Ceuta, radiografía de un mes de caos: “Fue un error de cálculo darlo por zanjado cuando se volvieron a Marruecos 70.000”
“Pensamos que, si en dos días habían vuelto tantos, en una semana eso estaba liquidado”. elDiario.es reconstruye los detalles y las fechas clave de la gestión de una crisis que estalló el 30 de julio, que ahora se agrava con estallidos de violencia y que mantiene acorralado al Ejecutivo de Sánchez por sus propios errores y por la ofensiva del PP y Vox
29 de agosto de 2026 21:46 h
Actualizado el 30/08/2026 05:30 h
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Un ataque fronterizo instigado por redes sociales que no se supo predecir y una crisis migratoria posterior que no se supo calibrar. Y todo en pleno mes de agosto, con la administración a medio gas por las vacaciones de verano. Esa es la principal conclusión que se comparte de puertas hacia dentro entre los distintos departamentos del Gobierno implicados en la gestión de un problema que hoy mantiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez contra las cuerdas. Estabilizada la frontera, un mes después quedan en las calles de Ceuta miles de personas que se enfrentan a un largo proceso administrativo antes de poder ser acogidas o retornadas. Y que permanecen varadas en una ciudad desbordada, hastiada por la alteración radical de su hábitat y en la que, lo que es peor, empiezan a estallar episodios de violencia racista.Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI por Ceuta y anuncia que el PP se personará en la causa judicial en la Audiencia Nacional
Todo se desencadenó la mañana el 30 de julio, cuando ya se respiraba en la política española un ambiente parecido al de un fin de curso. Lo previsto aquella mañana, víspera de las vacaciones de verano, era una especie de tregua política tras un ejercicio especialmente corrosivo para Pedro Sánchez, coronado con la peor ola de incendios en tres décadas. Pero nada más lejos de la realidad. La fecha del 30 de julio de 2026 ya está marcada en rojo como la crisis fronteriza más grave documentada en la historia reciente en España. Y amenaza con convertirse en un callejón sin salida para un Gobierno acorralado por los errores de su propia gestión y por la ofensiva de PP y Vox, que han encontrado en Ceuta el contexto perfecto para abrirle otra vía de agua al Ejecutivo.
La sensación generalizada en el Gobierno es que se reaccionó tarde, que el tiempo perdido ha complicado mucho las cosas y que la actitud de Europa y la presión del PP (y de un Vivas mucho más hostil que en crisis anteriores), les deja en una situación imposible. Y no solo desde el punto de vista de la mera gestión migratoria. También desde un enfoque político, con la imagen de un Ejecutivo que no supo actuar a tiempo en un tema de especial sensibilidad para la opinión pública. “Nos volcamos en la crisis fronteriza y con la migratoria hubo un error de cálculo”, asumen en el Gobierno.
Lo que sigue a continuación es una reconstrucción de la gestión de la crisis en sus fechas clave, con información obtenida de una decena de fuentes al más alto nivel, tanto en la ciudad autónoma como en el Gobierno central. Y que arranca con un precedente que resulta trascendental para comprender lo ocurrido: la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones migratorias en frontera.
8 de julio. La sentencia del Supremo
“Quien entra por mar no supera un elemento de contención fronterizo en el sentido literal del precepto, y, por tanto, no puede ser objeto de rechazo en frontera”. Si hay que buscar el origen exacto de la crisis fronteriza en Ceuta, seguramente esté en esta frase de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio. La resolución judicial tiene que ver con el caso de un ciudadano argelino que entró a nado a Ceuta el 14 de noviembre de 2024 y que fue devuelto a Marruecos de forma inmediata por las autoridades españolas. Una actuación que ahora el alto tribunal concluye como irregular y que cambia de forma radical el paradigma de la seguridad fronteriza.
Las consecuencias son inmediatas. La prensa local ceutí, pero también el gobierno de la propia ciudad autónoma e incluso la Delegación del Gobierno central, comienzan a reportar un incremento constante y progresivo de entradas a nado por El Tarajal, aunque nada ni remotamente parecido a lo que acabaría sucediendo el 30 de julio. Para hacer frente al nuevo escenario, en cualquier caso, el Ministerio del Interior ordena entonces un refuerzo de 70 efectivos: 60 dedicados a funciones de seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 dedicados al control fronterizo marítimo. Además, se destinan siete embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, con sus correspondientes tripulaciones compuestas por casi 30 agentes: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y cinco embarcaciones semirrígidas.
Pero la situación empeora conforme transcurre el mes de julio. En un comunicado conjunto, el Gobierno local de Vivas y la Delegación del Gobierno en Ceuta hablan el 27 de julio de una “emergencia migratoria” que requiere “una respuesta extraordinaria e inmediata” tras la entrada de mil personas a nado en una semana. Ese mismo día, Juan Jesús Vivas mantiene una conversación telefónica con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.
Según el ejecutivo ceutí, Vivas había reclamado poder hablar con el presidente del Gobierno para trasladarle personalmente su preocupación por la deriva en la frontera, pero fue derivado a su jefe de gabinete. Según Moncloa, en esa conversación (que acotan a unos pocos minutos), el presidente de Ceuta reporta datos de entrada que no resultan llamativos respecto a la situación fronteriza de otros veranos, cuando siempre se produce un repunte de entradas. Y añaden que, en cualquier caso, se da traslado a Interior. Nadie entonces es capaz de calibrar la magnitud de lo que ocurriría tres días después.
La vía directa de comunicación sobre la situación fronteriza esas semanas previas se establece entre la Delegación del Gobierno y la secretaria de Estado de seguridad, Aina Calvo. Porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sumerge durante todo el mes de julio en la gestión de la peor ola de incendios en 30 años: el fuego arrasa 77.000 hectáreas entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo en uno de los peores episodios registrados jamás en el centro de la Península.
Es Marlaska quien declara la emergencia de nivel nacional (nivel 3) por el fuego y quien, por tanto, asume la dirección operativa en coordinación sobre el terreno con el general jefe de la UME. El día 29, en una entrevista en La Sexta a colación de los incendios, le preguntan también por la situación en Ceuta que denuncia Vivas: “Las relaciones con Marruecos son cercanas, basadas en la lealtad. Y ellos trabajan de manera denodada por limitar las salidas irregulares. Es una situación excepcional que estamos afrontando con los medios que tenemos allí dispuestos de forma permanente. Estoy convencido de que en breve podremos solventarlo”. Faltaban menos de 24 horas para el cruce masivo.
30 de julio. Fin de la emergencia por el fuego, principio de la emergencia en Ceuta
El 30 de julio amanece con buenas noticias, pero no durarán mucho tiempo. El parte meteorológico da por fin un respiro. La cuarta ola de calor afloja, se reducen los vientos y cesan las tormentas secas. El Gobierno rebaja la emergencia de los incendios a nivel 2 y Moncloa organiza en la agenda de Pedro Sánchez una visita in situ al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila). A las once en punto de la mañana interviene públicamente el presidente para confirmar que la emergencia nacional queda atrás. En las imágenes oficiales que distribuye Moncloa en sus redes sociales, se aprecia a la espalda del presidente al ministro de Interior pendiente de su teléfono móvil durante la comparecencia.https://www.instagram.com/reel/DbanqWIMtrl/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=1280&rd=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es&rp=%2Fpolitica%2Fceuta-radiografia-mes-caos-error-calculo-darlo-zanjado-volvieron-marruecos-70-000_1_13473903.html#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A954.6000000000931%2C%22ls%22%3A742.3000000000466%2C%22le%22%3A950.6000000000931%7D
Es allí, en Navaluenga, donde el ministro y el presidente del Gobierno se enteran de la alerta en Ceuta. La casualidad hace que se encuentren juntos cuando el teléfono de Grande-Marlaska empieza a echar humo. Son la once y media de la mañana y desde la Delegación del Gobierno y desde los altos mandos de la Policía y la Guardia Civil se reportan las impactantes imágenes que empiezan a llegar en directo desde el paso fronterizo del Tarajal. Miles de personas agolpadas y cruzando a nado o por el espigón desde Marruecos a suelo español. Los primeros cálculos que se trasladan dejan atónitas a las autoridades: 250 personas por minuto. El ministro y el presidente regresan a Madrid para atender la emergencia y tomar las primeras decisiones.
Marlaska convoca a la una de la tarde a una reunión de urgencia a la plana mayor de Interior, con secretarios de Estado y directores generales. Antes, habla personalmente por teléfono con el ministro del Interior de Marruecos. En Moncloa, Sánchez convoca también a su equipo más cercano. Habla, ahora sí, personalmente con Juan Jesús Vivas. Se estudian todos los escenarios posibles y se evalúa también la situación con la información que llega en tiempo real desde Marruecos, principalmente a través de la interlocución de Marlaska y Albares con sus homólogos de Interior y Exteriores. Sobre la mesa se pone la posibilidad de convocar de urgencia ya en ese momento un Consejo de Seguridad Nacional. Y se descarta. La decisión final es que el presidente del Gobierno se traslade a Ceuta al día siguiente.
31 de julio. Sánchez visita Ceuta: “Ataque a la integridad de España”
El presidente del Gobierno y el ministro del Interior comparten avión para viajar a Ceuta a primera hora del viernes 31 de julio. Cuando aterrizan, la situación permanece fuera de control. Decenas de miles de personas recorren de un extremo a otro una ciudad cerrada a cal y canto. Ni tiendas, ni supermercados, ni oficinas. Nada funciona en Ceuta en esas primeras horas de colapso. La imagen que describen desde los equipos de Sánchez y Marlaska que les acompañaron en esa visita resulta esclarecedora: “Fue una sensación de desborde absoluto. Apenas se podía transitar por las calles porque estaban repletas de gente agolpada que había cruzado la frontera. Eran más de 70.000 personas sin tener a dónde ir en una ciudad de 80.000 habitantes”. En ese momento aún no se tienen datos fidedignos, pero se calcula ahora que asciende a 140 el número de personas muertas en la frontera.
Sánchez y Marlaska se reúnen con el presidente Vivas. El jefe del Ejecutivo comparece en público: “Lo sucedido se define como un ataque y una violación de la integridad territorial de España”. Los contactos diplomáticos entre España y Marruecos se suceden al más alto nivel durante esas horas. Pedro Sánchez regresa a Moncloa ese mismo día. El ministro del Interior se queda en Ceuta al frente de un operativo que es, ante todo, de seguridad fronteriza.
Y llega otro mazazo. En pleno estallido de la crisis, un numeroso grupo de socios europeos liderados por la italiana Giorgia Meloni le da la espalda a España. Plantean abiertamente suspender el espacio Schengen de libre circulación en nuestro país por la situación en Ceuta. Se apresuran a secundar a Meloni los gobiernos de República Checa, Dinamarca o Finlandia. A la crisis fronteriza se acaba de sumar una de reputación internacional, por las imágenes de la frontera sur, y otra diplomática de primer nivel con gran parte de la UE.
1 de agosto. Retorno a Marruecos, crisis con la UE
El 1 de agosto, Pedro Sánchez se pone también al frente de la durísima crisis abierta con la UE. Contacta personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los pocos apoyos que mantiene intacto el líder español entre sus socios. Y eleva una enérgica queja a Bruselas. En una carta, Sánchez lamenta la reacción “egoísta, polarizadora e ilícita” de varios de los países de la Unión. Y reclama una reunión urgente de los Ministerios del Interior de los 27 para “establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros”.
En esa carta, Sánchez asegura que su Gobierno ha logrado “restablecer plenamente el control sobre la frontera” y que lo ha hecho gracias a la cooperación de Marruecos. En efecto, la inmensa mayoría de las personas que cruzaron a nado o a pie El Tarajal el 30 de julio deciden volverse. Aunque el Ejecutivo ensalza en público esa colaboración del gobierno marroquí para un retorno masivo de decenas de miles de personas en apenas 48 horas, desde los departamentos ministeriales implicados en la gestión de la crisis restan heroica al operativo: “Decidieron volverse ellos mismos porque se encontraron una ciudad en la que no podían ni comprar comida, ni agua. Y en la que obviamente no se encontraron lo que les habían prometido, aunque es verdad que la policía marroquí facilitó ese regreso por la frontera”.
Es también el 1 de agosto cuando Marlaska ordena el comienzo de instalación del sistema provisional de contención marítima: una línea de boyas de 730 metros para delimitar en el agua el espacio fronterizo como respuesta a la sentencia del Supremo del 8 de julio, tres semanas antes. El presidente del Gobierno se traslada a la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, para iniciar sus vacaciones de verano.
2 de agosto. “Un error de cálculo”
En esa carta que Pedro Sánchez remite el día 1 a la presidenta de la Comisión Europea, expone algunos datos que el paso del tiempo ha demostrado incorrectos. Sánchez cifra en esa misiva en 50.000 el número de personas que pasaron de manera irregular a suelo español. Y añade que se había logrado “devolver a prácticamente todos”. Ninguno de los dos datos eran ciertos, pero la información que manaba desde las fuentes del Ministerio del Interior en esas primeras horas así lo trasladaban.
Ese 2 de agosto por la tarde, de hecho, el ministro del Interior decide regresar a Madrid. Lo hace porque, según traslada públicamente, “la situación se ha revertido casi en su totalidad”. En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Marlaska asegura que “todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro de que así no se entra en España”. Y que por eso “la normalidad” se estaba “alcanzando” y ya no tenía “nada que ver” con los días previos. A preguntas de la prensa, puntualizó que, en cualquier caso, “la crisis no se daba por cerrada” hasta que no se pudiera dar “por concluida definitivamente”.
“En 48 horas el panorama era completamente distinto. Vimos a riadas de gente saliendo por la frontera del Tarajal de vuelta a Marruecos sin ningún tipo de incidentes. Y seguramente cometimos el error de pensar que, si en dos días habían vuelto tantos, en una semana eso estaba liquidado. Es evidente que fue un error de cálculo”, admite una de las personas del Gobierno desplazadas a Ceuta y que ha seguido in situ el operativo.
4 de agosto. Actualización de cifras: “Solo quedan 2.000”
El 4 de agosto tiene lugar por videoconferencia la reunión de ministros del Interior de la UE. En un comunicado conjunto posterior, los miembros de los 27 cambian el tono de las primeras horas y ponen en valor el trabajo del Ejecutivo español para devolver al grueso de migrantes que cruzaron la frontera. El Gobierno da carpetazo a la crisis con sus socios a excepción de Meloni, que establece de manera unilateral controles en los aeropuertos para vuelos procedentes de España. Sánchez ordena la misma medida a vuelos italianos. Y Grande-Marlaska actualiza los datos: entraron 72.000 y se volvieron 70.000, así que solo permanecen 2.000 personas en suelo ceutí. Otro dato que el paso de los días acaba por desmentir.
Porque esas cifras ni siquiera concuerdan con las que manejan a esas alturas desde el Ministerio de Inclusión de Elma Saiz, que aprueba una dotación de emergencia de 6,5 millones de euros para prestación de servicios, ejecución de obras y atención sociosanitaria. Y que incluye a través de Cruz Roja kits de alimentación diarios para entre 3.000 y 4.000 personas, además de productos de higiene femenina y atención sanitaria. Los datos que manejan ya las autoridades de la ciudad autónoma hablan a una cifra superior a las 5.000 personas.
6 de agosto. La ministra de Infancia viaja a Ceuta; enfrentamiento Robles-Marlaska
La titular de Infancia, Sira Rego, se convierte en la primera ministra que visita Ceuta después de Grande-Marlaska. Durante su estancia acude a centros de acogida de niños y niñas no acompañados, anuncia una partida de 25 millones de euros y se reúne con el presidente de Ceuta, al que traslada todas las vías abiertas por el Gobierno para la gestión de los menores: reunificación familiar, campaña de acogida familiar en la Península, despliegue de la acogida vinculante para las comunidades e incluso la posibilidad de trasladar a 500 niñas a la Península a través de convenios con entidades del tercer sector. Pero le traslada un mensaje claro: en ningún caso su departamento contempla violentar la ley. Es decir, que la expulsión inmediataa de niños y niñas a Marruecos resulta una demanda imposible por mucho que lo exijan cada día Vivas, el PP y Vox.
Además, se produce un choque soterrado entre los Ministerios de Defensa e Interior. Desde el departamento de Grande-Marlaska se niega de forma categórica que ni el Centro Nacional de Inteligencia ni ningún otro estamento hubiera dado aviso previo de que algo similar a lo que sucedió el 30 de julio podía ocurrir. Desde el Ministerio de Defensa se insinúa lo contrario, y esa tensión escalará durante todo el mes hasta la comparecencia de Margarita Robles en el Congreso. Allí. la titular de Defensa llega a precisar que el 29 de julio se produjeron avisos “orales” a la Delegación del Gobierno sobre los movimientos en frontera. Moncloa, el resto de Ministerios y la propia Delegación del Gobierno en Ceuta lo niegan.
7 de agosto. Reunión clave para dimensionar la crisis
Sánchez convoca una reunión de coordinación por videoconferencia con los ministros de Defensa, Interior, Migraciones e Infancia y con el secretario de Estado de Exteriores. Según todas las fuentes consultadas, en esa reunión se comparte un balance de la situación y se adoptan nuevas medidas de seguridad, pero con una prioridad muy clara por encima del resto: fortalecer el control de la frontera a uno y otro lado del Tarajal ante la amenaza “real y creíble” de nuevos llamamientos a cruces masivos.
Con perspectiva, los equipos ministeriales consultados por este periódico asumen que en ese momento la preocupación por la frontera superó con creces a la atención que se otorgó a un flujo migratorio instalado en Ceuta que decidió no volver a Marruecos y que ni siquiera se acertó a dimensionar de forma certera. “Los datos que teníamos hablaban de que quedaban 2.000 personas, que es una situación tensa pero no dramática, porque Ceuta había afrontado crisis muy superiores”, exponen desde el gabinete de uno de los departamentos más implicados en la gestión.
Desde otro Ministerio se asume como una “desconexión” con la realidad de Ceuta el fallo al calibrar la situación migratoria. “Ese día se pusieron sobre la mesa los datos y se concluyó que la ciudad podía estar tensionada, pero que desde un punto de vista migratorio 2.000 personas no suponían una emergencia. Ahora es fácil mirar atrás y aceptar que era una desconexión con la realidad”.
De hecho, Sánchez ni siquiera considera esta vez convocar la Comisión de Migraciones presidida por Ángel Víctor Torres que estuvo al frente de crisis anteriores, como la de la isla de El Hierro en 2023, y que según todas las fuentes consultadas implica un nivel de coordinación clave entre distintos departamentos que esta vez no se produjo. Varias de las fuentes consultadas recuerdan que en esa crisis de El Hierro también jugó un papel fundamental de coordinación el ministro Félix Bolaños, en esta ocasión volcado en las decisiones que afectan más estrictamente a su departamento.
Como lo ocurrido fue abordado en este caso como una crisis fronteriza y no migratoria, el peso operativo de las primeras semanas recayó fundamentalmente en Interior, con la secretaria de Estado, Aina Calvo, y la Directora General de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón, como principales apoyos de Marlaska. Esta última, en el cargo desde el último Gobierno del PP de Mariano Rajoy, con una gran ascendencia sobre el ministro.
15 de agosto. La frontera bajo control.
Desde el 30 de julio, los servicios de inteligencia y de la seguridad del Estado sí detectan los movimientos en redes sociales que incitaron al cruce masivo y que repetían ese llamamiento para una fecha muy concreta: el 15 de agosto. Aunque en el Gobierno extreman la prudencia sobre el diagnóstico, sí existen conclusiones claras sobre que servidores de Estados Unidos y Rusia estaban detrás de la difusión de mensajes, muchos de ellos en inglés y francés, a través de plataformas como Facebook, Instagram o Telegram. Y por eso el Ejecutivo se mantiene también tan cuidadoso con las insinuaciones de colaboración de Marruecos que, a día de hoy, aseguran no tener claras.
Para ese 15 de agosto los mensajes eran explícitos. “Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”, escribió un usuario de Facebook en un grupo llamado ‘Alhucemas, puerta de Ceuta’, tal y como publicó Maldita.es. Otro usuario, en Telegram, pedía organizarse para antes incluso de esa fecha. “Hermanos, hay un golpe antes del 15; el día 15 estará demasiado lleno. Quien quiera ir, que envíe un mensaje privado”. Los Ministerios del Interior y de Defensa redoblaron sus esfuerzos para el operativo de seguridad fronteriza, y el ministro de Exteriores lanzó un mensaje directo en una comparecencia pública: “No arriesguen su vida, porque serán devueltos”. Tras una intensa labor de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes, el 15 de agosto se frenaron algunos cruces, pero la situación no llegó a mayores.
17 de agosto. Primer anuncio del Gobierno para la ubicación de migrantes
Tuvieron que pasar 18 días para que la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz (aterrizada en Ceuta el día antes), anunciara la habilitación de cuatro espacios temporales de acogida humanitaria para 1.500 personas. A esas alturas, las organizaciones desplegadas sobre el terreno y el gobierno de la ciudad autónoma claman por medidas urgentes que palien una situación muy lejos de estar controlada.
Desde el Gobierno explican que la propia ministra Saiz había negociado personalmente por teléfono con Juan Jesús Vivas varios emplazamientos para atender a las personas migrantes de la calle que luego se habían visto frustrados. “Este Vivas no es el de 2021. La presión de su partido, de Vox y de muchos vecinos no es la misma, porque estamos en un momento antimigratorio global. Y el gobierno ceutí ha obstaculizado emplazamientos porque se les han quejado vecinos que no querían a los migrantes cerca de sus casas”, sostienen en la Moncloa sobre las razones de la tardanza.
Del 20 al 25 de agosto. Primeras plazas bajo techo y mando único
No es hasta el 20 de agosto, 22 días después del paso fronterizo, cuando se abren los dos primeros espacios de atención humanitaria con 1.800 plazas. Y hasta el día siguiente, 21 de agosto, cuando la Policía Nacional puede comenzar a hacer uso del Centro de Atención Temporal de Extranjeros para labores de triaje. El 22 de agosto regresa a la Moncloa desde Lanzarote el presidente del Gobierno y se acelera la toma de decisiones.
El lunes 24 visita por primera vez la ciudad el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y anuncia que al día siguiente se aprobará la designación del mando único reclamada por Vivas. Explica el Gobierno que esta decisión “permite dotar de más agilidad a la toma de decisiones y a la puesta en marcha de todos los recursos”. Se formaliza el martes 25, el día que vuelve a reunirse el Consejo de Ministros y que se convoca el Consejo de Seguridad Nacional. 26 días después de que pida ese mando único el presidente de la ciudad autónoma.
La crisis ha escalado en los últimos días con episodios de violencia explícita. Grupos organizados impidieron esta semana a la Cruz Roja el reparto de comida a los migrantes, prendieron fuego a sus escasas pertenencias y agredieron a vecinos musulmanes. Y varios marroquíes atacaron con piedras a un vehículo militar en el que resultaron heridas varias personas. En la Moncloa, ahora sí, han saltado las alarmas. La preocupación es máxima por el bloqueo de un flujo migratorio que tiene por delante un largo proceso administrativo que impide legalmente su expulsión. Ni pueden retornar hasta tramitar sus expedientes, ni nadie quiere oír hablar de un traslado temporal a la Península en mitad, además, de la presión extrema de los socios europeos. Así que a Ceuta le quedan meses para volver a la normalidad.
“No es verdad que hayamos estado desconectados, y ahí están las actuaciones, pero es muy probable que una situación así no se hubiera producido en el mes de marzo con todo el mundo en sus puestos”, sostiene un alto cargo del Gobierno cuestionado sobre los problemas de gestión de esta crisis. Otro apela directamente al desgaste político y personal del presidente tras un curso especialmente doloroso en los tribunales para su pareja, su hermano o incluso para el expresidente Zapatero. Y también alude al escaso perfil político de vicepresidentes que son esencialmente especialistas de sus materias, como Carlos Cuerpo o Sara Aagesen, pero que no se desenvuelven en la gestión de crisis políticas de este calado.
La obsesión ahora es atajar de raíz los episodios de violencia antes de que la herida en Ceuta sea irreparable. Y conseguir emplazamientos suficientes para sacar de la calle a todos los migrantes que aún deberán permanecer meses en la ciudad autónoma a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo, en el caso de los mayores de edad, o a su posible reagrupación familiar en el caso de los menores.Por qué el Gobierno piensa que Marruecos no está detrás de la crisis de Ceuta
Aunque en privado la mayoría de departamentos asume abiertamente los errores de coordinación y de cálculo, la consigna de Pedro Sánchez es mirar hacia adelante y volcarse en sofocar este otro incendio, social y político, también de gran magnitud. Porque Ceuta se ha convertido en un polvorín de consecuencias imprevisibles y en el caladero soñado para los discursos políticos que galopan a lomos de la ola xenófoba y antimigratoria que recorre Europa y buena parte del mundo. Por eso son conscientes en la Moncloa de que, del éxito de esa empresa, depende ahora casi todo. Primero, la convivencia de la ciudad autónoma. Y segundo, el porvenir del propio Gobierno.
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Ángel Víctor Torres: “Si no cesa la violencia habrá una ruptura total que retrasará la solución de Ceuta”
- El ministro argumenta que “cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos” y dice que se investiga si hay “grupos organizados” que han ido a Ceuta a “generar conflicto”
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29 de agosto de 2026 21:46 h
Actualizado el 30/08/2026 05:30 h
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Ángel Víctor Torres (Gran Canaria, 1966) es el responsable del mando único operativo de Ceuta desde el pasado martes. Fajado en la gestión de crisis migratorias durante su etapa como presidente de las Islas Canarias, el ministro de Política Territorial atiende a elDiario.es el viernes a primera hora de la tarde, justo a la salida del Comité de Situación presidido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. A esa hora aún retumban los ecos de los impactantes ataques racistas del jueves en la ciudad autónoma, donde grupos organizados ejercieron la violencia para impedir el reparto de comida de la Cruz Roja o para destrozar y quemar las pertenencias de las personas migrantes que acampan en la playa del Trampolín.Mónica García: «Hasta que no estén todas las personas bajo techo, no se podrá recuperar la normalidad en Ceuta»
¿Está la situación en Ceuta fuera de control?
No, no está fuera de control. Pero es verdad que hemos visto actuaciones que tienen que ser denunciadas desde todas las perspectivas. Eso no es Ceuta. No se pueden impedir acciones humanitarias de entrega de comida. Y no se puede agredir a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a militares por parte de inmigrantes. El jueves hubo situaciones que no esperábamos. Ojalá sea un antes y un después.
¿Se han producido detenciones tras los ataques violentos?
Ha habido detenciones y también identificaciones. La Policía ha actuado y está con las pesquisas.
Cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos
Ostenta usted el mando único operativo para la crisis de Ceuta desde el pasado martes. ¿Cuál es la foto fija de la ciudad ahora mismo? ¿Qué es lo más urgente?
Hubo una primera fase en la que entraron más de 70.000 personas. Y se pudo avanzar hacia una cierta normalización porque regresaron entre el 90 y el 95%, pero hay otras que no retornaron voluntariamente. Ya pasó antes. En 2021, unas 9.000 personas pasaron la frontera y se quedaron en Ceuta, muchos de ellos menores. Y en Canarias en 2020, que llegaron en cayucos entre 20.000 y 30.000 personas. Lo que hay que hacer es actuar con las personas que están en las calles. Filiarlos, ver sus circunstancias, de qué países vienen, si son mayores o menores de edad… Y para eso tenemos que tener espacios. Quiero lanzar un mensaje claro a la ciudad de Ceuta: cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos.
¿Por qué un mando único es útil en la gestión de Ceuta ahora mismo?
Un mando único es un estamento colegiado, que fue también pedido por el presidente de Ceuta, en el que de manera permanente se producen reuniones oficiales. Es lo que se llama Comité de Situación. Sus deliberaciones son reservadas y se acuerdan actuaciones que tienen que ver con esos espacios, o con el refuerzo de la seguridad. Es inédito. Y se ha visto que es absolutamente necesario en esta segunda fase para poder responder a la situación de Ceuta con las personas que quedan en las calles, cuyo número cada vez va menguando, porque se van abriendo espacios o van retornando voluntariamente.
¿Y podría explicar entonces cómo es que se han tardado 26 días en nombrar un mando único que usted explica que es absolutamente necesario? El presidente Vivas lleva pidiéndolo desde el primer día sin que el Gobierno de España atienda esa petición.
Es fácil hacer esa crítica, pero el primer objetivo del Gobierno de España era que retornaran las personas que entraron por El Tarajal. Y para eso no hacía falta un mando único porque retornaron 70.000 personas. Esto es un acierto y lo tengo que exponer con claridad.
Se volvieron porque quisieron. Nadie los echó.
Sí, sí, pero es que eso no es sencillo. ¿Y si no hubiesen querido? Ahí hubo una actuación que también fue importante con el Reino de Marruecos para que estas personas pudieran retornar. Ahora hay varios miles de personas que se han quedado y que tenemos que hacer que vuelvan a Marruecos, pero estamos en una fase distinta y lo importante ahora es mirar hacia adelante. Y yo sí soy de los que reconozco que todo se puede hacer mejor.
¿Entiende que mucha gente piense que la situación sería diferente si el mando único se hubiera establecido a mediados de agosto?
Sí, pero es que a mediados de agosto estábamos tomando las decisiones oportunas con coordinación permanente, con reuniones con el presidente del Gobierno, con presencia en Ceuta de distintos Ministerios que pusieron soluciones sobre la mesa acorde a sus competencias. Y es lo que ahora vamos a culminar.
Esa decisión del mando único y la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional se adoptan justo cuando acaba el periodo de vacaciones oficial de la política en este país. ¿Usted puede garantizar que las vacaciones del presidente del Gobierno o del conjunto de la Administración no ha tenido que ver con la ralentización de la toma de decisiones?
No tiene nada que ver. Es una circunstancia que coincide en el tiempo. Hemos suspendido descansos y hemos trabajado con el presidente para poder llevar adelante estas actuaciones. Y ahora lo que nos pide la ciudadanía es que, cuanto antes, la situación vuelva a ser en Ceuta la de comienzos de julio. Y que la violencia desaparezca, porque si no desaparece va a retrasar más la normalidad.
Han anunciado ustedes un acuerdo con Ceuta para nuevos emplazamientos que pueden sacar de la calle a la totalidad de las personas migrantes. ¿Cómo es posible que haya tenido que pasar un mes para que se encuentre sitio?
Porque no hay solución sencilla. Los espacios deben estar adecuados y deben afectar lo menos posible a la vida de los ceutíes. Se buscaron hasta 15 recursos y ahora se han encontrado en colaboración con la ciudad autónoma. Ya se han habilitado miles de plazas para menores y para mayores de edad, pero algunos de los nuevos espacios exigen canalizaciones, permisos del suelo… Es difícil que puedan estar listos en cuatro o cinco días.
¿El gobierno de Ceuta ha entorpecido los emplazamientos?
No, no. Nos han ofrecido suelos que hemos ido a ver con ellos. Pero se precisan una serie de actuaciones que no son inmediatas. Y necesitamos inmediatez, porque para tener un control sanitario, para poder hacer los expedientes de extranjería, para determinar las mayorías de edad o para que los representantes de la Fiscalía puedan trabajar necesitamos espacios habilitados y que estas personas estén filiadas. Hay que conseguir que todas las personas que están durmiendo en la calle se trasladen cuanto antes a esos espacios, hay que sacarlos de las calles.
¿En el momento en que salgan de la calle y estén en esos nuevos emplazamientos se acelerará el proceso?
Indudablemente. El proceso se alargará si no conseguimos que se habiliten esos espacios.
Hay que conseguir que todas las personas que están durmiendo en la calle se trasladen cuanto antes a esos espacios, hay que sacarlos de las calles
Uno de los problemas de estas semanas ha sido las cifras. ¿Sabemos ya cuánta gente queda en Ceuta de la que entró el 30 de julio? Interior dijo en su día que cruzaron 72.000 y se volvieron 70.000, pero parece evidente que esa cifra no se corresponde con la realidad, al menos respecto a las personas que quedan.
No es sencillo responder con exactitud a esa cuestión, porque están en el monte o están en las playas. Están diseminados. En otras crisis fueron acotados en espacios comunes hasta que finalmente fueron a espacios cerrados y ahí era más fácil saber el número con exactitud. Pero hay un dato que te puede dar un indicio de las personas que quedan: las entregas de comidas. Esta semana nos reportan un dato alrededor de las 5.000.
¿En Ceuta solo quedan menores de edad y demandantes de asilo, o quedan también adultos en situación irregular que no tienen derecho a asilo?
Hay muchas personas que están en las calles que solicitarán asilo y que no tendrán derecho. Y ese expediente llevará su devolución, pero es un procedimiento que no se puede hacer de la noche a la mañana tampoco, aunque sea mayor de edad. Pueden ser perfectamente devueltos, se devolverán. Pero ese expediente tiene que estar bien claro porque, si no, podemos cometer errores como en el pasado, con responsabilidades jurídicas.
¿Ceuta tiene capacidad real para asumir la acogida de todas estas miles de personas mientras duran esos procedimientos?
Estamos hablando de una ciudad que tiene poco más de 80.000 personas y en la que aún quedan entre un 7 y un 8% de las personas que cruzaron. Es un volumen importantísimo, pero esa es la realidad de los territorios frontera. En 2021 entraron 9.000 y se quedaron 9.000.
Entonces la pregunta es evidente. ¿Por qué en 2021 no se produjo esta situación de colapso con el mismo número aproximado de personas que permanecen en la ciudad?
Porque esta vez entraron más de 70.000 y eso ha producido un impacto que sí es inédito y que no ha cicatrizado. Es un impacto importantísimo en la población de Ceuta, que precisa también un tiempo para sobreponerse a un shock de esa envergadura. Yo recuerdo perfectamente que en 2021 tuvimos menos rechazo con respecto a los emplazamientos.
¿Por parte del gobierno ceutí, quiere decir?
No, no… en general. Con el gobierno de Ceuta vamos a seguir trabajando con lealtad. Con el presidente Vivas hablo todos los días y vamos a seguir caminando de la mano.
¿Por qué en un país tan grande y tan rico como España no hay capacidad para establecer un reparto justo y equitativo en la acogida temporal de estas personas mientras se resuelven sus expedientes? ¿Que permanezcan meses en una Ceuta desbordada a la espera de respuesta no pone en bandeja la utilización política de esta crisis para los impulsores de discursos de odio y antimigratorios?
No es que tengan que quedarse en Ceuta para señalar a Ceuta, es que cuando llega un inmigrante a un lugar determinado se abre un expediente administrativo y ninguno sale en 24 horas ni en una semana. Una vez concluyan esos expedientes, para el caso de los menores hemos aprobado una modificación de una ley para que no estén hacinados en los territorios de frontera. Y por eso hay una solidaridad obligatoria en el resto del país. Y esto lo ha apoyado y lo ha aplaudido de manera pública el presidente de la ciudad de Ceuta. Pero luego su partido ha votado en contra en el Congreso de los Diputados. El fenómeno migratorio tiene que tener una respuesta coordinada no solamente de los territorios frontera, sino de todo el Estado y de la Unión Europea.
¿Marruecos está colaborando en algo? La sensación es que no, pero el Gobierno no deja de ensalzar al Ejecutivo marroquí.
De no colaborar, no hubiésemos podido hacer que regresaran más de 70.000 personas. Marruecos ha dicho públicamente que quiere que regresen, incluso que regresen desde Ceuta. He visto a lo largo de esta historia algunos partidos políticos que han tenido una posición con respecto a la política con Marruecos cuando gobiernan y cuando están en la oposición cambian por oportunismo.
¿Está garantizada la seguridad en el reparto de comida después de los incidentes de los últimos días?
Espero que los acontecimientos del jueves hayan supuesto un punto de inflexión. En las imágenes se veían a personas encapuchadas, personas con esvásticas, personas que no es que no representen, es que no creo que ni siquiera sean de Ceuta. Se está investigando si hay grupos organizados que han ido a Ceuta a generar conflicto. Ceuta no es así. Yo aplaudo a los hombres y mujeres ceutíes que se han ofrecido voluntarios para repartir comidas y han tenido que sufrir amenazas.
¿Está en condiciones de trasladar alguna certidumbre a los ceutíes? ¿Dentro de una semana estarán las cosas mejor? ¿De dos semanas? ¿Hay algún horizonte temporal?
Comprendo las ansias y le puedo asegurar que también es mi obsesión. Estamos poniendo todos los recursos. A nadie le interesa que esto se prolongue, absolutamente a nadie. Ni a la sociedad de Ceuta ni, por supuesto, a ningún gobierno. Queremos que regrese la convivencia. En 2021 en Ceuta se consiguió la normalidad y ahora también se va a conseguir, pero no va a ser posible si seguimos avivando la violencia. Si la violencia se mantiene o crece, no habrá solución y entonces sí que habrá una ruptura total. Quiero acortar los plazos el máximo posible. Si conseguimos que estos espacios estén en disposición en un par de semanas, lo podemos conseguir en pocos meses. Ya hay 2.000 personas filiadas, se ha devuelto a más de cien… Vamos a ver si todo va según lo previsto.
¿Y la vuelta al cole en Ceuta?
Ya ha habido reuniones con toda la comunidad educativa. Todo está preparado para que se regrese con normalidad, como en el resto de España.
¿Han contribuido a la ansiedad de los ceutíes los mensajes que exigen o que prometen expulsiones inmediatas?
Indudablemente, sí. No es posible devolver a estas personas en 24 horas o en una semana, decirlo es mentira. Falso. Y quien lo dice sabe que está mintiendo.
Algunos ministros han prometido la devolución de todas y cada una de las personas que entraron en Ceuta.
Siempre han dicho que dentro de los márgenes que marca la ley.
Pero es que no es verdad que se vayan a expulsar a todas. Hay muchas personas que vamos a tener que acoger al final del procedimiento.
Claro, si es un menor que no quiere regresar, tú no lo puedes devolver. El derecho internacional es para todos. La voluntad es que todos sean devueltos, adultos y menores, y la mayoría de ellos van a ser devueltos porque no tienen derecho a permanencia. Pero hay menores que no van a poder ser reagrupados. Es que cuando oigo a algunos representantes del Partido Popular de manera irresponsable decir que se pueden devolver de manera inmediata, les digo que cuando ellos gobernaban no lo hacían porque no se podía hacer. Y además, cuando se hizo sin toda la garantía jurídica, fueron condenadas dos personas que eran cargos públicos, una que representaba a un gobierno progresista y una que representaba a un gobierno conservador.
Contó en el Congreso que se ha encontrado en Ceuta con niños y niñas muy pequeños. Solos y en la calle.El Gobierno y el PP coinciden en pedir “calma” en Ceuta mientras Vox azuza la violencia racista
Podrían ser nuestros hijos, o pudimos ser nosotros. Buscan salir de la pobreza, de la opresión. Estamos hablando de personas de menos de diez años. Se te parte el alma. También son esos niños quienes van a buscar esas comidas de la Cruz Roja. Por eso estas crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Hay familias en Ceuta que están acogiendo a personas en su casa. Que les están dando cobijo, que les dan sus comidas. Y luego hay otros que increpan a las ONG, increpan a quienes están dando ayuda humanitaria. Seguro que todo se apaciguará y, cuando ya lo veamos con perspectiva, habrá unas imágenes que deberían llevar a la vergüenza de quienes atacan a niños, pero también otras que serán de aplauso a quienes los protegen.
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Cómo una modernización sin oportunidades en Marruecos dejó a una generación sin futuro
- Los jóvenes rechazan un modelo de desarrollo de macroproyectos que desatiende las necesidades sociales básicas a medida que Marruecos intenta dejar de ser una economía periférica
- Análisis — Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales, sino dispositivos del control migratorio europeo
29 de agosto de 2026 21:46 h
Actualizado el 30/08/2026 05:30 h
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El orden económico internacional tiene una estructura de especialización productiva que reproduce las desigualdades. Esto significa que existe un centro industrial y una periferia agrícola, tal y como señalaron desde el desarrollismo y el estructuralismo los economistas Raúl Prébisch y Celso Furtado, entre otros. Los países del centro industrial se benefician de los términos de intercambio en el comercio, mientras que los países de la periferia agrícola se ven perjudicados, reproduciendo el subdesarrollo.
La especialización agrícola de las periferias genera subdesarrollo porque sus economías se basan en la exportación de productos primarios, que tienen menor capacidad para aumentar la productividad. En los países del centro industrial sucede justo al revés, por las exportaciones de productos de mayor valor añadido. Esta especialización productiva debe entenderse en un contexto de dependencia y relaciones de poder. Durante décadas, las economías coloniales se organizaron para producir materias primas para las metrópolis, quedando la industrialización concentrada en estas últimas. En este sentido, según André Gunder Frank, el desarrollo de los países centrales y el desarrollo de los países periféricos son dos caras del mismo proceso histórico. Una de las fórmulas para que las periferias agrícolas rompieran el ciclo del subdesarrollo fue la Industrialización por Sustitución de Importaciones, consistente en reemplazar los productos industriales extranjeros por bienes producidos en el propio país.
Marruecos se ha especializado históricamente en la agricultura, los fosfatos, las materias primas y las manufacturas de bajo valor añadido. Sin embargo, desde hace años el sector industrial (entre el 25% y el 30% del PIB) duplica al sector agrícola (entre el 10% y el 15%). Además, las exportaciones industriales superan ya a las exportaciones primarias. Especialmente relevante es el aumento del sector servicios, que actualmente representa en torno al 60% del PIB. Pese a lo anterior, la economía marroquí todavía tiene una fuerte dependencia del sector agrícola. Esto es visible, al menos, en dos ámbitos. Por un lado, en el impacto del clima en la economía. En los últimos veinte años Marruecos ha crecido al 4,4% de media. Pero este crecimiento es muy volátil porque el sector agrícola es muy vulnerable a los ciclos de sequías. Es común que de un año a otro el crecimiento varíe 5 puntos. A veces hasta 10 puntos. Por otro, en el elevado peso del empleo agrícola: aproximadamente el 40% de la población activa trabaja en la agricultura.
Uno de los rasgos característicos del modelo de desarrollo de Marruecos son las grandes infraestructuras y eventos internacionales. Muchos países han recorrido un camino similar. Los macroproyectos se piensan como palancas para modernizar la economía y atraer capital extranjero, pero este modelo tiene un riesgo notable
Por tanto, hoy en día Marruecos es una economía de servicios, con un peso mayoritario de la agricultura en términos de empleo y con unas exportaciones industriales en expansión. Ahora bien, se trata de una industrialización periférica, ya que esta se ha integrado en las cadenas de valor europeas. Casi la mitad de las exportaciones de Marruecos tienen como destino Francia y España. Además, el 30% de sus importaciones proceden de estos dos países. Es decir, en la estructura económica global, Marruecos continúa siendo una economía periférica, aunque emergente, más diversificada y en proceso de industrialización.
Uno de los rasgos característicos del modelo de desarrollo de Marruecos son las grandes infraestructuras y eventos internacionales. Hay numerosos ejemplos, pero quizás los más relevantes y simbólicos sean el puerto Tánger Med (aspira a ser el principal hub euroafricano), el estadio de fútbol Hassan II de Casablanca (un gran recinto de fútbol en construcción que quieren que acoga la final del próximo Mundial que se celebrará en 2030 con España y Portugal) y las líneas ferroviarias de alta velocidad (ya finalizada la línea Tánger-Casablanca y en construcción la línea Kenitra-Marrakech). Este modelo de desarrollo no es algo nuevo. Muchos países han recorrido un camino similar. Los macroproyectos se piensan como palancas para modernizar la economía y atraer capital extranjero. Este modelo combina varios elementos: una inversión pública masiva, el desarrollo acelerado de macroproyectos, la proyección internacional para posicionar al país en el mercado global del turismo y los negocios, y la promesa de modernidad para la legitimación política interna.
Sin embargo, este modelo tiene un riesgo importante: los elefantes blancos, una metáfora económica sobre los proyectos cuyo coste de mantenimiento supera su utilidad o beneficios. Tiene su origen en Tailandia, donde los reyes regalaban elefantes blancos para arruinar a alguien por los altos costos de manutención y porque, al ser sagrados, estaba prohibido usarlos para trabajar. Los macroproyectos financiados con dinero público son muy costosos de mantener y, a menudo, quedan infrautilizados o abandonados. No cumplen una función útil y real para la sociedad. El principal problema es que no dan respuesta a las necesidades internas, sino a la competición geoestratégica y al refuerzo de la marca país. Cuanto mayor es la brecha entre las demandas de la población y las respuestas que ofrece el sistema, mayor es el malestar social y la inestabilidad política.
Algunos dirán que es un proceso y que estos macroproyectos son una vía para escalar posiciones en las cadenas globales de valor, como hicieron China, Singapur o Emiratos Árabes Unidos y dejar de ser una economía periférica. Mientras tanto, muchos no pueden esperar y deciden irse
Las protestas de la Generación Z de 2025 pusieron de manifiesto esa brecha entre las demandas de la sociedad y las respuestas del sistema. Estas protestas rechazaron un modelo de desarrollo de macroproyectos que desatiende las necesidades sociales básicas. Las inversiones millonarias en grandes infraestructuras y eventos internacionales, como la Copa de África o el mundial de fútbol de 2030 no han sido bien recibidas porque al mismo tiempo los centros educativos y sanitarios del país se encuentran en una muy mala situación. El fallecimiento en un mes de ocho mujeres embazadas en el hospital Hassan II de Agadir fue la gota que colmó el vaso y disparó una oleada de indignación y movilizaciones.
Pueden observarse con claridad las contradicciones de un país en proceso de modernización e industrialización, pero con importantes carencias socioeconómicas y la imposibilidad de ofrecer oportunidades para sus jóvenes. Los datos macro son buenos en Marruecos: crece más de cuatro puntos cada año, es uno de los países con una tasa de inversión más altas del mundo (en torno a un 30% del PIB) y tiene una creciente Inversión Extranjera Directa. Además, ha mejorado notablemente en términos educativos. Pero también es cierto que el 47% de los jóvenes está en paro (en un país donde el 41% de la población tiene menos de 25 años) y que los empleos tienen baja retribución y aportan poco en términos de productividad. No menos importante es el problema de la desigualdad, con una diferencia de recursos, servicios e infraestructuras enorme entre las zonas rurales y las zonas urbanas.
Los esfuerzos en proyectar al exterior una imagen de modernización, poder e influencia sirven de poco si, al mismo tiempo, existe una sociedad que ha dejado de confiar en el futuro.Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales, sino dispositivos del control migratorio europeo
Algunos dirán que es un proceso y que estos macroproyectos son una vía para escalar posiciones en las cadenas globales de valor, como hicieron China, Singapur o los Emiratos Árabes Unidos, y dejar de ser una economía periférica. Mientras tanto, muchos no pueden esperar y deciden irse.
Murcia, la otra puerta de entrada de la inmigración: ¿qué está pasando realmente en sus costas?
- La Guardia Civil mantiene operativo el SIVE, pero sindicatos policiales denuncian falta de medios marítimos y de personal. En el trasfondo, una ruta argelina cada vez más profesionalizada y un intenso pulso político
- — López Miras pide blindar con militares las costas murcianas para frenar la llegada de “narcolanchas que transportan personas”
29 de agosto de 2026 21:46 h
Actualizado el 30/08/2026 05:30 h
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El pasado 19 de agosto, a la hora del aperitivo, los bañistas de Cala del Barco, una encantadora y concurrida calita semiurbana situada junto a La Manga Club, en Cartagena, asistieron atónitos a una escena que hasta hace poco habría resultado difícil de imaginar en una playa del litoral murciano. Antonia estaba allí: “Primero me asustó el ruido, pensé que eran motos [acuáticas] y me acerqué a la orilla para advertir a mis nietos que salieran del agua. Lo que menos me iba a imaginar es lo que apareció en la playa”. Una embarcación de grandes dimensiones, equipada con cuatro motores fueraborda, se aproximó a la orilla y decenas de personas comenzaron a saltar de ella. Los patrones, con el rostro cubierto, no esperaron a desembarcar a todos: dieron media vuelta y desaparecieron mar adentro.Ser menor migrante en Murcia: «Con 15 años me vi solo y en un país desconocido del que no sabía más que la alineación del Barça»
Eran 62 personas: 45 hombres adultos, dos mujeres y 15 menores varones, presumiblemente todos de nacionalidad argelina. Algunos bañistas abandonaron la cala y otros, como Antonia, se quedaron y avisaron al 112. Los vídeos grabados por testigos y que se han viralizado en las redes sociales muestran el desconcierto provocado por una llegada que se produjo a plena luz del día.
No fue un episodio aislado. Tres días después, otra lancha rápida dejó a cerca de medio centenar de personas en Punta Negra, nuevamente en el término municipal de Cartagena. Igual que en el suceso de Cala del Barco, los bañistas contemplaron cómo los migrantes eran abandonados en tierra mientras la embarcación regresaba al mar. Algunos fueron encontrados después por la Guardia Civil deambulando por las zonas montañosas próximas.
Y el 26 de agosto volvió a ocurrir. Esta vez fueron alrededor de 50-67 personas las que llegaron a primera hora de la mañana a la Cala de los Dentoles, en pleno Parque Regional de Calblanque. Un agente medioambiental presenció el desembarco y alertó a Emergencias. La Guardia Civil había seguido la trayectoria de la embarcación y desplegó posteriormente un dispositivo para localizar a sus ocupantes. Era el tercer desembarco de características similares en apenas una semana, al que se ha unido una cuarta llegada este sábado también en Calblanque, con al menos 57 personas.
Evolución de las mafias: de la patera convencional a la ‘patera-taxi’
La costa murciana forma parte desde hace años de la denominada ruta argelina del Mediterráneo occidental. Un corredor que conecta las costas de Argelia con Almería, Murcia, Alicante y, cada vez con mayor intensidad, Baleares.
Pero la transformación más relevante no es solamente geográfica. Es también tecnológica y empresarial. Las organizaciones criminales han ido sustituyendo las pequeñas embarcaciones tradicionales por lanchas neumáticas o semirrígidas de gran potencia, capaces de realizar la travesía en pocas horas. Son las conocidas como ‘pateras-taxi’: el patrón realiza el trayecto, desembarca a los pasajeros a plena luz del día en calas turísticas y regresa con la embarcación para volver a utilizarla. De esta manera, las mafias conservan el activo más valioso de la operación y multiplican los viajes.
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) desarrollada en agosto de 2026, ha permitido comprobar hasta qué punto las mafias se han profesionalizado. La organización que ha sido desarticulada utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar droga desde España hacia Argelia y, en el viaje de vuelta, introducir migrantes en la costa de la Región de Murcia a cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 10.000 euros por viajero.
La investigación descubrió embarcaciones ocultas y modificadas para dificultar su identificación, cambios de nombre y matrícula y un sistema de abastecimiento de combustible en alta mar conocido como ‘petaqueo’.
El cambio de ruta también responde a una lógica conocida en el control migratorio: cuando aumenta la presión policial en un corredor, las redes buscan otro. Fuentes especializadas han señalado a elDiario.es Región de Murcia que el refuerzo de la vigilancia en determinados puntos de la costa argelina y española ha desplazado parte de la actividad hacia otros destinos, entre ellos Murcia y Baleares. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido incluso de un posible “efecto globo” relacionado con la presión migratoria en Ceuta, que podría favorecer otras rutas del Mediterráneo occidental.
2026: un año de llegadas constantes a las costas de la Región
No existe un balance público único, actualizado día a día, que permita reconstruir con absoluta precisión todas las pateras que han llegado a la Región a lo largo de este 2026. La propia discusión política se ha visto condicionada por la diferencia entre los datos que maneja la Delegación del Gobierno y las estimaciones de organizaciones sindicales y del Gobierno regional.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) situaba en 112 las embarcaciones registradas en la Región hasta el 26 de agosto, prácticamente todas en el litoral de Cartagena, y aseguraba que el número de personas duplicaba el del mismo periodo de 2025. El Gobierno regional, por su parte, manejaba una estimación superior a 2.000 personas llegadas por vía marítima durante los ocho primeros meses del año, aunque reconocía expresamente que no eran datos oficiales.
La Delegación del Gobierno rechaza, sin embargo, la idea de una situación “descontrolada” y recuerda que en episodios anteriores se registraron oleadas mucho mayores. Como ejemplo, aludió a noviembre de 2017, cuando en un solo día las autoridades interceptaron y rescataron cerca de la costa murciana a 519 personas a bordo de 49 pateras, según los datos del entonces delegado del Gobierno en la región, Francisco Bernabé, que calificó los hechos de “ataque sin precedentes”. La cronología conocida de 2026 permite, no obstante, observar una presión sostenida.
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¿Puede detectar la Guardia Civil las ‘pateras-taxi’?
En la Región de Murcia está operativo el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una red tecnológica operada por la Guardia Civil para vigilar las fronteras marítimas, controlar la inmigración y frenar el narcotráfico. Sus radares de largo alcance permiten detectar embarcaciones sospechosas y seguir su trayectoria. De hecho, en el desembarco del 22 de agosto en la Cala de los Dentoles, la Delegación del Gobierno aseguró que el SIVE detectó previamente la lancha y permitió seguirla hasta la costa.
El problema aparece cuando la embarcación ya está en las proximidades de tierra. Las nuevas ‘pateras-taxi’ utilizan hasta cuatro motores fueraborda de enorme potencia que, conjuntamente, pueden alcanzar los 2.000 caballos, según los portavoces de la AUGC. Frente a esa capacidad, las organizaciones profesionales de guardias civiles denuncian su falta de medios. Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado recientemente que solo una de las cuatro embarcaciones asignadas al Servicio Marítimo estaba operativa durante los últimos desembarcos en las costas murcianas, al tiempo que reclama más personal y medios —concretamente, 700 agentes adicionales en la Región— para luchar contra las mafias que trafican con personas y drogas.
En respuesta a estas críticas, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha recordado que desde el 13 de agosto opera en aguas murcianas, con carácter exclusivo, un buque de altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex, al que se suma desde el pasado domingo una Patrullera Media de Navegación Sostenida desplazada desde Barcelona y, desde este viernes, la recuperación de la embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión. Lucas sostiene que estos refuerzos mejoran la capacidad de detección temprana, vigilancia e interceptación, pero también resultan esenciales para las operaciones de rescate, ya que las redes de tráfico de personas, cuando perciben que van a ser interceptadas, pueden arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables.
El choque político: cuatro discursos sobre la misma costa
El Partido Popular ha convertido las llegadas de agosto en una denuncia frontal contra la gestión del Gobierno central. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha endurecido en los últimos días su discurso y reclama ahora que el Ejecutivo de Pedro Sánchez active “todos los medios necesarios, incluidos los militares”, para reforzar la vigilancia de las costas y ejercer un efecto disuasorio frente a las embarcaciones rápidas utilizadas por las mafias. López Miras sostiene que ya no se trata de las tradicionales pateras, sino de “narcolanchas” de hasta 1.400 caballos de potencia, tripuladas por encapuchados que, según denuncia, llegan “con total impunidad” a las playas murcianas.
El presidente regional acusa al Gobierno central de “pasividad e inacción”, habla de un “descontrol total” y advierte de que la situación “no deja de agravarse día a día”. Además del despliegue extraordinario de medios militares, ha reclamado un refuerzo urgente de la Guardia Civil, mayores recursos tecnológicos para detectar y seguir las embarcaciones en tiempo real y una mayor implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
La portavoz regional del PP, Miriam Guardiola, también ha reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en Murcia al considerar que existe una incapacidad para controlar las llegadas y evitar que Murcia se convierta en una “puerta de entrada de las mafias”.
Lucas, por su parte, defiende que el Ejecutivo central está reforzando los medios disponibles en la Región y niega que exista una situación de “avalancha” u “oleada de pateras”. Además, acusa a López Miras de ofrecer una visión “distorsionada e interesada” de la situación y de utilizar políticamente un asunto que, a su juicio, requiere “compromisos serios” y coordinación entre administraciones. De hecho, Lucas ha tendido la mano al presidente autonómico para celebrar un encuentro que permita abordar de manera conjunta la respuesta ante la inmigración ilegal, petición que desde el PP han rechazado alegando que Lucas “se ha equivocado de puerta”, mientras le emplazaban “a llamar a la del ministro del Interior”.
En la línea de Francisco Lucas, el PSOE sostiene que la respuesta policial está funcionando y acusa al PP de utilizar la inmigración para generar “miedo, descontrol e inseguridad” y “alimentar discursos racistas”. La portavoz socialista Isabel Gadea ha destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan actualmente con las mayores plantillas de su historia
Vox adopta el discurso más duro. Su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha reclamado más medios marítimos, la expulsión de quienes hayan entrado irregularmente y ha descrito las llegadas como una “invasión” y un supuesto “acto de guerra híbrida”.
En el caso de Podemos-Izquierda Unida, la coalición ha puesto el foco principalmente en los menores. La portavoz de Podemos, María Marín, ha acusado al Gobierno regional de no asumir adecuadamente sus obligaciones legales de acogida y ha defendido que la atención a los menores extranjeros no acompañados debe abordarse desde los derechos humanos y no como una cuestión de confrontación política. Por eso, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que cumpla la legislación de extranjería y asuma su responsabilidad en la acogida.
¿Las costas de la Región frente a una nueva realidad?
Las operaciones policiales de junio y agosto en las costas murcianas ofrecen pruebas sólidas de la profesionalización de organizaciones criminales capaces de utilizar “embarcaciones rápidas, potentes y reutilizables, con logística de combustible, comunicaciones y vínculos con el narcotráfico”, tal y como advierten el Gobierno regional, los sindicatos policiales y colectivos del mar como la Cofradía de Pescadores de Cartagena, cuyo patrón mayor, Bartolomé Navarro, ha sido de los primeros en advertir de la “audacia y sofisticación” de estas redes criminales tras presenciar el abordaje de una lancha rápida a un pesquero en alta mar.
Es decir, las mafias están apostando por menos improvisación y más velocidad: lanchas potentes, pasajeros transportados como mercancía, desembarcos rápidos, abandono de los ocupantes y regreso inmediato de los patrones. En ocasiones, además, la misma infraestructura sirve para transportar droga en sentido contrario. Y eso plantea una pregunta mucho más compleja que “¿cuántos inmigrantes han llegado?”.López Miras pide blindar con militares las costas murcianas para frenar la llegada de “narcolanchas que transportan personas”
Porque, en esa batalla, la inmigración irregular es solo una parte del problema. La otra —y probablemente la más importante desde el punto de vista de la seguridad— es el crecimiento de unas redes criminales transnacionales que han convertido el Mediterráneo en una autopista para personas en situación irregular y drogas. Ahí, el Departamento de Seguridad Nacional (DNS), un órgano de asesoramiento político y técnico al servicio de la Presidencia del Gobierno y de los máximos órganos estatales en materia de seguridad, advierte en sus informes de que la Región de Murcia ya es uno de los puntos calientes de la costa mediterránea para el asentamiento de las mafias.
Quién alimenta el odio en Ceuta
- ¿Qué está ocurriendo para que haya quienes consideren legítimo perseguir por las calles a otras personas por ser migrantes, quemar sus pertenencias y atacar los lugares donde se refugian y hostigar a quienes les ayudan?
- — Los ataques a los trabajadores humanitarios en Ceuta obligan a algunos a retirarse por seguridad
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29 de agosto de 2026 21:46 h
Lo ocurrido en Ceuta no puede explicarse únicamente como un “estallido de indignación ciudadana” ante una situación que se ha vuelto insostenible tras la llegada, desde finales de julio, de miles de personas migrantes y ante una gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que no está funcionando. Los gravísimos incidentes de estos últimos días deberían hacernos mirar más allá, porque las manifestaciones y concentraciones contra la presencia de personas migrantes, los llamamientos a su expulsión, los señalamientos, las amenazas, las persecuciones y las agresiones ni se explican solo por el malestar acumulado ni han aparecido de manera espontánea.
Cuando la violencia alcanza ya a quienes prestan ayuda, es decir, a organizaciones como Cruz Roja y otras, quizá es momento de empezar a tomar posición. Cuando estas ONG denuncian amenazas e intimidaciones, y algunas han tenido que retirarse por seguridad, la pregunta es: ¿qué está ocurriendo para que haya quienes consideren legítimo perseguir por las calles a otras personas por ser migrantes, quemar sus pertenencias y atacar los lugares donde se refugian y hostigar a quienes les ayudan?
Nadie se levanta una mañana y decide salir a la calle a “cazar” migrantes, por mucha tensión que exista en la ciudad, antes alguien ha tenido que convertirlos en una amenaza. El diputado de Vox José María Figaredo lo hizo de forma especialmente explícita cuando pidió “cazarlos a todos, uno por uno” y devolverlos a Marruecos porque “son invasores”. De hecho, Vox lleva semanas hablando de “invasión”, de “acto de guerra”, de casas y comercios “asediados” y de un ataque contra la seguridad de los españoles. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a describir a las personas migrantes como un “ejército” frente al que el pueblo de Ceuta “se defiende como puede” y hay gente que “se arma con lo que puede”.
Pero el marco de la invasión, la amenaza y la expulsión no lo está alimentando únicamente Vox. Durante estas semanas, también el PP ha contribuido a presentar a las personas migrantes como un problema de seguridad y orden público, vinculándolas con la delincuencia o con riesgos sanitarios, reclamando deportaciones en bloque y llegando a plantear el confinamiento por razones de salud pública. El propio José María Aznar ha viajado a Ceuta para denunciar un “asalto” a las fronteras españolas y la amenaza a la soberanía nacional y a la integridad territorial,
Toda esta retórica, este marco que presenta lo sucedido en Ceuta como una cuestión de defensa de la nación frente a una invasión, desplaza el foco y cruza los límites de lo aceptable y tolerable en una sociedad democrática. Es muy grave. Palabras como “cazar”, “invasión”, “guerra”, “ejército”, “seguridad” o “enfermedades contagiosas” han ido preparando el terreno y naturalizando un relato peligrosamente xenófobo y racista que convierte a la población migrante en una amenaza y extiende el señalamiento a quienes la ayudan. El odio no aparece de repente, necesita un relato que se repita, imágenes que lo refuercen, bulos que circulen, altavoces dispuestos a amplificarlo y líderes que inciten lo más irracional hasta conseguir borrar al ser humano que está en situación de vulnerabilidad, hasta borrar cualquier atisbo de humanidad en quienes sucumben al lenguaje del odio.
Eso es precisamente lo más preocupante de lo que está sucediendo en Ceuta, que las palabras con las que, durante semanas, formaciones políticas con representación institucional y responsabilidades de gobierno han señalado a las personas migrantes como invasoras, peligrosas o portadoras de enfermedades se han convertido en las palabras con las que una parte significativa de la sociedad ceutí las mira y, en consecuencia, las trata y las ataca. Vox y el PP tienen una responsabilidad evidente en estar alimentando y legitimando ese marco, contribuyendo así a normalizar la hostilidad y la violencia contra ellas. De Vox poco se puede esperar, pero ahora que el PP pide calma y el fin de la violencia, ha de estar a la altura y resolver públicamente la encrucijada en la que se encuentra, no puede pretender desactivar la violencia y el odio y, al mismo tiempo, seguir llamando “invasores” a quienes están siendo perseguidos y violentados, mientras se intimida a quienes les ayudan.
Pero entender cómo se construye el odio no basta, hay que saber cómo frenarlo y, sobre todo, hacerlo sin reproducir la misma lógica que lo alimenta. Frenarlo exige gestionar mejor, informar con transparencia, proteger a quienes están siendo perseguidos y también a quienes los ayudan, investigar las conductas delictivas y no dejar espacio a la desinformación. Pero exige también no aceptar el marco de quienes han convertido a las personas migrantes en una amenaza, no amplificar cada provocación ni contribuir a la ficción de que toda Ceuta piensa igual, porque no es así. El odio no solo deforma la mirada hacia las personas migrantes, también puede deformar nuestra mirada hacia la población ceutí. Una sociedad que lleva semanas conviviendo con una situación extraordinaria.Los ataques a los trabajadores humanitarios en Ceuta obligan a algunos a retirarse por seguridad
De ahí que haya que comprender el miedo, el cansancio o el abandono de quienes sufren una respuesta pública insuficiente y reconocer también a tantos ceutís que están cubriendo con solidaridad y cuidados los vacíos de las instituciones. Defender los derechos de las personas migrantes no exige ignorar las necesidades de quienes viven en Ceuta, al igual que comprender su malestar tampoco justifica que se descargue la violencia sobre las personas migrantes que están en una situación de mayor vulnerabilidad ni se impida que se les ayude ni atienda, porque no es caridad, son derechos. La salida a esta situación creada por los discursos de odio pasa, entre otras cosas, por dejar de enfrentar unas necesidades con otras, por dejar de alimentar una guerra entre oprimidos. Ambas situaciones deben formar parte de una misma respuesta pública, capaz de devolver a Ceuta la convivencia y la normalidad sin que para ello las personas migrantes tenga que renunciar a su derecho a un trato digno y humano. Y pasa también por acabar con la impunidad de quienes incitan el odio, sea desde las instituciones, los partidos políticos o las redes sociales. El lenguaje del odio, sí es delito.
Mónica García: “Hasta que no estén todas las personas bajo techo, no se podrá recuperar la normalidad en Ceuta”
Foco
28 de agosto de 2026 21:45 h
Actualizado el 29/08/2026 10:02 h
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en las últimas semanas en que la situación en Ceuta tras la entrada, hace un mes, de miles de migrantes es una “crisis humanitaria”. A esas personas, que llevan semanas durmiendo a la intemperie, dice, “no hay que confinarlas, sino asegurarles un espacio seguro donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o epidemiológicos que sean pertinentes”.Estallido de violencia racista en Ceuta: grupos organizados atacan a migrantes y vecinos musulmanes
Esos espacios son los que han comenzado a habilitarse en los últimos días. García cifra en unos 3.800 los migrantes alojados ya en estos recursos, espera que se pueda dar alojamiento en las siguientes jornadas a otras mil personas y que “en dos o tres semanas” todos los migrantes estén bajo techo y “en condiciones dignas”.
¿Cómo valora las situaciones de violencia que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, con los intentos de impedir el reparto de ayuda humanitaria y el asalto a los campamentos donde están las personas migrantes?
Lo primero es la condena rotunda a esa violencia racista, que tiene un guion orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país. Estaba claro que después de discursos racistas, segregatorios y de bulos sanitarios, como el del señor Feijóo, y de una semántica de confinamiento, invasión y enfermedades se iba a utilizar ese marco para generar violencia. El PP está alterando la convivencia para intentar desestabilizar al Gobierno y no se dan cuenta de que están impidiendo una solución para normalizar la vida de los ceutíes.
¿Cómo se puede contrarrestar ese guion y esos discursos xenófobos que menciona?
Hay una espiral macabra en la que, cada vez que intentamos denunciar esos discursos, se nos acusa de violentar o de decir que están en boca de quien no están. Los discursos xenófobos y racistas han estado y siguen estando en boca de la ultraderecha, seguida de un PP que se ha subido a ese carro. Los migrantes no traen enfermedades, las tienen por las condiciones de hacinamiento. No hay que confinarlas, hay que ayudarlas, cuidarlas y asegurarles un espacio donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o los epidemiológicos que sean pertinentes.
¿Qué ha hecho el Gobierno en este mes para paliar esas condiciones de hacinamiento?
Hemos demandado, desde el primer momento, que esa gente sea realojada. Durante las dos primeras semanas ha habido una actitud, digamos, de desidia por parte de la ciudad de Ceuta, porque jugaban la carta de la expulsión. Esa expulsión, si la hay, no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la legislación nacional e internacional, que es lo que nos pide el PP. Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos. Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo, no podremos garantizar los procedimientos sanitarios ni de extranjería para recuperar la normalidad de la población.
¿El Gobierno central no tiene capacidad para alojar de forma rápida a estas personas?
No, sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta. En 2021, cuando se realojaron temporalmente a unas 8.000 personas, la ciudad cedió una serie de espacios que ahora niega, como pueden ser los polideportivos. Entonces hubo una agilidad para sacar a la gente de la situación de calle que no hemos visto ahora. Es cierto que ha habido un cambio de actitud y gracias a las demandas de los diferentes ministerios, se han avenido a que haya emplazamientos seguros donde llevar a cabo todas estas labores. Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa.
¿Qué expectativas tiene para las para los próximos días? ¿Cuándo se podrá realojar a todo el mundo?
Ya están alojadas en torno a 3.800 personas y en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más. Para eso necesitamos esa colaboración, que ahora sí estamos teniendo, de la ciudad de Ceuta. Sin realojos, no hay nada de lo demás. No nos pueden acusar de llegar tarde a espacios que no están cedidos o a cosas que no podemos hacer en la playa.
¿Entiende que exista la sensación de que el Gobierno llega tarde cuando se crea un mando único un mes después del inicio de la crisis? ¿Qué aporta ese mando único esta semana, que no hiciera falta hace dos o tres semanas?
Que no hubiera un mando único no significa que todas las instituciones no hayamos estado trabajando de manera colaborativa. Todos los departamentos ministeriales nos hemos reunido personalmente con la ciudad de Ceuta para trasladar nuestras demandas que, vuelvo a insistir, pasaban porque nos cedieran espacios. Este mando único nos permite pasar a la siguiente fase y agilizar la disposición y la coordinación de esos espacios y el seguimiento de los diferentes expedientes.
Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos
¿Tiene el Gobierno un calendario para dar por resuelta esta crisis?
Primero tiene que haber un calendario de realojos. Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos. A partir de ahí, hay determinados procedimientos que durarán más o menos. Para eso hemos aumentado los recursos en funcionarios, turnos de oficio, los sanitarios y hemos dotado a Ceuta de 25 millones de euros a través de la Conferencia sectorial de infancia. ¿Qué respuesta tiene el PP para que tres de sus comunidades no fueran a esa Conferencia para ayudar a Ceuta? Con una mano están utilizando el sufrimiento legítimo de la población ceutí y con la otra, les niegan la solución.
¿Qué evidencia científica hay en torno a una medida como la de confinar a las personas migrantes, como propuso Feijóo?
El señor Feijóo no es epidemiólogo porque no quiere y porque está dotado de una profunda ignorancia y mala fe. Confunde términos como confinar y aislar —para lo que existen unos protocolos concretos, en Ceuta y en cualquier territorio de España—, pero no es inocente en absoluto. Nos lleva a esa nube semántica de marginar, expulsar, invadir… que justifica una respuesta bélica y violenta. Identificar migración con enfermedades, con delincuencia y con inseguridad es el ABC de la internacional ultraderechista para deshumanizar a estas personas.
¿En este momento, cuál es el riesgo sanitario para la población ceutí?
Según la evaluación de riesgos que hemos hecho desde el primer momento, es bajo. Hemos separado muy bien los circuitos en los que hemos atendido la emergencia humanitaria de la vida cotidiana. No se ha suspendido ni una cirugía, ni una consulta, ni ha habido una disminución del acceso a las urgencias o los centros de salud. Hemos aumentado los recursos y hay una serie de puntos de asistencia fuera del sistema sanitario, en los que colaboran Médicos del Mundo y Cruz Roja de manera absolutamente ejemplar y que ahora están siendo atacados, algo que ya hemos visto en otras partes del mundo.
Es compatible la sensación de sobreesfuerzo de los profesionales con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario
Ha evitado hablar de “colapso” del sistema sanitario en Ceuta. Su diagnóstico no coincide con la descripción que hacen algunos profesionales. ¿A qué se deben estas discrepancias?
Has usado la palabra perfecta: diagnóstico. No se puede diagnosticar, bajo ningún parámetro, un colapso sanitario. No es que haya evitado la palabra, es que la niego. Tenemos un hospital al 50% de sus capacidades donde, a día de hoy, hay 13 migrantes ingresados. Por supuesto que ha habido un sobreesfuerzo, pero la palabra colapso no es real, es un bulo. Parte del alarmismo que quieren imponer determinados sectores que anhelan ese colapso.
Eso no quiere decir que no haya habido un sobreesfuerzo por parte de los profesionales, que han impedido ese colapso. Cuando dicen que están cansados y agobiados, es así, y ese esfuerzo y esa saturación personal, vivida de manera subjetiva, es la que ha impedido el colapso, porque desde el minuto uno se empezaron a reorganizar los servicios y las urgencias. Es compatible la sensación de sobreesfuerzo y de una situación extraordinaria con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario.
¿Comparte el análisis de que Marruecos es un socio fiable? ¿Qué papel ha jugado en esta crisis?
Es evidente que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país, que está relacionado con un intento de desestabilización que, si abrimos el foco, va más allá de nuestra propia frontera y en el que, es evidente, Marruecos tiene una responsabilidad. Es evidente también que ese intento de desestabilizar al Gobierno y al país tiene anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu.
¿Cree que es un ataque de Trump y Netanyahu a través de Marruecos?
Ha habido un ataque a la soberanía nacional con una crisis migratoria, lo cual es perfectamente compatible con un intento de desestabilizar a un gobierno progresista y a nuestro país. Nadie puede poner en duda que parte de este conflicto tiene un plano internacional y geopolítico. Es absolutamente indudable, como lo es el papel de la derecha en nuestro país. El jueves, el señor Aznar decía que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país. ¿Y de qué lado se han puesto? De Trump, de Netanyahu… siempre del lado de quien quiere desestabilizar al país a través del Gobierno. Es bastante antipatriota que estén en ese juego.
La situación de Ayuso es insostenible. Ha ido saltando de ático en ático, pretendiendo que fuéramos los madrileños quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece
Al margen de la crisis de Ceuta, en el plano autonómico, la gran polémica ha sido la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones que se iba a destinar a “reuniones” oficiales. ¿Cree que faltan explicaciones?
Faltan todas y no falta ninguna. Han dado todas las explicaciones, incluso explicaciones absolutamente contradictorias, que vienen a explicar que la situación de Ayuso es insostenible. Se ha regido por un velo de impunidad durante todos los años que ha estado gobernando y que han sido una estafa de primer orden a los madrileños y las madrileñas. Ha ido saltando de ático en ático sin pisar el suelo, pretendiendo que fuéramos los demás quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece.
Uno de los argumentos para no presentar el expediente de la compra es que afectaba a terceras personas, en este caso a la vendedora, que ya ha dado permiso para hacerlo público. ¿Qué esperan encontrar en ese documento?
La obscenidad. El expediente nos puede decir cuál es la letra pequeña, pero la señora Ayuso ha estado jugando al monopoly con el dinero de los madrileños y está en una situación absolutamente insostenible. Tiene muy difícil explicar por qué ha puesto a la Comunidad de Madrid a defender sus intereses y su vida de lujo.
Feijóo ha dicho que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que dar explicaciones sobre el ático, ¿cree que la presidenta sale debilitada dentro del PP?
El Partido Popular también está cansado de la señora Ayuso. Ha hecho ‘clic’ y es insostenible, pero es la gota que colma el vaso. Era indefendible durante la pandemia, el contrato de su hermano, el ático en el que vivía, la comisión que se llevó su pareja y los dos millones defraudados a Hacienda, el flujo de dinero a Quirón desde que gobierna… Es absolutamente insostenible todo, pero, como con todas las personas que tienen idilios sátrapas, hay una gota que colma el vaso.
La presidenta ha dedicado las últimas semanas a recorrer los pueblos afectados por los incendios. A usted no se la ha visto tan presente en ese día a día madrileño. ¿Cree que le puede perjudicar en el próximo ciclo electoral en el que le disputará la Comunidad?
La señora Ayuso va a hacerse fotos mientras no soluciona problemas. Donde tiene que hacerse una foto es con los bomberos que le reclaman recursos, buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Con esos nos hemos reunido nosotros y con quienes demandan desde hace tiempo que no se quiebren ni se vulneren los servicios públicos de nuestra región, pasando por la sanidad, la educación, la contención de los incendios, nuestros servidores públicos… No hay una sola área de servicio público en nuestra comunidad que no haya sido mermada, atacada o recortada por la señora Ayuso. Los incendios son una buena prueba de su mala gestión. Nosotros primero gestionamos y luego ya veremos si procede o no hacerse la foto.
¿Sigue teniendo la intención de continuar en el Ministerio hasta la convocatoria de elecciones?
Sigo teniendo la intención de terminar mi trabajo en el Ministerio. Nos quedan varias cosas muy importantes por hacer. Obviamente, contamos con la dificultad añadida de unas comunidades, que son las verdaderas gestoras de la sanidad pública, que obstaculizan las transformaciones que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud, pero seguimos en el empeño. Necesitamos que las listas de espera sean transparentes y trazables, reorganizar el itinerario formativo de los profesionales, tenemos que dar un empujón a esas leyes que ya están en el Congreso, la de medicamentos, la del tabaco, etc.
Quedan apenas unos meses para que termine la legislatura y la aritmética parlamentaria no es todo lo fácil que le gustaría al Gobierno. ¿Es optimista respecto a ese trabajo que les queda?
La aritmética del Congreso se alinea cuando hablamos de problemas y se aglutina en torno a la defensa de la salud, que va más allá de los intereses partidistas. Es cierto que, en ese camino, a veces se cruza el interés del PP por boicotear las mejoras y transformaciones de nuestro sistema sanitario para su propio interés, pero tenemos estos próximos meses para dar el todo por el todo.
Los sindicatos médicos dijeron en junio que, si no se atendían sus demandas, irían a una huelga indefinida en septiembre. ¿Ha habido avances este verano para resolver el conflicto sobre el Estatuto Marco?
En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, que son las que se niegan a reducir las guardias de 24 horas. Y son las comunidades autónomas con las que muchos sindicatos han negociado mejoras avaladas o inspiradas en el Estatuto Marco. Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.
Las comunidades también le han pedido que retire ese texto. ¿Se lo ha planteado en algún momento?
Las comunidades están en contra del Estatuto Marco por lo contrario que los sindicatos. Los profesionales reclaman el fin de las guardias de 24 horas y yo soy la primera persona en una institución que habla del fin de las guardias de 24 horas, mientras las comunidades han pedido por escrito en sus informes quitar los artículos que se refieren a la mejora de las condiciones. Por ejemplo, Madrid y Baleares nos han dicho que es imposible quitar las guardias de 24 horas.
Usted es médica y fue una de las caras visibles de la Marea Blanca. Si tuviera que volver mañana al hospital, ¿la Mónica García de 2012 estaría contenta de hacerlo bajo las condiciones del nuevo Estatuto Marco?
Espero volver al hospital en algún momento, porque me encanta mi trabajo, y espero no tener las mismas condiciones que cuando me fui. Tardé 10 años en tener una plaza fija y espero que, cuando vuelva, mis compañeros tengan oposiciones cada dos años. Entraba a las guardias a las 8 de la mañana y, cuando vuelva, espero entrar a las tres de la tarde y, en lugar de hacer 24 horas, poder hacer 17 o que mi jefe de servicio pueda organizarlas en torno a 12 horas.
Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras.
Esta semana hemos adelantado en elDiario.es que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe con recomendaciones a mujeres con menopausia con datos obtenidos en hombres. ¿Cómo se puede paliar esa brecha en la investigación y la atención médica a las mujeres?
Ese informe pertenece a una cartera que no es la nuestra. Desde el Ministerio hemos puesto mucho énfasis en los sesgos de género en sanidad y medicina y no se puede extrapolar ese informe a la práctica clínica real. Los sesgos han existido siempre y hay un trabajo de fondo que los tiene muy identificados e intenta revertirlos, tanto en las investigaciones como en las sociedades científicas y, por supuesto, en las consultas. Lo que es bastante increíble es que se sigan manteniendo en algunos lugares. No solo como ministra, sino antes, he asistido a bastantes fotos que hablan de este tema y hemos puesto de relieve que estos sesgos no afectan solo a las mujeres con menopausia —una de las entidades biológicas menos estudiadas y atendidas—, sino también al infradiagnóstico de enfermedades cardiovasculares o el sobrediagnóstico de la enfermedad mental. Eso está ahí y ha sido estructural, pero creo que se está trabajando desde muchos lugares para que ese sesgo de género termine.El Gobierno y el PP coinciden en pedir “calma” en Ceuta mientras Vox azuza la violencia racista
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