DSP saca la cara por la tecnología ante proyecto que busca ponerle freno a la vigilancia masiva en la Isla
El proyecto busca prohibir que agencias del Gobierno, corporaciones públicas, municipios, instituciones públicas, contratistas y entidades privadas compren, implementen, operen, accedan o contraten sistemas de vigilancia automatizada continua y masiva destinados a identificar, monitorear o registrar personas.
Por Santiago Omar Escobar Colón
En momentos en que la Cámara de Representantes evalúa un proyecto que busca ponerle freno al uso de sistemas de vigilancia automatizada y masiva en Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) salió en defensa del papel que juega la tecnología dentro de sus operaciones.
Aunque la agencia todavía no ha asumido una postura formal a favor o en contra del Proyecto de la Cámara 1421, dejó claro que considera las herramientas tecnológicas una pieza fundamental para cumplir con sus responsabilidades de seguridad pública.
“Al momento la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes no ha solicitado memorial explicativo, ni ha citado a vista pública al Departamento de Seguridad Pública para atender esta medida”, indicó el DSP a Metro Puerto Rico en declaraciones autorizadas.
“Sin embargo, nos reafirmamos que el uso de la tecnología para el DSP y sus Negociados es fundamental para cumplir con nuestro deber ministerial de maximizar la seguridad pública de Puerto Rico”, añadió la agencia.
Las expresiones colocan sobre la mesa uno de los principales puntos de tensión alrededor de la medida: hasta dónde pueden llegar las herramientas tecnológicas utilizadas para combatir el crimen sin cruzar la línea hacia una vigilancia continua de ciudadanos que no necesariamente son objeto de una investigación.
El P. de la C. 1421 fue presentado el 1 de septiembre por el representante Denis Márquez Lebrón junto a las representantes Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles y fue referido a las comisiones de Transportación e Infraestructura y de Seguridad Pública. La medida propone crear la “Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva”.
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El proyecto busca prohibir que agencias del Gobierno, corporaciones públicas, municipios, instituciones públicas, contratistas y entidades privadas compren, implementen, operen, accedan o contraten sistemas de vigilancia automatizada continua y masiva destinados a identificar, monitorear o registrar personas.
Entre las tecnologías que quedarían comprendidas dentro de la prohibición se encuentran los sistemas automatizados de lectura de tablillas de vehículos, el reconocimiento facial y tecnologías de identificación biométrica como huellas dactilares, iris, retina, voz y otros patrones físicos, biológicos o conductuales utilizados para identificar inequívocamente a una persona.
La propuesta también incluye cualquier otra tecnología capaz de capturar, analizar o conservar imágenes, apariencia, historial de localizaciones u otra información personal cuando sea utilizada para realizar vigilancia continua o masiva.
Datos tendrían que eliminarse en cuestión de minutos
Uno de los puntos de mayor alcance del proyecto dispone que cualquier información o datos privados obtenidos en violación de la propuesta ley deberán ser eliminados en un término no mayor de tres minutos.
Asimismo, establece que cualquier dato, imagen o información recopilada en contravención con la ley sería inadmisible en un procedimiento judicial o administrativo.
La medida también toca directamente las operaciones del DSP al proponer cambios a las disposiciones que regulan la Oficina de Manejo de Información de Seguridad, encargada de facilitar la interoperabilidad y el intercambio de información entre los distintos negociados y la Policía de Puerto Rico.
La nueva redacción establecería expresamente que esas facultades no pueden interpretarse como una autorización para capturar, acceder, transferir, procesar o analizar imágenes o datos personales, incluyendo información biométrica y el historial de movimientos de una persona, cuando exista una expectativa razonable de intimidad.
Además, el proyecto propone modificar el lenguaje que regula el acceso de la Oficina de Manejo de Información de Seguridad a bases de datos gubernamentales. En varios puntos, sustituye referencias al “más amplio” acceso por uno que sea “estrictamente necesario” para las funciones del DSP.
La vigilancia en las carreteras también está en la mira
El alcance del proyecto no se limita al DSP.
La propuesta enmendaría también la Ley de Vehículos y Tránsito para prohibir actividades de “vigilancia automatizada continua” en cualquier tipo de carril o vía pública de Puerto Rico.
La medida contempla una excepción para los datos utilizados exclusivamente en el centro de gestión del transporte del Departamento de Transportación y Obras Públicas, siempre que sean estrictamente necesarios para propósitos operacionales y para el cobro del sistema de peaje.
En su exposición de motivos, los autores sostienen que el problema no es el uso limitado de sistemas de vigilancia cuando resulte estrictamente necesario, sino aquellas tecnologías capaces de monitorear y registrar continuamente los movimientos de personas, hayan cometido o no algún delito.
El proyecto hace referencia específicamente al uso de tecnologías por parte del DSP y de municipios, incluyendo cámaras instaladas en vías públicas, cámaras corporales de agentes, lectores automatizados de vehículos y sistemas de reconocimiento facial interconectados con bases de datos gubernamentales.
La exposición de motivos menciona además a la compañía Genetec y sostiene que la información recopilada mediante distintas herramientas puede almacenarse en una base de datos centralizada y utilizarse para reconstruir historiales de movimiento. Estos señalamientos forman parte de los argumentos presentados por los autores de la legislación y no de las expresiones ofrecidas por el DSP.
De convertirse en ley, la medida comenzaría a regir inmediatamente después de su aprobación. También dispone que cualquier reglamento, contrato o acuerdo que contravenga la prohibición sería considerado nulo desde su origen, incluso si fue formalizado antes de la aprobación de la legislación.
Por el momento, el DSP no ha dicho si respaldará o se opondrá formalmente al proyecto cuando llegue el momento de comparecer ante la Legislatura. Sin embargo, su primera reacción deja clara una premisa que anticipa el debate que podría desarrollarse en la Cámara: para la principal sombrilla de seguridad pública del país, la tecnología no es un elemento accesorio, sino una herramienta que considera fundamental para cumplir con su misión.
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