Sospechas en el ojo de la justicia: Brasil entra en una recta final electoral de alto voltaje
Una atormentada campaña presidencial, que no ha logrado pasar la página de los sucesos del 8 de enero de 2023 (cuando el asalto del Palacio de Planalto en Brasilia puso a prueba la estabilidad democrática del país), suma ahora un nuevo elemento de convulsión. En las últimas semanas, un ventilador encendido de acusaciones, investigaciones y escándalos de corrupción salpica a tirios y troyanos, enlodando no solo a las distintas agrupaciones políticas, sino a la propia institucionalidad.
Lo que se disputa el 4 de octubre en el gigante suramericano trasciende el mapa geopolítico o el alineamiento ideológico de derechas e izquierdas en el continente. Está en juego la supervivencia de una institucionalidad liberal que en su momento permitió, bajo muchos condicionantes, superar la dictadura (1964-1985) y generar las posibilidades para la llegada de la izquierda al poder político (2003), por medio del «lulismo» y una profunda movilización popular.
Contra este sistema irrumpe ahora un populismo radical de derecha, que confronta al sistema de contrapesos y busca su legitimidad en una amalgama de discursos religiosos e ideológicos conservadores que ya ha demostrado desconocer el dictamen de las mayorías. Esta vertiente, emparentada con el intento de golpe de estado que se vivió en la capital del país, hace casi cuatro años, viene a desacreditar las banderas progresistas y a poner en tela de juicio la legitimidad del modelo democrático propiamente dicho.
Si Brasil sucumbe ante la derecha radical, América Latina habrá cedido un terreno crucial frente a una corriente política que desestima la institucionalidad de la democracia liberal, incluyendo el poder del voto.
En este contexto, tanto las dirigencias de la izquierda y de la derecha diseñan estrategias de alcance múltiple. La primera de ellas busca captar el electorado de las candidaturas alternativas. Figuras como el escritor Augusto Cury (del partido Avante, centro), el activista y líder del Movimiento Brasil Libre, Renan Santos (del partido Missão, de tendencia libertaria y derecha radical), y el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (del PSD, de corte conservador tradicional y vinculado al agronegocio), suman una intención de voto decisiva. A escasas semanas de la cita electoral, estos liderazgos dispersos representan un caudal que resultará determinante para inclinar la balanza en lo que parece una inevitable segunda vuelta.
Si Brasil sucumbe ante la derecha radical, América Latina habrá cedido un terreno crucial frente a una corriente política que desestima la institucionalidad de la democracia liberal, incluyendo el poder del voto. En este contexto, las dirigencias de todo el espectro diseñan estrategias de alcance múltiple.
Por otro lado, ambas tendencias buscan desesperadamente contener la abstención en sus feudos electorales: por la izquierda, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, histórico líder sindical del Partido de los Trabajadores (PT), arrasa en el nordeste y en las periferias urbanas. Por la derecha, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), toma la antorcha familiar tras la inhabilitación política de su padre, Jair Bolsonaro, condenado y preso por la fallida intentona golpista de enero de 2023, y defiende un dominio que se centra en el sur y el sudeste agroindustrial.
En el balotaje de 2022, cuando se pensaba que el bolsonarismo podría ganar obstaculizando buses que trasladaban electores en el nordeste, la gran sorpresa la dio este sector en los últimos minutos del cierre electoral debido a una masiva participación, que permitió a Lula ganar por menos de dos puntos. Es decir, en ese momento fue una elección tan cerrada que la desmovilización, voluntaria u obligada, habría podido frenar a la izquierda. El escenario puede repetirse también en esta elección.
Ambos comandos comprenden que cualquier fisura en la participación de sus nichos naturales debilitará sus posibilidades de triunfo. Mover a las bases no solo exige retener al votante histórico, sino seducir a los jóvenes que acuden a las urnas por primera o segunda vez, así como movilizar a los abstencionistas crónicos. En este último grupo, las organizaciones e iglesias evangélicas han jugado un rol clave como correa de transmisión del voto hacia las fuerzas conservadoras.
Sin embargo, el escenario en el sur bolsonarista presenta fracturas internas. El reciente distanciamiento político entre Flávio y su madrastra, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien tiene fuerte ascendiente en el electorado femenino evangélico, ha abierto una brecha estratégica. Frente a ello, el equipo de Lula despliega esfuerzos para disputar el voto de las mujeres en este sector, buscando amortiguar la abrumadora hegemonía que la derecha proyecta en esa región.
Al mismo tiempo, la narrativa del oficialismo busca revitalizarse. Cabe preguntarse si el discurso de Lula, quien evoca su perfil de dirigente obrero y proclama que va por su «cuarta Copa Mundial», aderezado con un tono nacionalista que dibuja la injerencia de la derecha internacional (simbolizada por el Presidente de EE.UU., Donald Trump), logrará sintonizar con las aspiraciones de las nuevas generaciones o si quedará restringido a su núcleo duro.
Ambos comandos comprenden que cualquier fisura en la participación de sus nichos naturales debilitará sus posibilidades de triunfo. Mover a las bases no solo exige retener al votante histórico, sino seducir a los jóvenes que acuden a las urnas por primera o segunda vez, así como movilizar a los abstencionistas crónicos.
Por otra parte, quedan dudas de si será suficiente, para el triunfo de Lula, la alianza de la izquierda con el Centrão, si tomamos en cuenta que el discurso radical de la derecha busca justamente superar la institucionalidad con la que se relaciona este último sector, que hasta ahora ha sido preponderante en la política brasileña y que le cerró las puertas a Bolsonaro para la presentación de la fórmula vicepresidencial.
El ventilador de la corrupción
Para enrarecer más el panorama, las denuncias e investigaciones judiciales por presuntos esquemas de corrupción impactan sobre distintos ejes del tablero. Los señalamientos salpican a ambos bandos: al entorno cercano de Lula y al propio Flávio Bolsonaro, señalado de presunta financiación ilegal, por parte de un banquero preso, con el fin de hacer una película sobre la vida de su padre.
Pero quizá lo más llamativo es que el viento del ventilador alcanza al propio magistrado Alexandre de Moraes, ficha clave en la lucha judicial contra el fallido intento de golpe de 2023 y el combate a la desinformación en plataformas internacionales como X. Ahora, el ‘superministro’ del Supremo Tribunal Federal (STF) es señalado por presuntos vínculos indebidos con tramas de corrupción financiera.
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Este clima de acusaciones socava las bases del centro político y corroe la confianza en la judicatura. En lugar de fortalecer las normas del debate cívico, la erosión de las instituciones arbitrales brinda munición argumental a la retórica anti-sistema que el bolsonarismo ha sabido capitalizar para desacreditar la transparencia electoral, desafiar al Supremo y poner en tela de juicio al resto de instituciones.
La democracia brasileña, acorralada entre la polarización social y la sospecha institucional, enfrenta así una de las pruebas de fuego más complejas de su historia reciente.
Por todo esto, lo que se jugará el 4 de octubre no es solamente la posición geopolítica de Brasil o la composición ideológica de su ejecutivo y legislativo, sino también si se darán pasos firmes para instaurar un nuevo modelo político que erosione la democracia y dirija al país hacia esquemas más similares a los de un régimen excluyente y represivo.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
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