Puerto Rico al límite: la crisis que está despertando a una nación

La crisis del agua, los apagones, el deterioro institucional y el agotamiento del modelo territorial alimentan un renovado debate sobre soberanía, autogobierno y el futuro político del país

 Por Javier Hernández

Es un autor, escritor, empresario, asesor y defensor de la soberanía nacional y la descolonización puertorriqueña radicado en Nueva Jersey y Puerto Rico. Sus libros incluyen “PREXIT: Forjando el camino a la soberanía puertorriqueña” y “Puerto Rico: Hacia una economía nacional soberana.”

Puerto Rico enfrenta una crisis que trasciende problemas aislados: falta de agua en los hogares, apagones frecuentes, infraestructura en deterioro, escándalos políticos y una economía restringida por estructuras territoriales que la isla no controla. Las familias deben improvisar para cubrir necesidades básicas, mientras crece la percepción de que tanto el Gobierno de Puerto Rico como Washington no comprenden la magnitud del agotamiento colectivo.

La crisis del agua quizás presenta la imagen más impactante. En agosto, más de 180,000 hogares enfrentaron hasta 48 horas sin suministro debido al racionamiento causado por la sequía y problemas en el sistema. WIRED reportó que algunas familias habían soportado más de cien días con servicio irregular y que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pierde aproximadamente el 60 por ciento del agua potable antes de que llegue a los usuarios, principalmente debido a tuberías deterioradas y otras fallas en la infraestructura.

No se puede atribuir todo únicamente a la naturaleza.

Las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez fueron especialmente firmes. En una declaración conjunta del 13 de agosto, señalaron que la crisis no se debe solo a la sequía, sino también a décadas de “federal neglect and mismanagement”, es decir, abandono federal y mala gestión. Además, alertaron de que casi $30,000 millones en ayuda federal por desastres están pendientes de ser entregados, mientras las familias puertorriqueñas siguen racionando agua.

La crisis hídrica se agrava con la prolongada crisis energética. En julio, la Oficina de Rendición de Cuentas de EE. UU. (GAO, por sus siglas en inglés) informó que, casi diez años después del huracán María, millones de puertorriqueños todavía enfrentan apagones y una red eléctrica inestable que no garantiza su estabilidad. Las protestas contra LUMA Energy se han consolidado como una presencia habitual en el escenario político de Puerto Rico. Además, The Guardian reportó manifestaciones frente a La Fortaleza que exigían poner fin a la relación con el operador de la red eléctrica.

Mientras tanto, el gobierno colonial de Jenniffer González enfrenta su propia crisis política. Associated Press informó en junio sobre acusaciones de corrupción, interferencia gubernamental y conflictos de interés que han llevado a investigaciones y una serie de renuncias dentro de su administración. Más de diez funcionarios dejaron una de las principales agencias económicas y, posteriormente, altos funcionarios de La Fortaleza también presentaron su dimisión. Aunque las alegaciones siguen siendo investigadas, algunos de los implicados las han negado.

Todo esto sucede dentro de una estructura política única, colonial y corrupta. El Council on Foreign Relations describe a Puerto Rico como un territorio estadounidense que enfrenta una crisis económica y social en varios frentes. Los puertorriqueños están sujetos a leyes federales, pero no pueden votar por el presidente de EE. UU., carecen de representación plena en el Congreso y no controlan por completo su política comercial. Esa contradicción importa. 

Cuando Washington habla de la “democracia” a nivel mundial, Puerto Rico todavía se encuentra en una posición política y colonial subordinada. En emergencias, dependemos de decisiones tomadas a más de 1,500 kilómetros de San Juan por oficiales estadounidenses que no conocen a Puerto Rico ni lo pueden encontrar en un mapa. Cuando el Congreso decide sobre el comercio, los programas federales, la deuda o las relaciones económicas, Puerto Rico no tiene voz ni los poderes políticos habituales de una nación soberana.

En este contexto, ocurre algo muy significativo: el resurgimiento de la conciencia nacional puertorriqueña.

Durante décadas, la soberanía nacional fue vista como una aspiración secundaria destinada a desaparecer. Sin embargo, los eventos recientes desafían esa visión. El Council on Foreign Relations señala que el apoyo electoral a la independencia creció notablemente en 2024, alcanzando cerca del 31 por ciento en el plebiscito de estatus (antes de que Dominion y el PNP cambiaran los resultados). En 2024, el 43 por ciento apoyó la soberanía nacional —independencia y libre asociación—. El cambio es todavía más visible entre los jóvenes.

Un estudio citado por LA Progressive, basado en una encuesta entre universitarios puertorriqueños, reveló que el 30 por ciento apoya la independencia, el 22 por ciento la libre asociación y solo el 15 por ciento respalda la estadidad. Además, The Guardian reportó en abril el crecimiento de organizaciones juveniles independentistas y explicó cómo María, los problemas energéticos, el desplazamiento económico y la relación territorial han llevado a una nueva generación a cuestionar el sistema político actual.

Incluso Jacobin, al analizar la historia del independentismo en Puerto Rico, resaltó que el movimiento está creciendo significativamente entre los jóvenes y que el apoyo electoral a Dalmau en 2024 representó un cambio importante.

No implica que Puerto Rico haya llegado a un acuerdo sobre la soberanía. No ha ocurrido todavía. Tampoco significa que todos los que protestan contra el Gobierno, LUMA o la crisis del agua sean independentistas. Sería incorrecto afirmarlo.

Pero algo sí ha cambiado: la soberanía nacional dejó de ser políticamente impensable. Se habla de la soberanía en Puerto Rico, la diáspora, el Congreso e incluso a nivel mundial.

Una generación se pregunta por qué una nación con más de cinco siglos de historia, una cultura e identidad nacional propias, una diáspora influyente, universidades, empresarios, científicos, artistas y profesionales debe seguir aceptando que decisiones clave sobre su futuro sean tomadas en otra capital por extranjeros que no quieren saber de Puerto Rico e ignoran el sufrimiento del pueblo.

Las protestas actuales van más allá de los reclamos por agua o electricidad. Reflejan una crisis más amplia de legitimidad y confianza. Cada apagón, cada familia que transporta galones de agua, cada escándalo gubernamental y cada promesa incumplida hacen que Puerto Rico se pregunte qué clase de país desea ser. Washington debería prestar atención. 

Un pueblo puede tolerar la pobreza, los huracanes, los apagones y a malos gobernantes durante mucho tiempo. Sin embargo, rara vez puede soportar la sensación de impotencia ante su propio destino durante toda su vida. Puerto Rico está redescubriendo algo que nunca desapareció por completo: su conciencia de ser una nación.

De Lares a Vieques, de las comunidades que defendieron sus playas a las multitudes que expulsaron a un gobernador en 2019, la historia puertorriqueña demuestra una extraordinaria capacidad de resistencia cívica.

Hoy esa resistencia se manifiesta nuevamente, no como nostalgia, sino como una pregunta profundamente democrática: ¿por qué Puerto Rico no puede autogobernarse por completo?

Nuestra bandera no representa una dependencia administrativa ni una “jurisdicción”, como afirman algunos asimilistas. Representa un pueblo, una nación.

Nuestra cultura no pertenece a Washington. Nuestra tierra no pertenece a intereses externos. Y nuestro futuro no tiene por qué permanecer indefinidamente subordinado a decisiones ajenas.

Puerto Rico está sufriendo, pero también está despertando.

Y quizás esta crisis finalmente impulse la determinación nacional de transformar más de un siglo de resistencia colonial en algo mucho más fuerte: la decisión democrática y patriótica de dirigir nuestro propio destino.