New Fortress se tambalea y Puerto Rico sigue sin Plan B, advierten expertos
El Gobierno de Puerto Rico debe revelar, antes del 15 de septiembre, su plan para garantizar combustible y generación si fracasa la reestructuración de New Fortress Energy, matriz de Genera PR y NFEnergía
by Omar Alfonso
El Gobierno de Puerto Rico debe revelar, antes del 15 de septiembre, su plan para garantizar combustible y generación si fracasa la reestructuración de New Fortress Energy, matriz de Genera PR y NFEnergía.
Ese fue el veredicto del exrepresentante Luis Raúl Torres Cruz, el dirigente sindical Ángel Figueroa Jaramillo y el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, al reaccionar a los hallazgos publicados este lunes por La Perla del Sur.
Como puntualizaron los tres, una potencial quiebra de NFE no sería meramente el problema aislado de una empresa privada: podría encarecer aún más la generación eléctrica, comprometer el suministro de gas y obligar al Estado a intervenir para evitar que colapse la operación de las plantas.
Fecha límite: preguntas sin respuesta
La urgencia surge de la propia advertencia de NFE en su más reciente informe trimestral ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos: aun con el acuerdo de reestructuración con sus acreedores, existen condiciones fuera de su control que mantienen una “duda sustancial” sobre la capacidad de la compañía para continuar operando.
El pacto de reestructuración vence el 15 de septiembre. Si no se materializa o se incumplen sus condiciones, los acreedores podrían acelerar el cobro de una deuda vencida de $6,727 millones, reclamar garantías y precipitar un proceso de liquidación.
Para Torres Cruz, ese escenario obliga a respuestas inmediatas del gobierno, el Negociado de Energía, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y los demás responsables de la política energética.
“El próximo 15 de septiembre se convierte, por tanto, en una fecha que Puerto Rico no puede observar como simple espectador. Aquí surge la pregunta fundamental: ¿cuál es el Plan B del Gobierno de Puerto Rico?”.
Las preguntas, sostuvo, no pueden esperar a que ocurra una emergencia: qué sucedería con Genera PR, cómo se garantizaría el combustible, quién operaría las centrales y si existen planes de contingencia “reales, actualizados y financiados”.
La presión es particularmente delicada, puntualizó, porque el conglomerado corporativo no ocupa un papel marginal en la red eléctrica. Genera PR maneja la operación y el mantenimiento de las plantas generatrices de la AEE, mientras otra subsidiaria de NFE, NFEnegía, es la corporación que vende gas metano a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para producir electricidad.
“Existe una concentración significativa de funciones críticas alrededor de un mismo grupo corporativo”, advirtió.
Gas, diésel y tarifa
Por su parte, Figueroa Jaramillo advirtió que la exposición de Puerto Rico se agrava por depender del gas que NFE vende para la generación eléctrica, una empresa que “no es que está prácticamente en la quiebra, está en quiebra. Punto”.
El dirigente subrayó además que la fragilidad financiera de NFE no apareció de repente y cuestionó que la Junta de Supervisión Fiscal aprobara contratos con esta matriz, a pesar de esas señales.
También cuestionó la inacción del zar de Energía y la AAPP, entidades que, dijo, debieron fiscalizar el riesgo antes de exponer a Puerto Rico a una cuenta regresiva.
La investigación de La Perla del Sur reveló además que casi $449 millones de los $624 millones de deuda vencida que NFE reportó al 31 de diciembre de 2025 corresponden a un “suplidor crítico de gas”, y una quiebra formal o el fracaso de la reestructuración pondría en entredicho el suministro de gas metano a las unidades 5 y 6 de San Juan y a las de Palo Seco, anticipó Figueroa Jaramillo.
“Eso conllevaría que las unidades de San Juan 5 y 6 que usa gas metano, tendrían que volver a utilizar diésel, que es un combustible más caro. Y, de igual forma, las unidades que están en Palo Seco”.
El impacto sería inmediato. Figueroa Jaramillo contrastó que producir electricidad con una combinación de gas natural en Costa Sur cuesta 9.9 centavos por kilovatio-hora, mientras que generar con diésel en Cambalache alcanza 32 centavos.
Por tanto, la consecuencia es previsible: más combustible costoso se traduce en mayor presión sobre el costo de la electricidad que pagan los abonados.
Sin escudo judicial
De otra parte, Emmanuelli Jiménez alertó que el gobierno no puede ignorar, ni un día más, el precario cuadro financiero de NFE y su admisión -por escrito- de que podría fallar en consumar un pacto de reestructuración con sus acreedores.
El abogado enfatizó que “los acreedores pueden acelerar la deuda, lo que implica que New Fortress podría irse a un proceso de liquidación”. Esta acción, según el experto, convertiría los pagos a plazos en una obligación inmediata, forzando a NFE a enfrentar ejecuciones de garantías o a buscar protección bajo la ley de quiebras.
Además, recordó que el informe corporativo también plantea que ninguna de las subsidiarias de NFE -incluida Genera PR y NFEnergía- es parte protegida por los procedimientos de reestructuración que la matriz efectúa en Inglaterra o bajo el Capítulo 15 en Estados Unidos.
Por tanto, de fracasar el acuerdo, ambas quedarían expuestas a reclamaciones de acreedores. “No tienen la protección de la corte de quiebra”, reiteró, y las repercusiones potenciales abarcarían el gas, los contratos de combustible y la estabilidad de Genera PR.
“Pusieron todos los huevos en una misma canasta”.
Elefante en la sala
Y la reacción, planteó además, “no puede ser ignorar este asunto”, insistió Emmanuelli Jiménez. “El Gobierno no puede mirar hacia otro lado”.
Por ello, recomendó que la AAPP prepare un mecanismo para sustituir a Genera PR si la situación de su matriz vuelve insostenible la operación y favoreció que el Estado retome el control de las plantas como alternativa de contingencia.
“La Autoridad de las Alianzas Público-Privadas tiene que tener ya las medidas para obtener una entidad que pueda sustituir a Genera, para la eventualidad de que ellos tengan que irse”, dijo. “Y como mejor alternativa, tomar el control de las plantas”.
Figueroa Jaramillo, empero, fue más allá: reclamó una transición al modelo público, con cambios de gobernanza y legislación habilitadora. Asimismo, argumentó que la AEE conserva experiencia operacional y que eliminar el pago a Genera PR produciría una economía de cerca de $30 millones.
“En el caso de la generación no hay nada que hilar, porque el conocimiento y la experiencia la tiene el modelo público, la Autoridad Energía Eléctrica”, declaró.
Torres Cruz, por su parte, advirtió que la privatización no eliminó el riesgo: en su lugar, trasladó funciones e ingresos a empresas privadas, mientras la AEE mantuvo activos, obligaciones multimillonarias y la responsabilidad de la deuda con los bonistas.
“Eso no necesariamente distribuye el riesgo. En determinadas circunstancias puede multiplicarlo y dificultar determinar quién responde cuando algo falla”.
“La investigación de La Perla del Sur enciende una luz roja que el gobierno no puede ignorar”, continuó. “Antes del 15 de septiembre, el país merece conocer públicamente el plan de contingencia existente ante cualquier eventualidad financiera u operacional relacionada con New Fortress Energy y Genera PR”, porque “Puerto Rico no puede esperar a que llegue otra crisis para entonces comenzar a improvisar”.
Omar Alfonso
Editor de La Perla del Sur.
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