Centrales obreras y movimientos sociales se suman a la protesta
Rechazan la reforma que habilita los desalojos exprés y deroga la Ley de Manejo del Fuego
Las tres centrales sindicales y los movimientos sociales llamaron a manifestarse este jueves frente al Congreso, cuando los senadores debatan el proyecto que el Gobierno bautizó como “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, pero que en realidad habilita los desalojos express de quienes se atrasen en el pago del alquiler, deroga la Ley de Manejo del Fuego -que protege los bosques y áreas rurales de la especulación inmobiliaria- y le quita al Estado herramientas para hacer expropiaciones.
“Aquí no se trata de discutir si la propiedad privada sí o la propiedad privada no: en eso la Constitución Nacional es muy clara y defiende la propiedad privada. Nuestra preocupación es que los trabajadores que alquilan van a quedar en riesgo de sufrir desalojos sumarísimos, justo cuando la morosidad del sector trabajador se ha transformado en una pandemia en la Argentina. La discusión real no es sobre la propiedad privada, sino sobre qué tipo de propiedad va a instaurarse, para quién, con qué función social, con qué límite democrático y al servicio de qué proyecto del país”, sostuvo Jorge Sola, triunviro de la Confederación General del Trabajo en una conferencia de prensa.
Así, ratificó que este jueves los sindicatos y las organizaciones sociales van a sumarse a la concentración callejera que le reclamará a los Senadores que no aprueben el proyecto. La cita es a partir del mediodía. A la plaza del Congreso también van a ir también los partidos de la oposición -como el peronismo y el Frente de Izquierda-, organizaciones de los pueblos originarios y de la sociedad civil.
Ayer, horas antes de su tratamiento, el Gobierno retiró del paquete que debatirán los senadores todo lo referido a la venta de tierras a extranjeros, la parte del proyecto que generó las reacciones más fuertes. Ese capítulo ampliaba el permiso para que personas y empresas no nacionales pudieran comprar tierras argentinas.
En la conferencia de prensa hablaron los triunviros de la CGT (Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello); en nombre de la CTA tomaron la palabra Hugo Yasky y Hugo Godoy y por la UTEP lo hizo Alejandro Gramajo. Todos plantearon su preocupación porque el proyecto de ley del gobierno perjudica a las personas que alquilan, ya que permitirá los desalojos express, así como a los pueblos originarios, porque elimina la figura de propiedad comunal de la tierra, con lo que los deja expuestos a perder los lugares donde viven. Cuestionaron además que el Estado pierda herramientas para realizar expropiaciones y avanzar con políticas públicas que democraticen el acceso a la vivienda y la tierra.
Contra el modelo libertario
“El proyecto de ley de inviabilidad de la propiedad privada es parte de una serie de cambios estructurales que impulsa el Gobierno y que están agravando las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras”, advirtió Hugo Godoy. “Un ejemplo es que los trabajadores y trabajadoras inquilinos van a poder ser desalojados rápidamente. Pero además, este proyecto de ley viola la Constitución porque deroga ocho leyes y una de ellas es la que reconoce el derecho constitucional de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria”.
Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, coincidió en que el proyecto de ley es parte “de un modelo económico entreguista” que empobrece “al pueblo trabajador y al pueblo humilde”. En ese sentido, recordó que en ese mismo momento 900 mil argentinos estaban dejando de cobrar su único ingreso estable, el programa Volver al Trabajo. La eliminación de este programa es uno de los reclamos con los que el viernes 7, en el día de San Cayetano, la UTEP y las centrales sindicales van a marchar a la Plaza de Mayo.
Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT, planteó que la ley “tiene un trasfondo malicioso y regresivo”. Para el dirigente, el gobierno de Milei “está agudizando una crisis de hambre, de miseria y de indignidad”.
Protestas escalonadas
Si bien la concentración de este jueves frente al Congreso sumará a muchos actores sociales, como los partidos políticos y los pueblos originarios, desde el punto de vista sindical la protesta se inscribe en un plan de acción de más alcance, acordado por la CGT, las CTA y la UTEP.
Ese plan de lucha comenzó hace diez días, el 22 de julio, cuando las organizaciones de los trabajadores formales e informales acompañaron la marcha de los jubilados. Continuará este este jueves frente al Congreso y seguirá el viernes, cuando centrales sindicales y organizaciones sociales confluyan en la marcha de San Cayetano. Luego, en la tercer semana de agosto, realizarán una movilización al ministerio de Economía para hacer visible la situación de 7 millones de argentinos que han quedado fuera del sistema crediticio por no haber podido pagar sus deudas.
El gobierno no logró poner en venta el país
El contundente rechazo social obligó a varios gobernadores y senadores a adelantar un voto negativo. Quedan preocupantes puntos del proyecto y se prevé una nutrida manifestación frente al congreso.
05 de agosto de 2026 – 23:01
Un trapo de Malvinas en la semifinal del mundo, una convocatoria a una marcha multitudinaria, el pronunciamiento de los artistas más influyentes y el trabajo incansable de académicos que advirtieron a la sociedad sobre el daño de la ley lograron lo impensado: evitar que el país se venda. La presión social de un colectivo diverso hizo que el oficialismo perdiera apoyos y tuviera que retirar el capítulo sobre la extranjerización de la tierra para mantener a flote la sesión de este jueves. La rosca política, debajo de la superficie, apuró los pronunciamientos de los gobernadores de Tucumán, Misiones, Salta y Neuquén, un golpe que Bullrich no esperaba y la Casa Rosada menos.
Con la convocatoria a marchar todavía activa, el Gobierno buscará aprobar esta tarde el resto del proyecto bautizado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa contempla los desalojos exprés, la eliminación de artículos de la Ley de Manejo del Fuego que buscan desalentar la especulación inmobiliaria, y un cambio en el concepto de utilidad pública que quita capacidad al Estado para avanzar en posibles expropiaciones.
Crónica de una derrota
“Se está hablando de que se cae”, “nadie quiere sesionar”. Los mensajes llegaban a los celulares de los senadores el miércoles por la mañana, cuando el sueño libertario de rematar el país en beneficio de los tecnomillonarios comenzó a flaquear.
El senador radical Daniel Kroneberger abandonó el ostracismo y adelantó su voto en contra de las derogaciones a la actual Ley de Tierras. Su pronunciamiento se sumó al de los gobernadores dialoguistas que decidieron soltarle la mano al Gobierno.
Primero, Osvaldo Jaldo adelantó que las senadoras tucumanas rechazarían el proyecto libertario. “He conversado con las dos senadoras nacionales y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, avisó el mandatario, que supo colaborar con muchas de las leyes más antipopulares del gobierno de Javier Milei.
Según pudo reconstruir este diario, detrás de los pronunciamientos de los gobernadores estuvo Sergio Massa. El excandidato del Frente de Todos ya forzó otra declaración reciente de Jaldo, cuando rechazó la eliminación de las PASO. Dedicado a la actividad privada y “a la rosca”, según su entorno, el tigrense mantiene un diálogo frecuente con los gobernadores.
Todavía se discutía si la operación de rodilla del radical Flavio Fama era motivo suficiente para pedir sesionar de manera virtual, al igual que la senadora Anabel Fernández Sagasti, cuando el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, compartió en sus redes el rechazo a la desregulación de la venta de tierras.
“No estamos de acuerdo con la extranjerización y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, escribió en su cuenta de X junto con un video en el que dijo haber “instruido” a la senadora Julieta Corroza para que “manifieste su disconformidad”. Según supo este diario, la legisladora “peleaba con el gobernador votar toda la ley en contra”.
Sin los votos favorables de Corroza y de la tucumana Beatriz Ávila, las cuentas del oficialismo se empantanaron. Bullrich contaba con un virtual empate impidiendo los votos de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama.
Pasado el mediodía, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, compartió un mensaje en sus redes sociales y sumó su rechazo al del resto de los dialoguistas. “Lo que amamos no se vende”, escribió en mayúsculas. “Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras”. El movimiento fue acompañado por la publicación simultánea del comunicado del senador de su provincia, Carlos Arce.
Con Bullrich ya en el Senado y a punto de reunirse con los dialoguistas en el despacho del bloque radical, se confirmó que la salteña Flavia Royón también votaría en contra. El poroteo se desinflaba y alcanzaba apenas 32 votos positivos. “Le quedan Camau, siete radicales, tres del PRO y los veintiún libertarios”, contaba la oposición. “El grupo de los 40”, que la jefa de la bancada ostentó meses atrás, se resquebrajó. Una derrota inesperada que llegó antes de la votación. Los aliados le pidieron a Bullrich que retirara el capítulo 3 del proyecto. Nadie quería pagar el costo político de vender el país.
Tras el encuentro, Bullrich confirmó que la sesión se mantendría sin el capítulo sobre la extranjerización de la tierra. Los aliados respiraron. El resto del bloque libertario se enteró por redes sociales. La información también llegó a la Casa Rosada con demora y promete abrir un nuevo capítulo en la interna entre Bullrich y Sturzenegger, responsable de no aceptar los cambios negociados por la jefa de bloque un mes atrás. En Balcarce 50 tomaron dimensión de la derrota cuando la salteña Royón comunicó su decisión a Santilli.
El momento de la vice
Vengativa, Villarruel aprovechó el momento de incertidumbre y debilidad del oficialismo para convocar formalmente a la sesión. La vicepresidenta formalizó el llamado cuando todavía se debatía si votar la ley sin el capítulo de tierras o desactivar directamente la sesión.
Una sutil devolución de favores a la Rosada, que la corrió del Senado hasta que Milei regrese de su viaje por Ecuador y Colombia. Veinticuatro horas antes, el peor escenario que proyectaba el Gobierno era un empate que pudiera quedar en manos de Villarruel, quien ya se había manifestado en contra de la ley.
El desmembramiento del proyecto fue celebrado por la sociedad civil. Desde el Observatorio de Tierras, cuyos aportes permanentes fueron claves para explicar el peso específico del daño libertario, dijeron a este diario: “Demostramos la importancia de la universidad, de la investigación y de la relación entre esas instituciones y las necesidades populares”.
Lo que queda
Bullrich llevará a la sesión de este jueves el resto del paquete contemplado en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios intencionales. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de especulación inmobiliaria.
El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. Restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general. El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también lo que el propietario pueda inferir haber perdido como consecuencia de la expropiación.
Otro de los ejes es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.
La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.
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