El sistema energético tiene que ser público

Son muchos los ejemplos de por qué este servicio público esencial no puede estar en manos privadas

Cuando Genera propuso la adquisición de generación temporera mediante combustibles fósiles, principalmente gas natural licuado, que resultó en la adjudicación de un contrato a Power Expectations por $5,000 millones, dejó claro, nuevamente, por qué los servicios esenciales no pueden estar a la merced de contratos millonarios. Mientras enfrentamos una crisis energética, este contrato enfrenta serias alegaciones de fraude, como falsificación de firmas, ausencia de garantía de los contratos y firmas fraudulentas. Esto también expone serias fallas sistémicas en los procesos de autorización, evaluación y otorgación de contratos de energía por parte de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica, que ameritan ser evaluadas rigurosamente. Junto a la compañera Adriana Gutiérrez, enviamos una carta la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes solicitando la celebración de vistas públicas para investigar los procesos relacionados con los contratos para la compra de energía a Power Expectations y otras compañías.

Esta situación no es un hecho aislado, es parte del plan de privatización impulsado por el bipartidismo. Es dentro de dicho modelo que opera Genera PR, cuya gestión de la generación eléctrica ha estado marcada por propuestas que profundizan nuestra dependencia de los combustibles fósiles, lo que resulta particularmente preocupante en el caso de AES, que representa una amenaza ambiental y de salud pública. Mientras se sostiene que será convertida próximamente a gas natural, la empresa gestiona fondos federales para modernizar y extender la operación de su instalación de generación a base de carbón.

La continuación del contrato con Genera representa un riesgo para los intereses del pueblo puertorriqueño. La quiebra de New Fortress evidencia que ya no cuenta con la solidez financiera exigida para ser el garantizador de su subsidiaria y tiene serias implicaciones. La importancia de la seguridad financiera del garantizador es esencial para salvaguardar el interés público. Ante esto, insistimos en la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 390 para terminar con el contrato de Genera.

Reiteramos igualmente la aprobación del Proyecto de la Cámara 797, de la autoría de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, para devolver el poder y el control del sistema eléctrico al pueblo de Puerto Rico.


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