Junta Fiscal pide frenar asignación de $2.5 millones para municipios aprobada por Jenniffer González
El reclamo del organismo que controla las finanzas del gobierno llegó 10 días después que la gobernadora firmara la medida
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) busca frenar la distribución de casi $2.5 millones en ayudas a ocho municipios identificados por el gobierno como aquellos con poblaciones en mayor vulnerabilidad económica por entender que el trámite seguido no cumple con la ley Promesa ni otras exigencias fiscales.
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El reclamo, no obstante, llegó 10 días después que la gobernadora Jenniffer González firmara la Resolución Conjunta del Senado 202, que ordena la repartición de los $2,469,658.20 a los municipios para financiar sus operaciones y servicios esenciales.
En una misiva con fecha de este lunes, 14 de septiembre, dirigida a la mandataria, con copia a los líderes legislativos, el director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, planteó que la legislación violenta disposiciones de Promesa y amenazó con tomar medidas, como acudir a los tribunales, si la Rama Ejecutiva la implementa.
“La Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, de conformidad con las Secciones 104(k), 108(a) y 204 de PROMESA, incluida la búsqueda de recursos para impedir la implementación y ejecución de la R. C. del S. 202. Esperamos que tales acciones no sean necesarias”, concluye la misiva.
Las secciones 104(k), 108(a) y 204 de Promesa otorgan a la JSF el poder de demandar al gobierno local, vetar leyes que contradigan el Plan Fiscal y anular cualquier reasignación de fondos inconsulta.
Asimismo, Mujica reclamó una confirmación por escrito del Ejecutivo de que no ejecutará la medida, “a menos y hasta que la Junta de Supervisión determine que esta no infringe Promesa ni ningún plan fiscal y que no perjudica ni frustra los propósitos de Promesa”.
Según el organismo fiscal, el estatuto viola la Sección 204(c) de Promesa al reasignar fondos de años fiscales previos sin la autorización requerida. La Junta recordó que todo proceso de reprogramación presupuestaria debe ser sometido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) previo a la radicación de la legislación.
La resolución conjunta en controversia revivió el propósito de la Resolución Conjunta del Senado 98, que fue vetada por la gobernadora el 15 de agosto. La medida fue presentada a petición de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista, a través del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.
La asignación presupuestaria proviene de los sobrantes acumulados en el fondo de patentes de telecomunicaciones de 2020 a 2025.
La legislación, por ejemplo, asignaría $500,000 a Lajas para la ejecución exclusiva de obras y mejoras permanentes. Por su parte, Loíza y Maricao recibirían $250,000, cada uno, para cubrir sus operaciones municipales, realizar mejoras de capital, impulsar el desarrollo económico y dar mantenimiento a su infraestructura crítica.
Los otros pueblos que se beneficiarían son Adjuntas, Cayey, Ceiba, Coamo y Dorado.
Referencia
Carta de la Junta de Supervisión Fiscal a la gobernadora Jenniffer González
Por: Robert MujicaPUBLICIDAD
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LEYSA CARO GONZÁLEZ
leysa.caro@gfrmedia.com
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