Privatización dejó sin mantenimiento la AAA

Por Merelyn Concepción Ríos

| Publicado el 7 agosto 2026

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La falta de mantenimiento al sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados creó una crisis de suministro de agua potable. Podemos remontar el comienzo de esta crisis a la década del 1990 cuando comenzó el proceso de privatización que desatendió la infraestructura mientras generaba ganancias para los administradores.

En 1995, bajo el mandato del Gobernador Pedro Rosello, se privatizó la agencia con la compañía Puerto Rico Professional Services Group (PPG). Luego pasó a manos de la Compañía de Aguas, una compañía franco-española, que administró la corporación hasta el 2002. Para el 1 de julio de 2002 pasa a ser administrada por Ondeo de Puerto Rico que, aunque tenía un millonario contrato de 10 años fue cancelado en el 2004 por señalamientos de mala administración y corrupción. Si bien la agencia regresó a ser administrada por la propia AAA, nunca se recuperó del daño.

Las crisis recurrentes que vemos en las agencias y autoridades públicas se deben a que dejan de verse como un servicio esencial para las comunidades y se convierten en un producto para lucrar a unos pocos. Los sectores más afectados por la falta de estos servicios esenciales son las personas pobres y marginadas. El gobierno central y la Junta de Control Fiscal mantienen los fondos escasos lo que dificulta reparar a tiempo y con precisión las fallas en el sistema de acueductos. En cambio, los fondos que recibe Acueductos se usan para pagar las deudas creadas por las compañías privatizadoras. A los miles de abonados que se ven afectados por esta mala administración, se le impone el continuar pagando por un servicio que no reciben y asumir los gastos adicionales que incurran por la falta de agua.  

El pueblo trabajador exige el dragado de los embalses, invertir en el mantenimiento y reparación, detener proyectos de desarrollo como Esencia que impactaría las reservas naturales del país, fiscalizar el cobro de los servicios a las multinacionales que no pagan el agua y una campaña de educación sobre el uso adecuado del agua potable . La Junta de Control fiscal lo que hace es entorpecer la utilización de fondos para servicios esenciales como el mantenimiento de los acueductos del país. La lucha por agua para todos no se trata solo buscar las soluciones individuales, como adquirir cisternas, es también buscar las soluciones colectivas que nos ayudarán a mejorar el servicio para todo el país.

Crisis en el suministro de agua

Corrpución, privatización y politiquería ponen en jaque comunidades del país

Por Marianela Méndez García

| Publicado el 5 agosto 2026

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Sectores del área metropolitana vieron interrumpido el servicio de agua potable en sus residencias y comercios durante el mes de junio. La amenaza de un racionamiento pendía sobre los vecinos de los pueblos de Loíza y Canóvanas, mientras las averías previas en distintas zonas eran relegadas a segundo plano. Antes de la rotura del Superacueducto, residentes de Miraflores, Santurce llevaban meses sin agua; dependiendo del abastecimiento de cisternas y drenando sus finanzas personales.

La infraestructura de agua potable del país, envejecida y abandonada, pierde cerca del 60% de su producción antes de llegar a los hogares, una cifra que revela que la crisis no es accidental, sino estructural. Las respuestas gubernamentales fueron limitadas y deficientes, dirigidas mayormente por los municipios, mientras a nivel estatal predominó una respuesta mediática que responsabiliza individuos en posiciones clave y utiliza al pueblo como rehén en la batalla interna del PNP.

En el sector de pequeños y medianos comerciantes, se reportaron pérdidas estimadas de 18 a 20 millones diarios, según el Centro Unido de Detallistas. No se ha estimado, sin embargo, la pérdida de ingresos de los trabajadores de restaurantes y otras industrias cuyos patronos, ante la imposibilidad de operar con regularidad, cerraron esos días. Tampoco se contabiliza el gasto familiar en cisternas, filtros, generadores y almacenamiento de agua, ni el impacto en la salud de una población donde más del 20% son envejecientes. El costo económico y emocional de la crisis de agua potable, la carga que representa en nuestras familias, no está en los cálculos del gobierno de Puerto Rico.

Las y los habitantes de este archipiélago continúan equipándose con cisternas, placas solares y abastecimiento general para llenar el vacío de un gobierno ausente y una infraestructura abandonada. Cada interrupción al agua y la luz pone en jaque la salud física de nuestra creciente población de envejecientes y de la mayoría que hace malabares para subsistir diariamente. Los servicios esenciales, la calidad de vida y el derecho a una vida digna son la razón de ser de cualquier aparato estatal; y nuestro gobierno ha fallado esta promesa básica.

Puerto Rico es un país con abundantes recursos hídricos y valiosos acuíferos, capaces de sostener a la población y a la industria farmacéutica que aquí genera sus ganancias. Sin embargo, los fondos federales destinados al mantenimiento del Superacueducto y del sistema general han sido desviados hacia el mantengo de la claque política y sus lacayos. La metáfora es clara: mientras el país se deshidrata, la clase política bebe de una fuente que sólo ellos controlan.

Para garantizar el funcionamiento de la AAA, no es necesaria mayor privatización. Ya hemos visto los resultados con LUMA y los intentos fallidos de administraciones populares y penepés. Lo que se requiere es una despolitización real de la agencia, una inversión sostenida en infraestructura, y un compromiso con que nuestra gente pueda permanecer, vivir, y no solo sobrevivir. Esta crisis es una oportunidad para unirnos y construir el país que merecemos; no dejemos que se escape como el agua de las manos.