En el primer semestre de 2026, la pobreza saltó 4,1 puntos hasta el 32,3%, con dos millones de nuevos pobres según las propias cifras del Indec. El cambio de tendencia es compartido por los expertos que, sin embargo, cuestionan metodológicamente la medición oficial. Con las correcciones necesarias, la pobreza estaría entre el 43 y el 44,9%, por encima de la que recibió Milei.

PorMara Pedrazzoli

Según datos oficiales, se ubicaron en 32,3 y 7,5 por ciento, respectivamente

Volvieron a subir la pobreza y la indigencia

El aumento de inflación aparece como una de las causas principales. Críticos a la medición de Indec sostienen que el flagelo afecta al 45 por ciento de la población.

PorMara Pedrazzoli

Durante el primer semestre, la pobreza alcanzó al 32,3 por ciento de la población, según el Indec. Son 15 millones de personas, unas 2 millones más que a fines de 2025. En términos porcentuales, el indicador aumentó 4,1 puntos respecto del cierre del año pasado, revirtiendo la tendencia descendente de períodos previos. La aceleración de la inflación, particularmente durante el período analizado, aparece como uno de los factores detrás de este deterioro. La indigencia, en tanto, alcanzó al 7,5 por ciento de la población. Sin embargo, la medición oficial es cuestionada por especialistas que señalan limitaciones metodológicas y estiman que, con las correcciones propuestas, la pobreza habría alcanzado al 45 por ciento de la población en el primer semestre de 2026.

Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA vienen señalando que las estadísticas oficiales sobreestiman la magnitud de la reducción de la pobreza registrada hasta 2025. En ese marco, “que la pobreza vuelva a aumentar incluso bajo la medición sin corregir constituye una señal especialmente relevante”, advierten.

Según las estadísticas oficiales, la pobreza y la indigencia aumentaron en la primera mitad de este año. El porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza fue de 32,3 por ciento versus 28,2 por ciento a finales de 2025, lo que representa un incremento de 4,1 puntos porcentuales. En el caso de la indigencia, el 7,5 por ciento de las personas no alcanzó a cubrir con sus ingresos una canasta básica alimenticia; esto es un total de 3,5 millones de personas. El ratio contrasta con el 6,3 por ciento que arrojó la medición en el segundo semestre de 2025, marcando un incremento de 1,8 puntos porcentuales. Contra fines del año anterior, a la población indigente se sumó medio millón de personas.

El reporte también reveló que el 44,5 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años viven en hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El dato evidencia un sensible aumento respecto al 41,3 por ciento medido a fines de 2025, confirmando que la infancia continúa siendo la franja etaria más golpeada por la vulnerabilidad socioeconómica.

La aceleración de la inflación durante el primer trimestre del año, que promedió el 3 por ciento mensual, elevó el umbral necesario para no caer en la pobreza. Según el informe del Indec, una familia tipo necesitó 1.440.395 pesos durante el primer semestre para superar la línea de pobreza y 669.098 pesos para no caer en la indigencia. A este efecto se suma el retroceso de los ingresos que atraviesan buena parte de los hogares, en un contexto de dificultades para lograr una inserción laboral adecuada y de persistente destrucción de puestos de trabajo, asociado al cierre de empresas. La combinación de ambos factores explica el empeoramiento de los indicadores sociales.

Respecto de esta trayectoria, desde la UCA advirtieron que el registro de pobreza del 32,3 por ciento se ubica en niveles similares a los del primer semestre de 2025, aunque la dinámica es ahora inversa. Aquel registro formaba parte de una fase de descenso de la pobreza desde los altos niveles alcanzados en 2024; el número del primer semestre de este año, en cambio, configura una secuencia ascendente que comenzó en el tercer trimestre de 2025. Por lo tanto, el dato central no es solo el nivel, sino el cambio de tendencia.

Una pobreza mayor a la oficial

La consultora Equilibra, al igual que el Observatorio de la Deuda Social, realizó un aporte clave al debate sobre la medición del indicador y desde el año pasado elabora una serie alternativa. A partir de las correcciones que aplican, estimaron que la pobreza habría alcanzado al 44,9 por ciento de la población durante el primer semestre de este año. En contraste, la tasa de pobreza no cambió sustancialmente con la del primer semestre del gobierno de Alberto Fernández, cuando marcó 40,1 por ciento.

Según señala Gonzalo Carrera, economista senior de la consultora, los problemas metodológicos de la medición oficial de la pobreza son dos. El primero reside en la definición oficial del umbral que determina quién es considerado pobre. Ese umbral —la Canasta Básica Total— se construye a partir de los patrones de consumo relevados en 2004/2005 y, por lo tanto, quedó desactualizado, especialmente por la menor ponderación de los servicios. Si el Indec aplicara las pautas de consumo de 2017/2018, que ya tiene relevadas pero aún no utiliza, el ingreso mínimo necesario para superar la línea de pobreza sería mayor y, en consecuencia, también aumentaría la cantidad de personas (pobres) que quedarían por debajo de ese umbral.

Un segundo problema es cómo se toman los ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), sobre la que se construye el indicador de pobreza. Este problema tiende a acentuarse en períodos de alta inflación, cuando resulta más difícil para los hogares dimensionar y declarar sus ingresos, especialmente entre los sectores medios y altos. Con la desaceleración de la inflación, esa brecha se redujo. A su vez, la incorporación de nuevas preguntas en la EPH permitió captar con mayor precisión ingresos de los hogares de menores recursos, como pensiones y asignaciones sociales. Estos cambios hacen necesario revisar la serie histórica de pobreza para garantizar la comparabilidad.

Un tercer problema es mencionado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y se refiere a la evolución de los ingresos de los trabajadores no registrados, que se desvincularon llamativamente de la evolución del salario mínimo, con el que mantuvieron una estrecha correlación durante años y hasta 2024. Aplicando esta corrección, el CEPA proyecta un nivel de pobreza del 40 por ciento de la población en el primer semestre del año, y una tasa de indigencia del 12,3 por ciento. Si además se contempla la actualización de la canasta de consumo, el indicador podría alcanzar un 43 por ciento.

Al corregir por subdeclaración de ingresos y la canasta que mide el umbral de ingresos, la Universidad Nacional de Moreno estimó que el flagelo alcanzó al 44,1 por ciento de la población en el primer trimestre de 2026. El dato es inclusive superior al del tercer trimestre de 2023 —el primero inmediatamente anterior contra el cual es comparable— cuando la pobreza se ubicó en un 40,3 por ciento.

En conclusión, e inclusive abordando las consideraciones metodológicas, las distintas estimaciones coinciden en un punto central: la pobreza volvió a aumentar y la tendencia descendente que había comenzado después del pico de 2024 se interrumpió. El dato oficial ya da cuenta de un deterioro que alcanza a millones de personas, mientras que las mediciones alternativas advierten que la dimensión del problema podría ser considerablemente mayor. En un escenario marcado por la pérdida de ingresos, la precarización laboral y el encarecimiento de los bienes y servicios, la mejora social que el Gobierno reivindicó durante 2025 no solo perdió impulso, sino que comenzó a revertirse.

Déficit estructural

Más allá de las oscilaciones coyunturales, los datos muestran la persistencia de un núcleo estructural de pobreza que ronda el 30 por ciento de la población y de pobreza extrema cercana al 7 por ciento, señalan desde la UCA. Se trata de un fenómeno que no puede atribuirse únicamente a la inflación, sino a “déficits acumulados” en materia de empleo, salarios, productividad, educación, vivienda, acceso a servicios y protección social.

La desaceleración de los precios puede mejorar rápidamente la pobreza monetaria cuando favorece los ingresos reales, pero no alcanza por sí sola para modificar esas condiciones estructurales.

Al mismo tiempo, las transferencias sociales continúan funcionando como un sostén fundamental para los hogares más vulnerables. Según las simulaciones del Observatorio, si se descontaran del ingreso familiar la AUH, otros programas de transferencias y las pensiones no contributivas, la indigencia prácticamente se duplicaría y alcanzaría, en el escenario actual, entre el 14 y el 15 por ciento. El desafío pasa entonces por preservar y fortalecer esa protección, pero también por atacar las causas que reproducen la pobreza: la informalidad laboral, los bajos salarios, la baja productividad, los déficits educativos y habitacionales y el desigual acceso a servicios básicos. Sin avances en esas dimensiones, la estabilización económica podrá generar alivios transitorios, pero difícilmente permitirá reducir de manera sostenida ese núcleo de pobreza que alcanza a cerca de un tercio de la población.

Mientras que en la franja de 15 a 29 años la pobreza fue del 36,9 y entre los adultos de 30 a 64 años, del 28,8; en la niñez el porcentaje casi duplica el promedio nacional.

Al corregir la metodología del Indec, mediciones alternativas de consultoras y universidades estiman que la pobreza real oscila entre el 40 y el 44,9, evidenciando un impacto superior al oficial.