Fundación Juan Mari Brás defiende la vigencia del certificado de ciudadanía puertorriqueña
La Fundación Juan Mari Brás defendió la vigencia y el valor jurídico del Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña que expide el Departamento de Estado de Puerto Rico, en respuesta a una resolución presentada en la Cámara de Representantes que busca ordenar el cese de su expedición por considerarlo incompatible con el ordenamiento jurídico vigente
La Fundación Juan Mari Brás defendió la vigencia y el valor jurídico del Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña que expide el Departamento de Estado de Puerto Rico, en respuesta a una resolución presentada en la Cámara de Representantes que busca ordenar el cese de su expedición por considerarlo incompatible con el ordenamiento jurídico vigente.
La organización sostuvo que el certificado no constituye únicamente un documento administrativo, sino que está vinculado al reconocimiento histórico y jurídico de la ciudadanía puertorriqueña.
El propio Juan Mari Brás (1927-2010) escribió en su momento: “Hoy nosotros sostenemos que la ciudadanía de Puerto Rico reconocida a los puertorriqueños por la Ley Foraker de 1900 es una de carácter nacional y es la que corresponde a los puertorriqueños tanto bajo el Derecho de Gentes o Natural, como bajo el Derecho Internacional positivo, que incluye -en lo que a Estados Unidos respecta- el Tratado de París de 1898, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Interamericana de Derechos de los Ciudadanos de este hemisferio”.
Mari Mari Narváez, directora de la Fundación Juan Mari Brás, indicó que la defensa de la ciudadanía puertorriqueña se sustenta tanto en consideraciones relacionadas con la identidad nacional como en argumentos jurídicos y constitucionales.
“La defensa de la ciudadanía puertorriqueña y de su correspondiente certificado emitido por el Departamento de Estado de Puerto Rico se fundamenta en nuestra identidad nacional reconocida internacionalmente a través de nuestros representantes en diversos ámbitos culturales, académicos, científicos, deportivos, así como en argumentos jurídicos, constitucionales e internacionales de gran solidez”, expresó Narváez.
“Hoy, la ciudadanía puertorriqueña posee una base jurídica e implicaciones internacionales pragmáticas que no pueden borrarse de un plumazo por las inseguridades políticas de los políticos del patio, que observan impotentes la fragilidad de la llamada ciudadanía estadounidense de las personas en Puerto Rico. Esas inseguridades por los vaivenes de la política colonial no pueden pretender destruir la única ciudadanía que tenemos las personas de Puerto Rico por derecho propio y natural y que es a prueba de cualquier desenlace político en nuestro país: nuestra nacionalidad y la ciudadanía puertorriqueña”, añadió.
Por su parte, la Lcda. Wilma Reverón Collazo, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Juan Mari Brás, atribuyó la iniciativa legislativa a las diferencias existentes en torno al concepto de nacionalidad puertorriqueña.
“Los que promueven esta resolución lo hacen ante la evidencia incontestable de la vitalidad y orgullo patrio con que la mayoría de los puertorriqueños celebran su nacionalidad y su cultura. No soportan ver cómo el mundo admira, reconoce y celebra la nacionalidad puertorriqueña en todo su esplendor”, afirmó.
“Podrán aprobar resoluciones en contra del Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña pero no podrán borrar el contenido de esa ciudadanía. Esa ciudadanía tiene reconocimiento en organismos internacionales como el Comité de Descolonización de la ONU que año tras año se expresa reconociendo la identidad latinoamericana y caribeña del Pueblo de Puerto Rico”, agregó Reverón Collazo.
La controversia sobre la ciudadanía puertorriqueña
La Fundación también hizo referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Ramírez de Ferrer v. Juan Mari Brás (1997), como parte de los fundamentos utilizados para sostener que la ciudadanía puertorriqueña posee una dimensión jurídica distinta a la ciudadanía estadounidense.
En ese caso, el Tribunal Supremo atendió la controversia relacionada con el derecho al voto de Juan Mari Brás luego de que este renunciara formalmente a la ciudadanía estadounidense. La decisión reconoció su derecho a continuar participando en las elecciones de Puerto Rico.
La organización señala además como antecedentes la Ley Foraker de 1900, que estableció un gobierno civil en Puerto Rico después de la guerra hispano-estadounidense, y la Ley Jones de 1917, mediante la cual el Congreso de Estados Unidos extendió la ciudadanía estadounidense a los habitantes de Puerto Rico.
Desde la perspectiva de la Fundación, estos antecedentes permiten argumentar que la ciudadanía puertorriqueña y la estadounidense tienen orígenes jurídicos distintos.
Debate sobre la ciudadanía estadounidense en los territorios
La Fundación también vinculó el debate local con propuestas presentadas en el Congreso de Estados Unidos relacionadas con la ciudadanía por nacimiento en los territorios.
Entre ellas mencionó un proyecto presentado por el representante republicano de Virginia Morgan Griffith, denominado End Birthright Citizenship for Territories Act. Según la descripción incluida por la organización, la medida limitaría la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico y otros territorios a partir del 1 de enero de 2027.
Bajo la propuesta, los niños nacidos en Puerto Rico a partir de esa fecha obtendrían la ciudadanía estadounidense por nacimiento únicamente si al menos uno de sus progenitores fuera ciudadano estadounidense o residente permanente.
El proyecto busca, según su planteamiento, “aclarar las leyes de ciudadanía por nacimiento de Estados Unidos en los territorios y combatir a los ciudadanos extranjeros que buscan obtener la ciudadanía en los territorios estadounidenses”.
“Es evidente que la ciudadanía estadounidense es frágil porque es colonial”, expresó Narváez. “Y la única solución para esa fragilidad es la autodeterminación y descolonización de Puerto Rico. Esa debe ser la única motivación de los políticos electos al momento de abordar este tema: abogar por un proceso de descolonización que cumpla con los estándares internacionales y libere por fin a Puerto Rico de su condición de súbdito”.
Reverón Collazo sostuvo, por su parte, que cualquier decisión relacionada con la expedición del certificado no modificaría el sentido de identidad nacional de quienes se reconocen como puertorriqueños.
“La pretensión de atentar contra la identidad y nacionalidad puertorriqueña mediante la eliminación de la expedición de los certificados de ciudadanía no tendrá efecto alguno en nuestra identidad y orgullo boricua, y recibirá el más amplio repudio de toda nuestra comunidad y de nuestra cultura, así como las correspondientes repercusiones políticas para quienes desconocen nuestras raíces, historia, cultura y valores boricuas”, concluyó.
Foto principal: Juan Mari Bras. Facebook FJMB.
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