El servidor llamado paranoia: defender a Autistici/Inventati antes del 25 de septiembre

 Lo que está en juego no es solo la supervivencia de un colectivo de hackers italianos, sino si el mantenimiento de la infraestructura para movimientos sociales puede considerarse terrorismo

Sabot Media 

[Traducido por La Haine]

Durante veinticinco años, un colectivo de hackers italianos construyó una infraestructura de comunicaciones diseñada para sobrevivir a la censura, la vigilancia y las redadas policiales. El 26 de agosto, EEUU lo designó como organización terrorista. El 25 de septiembre finaliza el período de desmantelamiento.

Debería haber sido una noche oscura y tormentosa en un laboratorio de informática italiano.

Para mi disgusto, era un precioso domingo soleado.

El 3 de marzo de 2001, una decena de personas se reunieron en el laboratorio de informática LOA de Milán alrededor de un ordenador ensamblado con maquinaria desechada. Un banco les había vendido un viejo servidor por el precio simbólico de 15.000 liras, unos ocho dólares. Lo ampliaron con componentes recuperados, incluyendo un disco duro extraído del ordenador personal de alguien. Nadie llegó con un plan formal. Los paquetes de software se analizaban uno a uno. Cada decisión se discutía hasta que todos estaban de acuerdo. Deliberadamente, la persona con menos experiencia técnica se sentó al teclado. El proceso se prolongó mucho más de lo necesario porque la eficiencia no era el único objetivo. Se suponía que todos debían comprender lo que estaban construyendo. Ese día, recordó más tarde un participante, fue cuando exclamaron: «A/I ya existe».

Bautizaron la máquina como Paranoia. Al mes siguiente, se conectó a internet con dos dominios y dos historias entrelazadas: Autistici.org e Inventati.org. Veinticinco años después, el 26 de agosto de 2026, EEUU designó a Autistici/Inventati como organización terrorista global especialmente designada y la incluyó en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

La distancia entre esos dos eventos –desde una máquina reciclada en un laboratorio de informática de Milán hasta la maquinaria del Estado de seguridad nacional estadounidense– es la historia de un colectivo que ha pasado un cuarto de siglo insistiendo en una peligrosa proposición:

Las personas deberían poder comunicarse sin tener que someterse previamente a las corporaciones o a los gobiernos.
La amenaza inmediata ya tiene fecha. El 25 de septiembre expira la autorización temporal de EEUU para que las instituciones pongan fin a sus relaciones con A/I. Se les ordena a bancos, empresas tecnológicas, proveedores de alojamiento y otras instituciones que desconecten lo que quede. A/I construyó su infraestructura para sobrevivir a la desaparición de un servidor. Ahora, EEUU intenta hacer que este colectivo sea intocable económica y tecnológicamente. Acompáñanos a explorar qué es A/I, su historia y qué podría significar este nuevo ataque para el colectivo tecnológico autónomo y la comunidad radical en general.

Antes de A/I: Internet clandestino en Italia

Autistici/Inventati no surgió de la nada. Sus raíces se remontan a más de una década de organización autónoma italiana, radios piratas, sistemas de tablones de anuncios, centros sociales ocupados, movimientos anticapitalistas y experimentación con ordenadores como herramientas políticas. Durante la década de 1990, redes como la European Counter Network e Isole nella Rete proporcionaron un espacio en línea para los movimientos sociales cuando internet aún era desconocido para gran parte del público. Los Hackmeetings italianos reunieron a programadores, activistas, artistas y personas con curiosidad tecnológica en espacios autogestionados. Surgieron hacklabs en centros sociales ocupados, donde la gente podía aprender Linux, construir redes y abordar el conocimiento técnico como algo para compartir en lugar de vender.

Los futuros miembros de A/I procedían de diversas partes del mundo. En Milán, las personas asociadas al hacklab LOA usaron el nombre Autistici para describir su intensa fascinación por la tecnología y su deseo de exponer la política oculta en ella. En Florencia, el proyecto Inventati estaba más orientado a la comunicación, la publicación y la organización de movimientos. Entre sus proyectos se encontraban Stampa Clandestina, un periódico destinado a ser pegado directamente en las paredes de la ciudad, y Spia la Spia, una iniciativa para mapear las cámaras de vigilancia en lugares públicos.

También participaron personas de Bolonia y otros lugares. Muchos participaron en el desarrollo inicial de Indymedia Italia, parte de la red internacional de publicación abierta que permitía a manifestantes y ciudadanos informar sobre los acontecimientos sin tener que esperar a que periodistas profesionales los mediaran. Los distintos grupos compartían un problema: los movimientos necesitaban cada vez más sitios web, listas de correo y correo electrónico privado, pero la infraestructura independiente seguía siendo escasa. La Red Europea de Contrainteligencia existente soportaba una carga excesiva. Los proveedores comerciales ofrecían mayor capacidad, pero a costa de dinero, dependencia, vigilancia y, en última instancia, censura.

En noviembre de 2000, Inventati envió a los hackers milaneses un correo electrónico cifrado solicitando una reunión. El mensaje fue tratado como si fuera una película de espías amateur: claves PGP, instrucciones de reconocimiento cuidadosamente preparadas, una hora y un lugar secretos. Entonces, los florentinos llegaron con dos horas de retraso en un legendario cacharro oxidado llamado General Lee, tocando la bocina frente al edificio ocupado mientras la policía que lo vigilaba los observaba atónita.

El hecho histórico consensuado es que todos acabaron comiendo en una pizzería llamada La Balena. Durante la cena, los florentinos revelaron su supuesto plan sedicioso:

Construir otro servidor autónomo.

La intención no era reemplazar la infraestructura existente del movimiento con un nuevo proveedor central, sino multiplicarla. Si existían miles de servidores autónomos, razonaban, ninguna redada o incautación podría interrumpir las comunicaciones de todos. Autistici aportó gran parte del conocimiento técnico. Inventati contribuyó con su experiencia en publicaciones, trabajo cultural y comunicación de movimientos. Juntos se convirtieron en Autistici/Inventati, generalmente abreviado como A/I. La asociación legal del colectivo se llamaba Investici, pero A/I nunca se convirtió en una organización convencional. No tenía coordinador, líder oficial ni portavoz permanente. Las decisiones se tomaban colectivamente, no por votación mayoritaria. Nadie recibía un salario. Sus recursos provenían de donaciones voluntarias, eventos benéficos y el trabajo de las personas que lo mantenían. El doble nombre era deliberado. A/I era una criatura de dos caras: una técnica, la otra comunicativa; una orientada hacia la máquina, la otra hacia los movimientos que la necesitaban.

El servidor que se bloqueó a sí mismo

El nacimiento no fue del todo glorioso. En el segundo día de existencia de Paranoia, alguien introdujo un comando de cortafuegos invertido y, accidentalmente, ordenó a la máquina que rechazara todas las conexiones que no se originaran en ella misma.

El servidor solo podía comunicarse con el servidor.

El colectivo consideró que esto encajaba tan perfectamente con su marca que imprimió el error en una camiseta. Esa combinación de seriedad técnica y rechazo a la pretensión se convirtió en parte del carácter de A/I. Posteriormente, los servidores recibieron nombres como Chernobyl, Astio –‘rencor’–, Rivolta, Contumacia y Latitanza:. Detrás de las bromas se escondía una postura política bien definida. La comunicación debe ser libre y accesible. El conocimiento crece al ser compartido. El software no es neutral simplemente porque opere en un mundo supuestamente virtual. Los sistemas a través de los cuales las personas se comunican determinan quién puede hablar, quién puede escuchar, quién posee el registro y quién puede ser silenciado. A/I comenzó a proporcionar sitios web, correo electrónico privado, listas de correo, boletines informativos y chat. Sus servicios finalmente se expandieron para incluir el weblog Noblogs, intercambio de archivos, videoconferencias, streaming, reenvío anónimo de correos electrónicos y otras herramientas de comunicación, todo ello sin publicidad ni extracción comercial de datos.

Su manifiesto describe el proyecto en términos explícitamente políticos. A/I es antifascista, anticapitalista y antimilitarista. Promueve el software libre, el cifrado, el anonimato y la circulación independiente del conocimiento y la cultura. Reserva sus limitados recursos, gestionados por voluntarios, para personas y proyectos ampliamente compatibles con estos principios, en lugar de para empresas, partidos políticos, religiones organizadas o instituciones que ya poseen los medios para hacerse oír. A/I nunca fue un proveedor de alojamiento comercial políticamente neutral. Pero proporcionar infraestructura no es lo mismo que controlar todo lo que se transmite a través de ella. La afinidad política no implica control operativo. Darle a alguien una cuenta de correo electrónico no significa escribir cada mensaje que luego envía. Esta distinción es fundamental para el ataque que ahora se está lanzando contra el proyecto.

Génova: infraestructura en peligro

Apenas unos meses después de que Paranoia se pusiera en marcha, la cumbre del G8 llegó a Génova. Muchos participantes de A/I también colaboraron con Indymedia Italia. Ayudaron a construir el centro de prensa del movimiento, instalando cables, configurando servidores y montando estaciones de trabajo desde las que los manifestantes podían informar sobre lo que ocurría en toda la ciudad. Lo que siguió fue histórico: manifestaciones multitudinarias, el asesinato de Carlo Giuliani a manos de la policía, palizas indiscriminadas en las calles, torturas y abusos en el cuartel de Bolzaneto y la redada nocturna en la escuela Díaz. Las narrativas oficiales competían con fotografías, grabaciones y testimonios de primera mano transmitidos a través de infraestructuras independientes. Génova se convirtió en una de las primeras grandes manifestaciones documentadas desde prácticamente todos los ángulos por sus participantes, en lugar de exclusivamente a través de los medios institucionales.

Para A/I, también fue lo que el colectivo denominó posteriormente una «comunión traumática». Sus miembros experimentaron la misma violencia juntos, manteniendo sistemas a través de los cuales las pruebas de esa violencia podían salir a la luz. Tras Génova, A/I dejó de ser simplemente un interesante experimento técnico. Se había convertido en una infraestructura de movimientos de confianza. La demanda creció rápidamente. En 2003, A/I albergaba a más de 2000 usuarios, 205 sitios web y 269 listas de discusión. Mantener estos servicios de forma gratuita se estaba volviendo insostenible, mientras que el alojamiento comercial costaría miles de euros al año. El colectivo respondió con las giras KAOS: encuentros itinerantes que combinaban eventos benéficos, fiestas, debates públicos y talleres prácticos. Los miembros de A/I enseñaban a la gente a configurar servidores, cifrar comunicaciones, editar y distribuir vídeo, crear archivos digitales y transmitir audio.

Las giras recaudaron fondos, pero su propósito más profundo era la educación política. El colectivo no quería convertirse en un grupo de expertos invisibles que hicieran magia para usuarios pasivos. Quería que la comunidad comprendiera el mecanismo del que dependía cada vez más.

Cada ataque posterior contra A/I produciría una variación de esta respuesta: Revelen lo sucedido. Reparen los daños. Compartan la lección. Construyan algo más difícil de destruir.

Trenitalia descubre el efecto Streisand

El primer gran enfrentamiento legal de A/I tuvo lugar en 2004. Un colectivo de diseño llamado Zenmai había creado un sitio web que parodiaba a la compañía ferroviaria italiana Trenitalia. Imitaba la apariencia del sitio web de la compañía, pero denunciaba la participación de Trenitalia en el transporte de tanques y otros suministros militares durante la invasión de Irak. Trenitalia exigió la eliminación de la página, una indemnización por daños y perjuicios y la publicación de avisos en dos importantes periódicos, con un coste estimado de aproximadamente 20.000 EUR. Un tribunal ordenó inicialmente a A/I que retirara la parodia. Internet respondió reproduciéndola por todas partes.

Trenitalia exigió entonces que A/I también eliminara los enlaces a las réplicas, un argumento que planteaba la absurda posibilidad de que enlazar a material controvertido pudiera hacer responsable a cualquier motor de búsqueda. A/I apeló. El 14 de septiembre de 2004, el tribunal dictaminó que el sitio web era una sátira protegida basada en una controversia fáctica. La página volvió a estar disponible y se ordenó a Trenitalia que pagara los gastos legales de A/I. Fue una victoria extraordinaria para un pequeño colectivo de voluntarios. Pero mientras A/I luchaba contra la censura visible en los tribunales, se estaba llevando a cabo una operación más peligrosa sin su conocimiento.

La represión en Aruba

Para entonces, el servidor de A/I estaba alojado en el proveedor comercial Aruba en Arezzo. El 15 de junio de 2004, la policía italiana llegó a Aruba por orden de un fiscal de Bolonia. Los técnicos de la empresa apagaron el equipo de A/I y permitieron a la policía copiar material de sus discos. Los investigadores obtuvieron sus certificados criptográficos y posiblemente instalaron equipos capaces de interceptar el tráfico. A A/I se le dijo que la interrupción se debía a un problema eléctrico. El colectivo descubrió la verdad casi un año después, y solo por casualidad.

En mayo de 2005, A/I recibió la orden de cerrar el buzón de correo electrónico utilizado por la Cruz Negra Anarquista Italiana (Crocenera Anarchica), en el marco de una extensa investigación que involucraba acusaciones de conspiración y subversión anarquista. A/I acató la orden judicial y solicitó la documentación del caso. Dicha documentación contenía mensajes a los que los investigadores no deberían haber tenido acceso. Oculta en una nota a pie de página se encontraba la explicación: la policía había viajado a Aruba el año anterior y había obtenido acceso al servidor de A/I.

Una operación supuestamente relacionada con un buzón de correo electrónico había comprometido potencialmente miles de cuentas y decenas de miles de suscriptores a listas de correo. Entre los afectados se encontraban abogados y expertos técnicos que trabajaban con el Foro Jurídico de Génova. Por lo tanto, la policía podría haber accedido a comunicaciones confidenciales de la defensa relativas a los procesos judiciales derivados de la actuación policial en la cumbre del G8. La violación puso al descubierto una cruda realidad. A/I podía operar su propio servidor, configurarlo cuidadosamente y negarse a conservar los registros de identificación, pero el equipo físico permanecía en el edificio de otra persona. Un proveedor comercial podía abrir la puerta, entregar su contenido y ocultar lo sucedido.

A/I retiró la máquina de Aruba, la limpió y restableció los servicios esenciales. Se plantearon preguntas parlamentarias en Italia y a nivel europeo. El colectivo viajó por Italia y Europa explicando la brecha de seguridad. Y lo más importante, reconstruyó la red.

Plan R*: la represión se convierte en arquitectura

El resultado fue el Plan R*, lanzado en octubre de 2005: una red de “comunicación resistente”. En lugar de concentrar los servicios de A/I en una sola máquina, el colectivo distribuyó datos y funciones cifradas entre servidores en varios países. Las máquinas de acceso público podían reemplazarse. Los servicios podían trasladarse cuando se confiscaba el hardware o un proveedor se volvía hostil. La pérdida de un nodo ya no expondría ni silenciaría a toda la comunidad. R* significaba replicación, redundancia, resistencia y otras palabras que comenzaban con R. Su arquitectura fue concebida no solo para sobrevivir a fallas mecánicas, sino también para resistir ataques políticos.

A/I no afirmaba poder garantizar una seguridad perfecta. Por el contrario, advertía repetidamente a los usuarios que nunca confiaran ciegamente su seguridad a ningún proveedor, incluido A/I. Minimizaba los registros y la información de identificación porque la información que no existe no puede ser confiscada fácilmente. Animaba a los usuarios a cifrar sus propias comunicaciones porque ni siquiera la arquitectura de servidor más robusta podía compensar las prácticas individuales inseguras.

El colectivo transformó una operación de vigilancia encubierta en una lección sobre infraestructura.

La represión se convirtió en arquitectura.

El Vaticano, un videojuego satírico y Noruega

La presión continuó. En 2007, un político italiano exigió medidas contra Operation: Pedopriest, un juego satírico para navegador que criticaba los esfuerzos de la iglesia católica por ocultar los abusos sexuales cometidos por el clero. Su creador retiró temporalmente el juego para proteger al proveedor de alojamiento. A/I alojó entonces una copia. Tras una queja de una organización de protección infantil no identificada, un proveedor estadounidense desconectó por completo el servidor de Noblogs. Después de consultar con abogados, el proveedor concluyó que la sátira era legal en EEUU y restauró el servidor. El Plan R* mantuvo el material en disputa accesible en otros lugares y limitó la interrupción general. Para entonces, A/I se había convertido en un importante refugio frente a la incipiente web social comercial. Noblogs ofrecía publicación independiente sin publicidad, minería de datos ni exigencias de que las personas vincularan su identidad legal a todo lo que decían.

Entre sus usuarios se encontraban organizaciones de movimientos sociales, escritores independientes, disidentes, artistas y trabajadores de ONG que operaban en entornos peligrosos. En 2008, A/I recibió el premio Winston Smith “Héroe de la Privacidad” de Italia por crear una infraestructura de comunicaciones libre y resistente a la censura, a pesar de la escasez de recursos, los ataques técnicos y las repetidas intervenciones judiciales.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2010, la policía noruega copió los discos duros de un servidor de A/I a petición de Italia. La investigación se originó a raíz de amenazas y grafitis antifascistas dirigidos a miembros de la organización neofascista CasaPound. Las autoridades buscaban información sobre un buzón de correo electrónico. A/I ya había explicado que no poseía ni identidades de suscriptores ni registros de actividad, pero los investigadores aparentemente querían comprobar si esto era cierto.

Durante el proceso se copiaron miles de cuentas.

Plan R* restableció los servicios afectados en otros lugares en aproximadamente dos horas. En veinticuatro horas, la red funcionaba con normalidad. Los discos incautados estaban cifrados y no arrojaron información de identificación útil. La operación se convirtió en un escándalo público en Noruega. Abogados, periodistas y organizaciones tecnológicas cuestionaron por qué la policía noruega había copiado las comunicaciones privadas de miles de personas en respuesta a una solicitud extranjera insuficientemente explicada. La investigación italiana subyacente finalmente se archivó. Donde otra organización podría haber interpretado las repetidas redadas como prueba de que su proyecto era imposible, A/I las interpretó como confirmación de que el proyecto era necesario. Su historia está documentada en el libro del colectivo, +KAOS: Diez años de hacking y activismo mediático, y en su propia historia del colectivo (https://www.autistici.org/who/collective).

26 de agosto de 2026

El ataque más reciente es de otra índole. El 26 de agosto, el Departamento de Estado de EEUU designó a Autistici/Inventati como organización terrorista global especialmente designada. Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluyó a A/I en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas en virtud de la Orden Ejecutiva 13224. Esto no es simplemente una declaración gubernamental condenatoria; activa uno de los sistemas de exclusión económica más poderosos del mundo. EEUU alega que A/I proporciona arquitectura digital especializada, comunicaciones cifradas y alojamiento web a grupos antifascistas y otros movimientos sociales, incluidas organizaciones ya designadas por EEUU.

El anuncio público del Departamento del Tesoro se centra en los servicios que A/I proporciona: sitios web alojados en el extranjero, correo electrónico cifrado, chat, videoconferencias y la arquitectura digital que respalda a Noblogs. Describe la política antifascista y antimilitarista de A/I, su práctica de seleccionar proyectos compatibles con dicha política y su provisión de infraestructura utilizada por el PKK kurdo. El Departamento del Tesoro considera entonces la provisión de esa infraestructura como apoyo material o tecnológico al terrorismo.

El caso del Departamento de Estado va más allá, presentando ataques, comunicados y publicaciones que, según afirma, pasaron por la infraestructura de A/I. Sus ejemplos incluyen supuestos sabotajes ferroviarios y de oleoductos en Europa, ataques a la infraestructura energética, Rose City Antifa, resistencia al centro de entrenamiento policial propuesto en Atlanta, Jane’s Revenge y publicaciones con declaraciones atribuidas a organizaciones armadas. Las declaraciones públicas del gobierno no demuestran que A/I planificara esas acciones, seleccionara objetivos, transfiriera armas, dirigiera a los grupos citados o fuera autora del material alojado en sus sistemas. No establecen si o cuándo A/I tuvo conocimiento de ningún acto en particular ni si lo conocía antes de que ocurriera.

En cambio, esta designación plantea una propuesta más amplia y trascendental:

La construcción de infraestructuras de comunicación para movimientos sociales puede considerarse en sí misma un acto de terrorismo.

Esa teoría desdibuja la distinción entre proveedor y usuario; entre afinidad política y control operativo; entre proteger la privacidad y encubrir un delito; entre mantener una plataforma de publicación y ser autor de todo lo publicado a través de ella. A/I nunca ha afirmado ser políticamente neutral. Creó infraestructura precisamente porque los movimientos sociales necesitaban un espacio donde expresarse, publicar y organizarse al margen del control corporativo y estatal. EEUU ahora utiliza ese propósito como prueba en su contra.

¿Qué sucede el 25 de septiembre?

Dado que A/I figura ahora en la lista SDN, todos sus bienes o intereses en bienes ubicados en EEUU –o que sean propiedad o estén bajo el control de una persona estadounidense– deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Salvo que se aplique una exención o licencia, las personas e instituciones estadounidenses tienen prohibido, en general, proporcionar o recibir fondos, bienes o servicios relacionados con A/I. Estas restricciones pueden afectar a las transacciones que transitan por EEUU, incluso cuando las partes se encuentren en otros países. La OFAC ha emitido una licencia temporal que permite realizar las transacciones necesarias para liquidar las relaciones existentes con A/I hasta las 12:01 a. m. (hora del este) del 25 de septiembre de 2026. Los pagos adeudados al colectivo no pueden simplemente serle entregados; deben depositarse en cuentas bloqueadas. Tras la fecha límite, las transacciones cubiertas requieren otra autorización aplicable. Por lo tanto, el 25 de septiembre es la fecha límite para que las empresas y personas estadounidenses se desvinculen de A/I.

Las consecuencias pueden incluir la pérdida de:

Cuentas bancarias y procesamiento de pagos.

Servicios de donaciones y recaudación de fondos vinculados a EEUU.

Servicios de alojamiento web, infraestructura en la nube y servicios de red ascendente.

Registro de dominios y servicios técnicos relacionados.

Cuentas de certificados, seguridad y envío de correo electrónico.

Servicios de software y comunicaciones.

Las relaciones con proveedores no estadounidenses se ven afectadas por las sanciones secundarias impuestas por EEUU.

Acceso para las personas en los EEUU que actualmente utilizan los servicios de A/I.

Las empresas extranjeras no están sujetas automáticamente a todas las prohibiciones impuestas a los estadounidenses. Sin embargo, la OFAC advierte que las instituciones financieras extranjeras pueden enfrentar sanciones secundarias por facilitar a sabiendas transacciones significativas en nombre de una entidad designada. Esta advertencia puede ser tan perjudicial como la aplicación directa de la ley. Un banco, registrador o empresa de alojamiento europeo puede no conocer con precisión lo que exige la legislación estadounidense. Su departamento de cumplimiento puede simplemente decidir que mantener una relación con un pequeño colectivo anarquista italiano no justifica el riesgo percibido. Las instituciones suelen ser excesivamente estrictas en el cumplimiento. Los proveedores pueden cerrar cuentas o retirar infraestructura incluso cuando la ley no lo exige claramente. Las organizaciones pueden eliminar enlaces, evitar la correspondencia o terminar relaciones no relacionadas simplemente porque el nombre de la entidad ahora aparece en una lista negra de terrorismo.

Así es como las sanciones estadounidenses adquieren fuerza mundial: no solo a través de la jurisdicción legal, sino también a través del miedo institucional.

El objetivo más amplio es la comunidad que rodea al servidor

La designación puede estar dirigida a A/I, pero sus efectos no se limitarán a esta comunidad. La infraestructura de A/I es utilizada por escritores, organizadores, investigadores, artistas, publicaciones de movimientos sociales y personas que la eligieron precisamente porque las plataformas comerciales son inseguras, políticamente hostiles o estaán diseñadas para extraer sus datos. Estos usuarios no son sancionados automáticamente por tener una dirección de A/I o publicar en Noblogs. Pero una vez que el proveedor se incluye en una lista negra de terrorismo, la simple asociación puede convertirse en una señal de riesgo.

Un banco puede examinar un pago con lupa. Un proveedor de correo electrónico puede degradar o bloquear la entrega. Un empleador, un agente fronterizo o un investigador policial pueden considerar una dirección sospechosa. Un periodista puede dudar en contactar a una fuente. Un investigador puede evitar un archivo. Un nuevo usuario puede decidir que abrir una cuenta es demasiado peligroso. Nada de esto exige que el gobierno procese a todas las personas involucradas. La designación puede generar su propio perímetro de temor.

Esa es una de las razones por las que esta medida, de otro modo inexplicable, podría resultar útil para el Estado, incluso si A/I permanece en línea. Los ataques anteriores intentaron alcanzar al colectivo a través de máquinas, buzones de correo y proveedores específicos. A/I respondió distribuyendo sus sistemas, cifrando sus discos y reteniendo menos información. Estas prácticas hicieron que la incautación y la vigilancia convencionales fueran menos productivas. Las sanciones atacan una capa diferente: las relaciones que permiten la existencia de la infraestructura. En lugar de romper el cifrado, el gobierno puede presionar a bancos, registradores, centros de datos, empresas de software y usuarios para aislar a quienes la operan. En lugar de probar en los tribunales que cada usuario cometió un delito, puede hacer que el contacto continuo sea costoso y legalmente incierto.

Se trata de un estado de vigilancia que opera a través de intermediarios privados. El gobierno no necesita desplegar un agente en cada sala de servidores cuando se puede inducir a los departamentos de cumplimiento normativo, a los procesadores de pagos y a las plataformas a que supervisen la red por sí mismos. Cada institución establecerá su propio perímetro de seguridad, a menudo más amplio del que exige la ley. Algunas pueden exigir más documentos de identidad, conservar más registros, monitorizar el contenido político o rechazar por completo los proyectos que preservan la privacidad. Otras pueden cerrar cuentas discretamente sin ofrecer ninguna vía de apelación efectiva. La aplicación de la ley se dispersa entre empresas cuyas decisiones son difíciles de ver, cuestionar o incluso documentar.

El daño resultante no se limita a la censura. Puede alterar la arquitectura de la comunicación de los movimientos sociales. Los pequeños proveedores autónomos podrían concluir que prestar servicios a comunidades controvertidas conlleva un riesgo existencial. Las plataformas más grandes podrían usar esta designación como un motivo más para ampliar la verificación de identidad, la moderación automatizada y la retención de datos. Los usuarios podrían migrar de infraestructuras de confianza a sistemas comerciales más fáciles de monitorear, citar y mapear. El Estado gana influencia incluso cuando no obtiene texto plano de los discos cifrados de A/I: las personas se aíslan, los proveedores recopilan más información y las relaciones sociales en torno a la disidencia se vuelven más fáciles de observar.

El precedente trasciende los proyectos explícitamente anarquistas o antifascistas. Si la alineación política con los usuarios, la protección de la privacidad y el alojamiento de publicaciones controvertidas pueden considerarse un argumento que justifique que la infraestructura en sí misma constituye apoyo, entonces los proveedores de correo cifrado, las editoriales radicales, los archivos comunitarios, las VPN, las redes sociales federadas, los proyectos de asistencia legal y otros proveedores de alojamiento independientes tienen motivos para prestar atención.

Las circunstancias y las leyes específicas variarían en cada caso. El peligro reside en normalizar la categoría: un proveedor de comunicaciones dejaría de ser tratado como un canal o editor con sus propios derechos y responsabilidades para convertirse en participante de cada acto que el gobierno atribuye a quienes utilizan sus sistemas.

Eso no significa que la designación se refiera secretamente a cada usuario de A/I, ni que se vayan a producir todas las consecuencias posibles. El gobierno no ha explicado públicamente su estrategia interna más allá de las acusaciones contenidas en sus comunicados. Pero la estructura de la medida es evidente. Sustituye una acusación específica contra una conducta identificable por una sanción general contra la infraestructura; traslada la aplicación de la ley de los tribunales a una red global de instituciones cautelosas; y convierte la incertidumbre misma en un instrumento de control. El objetivo inmediato podría ser inhabilitar A/I. El efecto más amplio es advertir a cualquiera que desarrolle comunicaciones fuera de la supervisión corporativa y estatal que la protección que brindan puede ser utilizada como prueba en su contra.

¿Podrá A/I sobrevivir a esto?

A/I ha visto venir la represión estatal desde hace tiempo.

Toda su infraestructura parte de la base de que:

Los servidores serán confiscados.

Los proveedores cooperarán con la policía.

Los gobiernos exigirán información sobre los usuarios.

Las corporaciones retirarán el material controvertido.

Algunas máquinas y ubicaciones dejarán de estar disponibles.

Por eso, los datos y los servicios deben estar cifrados, distribuidos y ser reemplazables.

Esa preparación es crucial. A/I tiene su sede en Italia, no en EEUU. Su infraestructura está distribuida internacionalmente. Sus servicios son mantenidos por voluntarios con alta cualificación técnica. Evita depender de un único proveedor, minimiza la información de identificación y cuenta con décadas de experiencia restableciendo servicios durante emergencias. No tiene accionistas, sede corporativa ni nómina convencional. Sus costes operativos relativamente modestos y su estructura de voluntarios reducen las posibilidades de presión estatal. Hay pocas razones para suponer que el servidor, el sistema de correo electrónico o Noblogs simplemente desaparecerán el 25 de septiembre. A/I podría estar mejor preparada para sobrevivir a una máquina incautada o desconectada que casi cualquier proyecto de comunicaciones de tamaño comparable.

Pero esto no es otro ataque a un servidor.

El Plan R* se diseñó para sobrevivir a la desaparición de las máquinas. Por sí solo, no puede impedir que los bancos bloqueen fondos, que los registradores suspendan dominios o que empresas de todo el mundo retiren sus servicios por temor a las sanciones estadounidenses.

Esta designación se refiere al tejido conectivo que rodea a los servidores:

Bancario.
Donaciones.
Dominios.
Contratos de centros de datos.
Ancho de banda.
Certificados.
Dependencias de software.
Relaciones institucionales internacionales.

A/I ya ha sobrevivido al aislamiento técnico en el pasado. Ahora, EEUU intenta la excomunión financiera e institucional. Sus servicios esenciales pueden ser resilientes, pero su capacidad para financiarlos, reemplazar la infraestructura y participar en el sistema tecnológico general corre un riesgo considerablemente mayor. Por lo tanto, lo que suceda después del 25 de septiembre dependerá no solo de la arquitectura que protege los datos de A/I, sino también de la solidaridad que la rodea.

El 25 de septiembre no es una fecha límite para guardar silencio

Esta designación busca aislar. La respuesta debe ser una solidaridad informada, independiente y disciplinada. En EEUU no se deben improvisar donaciones, ocultar pagos ni canalizar recursos a través de otra persona, organización, moneda o país. Esto podría exponer al donante, al intermediario y a la propia entidad designada a sanciones. Las prohibiciones también se extienden más allá del dinero. La asistencia técnica coordinada, la traducción, la promoción, la organización de eventos u otros servicios prestados a una entidad designada pueden generar riesgos legales.

Pero el 25 de septiembre no es una fecha límite para el silencio. El periodismo independiente, la crítica, la protesta, la educación y la defensa política siguen siendo posibles. La gente puede contar la historia de A/I, examinar y cuestionar las afirmaciones del gobierno, contactar a periodistas y organizaciones de libertades civiles, preservar materiales públicos y organizarse de forma independiente contra la criminalización de la infraestructura de comunicaciones resistente.

La distinción práctica radica en la diferencia entre hablar y actuar de forma independiente sobre A/I y proporcionar fondos o servicios coordinados a A/I. Los límites exactos pueden ser complejos. Cualquier persona que contemple la recaudación de fondos, la infraestructura de reemplazo, la replicación pública o la asistencia técnica directa debe obtener asesoría legal calificada en materia de sanciones. Un documento de febrero de 2025 sobre libertades civiles, apoyo material y restricciones de la OFAC también advierte que la actividad legal o protegida aún puede atraer vigilancia, investigación, consecuencias migratorias o litigios civiles. Los simpatizantes que sean abordados por las fuerzas del orden deben negarse a responder preguntas y consultar con un abogado.

Este artículo es un reportaje y un análisis político, no un asesoramiento legal.

Qué pueden hacer los simpatizantes antes del 25 de septiembre

Cuenta la historia. Comparte la historia de A/I: los hacklabs, Paranoia, Génova, las giras KAOS, la victoria de Trenitalia, la brecha de Aruba, Plan R*, Noblogs y la incautación noruega. No permitas que la descripción del gobierno se convierta en el único relato público disponible de lo que es A/I.

Construye una coalición de defensa pública. Pide a colectivos de servidores independientes, organizaciones de derechos digitales, hacklabs, proyectos de software libre, bibliotecas sociales, editores independientes, periodistas, abogados, investigadores y antiguos usuarios que respondan públicamente.

Preserva el archivo. Los servidores pueden ser incautados. Los dominios pueden ser suspendidos. Los hosts pueden entrar en pánico. Haz copias de seguridad de los escritos de Noblogs de acceso público y de gran valor histórico, junto con los manifiestos de A/I, documentos técnicos, registros legales e historial del movimiento. Registra las URL de origen, la autoría, las fechas de publicación y las fechas de recuperación. Respeta la privacidad, los derechos de autor y las solicitudes de eliminación. No accedas a cuentas privadas ni eludas la seguridad. La preservación personal, el archivo de investigación y el periodismo ordinario no son lo mismo que la infraestructura de reemplazo que opera públicamente. Cualquier persona que esté considerando instalar un espejo público debería primero buscar asesoramiento legal cualificado.

Documenta el exceso de cumplimiento. Haz un recuento de las empresas, bancos, registradores, plataformas e instituciones que rescinden servicios o eliminan material. Conserva notificaciones y correspondencia. El registro público debe mostrar hasta dónde llega la designación más allá de su lenguaje formal.

Exige respuestas. Pregunta a los grupos de derechos digitales, instituciones europeas y funcionarios públicos si permitirán que las sanciones estadounidenses desmantelen un colectivo de comunicaciones italiano. Pregunta qué protección existe para la infraestructura, los usuarios y los archivos europeos.

Organízate de forma independiente. Celebra debates públicos sobre infraestructura autónoma, sanciones, vigilancia y legislación sobre apoyo material. Publica explicaciones. Enseña cifrado. Apoya el trabajo independiente en defensa de las libertades civiles que se opone a las designaciones expansivas de terrorismo.

Prepara apoyo material legal. Históricamente, A/I ha sobrevivido gracias a donaciones voluntarias, pero los partidarios estadounidenses no deben enviar ni redirigir dinero mientras la designación esté vigente sin una autorización clara. Las organizaciones de derechos digitales y legales pueden investigar de forma independiente los mecanismos de apoyo legal, las licencias y los posibles procedimientos de exclusión de la lista.

Escucha atentamente las respuestas públicas de A/I, manteniendo la independencia legal de tu labor de defensa. Las declaraciones colectivas deben seguir la descripción de su historia y circunstancias. Cualquier campaña coordinada, canal de recaudación de fondos o apoyo directo requiere una consideración legal independiente. El objetivo inmediato es impedir que A/I desaparezca discretamente.

La red llamada solidaridad

A/I ha sobrevivido a las exigencias de censura por parte de las corporaciones, al acceso policial encubierto, a la confiscación de discos, a la hostilidad de los proveedores, a los ataques parlamentarios y a las investigaciones internacionales. El caso Trenitalia generó espejos y una victoria legal. La brecha de Aruba dio lugar al Plan R*. La censura de los proveedores generó redundancia.

La incautación en Noruega demostró que la red podía recuperarse en cuestión de horas. Cada intento de aislar al colectivo difundió información sobre el funcionamiento de la censura y la vigilancia. Cada ataque se convirtió en una oportunidad para enseñar a más personas cómo protegerse mutuamente.

EEUU ha transformado ahora esa historia en una prueba global. Lo que está en juego no es solo la supervivencia de un colectivo de hackers italianos, sino si el mantenimiento de la infraestructura para movimientos sociales puede considerarse terrorismo; si la privacidad puede redefinirse como ocultamiento; si la negativa a recopilar información de identificación puede presentarse como obstrucción; y si un proveedor puede ser considerado política y legalmente responsable de cada texto, táctica y afirmación transmitida a través de sus máquinas.

A/I lleva veinticinco años preparándose para el día en que un servidor desaparezca. Sabe cómo reemplazar una máquina, trasladar un servicio, restaurar datos cifrados y seguir funcionando después de que la policía o los proveedores interrumpan el servicio. EEUU está intentando algo diferente: intimidar a bancos, proveedores de alojamiento web, registradores, proveedores de infraestructura y simpatizantes de todo el mundo para que abandonen la plataforma.

Su éxito dependerá, en parte, de la arquitectura de A/I.

También dependerá de nosotros.

De aquí al 25 de septiembre, preservemos la historia. Compartamos la historia. Formemos la coalición. Documentemos el aislamiento. Enseñemos las herramientas. Preparemos una defensa legal. No permitamos que el Estado establezca silenciosamente que construir infraestructura que preserve la privacidad de la disidencia es en sí mismo un acto de terrorismo. Hace veinticinco años, diez personas se reunieron alrededor de una máquina reciclada y deliberadamente tardaron demasiado en configurarla porque se suponía que todos los presentes debían aprender. Esa sigue siendo la lección. No dejemos el conocimiento en manos de los expertos.

No dejes la infraestructura en un solo lugar. No dejes que el objetivo se encuentre solo.

El primer servidor se llamaba Paranoia.

La red que creó se llamaba solidaridad.

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