Pedro Albizu Campos entre la historia, la evidencia y la memoria

Una lectura crítica de The Puerto Rican Myth. Pedro Albizu Campos: An evidence-based study of the man and his Movement in the 1930s

Por Dr. Carlos I. Hernández Hernández

José A. Torres Ramírez ha escogido un título que difícilmente puede pasar inadvertido. The Puerto Rican Myth: Pedro Albizu Campos: An evidence-based study of the man and his Movement in the 1930s anuncia, desde la propia portada, una intención que trasciende la mera reconstrucción biográfica: someter a revisión una de las figuras más poderosas, complejas y simbólicas de la historia puertorriqueña contemporánea. El subtítulo promete un estudio “basado en evidencia” y la portada añade una declaración programática: presentar los hechos sería más importante que presentar el relato considerado “correcto”.

El reseñar un libro de esta naturaleza plantea desde el comienzo una dificultad que no conviene ocultar. Y es que frente a la figura de Pedro Albizu Campos resulta extraordinariamente difícil reclamar una neutralidad entendida como ausencia absoluta de emociones, valores o memoria histórica. Albizu no constituye solamente un personaje del pasado. Para varias generaciones de puertorriqueños ha representado la afirmación de la nacionalidad, la defensa de la cultura y la voluntad de resistencia frente al poder colonial estadounidense. Su figura ha adquirido una dimensión que desborda al dirigente de un partido político y se adentra en los territorios de la memoria, el sacrificio y el símbolo.

Precisamente por ello, el deber del historiador no consiste en arrodillarse ante el monumento, pero tampoco en derribarlo para demostrar su independencia intelectual. Entre la hagiografía y la demolición existe un espacio mucho más difícil: el de la crítica histórica. En él, ninguna admiración puede sustituir a la evidencia, pero ninguna evidencia debe ser obligada a declarar más de lo que realmente demuestra.

Desde esa perspectiva debe leerse el libro de Torres Ramírez.

La posición del autor está clara desde las primeras páginas. Incluso antes de comenzar su argumentación, dedica la obra, entre otros, “a todos aquellos victimizados por Pedro Albizu Campos y su Partido Nacionalista”. Esto no invalida la investigación; todo historiador observa el pasado desde un lugar. Pero sí advierte al lector que el libro nace de una sensibilidad determinada. Y es que resulta igualmente significativo que la propia página legal reconozca que la visión del autor está condicionada por su perspectiva, opiniones, creencias y sesgos. Tal reconocimiento debería convertirse, por tanto, en uno de los principios desde los cuales evaluar la obra.

Del expediente judicial al método histórico

Uno de los aspectos más interesantes -y al mismo tiempo más problemáticos- de The Puerto Rican Myth se encuentra en su metodología. Torres Ramírez posee una extensa trayectoria como abogado y fiscal, experiencia que el libro presenta como fundamento de su capacidad para realizar investigaciones rigurosas e imparciales. Su propuesta metodológica consiste, de manera explícita, en aproximarse a las fuentes como lo haría un jurado durante un juicio criminal: evaluar credibilidad, pertinencia y confiabilidad, desconfiar de los testimonios interesados y reconstruir los acontecimientos mediante las piezas disponibles.

El procedimiento posee virtudes evidentes. Y es que obliga a formular preguntas incómodas, confrontar testimonios, buscar contradicciones y no aceptar una afirmación simplemente porque haya sido repetida durante décadas. En una historiografía en la cual la memoria política puede adquirir ocasionalmente la fuerza de una tradición, semejante ejercicio resulta saludable.

Pero un tribunal y el oficio de historiador no son exactamente la misma cosa.

El juicio penal busca establecer responsabilidades dentro de unas reglas procesales determinadas. La disciplina de la historia intenta comprender una realidad desaparecida cuyos actores actuaron dentro de estructuras políticas, económicas, culturales e ideológicas que también deben ser reconstruidas. El historiador no es solamente fiscal, abogado defensor ni jurado. Antes que pronunciar un veredicto, debe preguntarse cómo se produjo cada documento, quién lo produjo, para quién fue escrito, desde qué institución, con qué propósito, bajo qué relaciones de poder y qué silencios contiene.

Esta distinción resulta particularmente importante porque el libro utiliza una considerable diversidad de fuentes: expedientes judiciales, documentos del Partido Nacionalista, correspondencia privada, informes del FBI, periódicos como El Mundo, El Imparcial, La Nación y La Prensa, colecciones de la Universidad de Puerto Rico, documentación relacionada con Arthur G. Hays y correspondencia de figuras nacionalistas como José Monserrate Toro Nazario. Su bibliografía evidencia un esfuerzo investigativo considerable.

Precisamente por la riqueza documental de la obra, habría sido deseable una crítica de fuentes todavía más rigurosa y simétrica. Un documento del FBI no deja de ser problemático porque contradiga a un nacionalista; un testimonio policíaco no adquiere neutralidad porque haya sido pronunciado bajo juramento; un artículo de El Mundo o El Imparcial tampoco constituye una ventana transparente hacia el pasado. Del mismo modo, el testimonio de un nacionalista expulsado del partido puede resultar extraordinariamente valioso, pero su condición de disidente tampoco lo convierte automáticamente en observador imparcial.

La pregunta que Torres Ramírez formula a los historiadores simpatizantes de Albizu debe, por tanto, aplicarse también a su propia investigación: ¿con qué criterios se concede credibilidad a unas fuentes y se les retira a otras?

Cuando la inferencia comienza a convertirse en hecho

En diversos pasajes aparece una fórmula que merece atención: “it is reasonable to conclude”, es decir, “resulta razonable concluir”. No habría problema alguno con ello si el texto conservara siempre una frontera inequívoca entre hecho demostrado, inferencia probable e hipótesis. Pero en ocasiones esa distancia parece reducirse demasiado.

Un ejemplo significativo aparece cuando el propio autor reconoce que no existe evidencia directa que vincule a Albizu Campos con determinado atentado y, acto seguido, sostiene que es razonable concluir que lo autorizó, fundamentalmente por el control que ejercía sobre el partido y porque posteriormente no condenó el acto. En otro lugar, la obra sostiene que la iniciativa individual para cometer actos terroristas no era posible bajo lo que denomina el “régimen totalitario” de Albizu Campos.

Aquí surge un problema historiográfico fundamental. Entre una orden directa, una autorización, una aceptación posterior, una responsabilidad política, una responsabilidad moral y la acción autónoma de un militante existen diferencias que el historiador no debería borrar. Que una organización posea una estructura autoritaria puede hacer plausible determinada inferencia; no la convierte automáticamente en prueba de una orden que no ha sido documentada.

De lo contrario se corre el riesgo de construir un razonamiento circular: sabemos que Albizu controlaba absolutamente al partido porque ninguna acción importante podía realizarse sin su consentimiento; y sabemos que autorizó cada acción porque controlaba absolutamente al partido.

Ese tipo de conclusión exige más que plausibilidad.

Ponce: ¿puede un proceso judicial convertirse en la versión definitiva?

La discusión de la Masacre de Ponce constituye probablemente uno de los mejores lugares para observar las fortalezas y los límites del método utilizado. Torres Ramírez rechaza varias interpretaciones ampliamente aceptadas sobre los sucesos del 21 de marzo de 1937 y afirma que “la mejor evidencia” se encuentra en los dos procesos judiciales posteriores, porque la defensa pudo contrainterrogar a los testigos, presentar su propia prueba y contar, además, con abogados de gran experiencia como Ernesto Ramos Antonini y Víctor Gutiérrez Franquí.

Los expedientes judiciales son, indiscutiblemente, fuentes de enorme importancia. Pero denominarlos la mejor evidencia requiere cautela. Un juicio tampoco reproduce el pasado en estado puro. La evidencia que llega al tribunal ha atravesado investigaciones policíacas, decisiones fiscales, reglas de admisibilidad, estrategias de defensa, relaciones institucionales y circunstancias políticas concretas.

El propio material presentado por el libro revela testimonios contradictorios acerca de quién efectuó los primeros disparos y de si existieron órdenes policíacas de abrir fuego. Torres Ramírez intenta resolver esas contradicciones mediante testimonios, autopsias e incluso fotografías, lo que constituye uno de los esfuerzos reconstructivos más interesantes de la obra. Pero una fotografía tomada segundos después del inicio de un tiroteo puede aportar información; difícilmente puede hablar por sí sola. Toda fotografía tiene un ángulo, un instante, un campo visual y, sobre todo, aquello que quedó fuera del encuadre.

El problema no consiste en que Torres Ramírez cuestione interpretaciones establecidas. Él tiene pleno derecho a hacerlo y, más todavía, el deber de hacerlo si la documentación lo conduce en esa dirección. El problema surgiría si una reinterpretación fuera presentada como definitivamente probada cuando la propia documentación conserva ambigüedades.

El caso de la Comisión Hays y el peligro del presentismo

Más delicada todavía resulta la crítica a la Comisión presidida por Arthur Garfield Hays. Al evaluar aquella investigación de 1937, Torres Ramírez afirma que, “hoy”, una comisión semejante debería estar encabezada por una entidad imparcial e incluir jueces, abogados defensores, fiscales, representantes de las fuerzas del orden y especialistas forenses. A partir de ese modelo contemporáneo cuestiona la composición de la Comisión Hays.

Es precisamente aquí donde aparece uno de los riesgos que el historiador debe evitar: el anacronismo.

No podemos exigirle automáticamente a una comisión de 1937 que responda a los parámetros institucionales y forenses de 2026. Podemos evaluar sus limitaciones, sus intereses y sus procedimientos, pero primero debemos reconstruir los estándares de investigación existentes en su propio tiempo. De otro modo, el presente termina juzgando al pasado mediante reglas que los actores del pasado no necesariamente conocieron ni podían satisfacer.

El libro dedica además considerable espacio a la participación de Hays y la American Civil Liberties Union en la defensa de los derechos constitucionales de expresión y reunión de grupos nazis durante la década de 1930. Es un dato históricamente pertinente para conocer la trayectoria de Hays, pero por sí mismo no demuestra parcialidad en su investigación de Ponce. Defender jurídicamente el derecho a expresarse de una organización cuyos principios se detestan no equivale a compartir esos principios. Para convertir aquella información en evidencia sobre la Comisión de Ponce haría falta demostrar un vínculo causal más preciso entre esa experiencia y la manera en que Hays recopiló, seleccionó o interpretó las pruebas puertorriqueñas.

De lo contrario, la asociación amenaza con sustituir a la demostración.

El 95 por ciento que exige una explicación

Otro ejemplo ilustra la necesidad de distinguir cuidadosamente entre lo que los documentos permiten afirmar y lo que deseamos concluir de ellos. En la introducción, Torres Ramírez sostiene que más del 95 por ciento de la población puertorriqueña no apoyaba a Albizu Campos ni estaba de acuerdo con sus tácticas o con su mensaje violento.

Más adelante presenta un dato sólido: en las elecciones de 1932 el Partido Nacionalista recibió 5,257 votos de 383,722 emitidos, alrededor del 1.3 por ciento.

El segundo dato demuestra una debilidad electoral extraordinaria del Partido Nacionalista en 1932. Pero no permite afirmar automáticamente lo primero. Votar por un partido, simpatizar con una figura, favorecer la independencia, admirar a Albizu o aceptar sus métodos constituyen categorías distintas. Tampoco “electorado” y “población” son conceptos intercambiables.

La escasa votación nacionalista es un hecho. Convertirla en una medición precisa del porcentaje de puertorriqueños que rechazaba personalmente a Albizu o desaprobaba cada una de sus tácticas requiere evidencia adicional.

Ese pequeño salto entre evidencia y conclusión reaparece en diversos momentos de la obra y constituye, a mi juicio, uno de sus principales problemas metodológicos.

¿Fascismo, influencia fascista o semejanza formal?

Uno de los planteamientos más provocadores del libro consiste en examinar las posibles influencias fascistas en el nacionalismo albizuista. Sería un error despachar el asunto simplemente porque resulte incómodo. El autor presenta documentos, estructuras paramilitares, símbolos, referencias de la prensa y testimonios internos que merecen ser estudiados. Incluso reconoce que no existe una definición universal de fascismo y que la presencia aislada de determinados rasgos no basta para definir como fascista a un movimiento.

Especial importancia posee la correspondencia de José Monserrate Toro Nazario, un dirigente nacionalista que expresó preocupación por el autoritarismo, el anticomunismo y lo que percibía como aproximaciones al fascismo dentro de la dirección del movimiento. Es una fuente que no debe descartarse y que obliga a formular preguntas incómodas.

Pero precisamente porque la pregunta es legítima, la respuesta requiere extraordinaria precisión. Una camisa negra no convierte automáticamente a una organización en fascista. Tampoco lo hacen por sí solos el militarismo, el culto al dirigente, el nacionalismo radical o la disciplina partidista. Para demostrar una influencia ideológica sería necesario distinguir entre semejanza formal, apropiación táctica, circulación de ideas, contacto intelectual, influencia directa e identificación doctrinal.

En este aspecto, The Puerto Rican Myth abre un debate necesario, aunque en determinados momentos su lenguaje parece anticipar el veredicto antes de que haya terminado de demostrarlo.

El lenguaje también es evidencia

Los historiadores solemos examinar con cuidado las palabras utilizadas por nuestros documentos. Debemos aplicar idéntico cuidado a las nuestras.

Los propios títulos de varios apartados resultan reveladores: “A Sore Loser Is Sent Out of the Island on Tour”, “The “Bonds of the Republic” Scam”, “The Cult of the Dead”, “Chaos and the Discipline of the Whip”, “The Caudillo Must Be Obeyed”, “The Misnamed Río Piedras Massacre” o “The Mussolini-Like “March on San Juan””.

Ese vocabulario es más propio de una argumentación adversativa que de una exposición que pretenda mantenerse distante de su objeto. De nuevo, esto no hace falsos los documentos utilizados por el autor. Pero hace difícil aceptar sin reservas la caracterización que el propio libro hace de sí mismo como investigación “unbiased” -imparcial-.

El tono alcanza su mayor intensidad en el epílogo. Allí se describe el nacionalismo de los años treinta como un “train wreck”, en español sería literalmente: “un descarrilamiento ferroviario”, en términos idomáticos: “una catástrofe en cámara lenta”, se afirma que Albizu utilizó a sus seguidores como instrumentos, y se le compara desfavorablemente con Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y Fidel Castro. La comparación con Castro resulta especialmente problemática: el comportamiento de Fidel Castro después del ataque al Moncada en 1953 se utiliza como vara para juzgar la conducta procesal de Albizu en 1936. Se comparan actores distintos, momentos distintos, sistemas judiciales distintos y estrategias revolucionarias distintas.

Más revelador todavía es que una obra cuyo marco cronológico se presenta como 1930-1939 termine recurriendo a los acontecimientos de 1950 y a un testimonio posterior que califica a Albizu de “cobarde” para cerrar su juicio sobre el personaje. La cita posee valor como testimonio de un antiguo nacionalista, pero colocada como colofón adquiere una función retórica mucho mayor: ya no solamente documenta una opinión; contribuye al veredicto moral del libro.

Albizu Campos entre la historia y la memoria

Al llegar a este punto debo reconocer mi propia posición. No creo que la grandeza histórica de Pedro Albizu Campos dependa de demostrar que nunca se equivocó. Tampoco considero que respetar su memoria obligue a justificar toda palabra pronunciada en su nombre, toda estrategia política o todo acto cometido por quienes se identificaron con el nacionalismo.

Pero tampoco puedo aceptar que su significado histórico quede reducido a una suma de expedientes criminales, conflictos internos, derrotas electorales o testimonios adversos.

Albizu Campos se convirtió en símbolo porque encarnó, para muchos puertorriqueños, una disposición radical a colocar la independencia, la dignidad nacional y la defensa de la cultura por encima de su comodidad personal. Y es que su sacrificio pertenece ya a la memoria histórica de Puerto Rico. Puede discutirse su estrategia; pueden investigarse sus decisiones; pueden cuestionarse sus ideas y sus métodos. Eso es precisamente lo que debe hacer la historia. Pero existe una distancia considerable entre desmitificar y menospreciar.

Si la intención de Torres Ramírez es impugnar la imagen tradicional de Pedro Albizu Campos, esa es su tesis y sobre él recae la responsabilidad de demostrarla documentalmente. Las caracterizaciones descalificadoras que aparecen en The Puerto Rican Myth pertenecen al autor. Esta reseña las consigna porque forman parte sustancial del libro y las somete a examen; no las adopta como propias.

Del mismo modo, mi respeto por la figura de Albizu Campos tampoco puede convertirse en criterio de veracidad. Un historiador que selecciona únicamente aquello que desea encontrar deja de interrogar el pasado y comienza a utilizarlo. Tan impropio sería ocultar un documento porque perjudica a Albizu como exagerar otro porque contribuye a derribarlo.

Un libro que debe discutirse

The Puerto Rican Myth es un libro provocador, abundantemente documentado y destinado a generar controversia. Su mayor virtud consiste quizás en obligar a regresar a las fuentes. Torres Ramírez rescata conflictos internos del nacionalismo, testimonios de disidentes, expedientes judiciales, documentos partidistas, correspondencia privada y una enorme cantidad de prensa de época. No todo lo que plantea puede descartarse porque contradiga la memoria construida alrededor de Albizu Campos. Hacerlo sería responder al libro precisamente con el tipo de dogmatismo que el autor denuncia.

Pero tampoco puede aceptarse que la abundancia documental equivalga automáticamente a objetividad. Frente a un acercamiento que parece trasladar al pasado la lógica probatoria del tribunal, el historiador debe regresar a una pregunta elemental, pero profundamente exigente, que recuerda la práctica historiográfica de Gervasio García: ¿qué dicen los documentos?

La pregunta, sin embargo, no termina ahí. También habría que interrogar quién los produjo, para qué fueron producidos, desde qué posición de poder fueron escritos, qué circunstancias explican su lenguaje, qué intereses pudieron condicionarlos y, acaso más importante todavía, qué silencios contienen.

Un informe policíaco, un expediente judicial, una noticia de prensa, una carta privada o un documento del FBI no constituyen por sí mismos «los hechos»; son huellas del pasado que deben ser sometidas a crítica interna y externa, confrontadas con otras evidencias y situadas dentro de las circunstancias históricas que les dieron origen.

Los documentos no hablan solos: el historiador los interroga. Alguien los selecciona, los ordena, los relaciona y les concede significado. Por eso, la evidencia no elimina la interpretación; la obliga a ser más rigurosa. El verdadero problema metodológico no consiste únicamente en determinar si un documento dice la verdad o miente, como podría plantearse ante un jurado, sino en comprender qué realidad histórica permite reconstruir, hasta dónde alcanza su capacidad probatoria y en qué momento termina el documento y comienza la inferencia del investigador. Allí reside una diferencia fundamental entre construir un caso y escribir historia.

Ahí reside la gran paradoja de esta obra. Torres Ramírez advierte acertadamente sobre el peligro de convertir la historia en un “relato correcto”, pero en su empeño por desmontar una narrativa corre ocasionalmente el riesgo de levantar otra. Frente al Albizu convertido exclusivamente en mártir aparece, por momentos, un Albizu convertido casi exclusivamente en acusado.

Entre ambos extremos permanece el personaje histórico.

Quizás esa sea la tarea que The Puerto Rican Myth, aun involuntariamente, vuelve a colocar ante nosotros: regresar a Pedro Albizu Campos sin miedo a encontrar sus contradicciones, pero también sin necesidad de arrancarlo de la historia que hizo posible su aparición. Investigar sus aciertos y sus errores, sus palabras y silencios, sus seguidores y adversarios, la violencia nacionalista y también la violencia del poder colonial que lo enfrentó.

Porque el oficio del historiador no consiste en fabricar santos ni demonios.

Tampoco consiste en sentar a los muertos en el banquillo para dictarles una sentencia ochenta años después.

Consiste en acercarse a ellos con todas las fuentes disponibles, reconocer lo que podemos demostrar, admitir aquello que todavía no sabemos y resistir la tentación de hacer que el pasado pronuncie exactamente las palabras que nosotros deseábamos escuchar.

La historia no tiene la obligación de absolver a Pedro Albizu Campos. Pero tampoco tiene derecho a condenarlo de antemano. La obligación, mucho más difícil, es comprenderlo: mirarlo en la totalidad de sus luces y sus sombras, escuchar tanto las voces de quienes lo siguieron como las de quienes lo adversaron y reconocer, detrás del dirigente político, al ser humano que decidió colocar su vida al servicio de una idea de patria. Porque cuando se apaga el ruido de las controversias y cerramos por un instante los expedientes, las carpetas, los periódicos y los testimonios, permanece una pregunta que ningún documento puede contestar por sí solo: ¿por qué un hombre llegó a significar tanto para la memoria de un pueblo? Tal vez allí comience la tarea más profunda del historiador.

Y acaso por eso Albizu Campos continúa caminando entre nosotros. No porque la historia haya decretado su perfección, sino porque existen figuras que, con todas sus contradicciones, terminan convirtiéndose en parte del horizonte moral de una nación. Podremos discutir sus estrategias, revisar sus decisiones y cuestionar sus palabras; lo que difícilmente podremos borrar es la huella de quien estuvo dispuesto a pagar con su libertad, su cuerpo y finalmente con su vida el precio de aquello en lo que creyó. Frente a esa dimensión humana, la última palabra no debería ser absolución ni condena, sino comprensión.

Porque la historia, cuando verdaderamente cumple su oficio, no levanta patíbulos ni construye altares: enciende lámparas. Y bajo esa luz quizá podamos contemplar a Pedro Albizu Campos no como el santo que algunos quisieron preservar ni como el acusado que otros pretenden sentar eternamente en el banquillo, sino como un hombre de su tiempo que decidió enfrentarse a las fuerzas de su época y que, aun después de muerto, continúa obligándonos a preguntarnos qué significan la dignidad, la patria y la libertad. Mientras esas preguntas permanezcan vivas, Pedro Albizu Campos tampoco pertenecerá enteramente al pasado.

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Dr. Carlos I. Hernández Hernández

Historiador Oficial de Puerto Rico.Ver artículos de Dr. Carlos I. Hernández Hernández