Por qué el Sur Global necesita una política industrial: Trigésimo sexto boletín informativo (2026)

Mientras que el capitalismo confina al Sur Global a la extracción de materias primas y a las exportaciones baratas, la planificación democrática puede romper la dependencia, reivindicar el control tecnológico y convertir los recursos en poder económico colectivo.

Queridos amigos,

Saludos desde la oficina de Tricontinental: Instituto de Investigación Social .

Durante cuarenta años, a los países del Sur Global se les dijo que la planificación económica era un error. El Estado debía replegarse, los aranceles debían bajar, las empresas públicas debían privatizarse y la inversión debía confiarse a quienes mueven dinero a través de las fronteras a la velocidad de un clic. El desarrollo llegaría mediante la ventaja comparativa: cada país debía vender lo que ya tenía y comprar lo que otros habían aprendido a producir. El resultado es visible desde Harare hasta Yakarta. Países ricos en minerales, tierras fértiles y mano de obra joven siguen atrapados en el extremo menos rentable de las cadenas de valor globales, exportando materias primas e importando los bienes de mayor valor elaborados a partir de ellas. Ghana, por ejemplo, exporta cacao e importa chocolate, mientras que Venezuela exporta petróleo crudo e importa combustible refinado. La riqueza se escapa del Sur Global, mientras que la deuda, la informalidad y la disciplina de la austeridad se agudizan.

Una política industrial progresista para el Sur Global debe comenzar con el rechazo a este acuerdo. La «economía» no es un hecho neutral ni natural, sino un producto histórico de la intervención colonial, la reestructuración neocolonial, los regímenes de propiedad y los patrones de acceso a la tecnología y al capital. Las tasas de crecimiento son importantes, pero aún más importante es la cuestión de qué se produce, cómo se produce, quién controla el proceso de producción y cómo se distribuyen los beneficios. El objetivo del desarrollo no debe ser el crecimiento en sí mismo, sino el florecimiento de la vida humana.

Charles Sheeler (Estados Unidos), Agua , 1945.

Las instituciones que en su día convirtieron la política industrial en un tema tabú para el Sur Global —el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— han comenzado a revisar sus recomendaciones. La OCDE, por ejemplo, reconoce ahora que las fuerzas del mercado por sí solas no pueden resolver la baja productividad, la fragilidad de las cadenas de suministro ni las transiciones ecológicas y digitales; pocas empresas arriesgarían su capital en inversiones a largo plazo a menos que se vieran obligadas a hacerlo. El Banco Mundial va más allá, argumentando que solo la inversión estatal puede impulsar la industrialización, incluyendo la creación de parques industriales, infraestructuras de transporte, redes energéticas y la provisión de financiación a largo plazo. El FMI es más cauto: reconoce la importancia de los subsidios y la protección comercial para las industrias nacientes, pero advierte contra la protección de sectores no competitivos. Cada una de estas instituciones sugiere ahora, sin decirlo explícitamente, la necesidad de planificación. Añadimos que dicha planificación debe ser democrática y en beneficio del bien común. Debemos fortalecer el poder popular y la capacidad estatal para disciplinar al capital y sancionarlo cuando se niegue a cumplir con los objetivos sociales.

Existe una asimetría reveladora en los antiguos argumentos sobre política industrial. Cuando los estados ricos subvencionan semiconductores, vehículos eléctricos, la industria de defensa o tecnologías verdes, se presenta como «innovación» o «seguridad nacional». Cuando los países pobres intentan procesar sus propios minerales o proteger industrias incipientes, se les advierte sobre «distorsión», «ineficiencia», «corrupción» y «riesgo fiscal». Lo cierto es que el mercado mundial ya está planificado por estados poderosos, empresas transnacionales, regímenes de patentes, instituciones financieras y prioridades militares. La verdadera pregunta es quién planifica, en beneficio de quién y en qué nivel de la cadena de valor.

Haji Widayat (Indonesia), Perayaan Sekaten di Yogya (Festival Sekaten en Yogya), 1983.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) subraya la necesidad de coordinación entre los Estados para que las políticas comerciales, energéticas, educativas y de investigación, ambientales y las normas sobre inversión extranjera avancen en la misma dirección. Sin coordinación, un gobierno puede anunciar el procesamiento local mientras su banco central priva a la industria de crédito a largo plazo, su sistema eléctrico perjudica a las fábricas y su régimen comercial incentiva las importaciones. Los argumentos de la UNCTAD son útiles, pero ignoran el problema fundamental: los capitalistas buscan el lucro, no el bien común.

Una política industrial que no regule el capital y lo oriente hacia el bienestar de la sociedad está condenada al fracaso. Las empresas públicas son necesarias para realizar inversiones a largo plazo en áreas socialmente esenciales donde el sector privado no muestra interés. En lugar de utilizar fondos públicos para la especulación privada, es mucho mejor destinarlos a instituciones públicas que puedan crear mercados regulados, impulsar nuevas tecnologías y desarrollar líneas de producción con impacto social positivo. En última instancia, una política industrial no puede sostenerse a menos que los países restablezcan algunas barreras comerciales y controles de capital. Sin estas medidas, los gobiernos se enfrentarán a una grave escasez de divisas y a elevados costos fiscales. Con el tiempo, estas presiones debilitarán las finanzas públicas y socavarán el desarrollo industrial.

Parte de la destrucción de la política industrial en el Sur Global se produjo con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, que restringió el margen de maniobra que los países tenían para imitar, adaptar y desarrollar tecnologías existentes. El ADPIC dificultó que los países desarrollaran nuevas tecnologías según sus propios criterios. Es hora de que los Estados del Sur Global reconsideren el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. Las licencias obligatorias ya permiten la producción de medicamentos que salvan vidas cuando las necesidades públicas son urgentes. Herramientas similares deberían extenderse a otros sectores críticos para el desarrollo industrial. Esto mejoraría el acceso a la tecnología esencial, fortalecería la producción nacional y reduciría la dependencia de las corporaciones multinacionales.

Gresham Tapiwa Nyaude (Zimbabue), Vuelos de mayo de Fance , 2019.

La política de litio de Zimbabue es un ejemplo importante de la visión económica necesaria para la política industrial contemporánea. En diciembre de 2022, el Instrumento Legal 213 de Zimbabue prohibió la exportación de minerales de litio y litio sin refinar sin autorización ministerial. Esta política subvirtió la idea colonial de que el papel de un país africano se limita a la extracción y el transporte. El país utilizó el control sobre un recurso estratégico para presionar a las empresas mineras a invertir en el procesamiento y generar mayor valor añadido, capacitación y recaudación de impuestos a nivel nacional. Este es precisamente el tipo de medida contra la que advierte la economía convencional. Sin embargo, instrumentos tan audaces pueden ser necesarios cuando el sistema actual hace que la extracción parezca “eficiente” y la industrialización “ineficiente”. La prohibición de Zimbabue cambió el cálculo al que se enfrentaba el capital minero: el acceso al mineral requería cada vez más inversión en el procesamiento nacional. Esto impulsó a las empresas a procesar el mineral de litio para convertirlo en concentrado y, más recientemente, a planificar instalaciones de sulfato de litio, acercando a Zimbabue un paso más a la producción de baterías.

La política de Zimbabue debe defenderse sin idealizaciones. Procesar el mineral para convertirlo en concentrado no es lo mismo que controlar la cadena de valor de las baterías. Las empresas extranjeras siguen dominando la producción. La tecnología, las finanzas y el acceso al mercado permanecen bajo el control de las corporaciones multinacionales. Las comunidades locales han expresado su preocupación por las condiciones laborales, los derechos sobre la tierra y el agua, y la deficiente regulación. Una prohibición de las exportaciones por sí sola no puede generar ingenieros, electricidad confiable, investigación pública ni fabricantes nacionales. Por lo tanto, el siguiente paso de Zimbabue debe ser más profundo y transparente: un plan integral que abarque desde la mina hasta la manufactura, vinculando el conocimiento geológico, la participación estatal, el crédito de los bancos de desarrollo, la formación profesional, el procesamiento químico, la producción de componentes, el reciclaje y la demanda regional. Dicho plan debería otorgar poder institucional a las comunidades mineras y a los trabajadores, y garantizar que los ingresos públicos se destinen a la construcción de bienes universales en lugar de a la acumulación de riqueza privada.

El éxito de Zimbabue no debe medirse por las plantas procesadoras, sino por si la política de litio contribuye a la construcción de nuevas escuelas públicas, hospitales, infraestructuras de agua y transporte, redes energéticas y otros bienes públicos.

Alexander ‘Skunder’ Boghossian (Etiopía), Crossroads, 1992–1997.

El Cuarto Decenio de Desarrollo Industrial para África de las Naciones Unidas (2026-2035) reconoce la urgencia de nuestra coyuntura. Casi doce millones de jóvenes africanos se incorporan al mercado laboral cada año, mientras que el Área de Libre Comercio Continental Africana ofrece la escala necesaria para construir cadenas de valor regionales. La ONU insta, con razón, a África a pasar de la exportación de materias primas a la producción de bienes de valor añadido. Pero las declaraciones y los «proyectos financiables» no bastan. Como argumentamos Grieve Chelwa y yo en nuestro libro Cómo el Fondo Monetario Internacional estrangula a África (2026), África necesita bancos públicos de desarrollo, planificación de infraestructuras continentales, una política minera coordinada, normas de contenido local, protección de las industrias nacientes y alivio de las deudas externas que agotan la capacidad fiscal que requiere la industrialización.

Los opositores a la política industrial no ofrecen ninguna alternativa neutral. Dejar la inversión en manos de las multinacionales equivale a aceptar un plan preestablecido: minas sin industria, granjas sin procesamiento de alimentos, ciudades sin trabajo digno y una transición verde en la que las tecnologías se diseñan en el Norte utilizando minerales extraídos en el Sur. La política industrial no garantiza la emancipación, pero puede convertirse en un terreno de lucha de clases por el control de la inversión, la producción y el excedente económico. Los pueblos del Sur Global tienen derecho a utilizar sus propios recursos para construir el futuro.

La coyuntura actual ha abierto un espacio para el debate sobre la política industrial, en parte porque el prolongado estancamiento que siguió a la crisis financiera de 2008 ha hecho que las antiguas prescripciones sean cada vez más insostenibles. Tras décadas en las que la planificación fue desacreditada y la capacidad estatal debilitada, los países del Sur Global deben tener la audacia de imaginar algo mejor que el acuerdo que les fue impuesto. Hay un antiguo proverbio shona de Zimbabue que podría ser útil recordar: Chawawana batisisa mudzimu haupi kaviri – lo que has encontrado, aférrate a ello con fuerza, porque los ancestros no dan dos veces.

Un cordial saludo,

Vijay