¿La caja de Pandora? Seguridad, instituciones, credibilidad y transformación en Cuba

Los obstáculos políticos para un proceso negociador entre Cuba y Estados Unidos se encuentran en el primer capítulo de cualquier manual de solución de conflictos: la incertidumbre para establecer medidas de confianza mutua. 

Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa.

por

•  Rafael Hernández

En un receso durante las reuniones celebradas en la dirección del MINFAR para analizar los acontecimientos de Granada, a raíz de la invasión norteamericana en 1983, el General de Ejército Raúl Castro se retiró de la sala. Al reiniciarse la sesión, Raúl apareció vestido con una guayabera en lugar del uniforme verde olivo. 

Dirigiéndose al auditorio de altos oficiales reunidos en el edificio Sierra Maestra, les dijo que a partir de ese momento no les iba a hablar el Ministro de las FAR, sino el Segundo Secretario del Partido. Su discurso ese día criticó severamente las debilidades y errores de las FAR, el Ministerio del Interior y el propio Partido en los hechos que habían conducido al derrocamiento del gobierno granadino y a la intervención de los Estados Unidos, y que habían propiciado la muerte de un grupo de colaboradores civiles de la isla.

Pocos años después, otros acontecimientos confirmaron en qué medida los militares, en sus múltiples roles dentro y fuera del país, estaban sujetos a la autoridad y el control del Partido. Los más trascendentes fueron los procesos judiciales públicos seguidos contra altos oficiales del MINFAR y el MININT, involucrados en negocios con el narcotráfico, corrupción, abuso de poder y operaciones fraudulentas, algunas de cuyas acciones pusieron en riesgo los sensibles mecanismos de la seguridad nacional cubana y al cabo de los cuales también se impusieron penas muy severas. 

En ambos casos —aún más en el de las dos causas judiciales de 1989— se ratificó que la condición de militar o alto oficial no creaba inmunidad ante la ley ni toleraba conductas incongruentes con las normas establecidas. Esas normas, que incluían compartimentar estrictamente sus relaciones con todo tipo de instituciones o personas naturales extranjeras, habían contribuido también a preservar su legitimidad y prestigio ante los ojos del pueblo. 

Que altos oficiales, con poder de decisión discrecional al mayor nivel, actuaran por su cuenta, implicaba un riesgo mayor para la seguridad nacional, no solo porque les había permitido concertar acuerdos con carteles de la droga y desactivar los dispositivos de la defensa antiaérea, sino, como enfatizó el propio Fidel en el juicio, porque daba a Estados Unidos una razón para intervenir. 

Apenas seis meses después de que el gobierno cubano iniciara una investigación e hiciera público el vínculo de aquellos altos oficiales con el narcotráfico, Estados Unidos invadió Panamá, alegando que el gobierno del general Manuel Noriega trabajaba con cárteles de la droga colombianos.

Un documento elaborado por el Colegio de la Defensa Nacional (CDN) afirmaba, a fines de los años 90, que “el Estado cubano considera una insuficiencia reducir el concepto de seguridad a lo estrictamente militar, porque se ha de tener en cuenta su relación con lo económico, político y social, pues las inestabilidades en estos campos afectan tanto la seguridad nacional como la colectiva”. [CDN, Cap. “Cuba y su seguridad nacional en el hemisferio”, p. 39].  

De manera que la imagen en la sociedad de las instituciones encargadas de la defensa, la seguridad y el orden interior ha constituido una dimensión fundamental de esa seguridad. 

Una prueba al canto de ese principio fueron aquellos mismos procesos judiciales, que conmovieron la conciencia de todos los cubanos. En efecto, el halo de heroísmo, integridad y autoridad que había acompañado las trayectorias de algunos de los encartados formaba parte de una cultura política. 

Esa cultura había generado un alto grado de confianza no solo en el liderazgo histórico, y en particular, en Fidel, sino también en aquellos oficiales que la transparencia del juicio público mostraba en su pérdida de valores, “dulce vida” y debilidades personales. El peso de esa imagen y aquella cultura política se manifestaba en que, a pesar de las evidencias aportadas en los juicios, y de que las máximas sentencias aplicadas se apegaban a lo establecido por el código militar, era posible palpar el malestar entre no pocos cubanos, que las consideraban muy drásticas. 

En medio de una situación tan compleja y contradictoria, la audacia de lidiar con aquellas transgresiones de frente al pueblo y al mundo constituyó una respuesta política a la altura del problema. Su eficacia radicó en hacer prevalecer el orden institucional y la ley, por encima de ninguna otra consideración de carácter personal. Institucionalidad y transparencia no precisamente simbólicas, pues incluyeron la amplia cobertura informativa de los procesos, las explicaciones ofrecidas en su desarrollo, las sucesivas instancias de apelación militares y civiles, lo que les otorgó el alcance de un vasto ejercicio de pensamiento crítico y educación política para todos —las FAR, el MININT, el PCC, los ciudadanos de a pie, y también los que miraban a Cuba desde afuera, amigos y enemigos.

Los que vivieron aquellos juicios amargos seguramente no han olvidado que, a pesar de su costo, renovaron la confianza de la gente en el liderazgo y en los principios políticos puestos a prueba. Los que nacieron después, es decir, los que tienen menos de 42 años (edad media actual), quizás no hayan oído ni siquiera hablar de aquellos acontecimientos. 

Si de cultura política cambiante se trata, la memoria (y la desmemoria) resultan clave para escrutar el presente, en especial uno tan opaco y ahumado por las redes como este. 

Negociar con EEUU: memoria y desmemoria

Cualquier reflexión sobre fortalezas y tropiezos en materia de seguridad nacional se intersecta con nuestras relaciones con los EE. UU.

Aunque algunos comentaristas mediáticos no lo recuerdan así, los patrones de esas relaciones confirman que su conducción y ejercicio, tanto en materia de agenda como de actores designados para explorar el diálogo y avanzar en la búsqueda de acuerdos, constituyen un capítulo aparte de nuestras relaciones exteriores. 

Si nos remontamos medio siglo atrás, hasta la mitad de los años 70, y examinamos el primer intento de restaurar relaciones, durante la parte final de la Administración Ford-Kissinger, podemos comprobar que las agendas respectivas abarcan áreas de problemas que rebasan el encargo de un solo organismo —como es lógico, dados su jerarquía y alcance. 

Según la investigación más documentada y profunda sobre esa diplomacia secreta (Back Channel to Cuba, Leogrande y Kornbluh, 2014), Washington quería entonces recibir compensación por las propiedades nacionalizadas; la liberación de presos políticos estadounidenses; “progresos en derechos humanos”; suspender la “intromisión maliciosa” en torno a Puerto Rico; refrenar el apoyo a las insurgencias latinoamericanas; y el respeto al “principio de que Cuba no será base para armas ofensivas”. 

Cuba buscaba el fin del bloqueo; la eliminación de las restricciones estadounidenses sobre envíos y conexiones aéreas en terceros países; suspender los vuelos espías en su espacio aéreo; el cese de operaciones subversivas y terroristas por organizaciones de exiliados; la devolución del territorio ocupado por la base naval de EEUU en Guantánamo; y al menos su abstención en cuanto al levantamiento de las sanciones de la OEA de 1964.

Los enviados a aquel diálogo con Kissinger, en 1975, Ramón Sánchez-Parodi y Néstor García Iturbe, provenían de la inteligencia cubana. Como se sabe, aquel primer acercamiento naufragó cuando Cuba puso por delante su compromiso político con Angola, enviando un contingente militar a enfrentar la invasión sudafricana, que estaba a punto de tomar Luanda, en diciembre del mismo año.

Cuando se iniciaron los contactos, pocos meses después, para explorar un diálogo con la nueva administración (1977-1980), y para gestar la nueva política hacia la emigración (1978-79) con algunos de sus representantes, los enviados especiales designados fueron dos altos oficiales del MININT: José Luis Padrón, coronel de Tropas Especiales, y Toni de la Guardia, su segundo al mando. 

Avanzadas estas negociaciones, celebradas tanto en Washington como en otros países del Caribe y Centroamérica, y en la propia Habana, se sumaría José Antonio Arbesú, que tampoco era un diplomático, sino un funcionario del Departamento América del CC del PCC, bajo el mando de Manuel Piñeiro. 

Una vez establecida la Sección de Intereses de Cuba en Washington, durante los quince años iniciales, sus dos primeros jefes serían precisamente Sánchez-Parodi (1977-1989) y Arbesú (1989-1992). 

Lo que tenían en común aquellos complicados diálogos en la década de los 70 era que todos aquellos negociadores y representantes habían sido elegidos por Fidel y le respondían a él directamente, no al organismo del que procedían. Y que transcurrían en un plano de estricta confidencialidad, por acuerdo de ambas partes, ya que los dos gobiernos sabían que desarrollarlas a plena luz las exponía al ataque de quienes se oponían a un acercamiento, tanto en Miami como en el Congreso de los EE.UU.

El mismo patrón se repetiría en las últimas negociaciones (2014), iniciadas en torno al intercambio de presos acusados de espionaje, y que servirían de trampolín para acordar el viejo y frustrado propósito de normalizar relaciones entre ambas partes, impulsadas esta vez por Barack Obama y Raúl Castro. 

Como he argumentado antes en esta misma columna, esa normalización, que abrió la puerta a la interacción entre cancillerías, produciendo 22 acuerdos (entre ellos la cooperación en la lucha contra el terrorismo), fue luego congelada, en términos prácticos, durante Trump I, y definitivamente enterrada en Trump II. Ahora parece estar en manos, como nunca antes, de un político afanado en alcanzar la presidencia, para quien esa carrera puede justificar cualquier costo, incluido llevar las relaciones a su momento más peligroso e impredecible desde la Crisis de los misiles de 1962.

Como resultado de todo lo anterior, nos hemos alejado más que nunca antes del camino hacia un entendimiento con los EE.UU. Este no se explica por la ineptitud de los negociadores escogidos del lado cubano; ni por haber desaprovechado oportunidades; ni por los errores y lentitudes en las reformas; u otras tantas razones imaginadas retrospectivamente. 

Por encima de todo, se requiere comprender la naturaleza de la actual Administración de EE.UU., su base política (no me refiero al movimiento MAGA, sino a los sectores de la élite poderosa) y, especialmente, su vocación imperialista sin máscaras, unilateralismo radical, egotismo, autoimagen mesiánica, brutalismo diplomático y carencia de principio alguno, para entender que sus personalidades protagónicas son incapaces de negociar nada a lo que no estén forzadas por razones de fuerza mayor; ni de respetar ningún compromiso. 

Algunas amistades mías que los comparan con Valeriano Weyler o los líderes nazis, tomando en cuenta su falta de escrúpulos, pasan por alto que el militar español, precursor de la contrainsurgencia, tenía la misión de ganarle la guerra al ejército mambí, cuya base de apoyo estaba en el campo cubano; y que los dirigentes del nacionalsocialismo estaban convencidos de su superioridad racial y la inferioridad de los demás pueblos. 

Su barbarie tenía una razón de ser, un método, una ideología estructurada. Nada de eso aparece en quienes han secuestrado las instituciones de EE.UU., violado todas y cada una de sus propias leyes, roto pactos con sus aliados, convertido el manejo del Estado en un sistemático abuso de poder e instaurado un régimen más cercano al orden mafioso que al equilibrio de poderes imaginado por los remotos padres fundadores hace 250 años.   

Aunque parecieran dispuestos a negociar, y Cuba reiterara su disposición a hacerlo, lo anterior implica una alta cuota de riesgo. Incluso si llegáramos al extremo de estar dispuestos a hacerlo en sus propios términos, con interlocutores aprobados por ellos o elegidos a su conveniencia. 

Más que el sentimiento de venganza (hubris) que los psicoanalistas aficionados puedan detectar en la conducta de los decisores en Washington o los recalcitrantes de Miami, los obstáculos políticos para un proceso negociador se encuentran en el primer capítulo de cualquier manual de solución de conflictos: la incertidumbre para establecer medidas de confianza mutua. 

No hay peor ciego

Quiero discutir por qué la idea de que la pelota está del lado de Cuba, en el campo de la política interna o de las relaciones exteriores, es un sofisma sin base.

El factor EE.UU. no ha funcionado nunca como catalizador de cambios positivos en Cuba. Ninguno de esos cambios, desde los años 70 o posteriormente, se derivó de una negociación con los EE.UU., ni siquiera las decisiones coincidentes con reclamaciones en la agenda estadounidense. 

Ejemplos son, a fines de los 70, la liberación unilateral de presos como parte de las nuevas políticas hacia los emigrados, entre ellas un mayor reconocimiento de sus derechos ciudadanos. A fines de los 80 y principios de los 90, el retorno de las tropas desplegadas en el Cuerno y en el suroeste de África, la drástica reducción en el tamaño (50 %) y el presupuesto de las fuerzas armadas (11 veces, según el SIPRI de Suecia), las medidas anticrisis económica (legalización del trabajo por cuenta propia y la tenencia y uso de dólares, la apertura de mercados libres, la redistribución de tierras estatales a cooperativas, etc.). 

Esos importantes reajustes en seguridad y defensa, y ese giro de 180 grados en políticas económicas establecidas, no respondieron a la interacción con EE.UU., como tampoco las desregulaciones a la libertad de viajar y residir en otro país, manteniendo derechos de residencia y regreso a Cuba (2013), o la firma del Tratado de Tlatelolco sobre la prohibición de armas nucleares en América Latina (2021).

No fueron presiones de EE.UU., ni formaron parte de acuerdos entre los dos países los avances en derechos humanos, libertad de expresión, igualdad de oportunidades para los creyentes religiosos, ampliación del acceso a la información, a Internet y las redes sociales, adopción de reformas económicas y políticas, especialmente desde 2011. 

Con la excepción de las obligaciones derivadas de los acuerdos puntuales de 1994-95 en cuanto al trato a los migrantes, las políticas de EEUU hacia Cuba se mantuvieron esencialmente iguales a sí mismas hasta las postrimerías de la Administración Obama, a pesar de los cambios ocurridos en la isla desde el Periodo Especial.

De hecho, parecían más bien estar esperando que el régimen político colapsara, igual que los de Europa del Este y la URSS, según preconizaban las calcomanías “next Christmas in Havana” que circulaban en Hialeah y Coral Gables.  

Por muchas intenciones favorables al cambio que pareciera anunciar el presidente Obama ante los gobiernos de la región reunidos en Trinidad y Tobago (2009) al inicio de su mandato, y su acto de contrición por una política hacia Cuba ineficaz (“fallida en promover la libertad de los cubanos”), no “injusta” ni “moralmente reprobable”, el giro radical real en 2014-2017 tampoco ocurrió porque Cuba hiciera despegar un plan de reformas en 2011, ni porque lo tuvieran programado desde el inicio, sino gracias al pie forzado del intercambio de presos y del diálogo creado por el proceso mismo de negociarlo.

A pesar de la lista de cargos contra Cuba sobre terrorismo y capital del comunismo internacional recopilados por el reciente informe del Departamento de Estado, si revisamos la historia de las relaciones cubanas con movimientos y gobiernos progresistas y de izquierda, en su contexto histórico real, y su inserción actual en el sistema internacional, vamos a encontrar otra cosa muy diferente a la ristra interminable de pecados que revelan la maldad intrínseca del régimen cubano y su incapacidad para convivir con la civilización occidental. 

La mayoría de las relaciones de Cuba con los movimientos de liberación nacional (MLN) en el Tercer Mundo ocurrieron en el contexto del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), es decir, excolonias devenidas países independientes, luego de luchas cruentas en muchos de los casos, de las que surgieron los actuales estados africanos, del sur y el este de Asia. 

La participación de Cuba en el NOAL, sus relaciones de solidaridad con los MLN, estuvieron avaladas por esa nueva mayoría de estados independientes, así que no tenía nada de ilegítima, ni consistía en acciones terroristas, sino en el derecho a la revolución contra regímenes coloniales y dictaduras militares. Aunque desde Washington y sus socios se vieran como “una internacional de terroristas armados”, su objetivo no era tanto “exportar la revolución”, sino construir, sobre intereses comunes, un espacio de concertación más allá de las instituciones de un sistema internacional dominado por los más fuertes. 

Ciertamente, los movimientos sociales, las luchas estudiantiles y por los derechos civiles en EE.UU., Europa, América Latina, Asia, la nueva izquierda anticapitalista en esas y otras regiones, admiraban y encontraban inspiración en la causa cubana, aunque no compartieran su ideología revolucionaria o su camino al socialismo. Esa simpatía natural se derivaba sobre todo de que la isla había logrado sobrevivir en una guerra no declarada de parte de la mayor potencia de la historia, que había usado todos sus recursos para someterla, incluida la inminencia del arma nuclear.

Si el radicalismo de la Revolución cubana llegó a tocar fondo en la segunda mitad de los 60, esa etapa coincidió con la circunstancia de su aislamiento perfecto, obra de unos EE.UU. obsesionados por “impedir otras Cubas” en el hemisferio. A pesar de ese radicalismo, y del compromiso con los movimientos armados en la región, así como en África, Medio Oriente, Asia, la imagen de Cuba entre los movimientos progresistas y liderazgos de la mayoría del Tercer Mundo, y aun de las potencias de Occidente, no era la de un promotor del terrorismo ni un “exportador de comunismo”. Como se puede comprobar si se examinan una a una, la mayoría de esas alianzas con gobiernos y MLN no se basaban en una ideología comunista.

Si la percepción de “la amenaza cubana” en América Latina y el Caribe se empezó a desvanecer en 1970, y ese aislamiento dejó de existir, entre gobiernos que no tenían nada de izquierdistas, fue porque estos encontraron que la isla era un actor legítimo en la comunidad hemisférica, a pesar de la presión en sentido contrario de parte de EEUU. 

Basta preguntarles hoy a los demás países, incluyendo a los que no comparten nada con el socialismo, para saber que el reciente informe es un acumulado de referencias anacrónicas y manipulaciones extraídas del clímax de la Guerra Fría. Ninguno de ellos, ni siquiera los principales aliados de los EE.UU., parece creer que la mejor manera de fomentar cambios de ningún tipo en Cuba sea la asfixia energética y el cerco comercial y financiero eufemísticamente llamado sanciones. Al contrario.

Epílogo. ¿Un reformismo antisocialista?

El anticomunismo macarthista de esta Administración resulta tan extemporáneo como impresentable, también para quienes defienden la transformación radical del sistema político cubano hacia un régimen de democracia liberal. Una política antidemocrática, americanocéntrica y supremacista como la de Trump-Rubio resulta indefendible en su brutalidad. 

Sin embargo, discordar de esos medios brutales no excluye compartir su lógica y objetivos. Digamos, el retorno de Cuba a un orden geopolítico y geoeconómico (misma cosa en definitiva) que le viene sobredeterminado como “natural”. 

Como se diría en el tute subastado, “a las diez de última”, la fórmula abogada por algunos, como mis amigos economistas en la propuesta “Cuba Transformación” del Cuba Study Group, consiste en que la única opción realista para Cuba, en los términos de la modernización del sistema, sería precisamente la de acabar de reconocer esa sobredeterminación. 

Una lectura por el revés sonaría así: sin aceptar una reconciliación que le haga regresar a la órbita de EE.UU., y a una dependencia conscientemente asumida, no hay salida para el país. 

Bien visto, este enfoque económico realista contiene en una nuez la vieja ley patentada por John Quincy Adams acerca de “the political gravitation”, popularizada luego como teoría de la fruta madura.  

No me queda espacio aquí para discutir esta lógica determinista respecto a un ancien regime liberal que restaure a Cuba en la órbita de los EE.UU. como un fatum irremisible. Solo quiero apuntar acerca de la congruencia entre convertir a Cuba en una “economía social de mercado” y al mismo tiempo encaminarla por la senda china o vietnamita. 

Aquí parecería haber una confusión conceptual. No hay que haber hecho investigación de campo en China o Vietnam para saber que ni el “socialismo con características chinas” ni el del Doi Moi vietnamita se definen como “economías sociales de mercado”. Las diferencias son legión. 

En todo caso, si de un “modelo transformacional” para Cuba se trata, abogar por la propiedad de la tierra para los campesinos, en lugar del derecho de usufructo por 30 o 40 años; por la disminución del papel del Estado al nivel de proveedor de servicios básicos, y dejarle todo lo demás al sector privado, en lugar de mantener la planificación estratégica, las prioridades de inversión, innovación tecnológica, infraestructura, desarrollo industrial, sostenibilidad ambiental, bienestar social; si es el mercado el que va a determinar todo eso, en vez de un Estado que lo regule, controle sectores como la energía, las telecomunicaciones, las finanzas, intervenga para estabilizar precios; si todo eso se reemplaza por el protagonismo del sector privado y el papel determinante del mercado, no como instrumento, sino como ultima ratio de las decisiones políticas, eso no se parece a China ni a Vietnam.

Para no hablar del reemplazo por un sistema político que, en vez de descentralizar el existente y democratizar sus instituciones, facilitar y asegurar el control desde abajo, expandir radicalmente la participación ciudadana y el debate de ideas, hacer real el imperio del Estado de derecho, incluyendo a una oposición leal, se abriera a un orden liberal, importando las instituciones y la dinámica entre partidos que caracterizan a los países de las “economías sociales de mercado”. 

Por otro lado, si bastara con copiar el diseño político de Alemania, Austria, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza, para alcanzar el nivel de bienestar, autonomía, desarrollo, redistribución del ingreso, equidad, independencia y soberanía, y previniendo que ninguna potencia nos amenazara impunemente, sería estupendo construir una economía social de mercado como la de esos países en esta isla, “tan lejos de Dios y tan cerca de los EEUU”, según dicen los mexicanos.    

Tanto las políticas brutales de Rubio-Trump como esas propuestas intelectuales modernizadoras comparten un mismo desprecio (¿invisibilización?) ante las transformaciones en curso en Cuba, como si las 176 medidas adoptadas por el gobierno cubano, propuestas y adiciones de los demás investigadores y académicos en la isla hubieran desaparecido de su radar o se percibieran de entrada como inútiles, extraviadas, insignificantes o, para decirlo en buen cubano, perdidas en el llano. 

¿Podría darse que toda esta confusión se disipara, según piensan algunos, cuando las elecciones de medio término en noviembre produjeran un cambio fundamental de la circunstancia política que la nutre? ¿Tal vez pasen cosas que las rebasen como no podemos imaginar hoy? ¿Quizás la confianza en las instituciones cubanas deje de caer, y el descreimiento en la eficacia de sus políticas deje de amanecer en alza? ¿Por qué y cómo? 

Si muchos coinciden en que no hay vuelta atrás, porque la caja de Pandora ya está abierta, bien podríamos saber que lo único en el fondo de esa caja tendría que ser la esperanza.