La crisis de Ceuta, un ataque a los derechos humanos y la convivencia
El PSOE tiene que actuar sin miedo a la derecha española y europea.
El 30 de julio España ha sufrido un ataque “híbrido” contra Ceuta, una avalancha humana que traspasaba una frontera sin control, un nuevo intento de desestabilizar al único gobierno de coalición de izquierdas de la Unión Europea.
Para realizar dicho ataque, los agresores no han dudado en utilizar a personas vulnerables, migrantes, niños y niñas sin protección familiar, refugiados y personas necesitadas de protección internacional. Una repetición, a mayor escala, de la operación de castigo a España, también a través de Ceuta, realizada por Marruecos en el año 2021, lanzando, a través de la frontera, a 10.000 migrantes refugiados. El motivo entonces fue que España atendía en un hospital a Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Los países y fuerzas políticas detrás de estos ataques saben que un gobierno de izquierdas respetuoso con los derechos humanos, el gobierno de coalición de España, ante una situación así no va a impedir por la fuerza la entrada en territorio nacional de personas que han padecido la violación de sus derechos humanos, políticos o sociales y que requieren protección internacional. Los más de 140 muertos que hasta ahora se han constatado en la entrada del 30 de julio han fallecido por ahogamiento en su mayoría o por heridas causadas por la avalancha humana.
El gobierno ha tardado demasiado en reaccionar. El CNI tenía que saberlo pero, según el Ministerio del Interior, nunca informó al resto de ministerios salvo al de Defensa. “Quien pueda hacer, que haga”
Marruecos sabía que 80.000 personas se dirigían a España y que estaban entrando. Un movimiento humano de estas características tampoco puede haber pasado desapercibido para los servicios de información exterior españoles, el CNI, ni tampoco su previa preparación, de la que había innumerables indicios previos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2026 que declaraba ilegal la aplicación de “devoluciones en caliente” —rechazo en frontera— a quienes entraran a Ceuta a nado, se produjeron 270 entradas a principios de julio y el 20 de julio ya llegaban a 700. El CNI tenía que saberlo, pero, según el Ministerio del Interior, nunca informó al resto de ministerios distintos al de Defensa. “Quien pueda hacer, que haga”.
No hay casualidades en política internacional
En abril de 2026 Estados Unidos aprobó su Presupuesto de Seguridad Nacional en la Cámara de Representantes. En el documento explicativo del presupuesto aparece un párrafo que indica que Ceuta y Melilla son ciudades bajo “administración española” en territorio de Marruecos y reclamadas por este país. Estados Unidos ofrece sus buenos oficios para una “solución definitiva” a esta situación. Think tanks, influencers y políticos ultraconservadores, tanto de Israel como de Estados Unidos, llevan meses tratando de promover narrativas sobre la ocupación española de Ceuta y Melilla. Además, Israel acaba de declarar organización terrorista al Frente Polisario. Ministros israelíes han declarado que Ceuta está ocupada por “colonos españoles”.
No hay casualidades en política internacional. España es el único país de la OTAN que se ha opuesto al rearme, al genocidio de Israel en Gaza y a la utilización de las bases estadounidenses en la guerra de agresión contra Irán
No hay casualidades en política internacional, menos aún cuando se trata de ajustar cuentas al único gobierno de un país de la OTAN que se ha opuesto al rearme, al genocidio de Israel en Gaza, a la guerra de agresión contra Irán, a la utilización por EE. UU. de sus bases en España para atacar a este país. Un país que se ha caracterizado, desde que existe el gobierno de coalición de izquierdas, por defender el derecho internacional y los derechos humanos.
La inicial falta de solidaridad con España de la mayoría de países de la Unión Europea —de los gobiernos derechistas de la UE, de las instituciones europeas controladas por los conservadores y del vergonzoso gobierno socialdemócrata de Dinamarca— fue basculando hasta convertirse en un ataque directo a nuestro país. La carta impulsada por Meloni, suscrita por 21 gobiernos europeos —no la firmaron Luxemburgo, Irlanda, Portugal y Francia— responsabilizó a España de la crisis, obviando crítica alguna a Marruecos, a Estados Unidos o a Israel. El gobierno ultraderechista de Italia incluso aplicó sanciones unilateralmente, imponiendo controles fronterizos a los españoles que llegaban a Italia, contraviniendo así las normas de libre circulación dentro de la UE. La derecha europea se ha sumado al discurso xenófobo, racista y antiinmigración de la ultraderecha, no perdonando a España el reciente proceso de regularización extraordinaria de migrantes, o haber sido el único país que ha votado en contra del Reglamento de retorno acordado en el marco de los debates y acuerdos del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). En lugar de reconocer el fracaso absoluto de la política europea de externalización de fronteras —solo España ha entregado en 10 años 219 millones a distintos países para este fin, entre ellos Marruecos—, que ha supuesto el asalto fronterizo del 30 de julio en Ceuta, la derecha europea responsabiliza a España de lo ocurrido por el supuesto “efecto llamada” que las políticas de reconocimiento de derechos humanos a inmigrantes de este gobierno habrían provocado.
El gobierno ha tardado demasiado en reaccionar, tanto por la falta previa de una información clara de lo que podría ocurrir, como por no haber dimensionado la gravedad de lo ocurrido y los recursos necesarios para abordar la emergencia humanitaria. El Ministerio de Defensa ha retrasado el apoyo logístico y de infraestructuras que tiene en Ceuta durante al menos dos semanas, demorando la organización de los dispositivos de acogida. De otros ni siquiera sabemos si han reaccionado, como el Ministerio de Exteriores, del que desconocemos su trabajo en esta crisis. No ha existido condena diplomática alguna por el ataque marroquí ni por las sucesivas declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos y otros altos cargos del país, vinculando claramente lo ocurrido con las reclamaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, es decir, dando a entender la autoría del ataque. Por el contrario, el Ministerio de Infancia y Juventud ha trabajado conjuntamente con el Área de Menores de la Ciudad de Ceuta para la puesta en marcha de los varios centros de acogida a niños y niñas sin acompañamiento familiar, probablemente más de 4.000, de los cuales 1.500 ya están acogidos en Ceuta y se trabaja para ir trasladándolos a la península.
No ha existido condena diplomática cuando el ministro de Justicia de Marruecos vinculó lo ocurrido con las reclamaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, dando a entender la autoría del ataque
Solidaridad ceutí con los migrantes frente a la xenofobia
Entre los primeros dispositivos de acogida a las personas más vulnerables han destacado también los que organizó la sociedad civil: la asociación de vecinos de la barriada de El Príncipe, la asociación del barrio Siri Embarak, Elin, No Name Kitchen y otros muchos colectivos. La solidaridad de la mayoría de la sociedad de Ceuta, los sectores más populares, ha sido muy destacada. Una muestra de respeto a los derechos humanos de los migrantes. De rechazo a la utilización política de este ataque y de la consiguiente crisis migratoria como elemento de la oposición de derechas para atacar al gobierno. Así se vio con el rechazo que hicieron de los provocadores de ultraderecha que llegaron desde la península, Vito Quiles y Núcleo Nacional entre ellos, a los que literalmente echaron de Ceuta.
La derecha española y la de la Unión Europea atacan al gobierno español, pero no confrontan con los atacantes. Ni con Marruecos, ni con Estados Unidos, ni con Israel.
Un mes después, Ceuta sigue en situación excepcional. Las víctimas del ataque híbrido son la población de Ceuta y las 80.000 personas migrantes y refugiadas, de las cuales 70.000 han regresado por voluntad propia ante la falta de expectativas y al darse cuenta de que habían sido utilizadas con fines políticos. La derecha española —Partido Popular y VOX— y la derecha de la Unión Europea atacan al gobierno español, pero no confrontan con los atacantes. Ni con Marruecos ni con Estados Unidos, ni con Israel, mientras mantienen como rehenes a la población de Ceuta, a los niños y niñas extranjeros sin protección familiar y a los migrantes y refugiados que permanecen en Ceuta porque no tienen dónde ir y no pueden ser expulsados, menos aún de inmediato.
El PSOE tiene que actuar sin miedo a la derecha española o la europea, sin miedo a las amenazas evidentes de una UE que presiona para que nadie salga de Ceuta rumbo a la península, sin sustento legal alguno para hacerlo. No ha habido suficiente rapidez por parte de varios ministerios a la hora de responder a esta crisis humanitaria, precisamente por el miedo del PSOE a esas presiones, quizás con la vana esperanza de que quienes permanecen en Ceuta la abandonaran voluntariamente.
Ceuta debe ser normalizada, de manera que no tenga que asumir atención a solicitantes de asilo o migrantes por encima de su capacidad de acogida. Los migrantes y refugiados continuarán llegando a la ciudad, porque es una ciudad fronteriza entre un continente rico y uno empobrecido. El sistema de acogida extraordinario ya organizado supone más de 3.000 plazas de acogida por ahora, y aún habría que organizar otras 3.000 más para solucionar el problema. Para Ceuta es un inmenso sacrificio, imposible de asumir. Y caldo de cultivo de la extensión del discurso xenófobo y ultraderechista.
Protección legal: española, europea e internacional
Quienes quedan en la ciudad en las condiciones actuales es porque no tienen dónde retornar. Son personas perseguidas que requieren protección internacional. O son niños y niñas sin protección de sus familias. O son personas migrantes en situación de absoluta vulnerabilidad que requieren un tratamiento humanitario, tal y como establece la legislación internacional, también la legislación europea y, por supuesto, la legislación española. Quienes no entran en las anteriores categorías y puedan ser retornadas, deberán serlo conforme a la ley. Eso significa procedimientos individualizados de devolución, retorno o expulsión y, en todos los casos, estas personas disfrutan —como en cualquier democracia y Estado de derecho— de las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa. No es cierto que se pueda devolver de inmediato y automáticamente, como vienen exigiendo el Partido Popular, VOX y la derecha europea. Y como también han declarado varios ministros del PSOE, un error político y también jurídico.
El Tratado Europeo de Derechos Humanos prohíbe las expulsiones colectivas. Una prohibición que ha sido ratificada innumerables veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Ley de Extranjería contempla los procedimientos aplicables a menores, niños y niñas que se encuentren en nuestro país sin protección familiar. El interés superior del menor siempre será reagrupar en un entorno familiar protector. Pero si no existe entorno familiar ni posibilidades de protección, tanto nuestra ley como la directiva actual de retorno de la Unión Europea o el reglamento de retorno recientemente aprobado en el marco del PEMA, así como el reglamento de procedimientos de asilo que entró en vigor en junio del 26, anteponen el interés superior del menor y prohíben las expulsiones o devoluciones automáticas.
En el año 2025 adquirieron firmeza las condenas a 9 años de inhabilitación que fueron impuestas a la delegada del Gobierno de Ceuta y a la vicepresidenta primera del gobierno de la ciudad autónoma, por devolver sin garantías desde Ceuta en 2021 a niños y niñas. La realidad es que pocas personas más van a poder ser devueltas, menos aún en poco tiempo. Marruecos no acepta ni el retorno de sus nacionales muertos el 30J. En una ciudad de 85.000 habitantes, Ceuta, no hay capacidad para que permanezcan en ella miles de personas extranjeras hasta que se defina su estatus definitivo. Ser solidarios con Ceuta es acabar rápidamente con la presión que soporta la ciudad, y eso solo es posible trasladando a la península a quienes aún permanecen allí tras entrar el 30J. Es en la península donde deben sustanciarse los miles de procedimientos individuales que proceden legalmente.
El gobierno debe ser mucho más contundente con Marruecos y pedir a la UE que también lo sea exigiéndoles el cumplimiento de los acuerdos de externalización de fronteras. Puede presionarles con sanciones comerciales y económicas.
El gobierno debe ser mucho más contundente con Marruecos y pedir a la UE que también lo sea, exigiéndole que cumpla sus obligaciones sobre los acuerdos de externalización de fronteras con la UE por los que cobra, así como reclamarle el dinero cobrado, visto que no ha cumplido. El ataque híbrido sobre Ceuta del pasado 30 de julio ha supuesto el hundimiento de la política de externalización de fronteras de la Unión Europea. Como hemos reclamado en tantas ocasiones, no pueden ser terceros países —con intereses distintos a los de los países de la Unión Europea, sin voluntad de respetar los derechos humanos— quienes se encarguen del control de las fronteras exteriores de la UE. Bruselas también tiene en su mano aplicar a Marruecos sanciones relativas al tratado comercial y económico suscrito con este país. Que la Unión Europea no haya tomado ninguna medida respecto a Marruecos ni siquiera haya amonestado a este país muestra claramente la utilización que las derechas europeas están haciendo de este ataque para atacar al Gobierno de coalición de izquierdas de nuestro país.
La única solución viable es trasladar a los inmigrantes a la península para continuar tramitando desde ahí los procedimientos legales que correspondan: expulsiones, devoluciones, asilo, acogida de menores, etc.
Agradecemos a la sociedad de Ceuta y a todos los servidores públicos que han trabajado en la crisis. Fuerzas de seguridad, militares, funcionarios de la Administración General del Estado y de la ciudad de Ceuta, y en especial a los empleados de los servicios funerarios de esta ciudad, que nunca se habían visto ante una tragedia igual en la que se hubieran producido casi 150 muertos en apenas 48 horas, por ahogamientos o heridas producidas por la avalancha.
El PSOE tiene que actuar sin miedo a la derecha española o la europea, sin miedo a las amenazas de una UE que presiona para que nadie salga de Ceuta rumbo a la península. Debe aceptar que la única solución viable para acabar con la presión en Ceuta y normalizar la situación, evitando la extensión del discurso antiinmigración y racista a toda España —estamos en curso político-electoral—, es trasladar a la península a los extranjeros que hay en Ceuta. Y desde la península continuar tramitando los procedimientos legales que correspondan: expulsiones, devoluciones, asilo, acogida de menores, etc.
(*) Secretario General del PCE y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados
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La violencia racista en Ceuta pone en riesgo la ayuda humanitaria y la convivencia
Las organizaciones sociales alertan de un aumento de las agresiones y amenazas mientras reclaman más recursos y una respuesta urgente de las administraciones
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29/08/2026
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Nacional, Sociedad y Ciudadanía
Imagen aérea de Ceuta.
La escalada de violencia registrada en Ceuta durante los últimos días está afectando directamente a las organizaciones que trabajan con personas migrantes. Las amenazas, los ataques y los obstáculos a la asistencia humanitaria han llevado incluso a algunos grupos a plantearse abandonar la ciudad ante la falta de condiciones de seguridad para continuar desarrollando su labor.
El deterioro de la situación se ha hecho especialmente visible esta semana. Un grupo de personas bloqueó durante horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja a la playa del Trampolín, donde se distribuyen alimentos a las personas migrantes que permanecen en la ciudad. Posteriormente, la protesta se trasladó a otros asentamientos informales, donde fueron destruidas e incendiadas pertenencias y estructuras utilizadas como refugio.
La violencia también ha alcanzado a las fuerzas de seguridad. Horas antes de estos incidentes, un grupo de varias decenas de personas habría lanzado piedras contra un vehículo militar en la zona de Benzú, provocando heridas a cuatro militares. Doce migrantes marroquíes fueron detenidos posteriormente, según fuentes policiales.
Las organizaciones que continúan trabajando sobre el terreno advierten de que los ataques no se limitan a las personas migrantes. También quienes les prestan asistencia están siendo objeto de amenazas e intimidaciones. Esta situación está dificultando la distribución de agua, alimentos y otros recursos básicos y, en algunos casos, ha obligado a reducir la presencia de voluntarios por motivos de seguridad.
Personas migrantes todavía sin un lugar seguro
Casi un mes después de las entradas desde Marruecos, numerosas personas continúan viviendo en condiciones precarias y sin alojamiento estable. Algunas permanecen en zonas de monte, otras se encuentran dispersas por distintos puntos de la ciudad y también hay personas refugiadas en asentamientos improvisados en las playas.
Entre quienes siguen en la calle se encuentran menores, mujeres y personas LGTBIQ+, colectivos especialmente vulnerables ante una situación de inseguridad y falta de espacios de acogida.
Las organizaciones sociales consideran insuficientes los recursos disponibles y denuncian que las medidas adoptadas por las administraciones están llegando con retraso. Reclaman la apertura de nuevos centros y que se aceleren los procedimientos para trasladar tanto a los menores ya registrados como a las personas adultas que llegaron antes del 30 de julio.
La situación ha provocado la preocupación de numerosas entidades humanitarias, que reclaman una actuación coordinada de las administraciones para garantizar la protección de las personas migrantes y, al mismo tiempo, permitir que quienes trabajan en su asistencia puedan hacerlo sin amenazas.
Una escalada que amenaza la convivencia
La tensión no afecta únicamente a las personas llegadas a Ceuta. También sectores de la población local han comenzado a expresar su preocupación por el deterioro de la convivencia y por la aparición de episodios de hostigamiento contra ciudadanos musulmanes.
Las organizaciones sociales advierten de que determinados grupos de extrema derecha están aprovechando el malestar generado por la situación migratoria para extender discursos de odio contra las personas migrantes y contra la población musulmana de la ciudad.
El problema, señalan, no puede explicarse únicamente por el descontento existente entre parte de la ciudadanía. La ausencia de respuestas rápidas para las personas que continúan en la calle y la difusión de mensajes que presentan la migración como una amenaza estarían contribuyendo a aumentar la tensión.
Desde el movimiento vecinal también se reclama distinguir entre las demandas legítimas de una parte de la población y quienes pretenden utilizar ese malestar para alimentar enfrentamientos. Según estas voces, se han producido ya insultos y episodios de hostigamiento contra ciudadanos musulmanes, aunque subrayan que la mayoría de la población ceutí rechaza los discursos de odio.
El temor que comparten las organizaciones sociales y parte del movimiento vecinal es que la escalada termine provocando una respuesta de otros sectores de la población y derive en enfrentamientos. Por ello, reclaman medidas inmediatas para reducir la tensión, garantizar la seguridad y ofrecer una respuesta digna a las personas migrantes que todavía permanecen en condiciones precarias.
La situación de Ceuta vuelve a poner así de manifiesto la necesidad de abordar la llegada de personas migrantes desde una perspectiva de derechos y de garantizar recursos suficientes para evitar que la falta de respuesta institucional termine agravando una situación social ya marcada por la tensión.
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IU denuncia el «uso partidista» de la FEMP por parte de su presidenta por las actuaciones sobre Ceuta
Izquierda Unida, junto a los grupos Socialista, ERC y Junts, reclama a María José García Pelayo que rectifique
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29/08/2026
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Nacional, Sociedad y Ciudadanía
Izquierda Unida ha impulsado, a través de Aida Castillejo, portavoz del Grupo Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Podemos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, un comunicado conjunto en el que varios grupos de la institución denuncian las “actuaciones unilaterales” de su presidenta, la alcaldesa del Partido Popular María José García Pelayo, en relación con la situación de Ceuta.
El pronunciamiento, suscrito por los grupos Socialista, Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts, se produce después de que la FEMP solicitara a ayuntamientos, diputaciones, consells y cabildos la convocatoria de concentraciones el próximo 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta.
Las formaciones denuncian que esta iniciativa, así como otras decisiones comunicadas por la presidenta de la Federación, se habrían adoptado sin contar con el respaldo de los grupos representados en la FEMP ni con el acuerdo de sus órganos de gobierno.
“Ni la convocatoria de concentraciones en los ayuntamientos, ni la celebración de la Junta de Gobierno de septiembre en Ceuta, ni la cesión al presidente Vivas de un puesto en la Delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias ante el Comité de las Regiones han contado con el respaldo de los grupos representados en la FEMP ni con el acuerdo de sus órganos de gobierno”, señala el comunicado.
Los grupos firmantes consideran que el problema no reside en la solidaridad de las administraciones locales con Ceuta, sino en la forma en que la presidenta de la FEMP habría utilizado la institución para promover determinadas actuaciones sin el consenso del conjunto de las formaciones que la integran.
El comunicado recuerda que los gobiernos locales han demostrado su capacidad de actuar conjuntamente ante situaciones de especial gravedad, citando como ejemplos la pandemia, la erupción volcánica de La Palma, la invasión rusa de Ucrania o la tragedia de Adamuz. Según las organizaciones firmantes, en estos casos la respuesta se produjo desde la “institucionalidad”, el consenso entre los grupos y los órganos de gobierno de la FEMP.
Frente a este funcionamiento, las cuatro formaciones sostienen que en el caso de Ceuta García Pelayo habría actuado de manera unilateral y “a hechos consumados”, sin contar con el respaldo ni la aprobación del resto de grupos políticos.
El texto acusa además al Partido Popular de apartarse del “funcionamiento democrático” de la Federación durante la actual legislatura para hacer un “uso partidista” de la institución y de no respetar sus procedimientos internos.
Por ello, IU, PSOE, ERC y Junts expresan su “desacuerdo” con las decisiones adoptadas y reclaman a García Pelayo que las rectifique. También le exigen que adecúe su actuación a la “institucionalidad y lealtad” que, a su juicio, debe mantener tanto con el resto de grupos políticos como con los gobiernos locales asociados a la FEMP.
La polémica vuelve así a situar en el centro del debate el funcionamiento de la principal organización representativa de los municipios y provincias españolas y el papel que debe desempeñar ante situaciones de especial relevancia política e institucional.
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