El contrato de LUMA Energy ante el Tribunal Supremo: ¿qué pasaría si es anulado?
La intervención de la Junta Fiscal, el corto período de transición y el trámite para encontrar un sustituto o devolver la red a la AEE son factores que levantan interrogantes
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com
Al incluir un regreso transitorio a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entre el menú de alternativas presentadas al Tribunal Supremo en caso de que emita una sentencia que deje sin efecto el contrato de LUMA Energy, la administración de Jenniffer González pudo haber abierto la puerta a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se reinserte en la controversia, al amparo de sus facultades para hacer valer el plan fiscal, que requiere que un ente privado opere el sistema de transmisión y distribución eléctrica.
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Cualquier acción directa de la JSF, coincidieron abogados consultados por El Nuevo Día, estaría sujeta a la conclusión del caso ante la máxima corte estatal y, naturalmente, a que se acoja la postura del gobierno de proceder con la cancelación contractual, mediante una declaración de nulidad de la llamada “carta extensión” que, desde noviembre de 2022, permitió a LUMA continuar administrando la red bajo un acuerdo suplementario que no expiraría hasta que la AEE termine de reorganizar sus finanzas.
“Lo que está sujeto a la ley estatal es la validez del contrato, porque el contrato se hizo bajo la ley de Puerto Rico. Yo creo que la jueza Laura Taylor Swain tomó la decisión correcta. La JSF siempre podría comparecer como amigo de la corte, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico suele ser bastante abierto, especialmente si son casos de repercusiones grandes. (…) La Junta pudiera decir: ‘Tribunal, considere los asuntos de derecho de este contrato y que, del lado de nosotros, esto está en el plan fiscal y (la ley) Promesa. Promesa nos da tales facultades’. Dependiendo de lo que haga el tribunal, la Junta pudiera volver donde Swain y decirle: ‘la corte de Puerto Rico decidió esto’”, sostuvo el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.
Las demandas radicadas en diciembre de 2025 –una por González y otra por la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP)– regresaron a la esfera estatal después que Swain rechazara los argumentos de LUMA, la JSF y grupos de bonistas para asumir jurisdicción. Una vez devuelto, el Tribunal Supremo acogió la moción de las partes gubernamentales para atender el caso, que no fue resuelto en los foros inferiores.
Tras la radicación de los alegatos de las partes demandantes más temprano en septiembre, LUMA deberá someter su réplica durante la primera semana de octubre.
González y el zar de Energía y jefe de la AAPP, Josué Colón, han reiterado, a lo largo del pasado año y medio, que la intención es procurar un nuevo operador privado que sustituya a LUMA luego del proceso de transición de 12 meses que dispone el contrato del consorcio. Han señalado que, en anticipo a una anulación, ha habido conversaciones con empresas interesadas, cuyas identidades nunca se han divulgado.
No obstante, los alegatos al Supremo –que había requerido profundizar sobre los elementos de una posible transición y las garantías para la continuidad del suministro eléctrico– destacaron las disposiciones de la Ley de Alianzas Público Privadas que contemplan la posibilidad de que un servicio privatizado regrese a manos públicas, al menos, de manera temporal, si la AAPP determina que es la forma de evitar cualquier interrupción.
Regreso al juego de la JSF
“La parte neurálgica será cuando venga la decisión del Supremo. Si no cancelan el contrato, es irrelevante. Pero, si el Supremo determina que expiró, en ese momento, el gobierno tiene que decir qué va a hacer en términos del futuro del sistema. Estoy de acuerdo en lo que dice el gobierno de que el contrato, aun expirado, provee para que haya una transición. Si se hace de esa manera, no hay ‘issue’. El ‘issue’ es quién viene después”, planteó el abogado John Mudd, con experiencia litigando casos bajo Promesa.
A la luz de las cláusulas de salida de LUMA y la Ley 120-2018 –que, como el plan fiscal, dispone la administración privada de los activos de la AEE–, la AAPP tendría la responsabilidad de seleccionar, contratar y facilitar la transición hacia un nuevo operador privado en un período de 12 meses. El plazo, sin embargo, es mucho menor al tiempo que tomó la selección y contratación de LUMA, entre 2018 y 2020, así como la transición con la AEE, de más de 11 meses.
“Si el gobierno viene y dice ‘ahora voy a buscar quién va a manejar esto’, la Junta va a pegar un grito. Si el gobierno dice ‘esta es la entidad’, la Junta va a pedir la información (de la empresa seleccionada). El tercer escenario, que es que por el momento va a ser la AEE (el operador), es donde va a haber el problema. Es un tanto prematuro pensar en este momento que eso vaya a ocurrir”, dijo Mudd.
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Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, independientemente de las disposiciones del plan fiscal, una anulación de la carta extensión por parte del Supremo dejaría a la JSF con pocas opciones, incluso si la administración de González eventualmente se decantara por un regreso a la AEE, bien fuera como decisión de política pública, la ausencia de alternativas del sector privado a un costo razonable o que la contratación y entrada en funciones de un sustituto se extendiera más allá del término de 12 meses.
Emmanuelli Jiménez sí puntualizó que la JSF tendría la palabra final sobre cualquier eventual contratación, a la luz del plan fiscal y su política de revisión de contratos gubernamentales.
“Si no hay proponente, todo retorna a la AEE, porque, en el contrato, la transición es a la AEE o un operador privado. El operador privado tendría que conseguirlo la AAPP, y eso impediría la transición a la AEE. En esa instancia en que, por ‘default’ (defecto), (la operación) caiga en la AEE, la Junta no tendría nada que decir, porque es la ley vigente”, esbozó el abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego.
Según Emmanuelli Jiménez, el acuerdo con LUMA, incluso, aborda la posibilidad que la AAPP contrate a “otra entidad pública” para administrar la red, un escenario que cobraría relevancia si se optara por “liquidar” a la AEE y crear otra corporación pública.
“La Junta ya demostró de parte de quién está. Ahora, la junta de control fiscal no puede operar por encima del derecho. Si el Tribunal Supremo declara que ese contrato es nulo, la Junta no puede hacer más nada en cuanto a forzar que no lo sea. Veo difícil que, si el Tribunal Supremo decreta que un contrato es nulo, la Junta trate de imponer otra cosa. Lo que sí la Junta va a hacer es decir: ‘bueno, si es nulo, el gobierno tiene que empezar un proceso nuevo de buscar un operador privado’, que es lo que la gobernadora dice que va a hacer”, indicó, por separado, el exsenador y abogado energético Ramón Luis Nieves.Play Video
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¿LUMA Energy es responsable de los señalamientos contra Josúe Colón, como dijo la gobernadora Jenniffer González? El vicepresidente de la empresa, LUMA Energy, responde en Lo de Hoy. Además, la licenciada Chantal Delgado analiza la alegación de culpabilidad de Antonieska Avilés Cabrera. De igual forma, el periodista Benjamín Torres Gotay analiza la actualidad noticiosa.
Marxuach, abogado y economista, recordó que la sentencia del Supremo no necesariamente sería el final del pleito, toda vez que la parte desfavorecida podría recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
“En cuanto a cualquier determinación en contra, tengo que decir que los contratos se tienen que respetar. Esto es un país de ley y orden. No respetar un contrato, cualquiera, del que el gobierno sea socio o parte de los acuerdos, creo que da un mensaje bien fuerte no solo a las compañías y los puertorriqueños de que, en cualquier momento, te pueden cancelar porque a otra administración no le guste lo que hizo la anterior. Creo que envía un mensaje bien fuerte a nivel internacional, afectando potencialmente lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico”, sostuvo, en pasados días, el vicepresidente ejecutivo de LUMA, José Pérez Vélez, durante una participación en el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día.
¿Intervención judicial?
Mientras Mudd señaló que es muy “prematuro” para especular sobre cómo luciría una transición de materializarse la invalidez del acuerdo de LUMA, Marxuach puntualizó que se trata de la gran interrogante que encierra el proceso judicial, sobre todo, al considerar el período de 12 meses que se dispone para la salida.
“Tendría que ser algo superrápido, de emergencia, que en verdad no sé cómo funcionaría. Ciñéndonos a lo que dice ahora mismo la letra del acuerdo (de LUMA), eso ya está ahí. Ahora mismo, la AEE es un ‘shell’ (caparazón) que no tiene personal, no tiene los fondos ni la capacidad operacional para retomar el sistema”, dijo Marxuach.
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En los alegatos al Supremo, la gobernadora, la AAPP y la AEE señalaron que, de obtenerse una determinación favorable, el Tribunal de Primera Instancia debería retener jurisdicción para supervisar el cumplimiento de la sentencia y emitir órdenes que suplementen las cláusulas de salida de LUMA.
“Eso ya se sale de la competencia tradicional de un tribunal de derecho, que es adjudicar los asuntos de derecho. Ya eso es un proceso cuasirregulatorio o legislativo, o hasta de negociación contractual”, comentó Marxuach sobre la posibilidad de que el Poder Judicial disponga elementos adicionales a lo contenido en las legislación y contratos.
Por su parte, Emmanuelli Jiménez puso en duda que, a partir de la experiencia “tumultuosa” con LUMA, otra empresa privada acceda a asumir las operaciones de transmisión y distribución.
Sin embargo, no considera descabellado pensar que la AEE pudiera reconstruir su fuerza laboral al combinar el personal que hoy tiene LUMA con cerca de 3,000 trabajadores de la corporación pública que fueron “movilizados” a otras entidades de gobierno durante el proceso de privatización. En ese sentido, Emmanuelli Jiménez mencionó que la Legislatura podría intervenir para declarar que la AEE se convertiría en “patrono sucesor” de LUMA, una movida que, a su juicio, tendría el respaldo de las organizaciones laborales dentro del consorcio, si bien tendría que pasar el cedazo de la JSF.
“Cuando LUMA vino, no sabía nada del sistema eléctrico, y la gente que estaría por parte de la AEE sí conoce el sistema. La transición se supone que sería más rápido, porque todos esos equipos de facturación y ‘software’ revertirían a la AEE, y lo que hace falta es la gente que lo opere en el día a día”, dijo, al describir ese escenario como un cambio de “gerencia”.
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Manuel Guillama Capella
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