patrimonio posee una condición que lo distingue de cualquier otro recurso nacional: su pérdida suele ser irreversible. Un sitio arqueológico destruido por desconocimiento o por intereses inmediatos no puede reconstruirse; un documento histórico consumido por la humedad o el fuego jamás volverá a escribirse; una tradición que deja de transmitirse termina desapareciendo con la generación que la conservaba. Esa fragilidad explica por qué las naciones más conscientes de su historia han decidido crear organismos especializados para proteger aquello que consideran insustituible.

Conviene observar lo que ocurre fuera de Puerto Rico. En América, para tomar algunos ejemplos, Canadá mantiene un departamento dedicado expresamente al patrimonio, las artes, las lenguas oficiales y la identidad nacional. Estados Unidos sostiene el complejo del Smithsonian, una de las instituciones culturales y científicas más importantes del mundo, además de la Biblioteca del Congreso, los Archivos Nacionales y decenas de parques históricos administrados con recursos públicos. México protege su patrimonio arqueológico mediante instituciones especializadas. En el resto del mundo, por ejemplo, Egipto considera sus monumentos antiguos parte esencial de su identidad y de su proyección internacional, al igual que Grecia. Francia, Italia, Marruecos, Ghana, India, China y Japón continúan invirtiendo en la preservación de los bienes culturales que constituyen la memoria de sus respectivas naciones.

Sería un error interpretar estos ejemplos como una simple demostración de orgullo histórico. Existe también una dimensión práctica. Ninguna de esas naciones protege su patrimonio únicamente por nostalgia. Lo hace porque comprende que la cultura fortalece la educación, cohesiona a la sociedad, proyecta una imagen internacional propia y contribuye a la calidad de vida de sus ciudadanos. En algunos casos, además, constituye una fuente extraordinaria de actividad económica mediante el turismo cultural, la investigación, las industrias creativas y la conservación del patrimonio.

Lo verdaderamente doloroso es que Puerto Rico tenga que defender, una vez más, su derecho a conservar las instituciones que protegen aquello que lo distingue. Después de más de un siglo de subordinación política a los Estados Unidos, nuestra cultura ha sido uno de los principales espacios de resistencia frente a la asimilación. Hemos conservado la lengua, la literatura, la música, las tradiciones y una conciencia histórica propia, no porque las circunstancias coloniales las hayan favorecido, sino porque generaciones de puertorriqueños se negaron a renunciar a ellas. Pretender ahora que la institución creada para proteger ese legado pierda su autonomía no puede recibirse como una reorganización neutral. Es otra herida infligida a un pueblo que ha tenido que luchar demasiado para seguir reconociéndose como boricua.

Éste es un tema que merece un ensayo aparte. Bastará por ahora con dejar planteada una pregunta decisiva: si las naciones que mayores beneficios obtienen del turismo cultural son precisamente aquellas que más invierten en proteger su patrimonio, ¿con qué lógica Puerto Rico se dispone a debilitar la institución que podría ayudarle a convertir esa riqueza histórica en educación, identidad y desarrollo? Tal vez el problema no sea que la cultura cueste demasiado, sino que quienes gobiernan todavía no han comprendido cuánto perdemos cuando la abandonamos. Hoy Puerto Rico está de luto, pero el luto no puede convertirse en resignación. Debe transformarse en conciencia, en exigencia pública y en defensa colectiva de aquello que nadie tiene derecho a arrebatarnos: nuestra memoria y nuestra condición de pueblo.