Las cinco medidas que el decreto de vivienda debería incluir para dar una respuesta radical a la crisis
El Gobierno negocia a contrarreloj para aprobar este martes un nuevo decreto de vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas para atajar la crisis.
Expertos consultados por ‘Público’ demandan que el decreto contemple limitar los pisos turísticos, frenar los desahucios, congelar precios y prorrogar automáticamente los contratos de alquiler.
Madrid-28/09/2026 21:30-Actualizado a29/09/2026 07:54
El desahucio de Maricarmen ha sido la gota que ha colmado un vaso que llevaba tiempo a punto de desbordarse. Los desalojos, el encarecimiento de los alquileres, la expulsión de vecinos de sus barrios y las dificultades para acceder a una vivienda o emanciparse son algunos de los motivos que explican el hartazgo de quienes acampan en Sol desde el sábado.
«Estamos ante una crisis global. Cuando se habla de crisis de acceso a la vivienda no es un tema español o un tema europeo, sino que es un tema global. El debilitamiento del Estado de bienestar ha pasado factura a uno de sus pilares fundamentales: la vivienda», advierte Jesús M. González Pérez, catedrático de Geografía y director de la cátedra de Estudios Urbanos en la Universitat de les Illes Balears. Ha sido tal la indignación de la ciudadanía, que a última hora de este lunes Urbagestión cedía y llegaba a un acuerdo para que Maricarmen regrese a su casa.
No se trata de una crisis reciente. Desde diciembre de 2024, la vivienda encabeza sin interrupción los problemas del país en el barómetro del CIS. El Gobierno, presionado por la respuesta social, busca ahora responder al hartazgo ciudadano mediante un nuevo decreto de vivienda que prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. El texto llega después de meses de negociaciones y de un primer intento fallido por falta de apoyos parlamentarios.
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¿Qué debería incluir el decreto para responder a las distintas caras de la crisis? Estas son las propuestas que el Sindicato de Inquilinas ha puesto sobre la mesa, bajo el nombre de ‘decreto Maricarmen’, con las que coinciden expertos de ámbito progresista consultados por Público.
1. Frenar desahucios sin alternativa habitacional
La primera medida urgente que propone el Sindicato de Inquilinas es una ley «estructural» contra los desahucios, que ya estaba en el decreto presentado en julio por el Gobierno. En el texto que negocia ahora el PSOE, después del rechazo de Junts y Podemos hace dos meses, se prohíbe desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Alba Agraz, portavoz de vivienda de Ideas en Guerra, sitúa esta cuestión como la primera prioridad. «No puede haber ni una Maricarmen más y son las administraciones públicas las responsables de ofrecer a sus ciudadanos protección», afirma.
El problema actual, según denuncia la abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto, es que cuando hay una suspensión temporal, no se garantiza que esa alternativa llegue. «La administración no está ofreciendo esa alternativa y no está pasando nada, con lo cual hay que prohibir los desahucios hasta que sea efectivo ese derecho», sostiene.
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2. Limitar el alquiler de temporada
Jesús M. González Pérez, catedrático de Geografía, explica a Público, que uno de los principales problemas actuales es la falta de oferta residencial debido a la proliferación de pisos turísticos. «La vivienda como activo especulativo y la vivienda turística o vacacional están reduciendo la oferta de alquiler. Si hay más demanda y hay menos oferta de alquiler, estamos en una burbuja del precio del alquiler», afirma el catedrático que responsabiliza a los «nuevos agentes urbanos», entre los que se encuentran grandes tenedores y propietarios que viven en el extranjero.
Para hacer frente a ello, el Sindicato plantea reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones, dos modalidades que, según denuncia Alejandra Jacinto, pueden utilizarse para evitar las garantías del alquiler habitual. «Se está utilizando como un fraude, como una vía para evitar las garantías del alquiler habitual, y eso está provocando que cada vez haya menos oferta de vivienda para alquiler residencial». Además, la abogada propone «desincentivar el rentismo desde la vía fiscal» aplicando impuestos a pisos turísticos.
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3. Congelar alquileres
En cuanto a los precios, el Sindicato propone congelar los alquileres vigentes para que las cuotas dejen de subir con cada renovación de contrato. «No podemos hablar de acceso a la vivienda si cada mes una parte cada vez mayor la destinamos a pagar el alquiler. No podemos regular mientras dejamos una puerta abierta por la que el mercado sigue ahogando a los inquilinos. El decreto debería partir de una idea muy sencilla, la vivienda habitual tiene que estar por encima de la rentabilidad inmobiliaria», remarca Agraz.
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El Gobierno, sin embargo, no contempla por ahora una congelación general de las rentas en los términos que reclama el Sindicato. El Gobierno prevé incluir en el decreto bonificaciones fiscales para los inquilinos, para rebajar de forma inmediata el esfuerzo económico que tienen que hacer para pagar el alquiler y también otros incentivos similares dirigidos a los propietarios para incentivar que rebajen los precios o pongan en el mercado viviendas vacías.
4. Prórroga de los contratos
El Sindicato de Inquilinas estima que alrededor de un millón de personas se enfrentan a un final de contrato de su alquiler entre 2026 y 2027. Una situación, que ligada a la falta de oferta y la subida de precios, genera un escenario preocupante en el que cada vez es más complicado encontrar vivienda, por eso piden al Gobierno que incluya prórrogas generalizadas de los contratos de alquiler, incluidas las renovaciones tácitas.
«Es necesario intervenir en el mercado y en la protección al inquilino, con una mayor duración de los contratos de alquiler y con incentivos al alquiler residencial por debajo del precio de mercado», apunta González Pérez.
5. Contratos indefinidos
Además, el Sindicato demanda que los contratos se renueven automáticamente y que no puedan rescindirse sin una causa justificada. La jurista Alejandra Jacinto apoya esta medida y reivindica que es algo que ya se está haciendo en países como Alemania o Inglaterra. «Si un inquilino sigue pagando, tiene que tener estabilidad. Y eso también beneficia a los caseros, que quieren estabilidad y seguridad jurídica», señala.
La abogada establece además un paralelismo con el mercado laboral. «Igual que no cabe el despido libre, no puede caber la rescisión unilateral de un contrato simplemente porque deja de ser rentable cuando el inquilino está cumpliendo sus obligaciones contractuales», defiende.
El Ejecutivo propone incluir en el decreto, según ha avanzado este lunes, la «estabilización» de los contratos de alquiler para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas «abusivas» y las renovaciones de contrato.
Para González Pérez, la intervención sobre el mercado del alquiler es solo una de las piezas de una respuesta que debería ser mucho más amplia. «Es necesario aumentar de forma permanente la inversión pública en vivienda, incrementar el peso de la vivienda protegida dentro del parque residencial y blindar su calificación para evitar que vuelva a entrar en el circuito especulativo», señala el experto.
En este sentido, el Ejecutivo propone bajar el IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente y blindar el parque estatal de vivienda. «Para que nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores», apuntan desde el Ministerio de Vivienda.
A falta de conocer todos los detalles del decreto, el cumplimiento de las demandas del Sindicato de Inquilinas será clave para determinar si la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid se levanta o si continúan las protestas. Mientras tanto, los partidos a la izquierda del PSOE han avisado este lunes a los socialistas de que sus exigencias son «irrenunciables». «No vamos a poner solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha hecho durante tanto tiempo», ha asegurado Mónica García, ministra de Sanidad.
Sobre la firma
Laura Anido
Redactora de Derechos sociales y Migraciones.
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El PP promovió leyes para facilitar los desahucios y endurecer la condición de inquilino vulnerable
- En dos iniciativas legislativas, los ‘populares’ proponen rebajar el límite de ingresos que tiene que percibir una familia para ser considerada vulnerable. La actual legislación marca, por regla general, el límite de tres veces el IPREM (1.800 euros), mientras que el PP lo rebaja a 1,5 veces (900 euros).
- Además, los de Feijóo también proponen eliminar las prórrogas de contratos de alquiler por vulnerabilidad y por el hecho de que el inmueble en cuestión se encuentre en una zona tensionada.
Madrid-28/09/2026 21:30-Actualizado a29/09/2026 07:55
Alberto Núñez Feijóo definió la situación de Maricarmen, la madrileña de 87 años desahuciada de su piso por la compra de la sociedad Urbagestión, como «descorazonadora«. En un primer momento, el líder popular se abstuvo de hacer comentarios, pero el clima de enfado social que ha provocado el desahucio le ha obligado, finalmente, a pronunciarse. Feijóo reconoció que casos como el de Maricarmen obligan a buscar «respuestas excepcionales«. Sin embargo, la actividad legislativa del PP esta legislatura ha ido en dirección contraria. Así, los populares han registrado leyes en el Congreso para agilizar los desahucios y restringir la condición de vulnerabilidad de los inquilinos, uno de los elementos legales para retrasar los lanzamientos.
Hay dos leyes particularmente importantes en ese sentido. Ninguna de las dos ha prosperado por el momento, pese a que una de ellas fue admitida a trámite gracias al voto favorable de ellos mismos, Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro (UPN). La otra llegó a la Cámara Baja desde el Senado de la mano del Grupo Popular y se encuentra en tramitación. Son dos leyes —ambas impulsadas por el PP— muy parecidas.
La que votaron a favor las derechas parlamentarias —a excepción del PNV, que se abstuvo— es la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda. (122/000253), registrada el 13 de febrero de este año. ¿Qué propone el PP en ese texto? Entre otras muchas medidas, algunas que afectan a los desahucios.
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Por un lado, el artículo 4 de dicha propuesta de ley propone modificar los puntos 6 y 7 del artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Concretamente, los de Feijóo proponen retocar el punto 6 para que el tiempo de posible suspensión de un desahucio para hacer efectivas las medidas de protección de personas vulnerables sea de un mes —y no dos, como dice ahora la ley— en el caso de que el arrendatario sea una persona física y de tres meses —y no cuatro, como dice ahora la ley— en los casos de las personas jurídicas.
Pero la modificación que propone el PP del artículo 7 del mismo artículo de la misma ley tiene también incluso más enjundia porque busca modificar directamente los criterios de vulnerabilidad. Actualmente, la LEC, en los desahucios por falta de pago, dice que «para apreciar la situación de vulnerabilidad económica«, el tribunal en cuestión «podrá considerar el hecho de que el importe de la renta» que se pague por el inmueble, sumado a los «suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones», suponga más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. El PP no toca ese parámetro en concreto.
Sin embargo, la misma ley añade una serie de condiciones. Una de ellas es que, para que la unidad familiar sea considerada vulnerable, el conjunto de esos ingresos no debe superar el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), es decir, 1.800 euros. Ahí es donde mete mano el PP. En su proposición, los populares endurecen el criterio de vulnerabilidad rebajando ese límite a 1,5 veces el IPREM. En otras palabras, lo rebaja a 900 euros. La mitad. En el mismo apartado de la norma que está en vigor se añaden una serie de supuestos en los que ese límite aumentaría: 0,3% por cada hijo de la unidad familiar (siendo 0,35% en caso de familia monoparental o de que el hijo presente una discapacidad del 33%), 0,2% por cada persona mayor de 65 años y cinco veces el IPREM en caso de que alguna de las personas de la unidad familiar tenga un 33% de discapacidad o más. En su propuesta, el PP mantiene todos estos porcentajes salvo el último. En lugar aumentar el límite a cinco veces el IPREM por cada persona dependiente, lo incrementaría solo a tres veces el IPREM.
Nada de vulnerabilidad como criterio para prórrogas
En la misma ley, el PP propone una nueva redacción del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Y no es trivial la reforma que proyecta. Dicho artículo de la LAU concreta los supuestos en los que se pueden prorrogar los contratos de alquiler. El primer punto —y ese no lo toca el PP— es el que dice que, una vez transcurridos cinco años de contrato (en caso que el arrendador sea una persona física) y siete (si es una persona jurídica, es decir, una empresa), los contratos de alquiler se prorrogan automáticamente, de forma anual, hasta un máximo de tres años si ninguna de las dos partes avisa de lo contrario.
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Eso quedaría igual incluso aunque se aprobara la propuesta popular. Pero cambiaría todo lo demás. En su artículo 10.2, la LAU incluye la prórroga obligatoria de un año en caso de que el inquilino aporte «la acreditación por parte del arrendatario de una situación de vulnerabilidad social y económica sobre la base de un informe o certificado emitido en el último año por los servicios sociales de ámbito municipal o autonómico» y siempre y cuando el arrendador sea un gran tenedor. En la iniciativa del PP, este punto desaparece. Y tampoco queda rastro del 10.3, que es el que habilita a una prórroga de hasta tres años en los casos en los que el inmueble se ubique en una zona tensionada.
Con todo, tanto en la ley analizada como en otra muy similar que llegó al Congreso remitida por el Grupo Popular del Senado, el PP introduce cambios más o menos quirúrgicos en la legislación para endurecer los requisitos de acceso a la situación de vulnerabilidad y para que esa situación de vulnerabilidad tenga menor peso a la hora de suspender o retrasar desahucios.
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Pero este es solo un flanco por el que las derechas han tratado de incidir en la situación de la vivienda desde el Congreso. Además, esas y otras leyes que han registrado los populares —y también Junts per Catalunya— en la cámara incluyen el endurecimiento de la legislación contra la okupación, medidas para eliminar las zonas tensionadas en el mercado inmobiliario o beneficios para los caseros. También han promovido iniciativas para agilizar la construcción. En ese caso, también el PNV lo ha hecho. De todas formas, la acción de las derechas ha tenido más impacto en su torpedeo a las leyes promovidas por las izquierdas. Tal y como contó Público, hasta ocho iniciativas legislativas fueron bloqueadas por el entente que conforman PP, Vox y Junts. Una mayoría alternativa de 176 diputados acompañados casi siempre por UPN y a veces por el PNV.
Sobre la firma
Samuel Martínez
Redactor parlamentario.
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Mismas herramientas, diferente voluntad política: por qué el desahucio de Maricarmen no hubiera sido posible en otras comunidades
- Javier Burón, director de la Sociedad Pública de Vivienda y Urbanismo de Navarra, explica que «mucha gente piensa que en vivienda todo es como en Madrid», pero que la realidad «es distinta».
- «Que Madrid, Andalucía o Valencia digan que ellos no pueden hacer nada, no se lo cree nadie», añade Burón. El abogado Javier Rubio también ve diferencias entre territorios: «Algunos se lavan las manos».
Madrid-28/09/2026 21:30-Actualizado a29/09/2026 07:54
«Hemos visto cómo el drama de esta señora [Maricarmen] se inicia cuando le solicitan un incremento del precio de su alquiler, porque en Madrid existe libertad para incrementar el precio de las viviendas en alquiler todo lo que se quiera. Eso en Navarra nunca se hubiese dado. Estamos a años luz de la situación en la que se encuentran otras comunidades autónomas». Estas palabras, pronunciadas este lunes ante un grupo de periodistas por Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, dejan en el aire una pregunta: ¿El desahucio de Maricarmen hubiera podido evitarse si esta anciana madrileña expulsada de su casa hubiera vivido en otra comunidad autónoma? ¿A qué se debe esa diferencia?
Javier Burón, director gerente de la Sociedad Pública de Vivienda y Urbanismo de Navarra (Nasuvinsa) y autor del libro El problema de la vivienda, tiene una respuesta clara y directa a esas dos preguntas. «Las diferencias se explican porque en Madrid y Navarra la gente vota cosas distintas. En Navarra hay voluntad política de intervenir en estos casos usando herramientas muy diversas. En Madrid esas herramientas no se usan porque no hay ninguna voluntad política», afirma este experto que lleva desde el año 2003 trabajando en políticas públicas de vivienda en Catalunya y en Navarra.
Burón señala a Público que todas las comunidades disponen de herramientas y mecanismos similares para desarrollar políticas de vivienda, pero que algunas deciden no usarlas o no invertir. «Mucha gente tiende a pensar que en el tema de la vivienda todo es como en Madrid. La realidad en Cataluña, en Euskadi, en Navarra y en Asturias es distinta. No es perfecta, claro que no; ni siquiera es buena, pero lo que se hace no tiene nada que ver con Madrid», añade este experto en políticas públicas de vivienda.
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A este respecto, Burón pone un par de ejemplos. El primero: «En Navarra dedicamos el 0,9% del Producto Interior Bruto a políticas de vivienda. Hay comunidades autónomas que no llegan ni al 0,1%. Hay comunidades autónomas que el único dinero que gastan es el que les llega del Ministerio de Vivienda o de Bruselas».
Como segundo ejemplo, Burón destaca que la mitad de las familias navarras que viven en régimen de alquiler, o bien residen en algún tipo de vivienda protegida o reciben ayudas por parte del Gobierno de Navarra para pagar la renta. «¿Te imaginas que en Madrid la mitad de las familias que viven de alquiler tuvieran algún nivel de protección del sector público? Eso en Madrid es ciencia-ficción«, apostilla.
La aplicación de la ley de vivienda aprobada en 2023 también ejerce una influencia, aunque en este punto Burón destaca que hay territorios —»como Navarra», aclara— que llevan años intentando «encapsular» los precios en zonas tensionadas, incluso desde antes de la aprobación de la ley. La consejera de vivienda navarra secundaba ante los periodistas este mismo mensaje: «En Navarra se han producido una serie de cambios normativos, como la declaración de zona de mercado tensionado, como la aprobación del blindaje del alquiler protegido que evitará que se pueda dar aquí un caso a futuro igual, como el derecho de adquisición preferente del Gobierno de todas las viviendas que en los últimos diez años han perdido el régimen de calificación», enumeró. «La realidad que se vive en otras comunidades autónomas nada tiene que ver con la que vivimos aquí», concluyó, categórica, su análisis.
Burón asegura que en Navarra un caso como de Maricarmen no hubiera llegado al punto que llegó en Madrid por las herramientas jurídicas y mecanismos de seguimiento que hubiera puesto en marcha la administración autonómica. «No son herramientas perfectas, pero nosotros le hubiéramos dicho a la empresa: ‘Vamos a darle subvenciones a Maricarmen y al resto de inquilinos para reforzar su renta, para que sean solventes y que te puedan pagar’. Si la empresa se hubiera negado a eso, entonces hubiéramos dicho: ‘Bueno, bien, nosotros estamos dispuestos a comprarte el edificio’. Mientras tanto, habríamos mandado una unidad de inspección para mirar el edificio y el expediente de arriba a abajo. Y cuando miras, siempre sale algo. Y si se negaran a la compra, entonces les diríamos: ‘Como vendas el edificio el Gobierno Navarro tiene derecho de tanteo y retracto y te lo compraremos forzosamente cuando vayas a vendérselo a un privado'».
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En este sentido, Burón asegura que las Administraciones Públicas tienen mucha fuerza y mucha capacidad para doblegar a las empresas como Urbagestión, la firma que impulsó el desalojo de Maricarmen. «Si tú, como administración pública, les echas un pulso, tienes derecho y tienes respaldo político, al final algunos se quitan de en medio», ilustra. «Que comunidades tan grandes como Madrid, Andalucía o València digan que no pueden hacer nada, no se lo cree nadie», concluye Burón. Mientras el Gobierno negociaba el borrador del real decreto de vivienda, Urbagestión cedía a la presión y acordaba el regreso de Maricarmen a su casa, dándose a conocer la noticia a última hora de este lunes.
Javier Rubio, abogado experto en vivienda que trabaja en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), cree, por su parte, que el desahucio de Maricarmen se hubiera producido igual «en la mayoría de comunidades autónomas». Rubio recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es la que regula los contratos de alquiler en todo el Estado y apunta que en el caso de Maricarmen intervino hasta el Tribunal Supremo al avalar la extinción del contrato.
Sin embargo, al igual que Burón o Alfaro, Rubio también observa diferencias entre comunidades autónomas. «A partir de ahí, las soluciones para haberle encontrado a Maricarmen una vivienda alternativa o haberle dado una ayuda para seguir pagando el alquiler sí que varían entre comunidades autónomas. Unas tienen más recursos y se lo toman más en serio, mientras que otras se lavan las manos«, certifica este abogado. En este sentido, Rubio señala que quizás «en Catalunya o Euskadi» se hubiera podido paralizar un desalojo como el de Maricarmen «porque allí tienen cierta vivienda de emergencia».
Rubio asume que la voluntad política también influye y pone un ejemplo muy ilustrativo al respecto: «En La Rioja, que está gobernada por el PP, pero tienen una perspectiva más democristiana, a una señora mayor no la van a dejar así en la calle. Pero en Madrid o en Andalucía, en Valencia o Murcia, donde sus Gobiernos tienen una perspectiva más neoliberal y la sensibilidad brilla por su ausencia, directamente se lavan las manos, salvo que el asunto sea ya una vergüenza y un escandalazo».
Sobre la firma
Jorge Otero
Redactor de Economía
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¿Deben los bomberos intervenir en desahucios? Muchos rechazan una actuación de dudoso encaje legal
- Según un estudio, el 70% de los bomberos que participaron en desahucios desconocía que acudiría a un lanzamiento. El 95% de los encuestados considera que esta no es su función.
- El último informe del Centro Sira señala que ninguna de las legislaciones autonómicas analizadas atribuye expresamente a estos cuerpos la ejecución ordinaria de desahucios.
Madrid-28/09/2026 21:30-Actualizado a29/09/2026 07:56
«Yo no me hice bombero para participar en un desahucio«, afirma Iñaki Viejo, bombero del Ayuntamiento de Madrid que lleva en el cuerpo desde 2013 y que ha sido solicitado en varias ocasiones para intervenir en lanzamientos. «Nosotros acudimos a ayudar a los ciudadanos cuando tienen un problema y es ese afán por ayudar lo que nos hace esforzarnos e incluso arriesgarnos en ciertas ocasiones. Pero, ¿cómo me voy a sentir si acudo a un desahucio y dejo a una persona en peor situación de la que estaba?», plantea al otro lado del teléfono. Viejo habla de «indignación» y «enfado» ante estas intervenciones. «La Administración, en los desahucios, está atropellando los derechos sociales y me enfado, y mucho, cuando pervierte nuestras funciones». Piensa que un lanzamiento no encaja en las competencias habituales del cuerpo: «Un desahucio no es una emergencia, ni un rescate ni un salvamento; por lo tanto, se escapa de nuestro catálogo de funciones».
El bombero también señala las dificultades a las que se enfrenta un profesional que decide negarse a participar. Explica que pueden recurrir puntualmente al psicólogo de guardia de SAMUR-Protección Civil, pero que ese apoyo termina cuando acaba su jornada. En caso de que un bombero rechace una orden, tendría que contar con el respaldo de un delegado o un abogado sindical ante una posible investigación o sanción por desobediencia. «Especialmente si no puede demostrar que la actuación queda fuera de sus funciones», precisa. Viejo cree que detrás de la movilización de bomberos en algunos desahucios puede haber criterios de ahorro de costes y rapidez. «Resulta más barato movilizar un servicio público que contratar a un cerrajero o medios específicos, como un andamio», asegura.
El 70% de los bomberos que han participado en desahucios no sabía que iba a intervenir en un lanzamiento hasta el momento de ser movilizado, según la encuesta. Además, el 95% del personal considera que exceden las funciones del cuerpo. Son algunos de los datos que recoge la última investigación del Centro Sira, Tensar la línea del rescate. Impactos derivados de la colaboración de cuerpos de bomberos en intervenciones relacionadas con desahucios, que analiza el impacto psicológico, jurídico y psicosocial de estas actuaciones en los profesionales que han participado y en quienes pueden ser movilizados para hacerlo. El estudio señala también que el 89% percibe riesgos físicos y que el 76% carece de formación específica para afrontar este tipo de intervenciones.
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El impacto emocional también se refleja en la encuesta. El 68% asegura haber sentido enfado o rabia durante estas actuaciones y el 59%, vergüenza. El 70% afirma que este tipo de intervenciones le afectan «mucho» o «extremadamente» a nivel personal, mientras que la mitad considera que los impactos que generan son «múltiples» e «inaceptables». Además, el 87% cree que participar en desahucios cuestiona las funciones y los valores del cuerpo de bomberos y el 98% considera que perjudica su imagen social. A ello se suma el desconocimiento de las consecuencias de negarse a participar. El 72% asegura no conocer las consecuencias jurídicas de una eventual negativa y el 75% afirma que sus superiores no le han proporcionado información al respecto. El informe también recoge que, entre quienes han participado en desahucios, el 95% afirma no haber recibido apoyo psicológico por parte de su institución.
El Centro Sira está especializado en la documentación médico-psicológica y psicosocial de casos de malos tratos, tortura y otras vulneraciones de derechos humanos. Su última investigación combina un análisis jurídico y una evaluación psicosocial mediante una metodología de investigación-acción participativa. Para ello, se encuesta a 116 profesionales (más del 91% hombres) de distintos cuerpos municipales y autonómicos: 24 habían participado directamente en desahucios y 92 no. La muestra incluye bomberos de Catalunya, Madrid, Euskadi, Castilla y León, Aragón, Navarra y Galicia, entre otros territorios.
Ninguna de las leyes autonómicas analizadas atribuye a los bomberos la competencia para participar en la ejecución de desahucios
Una de las principales conclusiones del análisis se sitúa en el terreno jurídico. La organización muestra que ninguna de las legislaciones autonómicas analizadas atribuye expresamente a los cuerpos de bomberos la competencia para participar de forma ordinaria en la ejecución material de los desahucios. Sus funciones legales, según el estudio, se centran en la prevención y extinción de incendios, el rescate y salvamento, la protección civil y la intervención ante situaciones de emergencia.
El informe advierte que «disponer de medios técnicos para abrir una puerta no equivale a tener competencia jurídica para hacerlo en un desahucio». También cuestiona que el deber general de colaboración con la Administración de Justicia pueda utilizarse automáticamente para ampliar las funciones de estos cuerpos. Para los autores de la investigación, esta falta de delimitación genera «inseguridad jurídica» y constituye un factor de riesgo psicosocial para los profesionales.
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El documento apunta asimismo a un conflicto entre las órdenes institucionales y los valores que los bomberos asocian a su profesión. La falta de información previa puede agravarlo. Tras conocer que la intervención está relacionada con un lanzamiento, aparecen emociones como enfado, vergüenza, estrés, culpa o impotencia. El malestar, de acuerdo con el escrito, tampoco termina necesariamente con el operativo. El estudio recoge posibles efectos posteriores como irritabilidad, insomnio, agotamiento, ansiedad y dificultades de concentración. En este contexto, los expertos introducen el concepto de «daño moral« o «desafección democrática», entendido como la afectación que puede producirse cuando un profesional se ve obligado a actuar en contra de sus propios valores éticos y profesionales.
Lluís Elias Noya, investigador: «La objeción de conciencia no puede ser la única respuesta»
Lluís Elias Noya, uno de los autores del informe, subraya que la objeción de conciencia no puede ser la única respuesta. «No se puede solucionar este problema atajándolo con una decisión individual», explica. Bajo su mirada, los propios bomberos consideran que estas intervenciones se alejan de las funciones principales del cuerpo y que, al no corresponderles, no deberían acudir a ellas. «No es una opción, ya que entra en conflicto ir a estos desahucios con el marco de sus funciones», puntualiza.
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Elias destaca también cómo los impactos psicológicos y jurídicos se retroalimentan. «El temor a recibir una sanción o sufrir otras consecuencias por negarse a participar añade una carga psicológica y psicosocial, especialmente para aquellos que han dedicado años a prepararse para acceder al cuerpo y que han construido en torno a él parte de su identidad personal y colectiva», dice. La posibilidad de ser amonestados, suspendidos o incluso apartados del servicio, agrega el investigador, puede afectar a su proyecto vital y también a su entorno. Elias resume los efectos que recoge el informe en cuatro dimensiones —física, psicológica, jurídica y psicosocial— que, a su vez, inciden en tres ámbitos: la dignidad, el control y la seguridad de las personas.
Diez medidas para regular su intervención
El prólogo del informe, elaborado por el colectivo de asesoría jurídica, defensa legal y acompañamiento psicosocial, Comisión Legal Sol, subraya que la investigación no pretende desplazar el foco de las personas que pierden su vivienda. Su objetivo, aclara, es mostrar que las políticas de desahucio también generan consecuencias entre los profesionales movilizados para ejecutarlas, y que ambas realidades pueden abordarse de forma conjunta, sin establecer una competencia entre ellas.
Con todo, el escrito plantea diez recomendaciones dirigidas a las administraciones para regular la participación de los bomberos en desahucios. Entre ellas, propone delimitar sus competencias y excluirles de la ejecución material ordinaria de los lanzamientos y de la apertura de accesos cuando su única finalidad sea facilitar un desahucio, reservando su intervención para emergencias, rescates, incendios o riesgos propios de sus funciones. También reclama revisar los protocolos de colaboración institucional para evitar que los bomberos se conviertan en sustitutos de los medios ordinarios de apertura, que cualquier solicitud excepcional esté justificada por escrito y que los profesionales conozcan previamente la naturaleza, finalidad y riesgos de la actuación.
La investigación pide que los bomberos dispongan de información jurídica clara sobre sus funciones y sobre las consecuencias de una eventual negativa y que estas situaciones no recaigan únicamente en la decisión individual de cada profesional, sino que existan procedimientos colectivos para cuestionar activaciones controvertidas. A ello se suma la creación de mecanismos independientes de asesoramiento y revisión jurídica, la evaluación de los equipos y recursos empleados y una valoración previa de los riesgos físicos, jurídicos, psicológicos y contextuales. El Centro Sira plantea reforzar el apoyo psicológico institucional, habilitar espacios de deliberación ética y profesional y establecer un seguimiento periódico de las consecuencias a largo plazo de estas intervenciones, tanto en el plano físico y jurídico como en el psicológico y psicosocial.
Los bomberos que dijeron no a los desahucios
En este sentido, existen precedentes de bomberos que se han negado a participar en desahucios. En febrero de 2013, el bombero Roberto Rivas se negó a cortar la cadena que bloqueaba el acceso al edificio donde vivía Aurelia Rey, una mujer de 85 años, durante un intento de desahucio en A Coruña. Rivas mostró un cartel de «Stop Desahucios» y el lanzamiento terminó paralizado. Sin embargo, su negativa tuvo consecuencias: la Subdelegación del Gobierno le impuso una multa de 600 euros, posteriormente confirmada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña.
El caso desencadenó posicionamientos de rechazo en otros cuerpos de bomberos. En Catalunya, representantes sindicales de los Bomberos de la Generalitat anunciaron que solo abrirían viviendas en situaciones de emergencia y que mantendrían esa postura ante requerimientos judiciales similares. En Madrid, la sección sindical de CCOO de los Bomberos de la comunidad comunicó que sus afiliados no colaborarían en desahucios, al entender que su función debía limitarse a situaciones de emergencia. En Palma, bomberos respaldaron un documento contra la utilización del cuerpo en ejecuciones hipotecarias. Y en Galicia, la Mesa Intersindical de Bomberos fue señalada por haber acordado no participar en este tipo de actuaciones.
Hace no mucho, en marzo del año pasado, una dotación de bomberos intervino en el desalojo de un edificio ocupado en la calle Caixers en València, donde varios activistas se habían encaramado a unas estructuras. La Plataforma de Bomberos contra los Desahucios cuestionó que existiera una situación de emergencia que justificara la intervención y defendió que los profesionales podían negarse a participar. Pero, en este caso, los bomberos sí intervinieron y no consta una negativa durante el operativo.
Sobre la firma
Rocío Cruz
Redactora de Sanidad, Educación y Servicios Sociales
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Urbagestión cede a la presión social y llega a un acuerdo para que Maricarmen regrese a su casa
Tras cinco horas de negociación, las representantes de Maricarmen han confirmado que hay una propuesta para que la anciana pueda volver a su hogar.
28/09/2026 21:58-Actualizado a29/09/2026 08:36
Maricarmen podrá volver a la que ha sido su casa durante más de 70 años una vez salga del hospital tras llegar sus representantes a un acuerdo con Urbagestión, la empresa que la desahució y que ha decidido devolverle el piso debido a la presión social.
Tras casi cinco horas de negociación, la familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL han dado el sí para que Maricarmen pueda volver a su hogar, aunque todavía queda pendiente que la mujer lo valide, como han indicado fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.
En la mesa de negociación de este lunes, Urbagestión se sentaba por primera vez en más de seis años a dialogar con la abogada de Maricarmen, quien acudía a la reunión esperanzada. En este encuentro se han decidido, entre otras cosas, el tipo de contrato que tendrá, la duración del mismo y el precio del alquiler.
La consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, ha explicado que el acuerdo permitirá a Maricarmen volver al inmueble de la calle Alcalde Sainz de Varanda como arrendataria, con un nuevo contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30% de sus ingresos netos, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal. La EMVS será garante de su cumplimiento.
Este programa ofrece ventajas tanto para el inquilino como para el propietario aportando seguridad jurídica a las partes, ha expuesto.
Ha detallado que la empresa propietaria de la vivienda ha ofrecido esta renta «asequible» y «es de justicia agradecerle su disposición a ofertar una renta muy por debajo del precio del mercado».
El programa incluye para la inquilina asesoría jurídica, técnica y fiscal que resolverá cuantas cuestiones se planteen durante la vigencia del contrato y como garantía para los propietarios el programa de intermediación ofrece un seguro multirriesgo del hogar y un seguro de impago.
Esther Duro, la abogada de Maricarmen, ha celebrado este acuerdo para que Maricarmen pueda volver a su casa, aunque está pendiente de formalización, dado que la afectada no ha podido estar en la reunión.
No obstante, ha señalado que este acuerdo, que es «muy positivo», «llega tarde», días después de su desahucio, habiéndola abocado a una situación en la que ninguna persona se debería ver nunca, de «violencia institucional» como la que se vivió el miércoles pasado.
La letrada ha afirmado que esto es «fruto de la movilización social» que ha generado un consenso en materia de vivienda como hacía años que no se vivía y ha suscitado un rechazo ante imágenes «de la vergüenza» como la de Maricarmen saliendo en camilla de su casa para ser trasladada al hospital.
Ha expresado su deseo de que esto sirva para cambiar el paradigma en materia de vivienda y para aprobar mañana el decreto de vivienda.
«Es la primera vez que hemos podido hablar directamente con la propiedad, ha habido buena voluntad por ambas partes y el resultado es el esperado desde el inicio del procedimiento», ha resaltado. La letrada ha precisado que la idea es que Maricarmen pueda volver a su vivienda en cuanto reciba el alta hospitalaria.
Si esto termina con la entrada de Maricarmen en su vivienda, «esto es un hito histórico» porque nunca antes había sucedido una vez producido el lanzamiento, ha asegurado la abogada.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño, ha remarcado que este acuerdo es «un claro ejemplo de que la lucha sindical sirve».
El pasado miércoles, la anciana fue desahuciada de una manera violenta, usando la Policía gas pimienta y propinando golpes a los manifestantes que intentaban defender la casa de la anciana. La imagen de Maricarmen saliendo de su hogar en una camilla movilizó a miles de personas por todo el país, que siguen concentrándose en muchas ciudades para pedir medidas para la crisis de vivienda y que ha llevado a cientos de activistas a acampar en la Puerta de Sol.
Mientras, el Gobierno ultima el real decreto de vivienda que presentarán este martes en el Consejo de Ministros y para el que necesita el apoyo de las fuerzas parlametarias. Así, Pedro Sánchez ha pedido este lunes «un último esfuerzo» para convalidar el acuerdo.
Moncloa aprobará este martes el decreto de vivienda y apura los detalles para contentar a los socios
- El Ministerio de Vivienda negociará con Sumar y el resto de grupos hasta el último momento antes del Consejo de Ministros.
- Los socios del PSOE exigen peticiones que reclama el Sindicato de Inquilinas como la renovación automática de contratos o la regulación del alquiler de habitaciones, que no están incluidas el borrador del decreto.
Madrid-28/09/2026 21:30-Actualizado a28/09/2026 22:25
«Decreto Maricarmen». Dos palabras acuñadas tanto por la sociedad civil organizada, con el Sindicato de Inquilinas a la cabeza, como por los partidos a la izquierda del PSOE que han protagonizado los últimos días en el debate político. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este martes en el Consejo de Ministros un decreto con diferentes medidas sobre vivienda que lleva pendiente desde el mes de julio y que se ha acelerado tras el impacto del desahucio de la semana pasada. La renovación automática de contratos de arrendamientos o la regulación del alquiler de habitaciones son peticiones de Sumar que no están incluidas en el borrador del decreto que circula esta noche del lunes.
De hecho, este espacio trasladó un nuevo borrador con sus peticiones. «Sumar insiste en que el decreto tiene que estar a la altura de lo que pide la gente e insiste en que rebajar la ambición del texto no es una opción», apuntaron los socios de coalición del PSOE.
Las negociaciones, complejas, se alargarán, según varias fuentes consultadas, hasta el último momento y durante la madrugada de este lunes. El objetivo del Ministerio de Vivienda, que lidera Isabel Rodríguez, es amarrar el apoyo de todos los socios y aliados parlamentario. Los detalles son importantes y durante la tarde de este lunes se intercambiaron varios borradores de documentos. Según las fuentes gubernamentales consultadas se trata de un decreto «ambicioso» que «nadie debería votar en contra». Mientras esta negociación avanzaba, a última hora de este lunes Urgagestión cedía a la presión social y acorbada el regreso de Maricarmen a su casa.
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Tanto en Moncloa como en Vivienda las sensaciones eran buenas durante la tarde de este lunes. «Hace dos meses hubiéramos firmado estar en un momento como el que estamos ahora», señalan. Una de las fuentes consultadas en el ala socialista considera que «el gran escollo» era la prohibición de comprar viviendas a fondos de inversión, conocidos como «fondos buitre» ya que Junts se negaba. Pero este domingo su secretario general, Jordi Turull, solemnizó que estaban de acuerdo.
Y es que el desahucio de Maricarmen supuso un «punto de inflexión». «Nunca se ha dado una situación como ahora», insisten las fuentes socialistas consultadas. Recuerdan en el ministerio de Rodríguez que han tratado de llevar medidas de diferentes tipos al Congreso pero que en muchas ocasiones han sido bloqueadas. A su vez, desde la izquierda acusan a los socialistas de lo contrario.
La «intensa» jornada de negociaciones a varias bandas comenzó con un mensaje del Ministerio de Vivienda que avanzaba los principales puntos que incluirá el decreto. «Hay que aprovecharlo, no se puede desaprovechar una oportunidad como esta», inciden en el ala socialista.
Las líneas principales que incluyen las últimas propuestas enviadas por Vivienda al resto de grupos, a las que ha tenido acceso Público aunque se trata de un borrador todavía no acordado con todas las fuerzas políticas, detallan algunos asuntos como la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2028 o la bonificación del IRPF a inquilinos en zonas tensionadas. También se incluyen medidas fiscales para propietarios. Precisamente estos beneficios han sido uno de los principales puntos de fricción entre grupos como Podemos o Junts. Los detalles de las limitaciones a la «compra especulativa» es precisamente uno de los asuntos que al cierre de este artículo estaba todavía por definir.
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Se pretende también la regulación del alquiler de temporada, el aumento del IVA a los pisos turísticos, ayudas a la compra de la primera vivienda, el «blindaje» del parque estatal de vivienda o una bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Vivienda ha renunciado, eso sí, a la reforma de la Ley del Suelo, exigida por partidos como PNV en su momento pero rechazada por Podemos.
Las exigencias de Sumar
En Sumar han aumentado la presión durante los últimos días. Hasta el punto de advertirle al PSOE que no aprobarían nada que no fuera «central» en sus reivindicaciones. Y especialmente nada que no respondiera a las exigencias del Sindicato de Inquilinas, que ha organizado una acampada en la Puerta del Sol con cada vez más fuerza. «Para todas las fuerzas de izquierdas que tienen que refrendar este acuerdo es importante que el movimiento social esté esté de acuerdo», apuntan fuentes de Sumar. Si no sucede, como han apuntado públicamente a través de sus ministros a que no acudirían ni siquiera a la cita en Moncloa de este martes.
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El primero de ellos es la congelación del precio y prórroga reforzada de dos años de los contratos de alquiler que finalicen antes de 2028 «de manera inmediata». Vivienda ha aceptado este asunto, tal y como confirmó Sumar bien entrada la tarde. «Una medida necesaria y reivindicada por Sumar desde hace más de un año y que ya motivo el plante de los ministros en un Consejo de Ministros», señalaron fuentes de este espacio al respecto.
Sin embargo no se ha incluid la regulación del alquiler de habitaciones. «Esta práctica, que quedó fuera de la regulación de la Ley de Vivienda, constituye hoy una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler», apuntan en Sumar.
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Tampoco se incluye, y así lo denunció Sumar, la «renovación automática de los contratos», que en la práctica es hacer todos los contratos de alquiler indefinidos. «Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo», destacan en Sumar.
«Lo de los contratos indefinidos se puede estudiar», señalaron a este medio fuentes socialistas. Pero las mismas añadieron que se necesitaba tiempo para estudiarla y ver su viabilidad ya que es una medida que no se había trabajado internamente. Aparte cuestionan que sea algo que pudiera convencer a PNV o Junts.
No solo está Sumar presionando en este sentido sino el resto de grupos a la izquierda del PSOE. La jornada dejó una llamativa imagen conjunta de representantes de diferentes partidos políticos como IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns, Compromís, EH Bildu, ERC, BNG y Podemos. Todos se sumaron a las peticiones del Sindicato de Inquilinas.
En Moncloa consideran legítima la escenificación porque «estamos en año electoral» y «cada uno tiene sus banderas» porque el PSOE y el resto «son partidos distintos». Pero no creen que que eso vaya a ser un problema para la aprobación del real decreto-ley cuando llegue al Congreso. «El problema no está en el Gobierno, está en el Parlamento», señaló el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en una entrevista en TVE. Pero por lo transmitido por Sumar, el PSOE se puede encontrar también con un problema en la coalición a nivel interno si sus socios van hasta el final con sus reivindicaciones y Vivienda no cede.
Por su parte, Sánchez participó en un acto en Barcelona por la mañana. «Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad. En privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la Ley de Vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí», dijo.
Ya por la noche, Sánchez, confirmó que elevará al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para «aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España». Lo hizo durante el acto de entrega de los ‘Premios Vanguardia 2026’, organizados por el periódico La Vanguardia. «Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación e incorporando propuestas de todos los grupos que han querido», señaló. Por ello pidió a todas esas fuerzas políticas «un último esfuerzo» para que se apruebe en el Congreso. Sánchez reclamó en este sentido «altura de miras», «sentido de Estado» y «responsabilidad».
Sobre la firma
Miguel Muñoz
Redactor de Política, Gobierno y PSOE.
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La acampada de Sol mantiene el pulso: «No nos vamos a conformar con migajas»
Cientos de personas siguen acercándose hasta la acampada por la vivienda. Desde el Sindicato de Inquilinas exigen que lleve al Consejo de Ministros el «decreto Maricarmen» íntegro.
28/09/2026 21:30-Actualizado a28/09/2026 22:30
Los activistas lo tienen claro: van a resistir en la Puerta del Sol lo que haga falta. Llevan ya tres días acampando en la céntrica plaza madrileña, desde que la manifestación del sábado en apoyo a Maricarmen desbordase todas las expectativas. Tras la segunda noche y las primeras lluvias, todavía continúan en la zona más de 600 personas. Acogían con alegría la noticia que les llegaba a última hora de este lunes: Maricarmen podía regresar a su casa después de que Urbagestión cediera la presión. Pero este movivimento no para aquí, sino que piden medidas reales para que no haya más casos.
Han colocado lonas para protegerse de la lluvia, hay pasillos y zonas donde comer o trabajar. Cada poco rato aparecen voluntarios limpiando, recogiendo basura o repartiendo botellas de agua. La mayoría de manifestantes han acudido en grupo y se van dando el relevo para ir a sus casas a trabajar, descansar o ducharse. El perfil es principalmente joven, aunque hay personas de todas las edades.
A ellos se suma un río continuo de simpatizantes con la protesta, que acuden a ver qué pasa o a dejar alguna donación. Desde el Sindicato de Inquilinas anunciaban a primera hora del lunes que ya tenían suficientes provisiones, pero no han parado de llegar bolsas con todo tipo de productos. «No damos abasto», confiesan desde la mesa central, donde preparan la comida popular del mediodía y ofrecen fruta o agua a quien lo necesita.
«No soy turista, vengo a apoyar», va gritando Amparo, una mujer jubilada que ha decidido acercarse este lunes desde Móstoles para mostrar su solidaridad con el movimiento inquilino. «Yo soy propietaria, pero me parece muy mal lo que está pasando. Nunca pensé que podíamos llegar a esta situación», relata. El tráfico de viandantes entre las casetas y los alrededores no se ha frenado este lunes, a pesar de la lluvia y de ser día laborable.
Paula, de 31 años, ha colocado su tienda de campaña en una de las esquinas del recinto. Ha dormido junto a algunos compañeros, con quienes se va dando el relevo para proteger la zona. «Hay muy buen ambiente. No para de venir gente mayor, que no puede quedarse, a preguntar si necesitamos algo. Está siendo muy bonito», cuenta a Público. Asegura que está emocionada de ver la contestación social que ha producido el desahucio de Maricarmen y tiene esperanza de que este martes el Congreso apruebe el decreto impulsado por el Sindicato de Inquilinas: «Lo primero que pedimos es que los fondos buitre se vayan de nuestros barrios, que haya un tope de alquileres ya y que dejen de expulsar a la clase trabajadora de las ciudades».
El único momento incómodo lo han vivido de madrugada. Según cuenta, algunos turistas bebidos han tratado de entrar dentro de las lonas y les han impedido descansar. Por la mañana, lo que se han encontrado es con decenas de free tours y curiosos que se acercaban a ver qué pasaba. «El contraste es muy fuerte. Como han echado a la clase obrera del centro, ahora chocamos en Sol con los turistas«, añade. Otra de las situaciones de tensión se ha vivido cuando los agitadores Beltrán Ndongo y Vito Quiles han tratado de entrar en el recinto y varios activistas se lo han impedido al grito de «aquí estamos los antifascistas».
Cerca de Pau, duermen Alejandra, de 24 años, y sus amigos. Llevan acampados desde el domingo por la tarde, aunque también acudieron a la manifestación del sábado. Según explica, algunos de ellos se han ido a trabajar y volverán por la tarde. Insiste en que «se van a quedar el tiempo que haga falta»: «Estamos aquí por una vivienda digna, para que lo de Maricarmen no sea un caso más. Hay muchas personas vulnerables que necesitan que luchemos por ellas».
Alejandra explica que, aunque es de Pamplona, vive en Madrid. Acaba de terminar la carrera y vive en un piso compartido. Según cuenta, no le costó mucho encontrarlo –a diferencia de a muchos de sus conocidos–, pero paga «un precio desorbitado». «Hemos normalizado que nos cueste 500 euros una habitación, pero es una barbaridad y no se ajusta a los salarios», denuncia. Cree que estudiar fuera de casa «se ha convertido en un privilegio» que es imposible cumplir «sin ayuda familiar».
En la misma situación se encuentra Iker, de 22 años, aunque prefiere no hablar de su caso personal. Fue uno de los primeros en asentarse y con la de este martes cumple tres noches durmiendo frente a la Real Casa de Correos. Está convencido de que el desahucio de Maricarmen ha sido «la gota que ha colmado el vaso» y que estamos en «un punto de no retorno». «Tenemos que intentar que toda la rabia que sentimos dentro se convierta en algo más y pueda llegar a algún lugar. Este es un camino que empieza ahora y que esperemos que no pare», subraya.
Con la vista puesta en el Congreso de los Diputados
Desde el Sindicato de Inquilinas exigen que el Consejo de Ministros vote íntegramente el «decreto Maricarmen». Su portavoz, Alicia del Río, ha asegurado este lunes, tras escuchar la rueda de prensa conjunta de los socios de Gobierno, que tienen fuerza suficiente para continuar con la presión en las calles. «No nos vamos a conformar con migajas», advierte Del Río, que insiste en que su propuesta es «una medida de mínimos». «Ahora mismo hay una oportunidad de verdad de legislar a favor de la vida y en contra de los especuladores», señala.
El inquilinato ha insistido en las últimas horas en la necesidad de que el texto legislativo incluya los alquileres indefinidos, una modalidad de contrato que ya existe en otros países, como el Reino Unido. «Un millón y medio de inquilinos pueden recibir cada año un burofax en el que les dicen que tienen que irse de sus casas y se meten en Idealista y ven que, además, tienen que dejar su barrio y cambiar a los niños de colegio. Cada caso es un drama humano y esto no puede volver a suceder. Y para que no vuelva a suceder, necesitamos alquileres indefinidos», defiende Fernando de los Santos, una de las caras más visibles de la organización.
A parte de esta medida, la que más ha dado que hablar en las últimas horas, De los Santos recuerda algunos de los puntos que llevan meses poniendo encima de la mesa: «Cada vez más gente se ve abocada a compartir piso y están completamente desprotegidos, con contratos que se firman año a año. Es urgente bajar el precio de los alquileres o, al menos, congelarlo. Y no podemos permitir que haya más desahucios. Ahora estamos pendientes de la acampada, pero miles de personas duermen a la interperie cada día».
A lo largo del fin de semana se han convocado actos de apoyo en todo el país. El viernes, 2.000 personas se concentraron en Valladolid frente a la sede que tenía en la ciudad Urbagestión, la empresa propietaria del piso de Maricarmen. Se han producido acciones similares en Asturias, Euskadi o Canarias. Este lunes, a primera hora, el Sindicat de Llogateres cortaba varias calles de Barcelona bajo el lema «Per l’Olga i la Maricarmen», recordando también a la mujer de 54 años que se quitó la vida la semana pasada tras perder su casa. «Todavía no sabemos cuáles serán los siguientes pasos. Se decidirá en función de lo que pase con el decreto, que es solo un primer paso en la lucha por el derecho a la vivienda», concluye De los Santos.
Sobre la firma
Laura Prieto Gallego
Redactora de Vivienda y Memoria Histórica.
Zaira, Fernando, Juani y 150 familias de Erandio: la lista de desahucios no deja de crecer
Mientras la protesta por la vivienda gana fuerza, el número de gente que ha perdido su hogar o está a punto de hacerlo no para de aumentar. En los próximas días y semanas, familias con menores, personas mayores y hogares en situación de vulnerabilidad se enfrentan a nuevos lanzamientos en distintos puntos del país.
Madrid-28/09/2026 21:30-Actualizado a29/09/2026 07:54
Maricarmen y David no fueron un caso aislado. Casi todos los días expulsan a personas de sus hogares. El desahucio de la semana pasada ha sido la gota que ha colmado el vaso para que el Sindicato de Vivienda de Madrid haya iniciado este sábado una acampada multitudinaria en la Puerta del Sol. Solo en los tres primeros meses de 2026 hubo 4.005 lanzamientos, según registró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto supone una media de 44 familias que se quedan sin casa al día. Una media de prácticamente uno cada media hora. Las inquilinas afectadas son en su gran mayoría mujeres. En algunos casos, son mayores con pensiones reducidas. En otros, son madres a cargo de hijas e hijos, y también víctimas de violencia de género sin alternativa habitacional.
Desde la organización por la vivienda Derecho a Techo señalan a Público que, según les comunicaron los servicios sociales de la ciudad de Málaga, acompañan alrededor de 30 desahucios a la semana. Recuerdan que estos servicios no están implicados en todos los lanzamientos porque no todas las personas recurren a ellos, por lo que la cifra real es todavía mayor. Asimismo, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo destaca a este diario que la mayoría de desalojos no se hacen conocidos porque la mayoría de personas prefieren mantenerse en el anonimato. En realidad, los casos que trascienden apenas son la punta del iceberg, y sin embargo, son múltiples las historias que nos llegan. Estas son las que se prevén en las próximas semanas:
Zaira, su marido y sus cuatro hijos, sin casa
El último desahucio ha tenido lugar este mismo lunes en el distrito madrileño de Vicálvaro. Tras cuatro intentos, el quinto ha sido el definitivo. Zaira ha sido expulsada de su hogar junto a su marido –con una discapacidad física reconocida del 65%–, y sus cuatro hijos, tres de ellos menores de edad. La familia residía desde hacía diez años en un piso de la Agencia de Vivienda Social (AVS), de la Comunidad de Madrid. Aunque trató de regularizar la situación a través de un alquiler social, las trabas burocráticas se lo han impedido y la AVS –el antiguo IVIMA– ha reclamado el domicilio. Según ha informado la plataforma Stop Desahucios Vicálvaro, los cinco miembros de la familia han acabado en la calle sin alternativa habitacional.
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Paralizado el desahucio de una víctima de viogén
Una mujer reconocida como víctima de violencia de género y su hija, de nueve años, tenían previsto su desahucio esta semana en Gijón de la vivienda pública en la que residían. El Sindicato de Inquilinas de Asturias logró paralizarlo este viernes in extremis. Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) inició el procedimiento alegando impagos, pero el juez pide a la organización que encuentre una alternativa habitacional para la mujer afectada y su hija, cosa que todavía no han hecho. Desde el sindicato recuerdan a Público que el desahucio es improrrogable y que en cuatro meses pueden echar a la familia de su hogar. Por eso reclaman un nuevo contrato y que sea indefinido.
Todos los ojos sobre Rosario, de 80 años, en Toledo
Rosario ha vivido toda su vida en la misma plaza de Toledo. No tiene familiares directos, pero toda su red de cuidados, sus amigas, se encuentran en el mismo lugar. Sin embargo, su piso ha cambiado de casero y el contrato ha llegado a término. La Unión Popular de Inquilinos se ha volcado con ella y la acompañarán para tratar de negociar alternativas con los nuevos dueños. «No puede irse del barrio porque la matas«, señalan este diario fuentes de la organización. Por el momento, reconocen que ha habido implicación municipal y regional y consideran que hay buena fe por parte de los actuales caseros, por lo que esperan que Rosario pueda continuar por el momento en su hogar.
Una madre y dos hijas, al borde del desahucio en Logroño
Dos niñas menores de edad viven con su madre en la capital riojana, pero el contrato del alquiler expira y su desahucio está programado para el 1 de octubre. La familia monomarental está al corriente de pago e incluso ha ofrecido al propietario aumentar el alquiler, pero este se niega, según fuentes del Sindicato de Inquilinas de La Rioja. La organización informa a este diario que la mujer tiene reconocido el grado máximo de vulnerabilidad y que lleva cuatro años inscrita en Instituto Riojano de Vivienda para conseguir una alternativa habitacional. Sin embargo, todavía no ha recibido ninguna oferta para poder realojarse. El sindicato reclama paralizar el lanzamiento y ofrecer a la familia una nueva casa si el dueño de su actual hogar no cede.
El hogar de un niño con discapacidad, en la cuerda floja
Un niño con discapacidad y su familia podrían quedarse en la calle este jueves en Billabona (Gipuzkoa). Por el momento no ha trascendido más información, pero el Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista ha convocado movilizaciones en los cuatro territorios históricos –las tres capitales vascas e Iruñea–. Y es que este no es el único desalojo previsto en Euskadi y Navarra este otoño. También está señalado el desalojo de una mujer y su hija pequeña para el 8 de octubre en Leioa (Bizkaia). El 14 de octubre está previsto en la capital navarra el desalojo de otra mujer, que ya fue víctima de otro desahucio. Además, una familia con seis menores a cargo podrían quedar fuera de su hogar el 23 de octubre en Vitoria-Gasteiz, según informa el sindicato socialista vasco.
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‘Los Ochos’ de Erandio al límite: 150 familias en riesgo
En Erandio, también en Bizkaia, varias vecinas y vecinos se enfrentan también a desahucios inminentes después de que el fondo Mosaic comprara su edificio. Tras la adquisición solo ha dado una salida a los inquilinos: comprar la casa por un precio mucho mayor o irse. Más de 150 familias en régimen de alquiler están en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas. El Gobierno vasco, además, declaró la localidad como zona tensionada. Los Ochos, como se llama el grupo de personas afectadas, asegura en un comunicado difundido por el sindicato vasco LAB que «la vivienda es un derecho y los derechos se defienden«.
Son 14 los hogares cuyos contratos de alquiler expiran antes de que termine el año, por lo que se preparan para el inminente inicio de los procedimientos para desahuciar a estas familias. «Puede que sea legal querer echar a la calle a 150 familias que viven de alquiler; amenazar a través de empresas de desocupación; presionar; ofrecer dinero para irse; poner a la venta nuestras casas aunque vivamos allí. Todo esto podría ser legal, pero es totalmente injusto y no podemos permitirlo«, reivindican los vecinos.
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Hanan y su familia se enfrentan a un desahucio inminente
También es dramática la situación que vive Hanan, una vecina de Ceuta que tiene a su cargo a una hija de 13 años y un hije de 15. Este último tiene una discapacidad acreditada del 69% y requiere un riguroso seguimiento psiquiátrico. Su desahucio está previsto este martes sin alternativa habitacional conocida. La familia monomarental vive del Ingreso Mínimo Vital. Y es que si bien empezó a cobrar la ayuda del alquiler cuando se trasladaron a su hogar –y estaba previsto que lo cobrara durante al menos cinco años–, dejó de cobrarlo a los pocos meses. La asfixiante situación económica deja a Hanan y su familia en una posición especialmente vulnerable, en un momento en el que además la ciudad autónoma pasa por una de sus mayores crisis humanitarias.
Fernando, de 70 años, obligado a dejar su casa en Málaga
Fernando, un hombre jubilado de 70 años, lleva 21 viviendo en el mismo piso de Málaga. Pero su vida puede dar un giro de 180 grados a partir del 19 de octubre. En esa fecha está previsto su desahucio. Su caso es especialmente particular. La vivienda la habría comprado su padre, pero según explicó en una entrevista con SER Málaga, quedó pendiente la escrituración por parte de la promotora. El padre falleció sin completar el trámite y posteriormente también lo hizo la propietaria de la empresa, por lo que la promotora pasó a manos de su hija. Esta aseguró a Fernando que dejaría las escrituras a su nombre. Pero hace unos meses descubrió que la casa había sido vendida, y el nuevo propietario inició los trámites que conducirán al desalojo del hombre. La familia ha presentado varios recursos para tratar de paralizar el lanzamiento. El caso se encuentra pendiente de una decisión de la Audiencia Provincial de Málaga, pero Fernando teme que la Justicia no se pronuncie a tiempo.
Un matrimonio de jubilados, a punto de perder su hogar
Las vidas de Francisco y María, de 81 y 74 años cada uno, también han dado un viraje inesperado. El matrimonio lleva más de 50 años en el mismo piso de Badalona, pero ahora se enfrentan a un desalojo. Avalaron con sus propiedades a su hijo, quien no pudo hacer frente a su hipoteca. Aunque el banco ya se quedó con su vivienda, trata de saldar las deudas pendientes amortizando el aval de los padres, algo que el hijo no comunicó hasta el último momento. Recurrieron in extremis al Sindicat d’Habitatge y, aunque el lanzamiento estaba previsto para el pasado 22 de septiembre, el banco acordó aquel mismo día aplazarlo hasta el 29 de octubre. El Ayuntamiento de Badalona también colabora con la familia afectada para dar solución a la urgencia sobrevenida.
Juani, en silla de ruedas y a las puertas de un desahucio
También resuena el caso de Juani, del cual se ha hecho eco La Sexta. Se trata de una mujer mayor que va en silla de ruedas y tiene una discapacidad reconocida del 90%. Compró su piso de Madrid a su madre. Comenzó pagando alrededor de 900 euros de hipoteca, pero pronto subió a más de 4.000 euros, cuenta la afectada. El desahucio está previsto para el próximo 19 de octubre. Según indicó al equipo informativo, su hijo está buscando una alternativa habitacional para los dos, pero los requisitos resultan prohibitivos para sus economías.
Todas las historias retratan el estado agónico en el que se encuentra el acceso a la vivienda y la facilidad para expulsar a los habitantes de un hogar. Es por ello que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid acampa en Sol desde este sábado. Exige al Gobierno que apruebe el llamado decreto maricarmen, un texto que permita intervenir el mercado del alquiler y parar los desahucios. El Consejo de Ministros deberá dar luz verde a este decreto de vivienda.
Sobre la firma
Adhik Arrilucea
Redactor de Ciencias, Medio Ambiente y Animalismo.
«Un David contra Goliat»: la prensa mundial pone sus ojos en el desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol
La protesta aparece en las ediciones digitales de medios de Londres, Nueva York, París y Buenos Aires, y las grandes agencias la despachan ya como crónica diaria.
28/09/2026 21:30-Actualizado a28/09/2026 22:33
El desahucio de Maricarmen, que el pasado miércoles salió en camilla del piso del barrio de Retiro en el que vivía desde 1956, ha dejado de ser un asunto doméstico. La prensa de medio mundo mira hoy a España, donde el caso de esta persona mayor encarna la crisis global de la vivienda. La acampada que desde el sábado ocupa la Puerta del Sol con más de doscientes tiendas de campaña aparece en las ediciones digitales de medios de Londres, Nueva York, París y Buenos Aires, y las grandes agencias la despachan ya como crónica diaria. Buena parte de esa cobertura comparte un mismo contraste: la imagen de una persona mayor desahuciada en un país cuyo Gobierno progresista se proyecta en el exterior como vanguardia europea en derechos sociales. El impacto de este caso ha sido tal, que Urbagestión ha cedido a la presión social y ha acordado el regreso de Maricarmen a su casa, según se anunció a última hora de este lunes.
Por la Puerta del Sol pululan estos días periodistas de medio mundo, corresponsales que habitualmente cubren la actualidad española en remoto para sus cabeceras y que hoy confluyen en una misma noticia global.
El caso ya había rebasado las fronteras antes del desalojo. Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, había resistido tres intentos de lanzamiento, y en junio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a España que frenara el desahucio. Su peso es simbólico: encarna en primera persona una crisis mayor. BBC News Mundo la describió como «una de las figuras más simbólicas de la problemática de los desahucios».
El mismo día que Maricarmen salía en camilla, Sánchez compartía con Mamdani un foro sobre «una economía para la mayoría», con la vivienda en el centro
The New York Times lo leyó en clave política desde el día siguiente: el desahucio había colocado la crisis de la vivienda «en el primer plano de la política del país» y «tocado la fibra» de los españoles. El contraste era difícil de esquivar. El mismo miércoles en que Maricarmen salía en camilla, Sánchez compartía en la residencia oficial de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, un foro sobre cómo construir «una economía para la mayoría», con la vivienda en el centro. Mamdani ha congelado los alquileres regulados de casi un millón de viviendas. Sánchez exhibió allí las restricciones a los desahucios de su Gobierno y proclamó que España demuestra que «otro modelo económico es posible». Según el Times, buscaba presentarse como «abanderado de un liberalismo humanista». Horas después, la primera pregunta de su rueda de prensa fue Maricarmen.
José Bautista cubrió la crisis de la vivienda para The New York Times hace unos meses y hoy sigue la acampada para el semanario alemán Der Spiegel. A su juicio, en esa contradicción reside buena parte de este interés global. España, o al menos el Gobierno de Sánchez, «se han ganado cierta fama de ir en algunas cosas un poco acontracorriente», explica: «Un Gobierno de izquierdas en un entorno europeo rodeado de conservadores, que habla de democracia, de derechos humanos o de Palestina». El desalojo, añade, «choca contra esa percepción de lleno». Los lectores lo han notado; según contó este lunes Katrin Bennhold en el boletín internacional del Times, la noticia más visitada de este fin de semana fue el de las protestas en España.
Las agencias llevaron la historia a cuatro continentes. Reuters, con una crónica de Corina Pons, presentó el mismo miércoles el desalojo como «un nuevo y dramático foco de tensión» de la crisis de vivienda. Relató que a Maricarmen le dieron media hora para recoger lo imprescindible, y el despacho acabó en cabeceras de Pakistán, Chipre, Sudáfrica o Italia. La Associated Press siguió la acampada el fin de semana y su crónica circuló por NPR, PBS o NBC News. The Washington Post tituló el sábado que el desahucio se había convertido en «grito de guerra» de la protesta, y The Guardian subrayó las profundas divisiones que ha destapado entre los partidos españoles.
En el espacio francófono, franceinfo, la plataforma informativa del audiovisual público francés, presentó este lunes a Maricarmen como «emblema de la crisis de la vivienda en España». TF1 Info y BFM TV adoptaron en sus titulares la consigna de la marcha, «Pas une Maricarmen de plus» —ni una Maricarmen más—. El diario suizo Le Temps escribió el domingo que la crisis del alojamiento en España había dado «un giro espectacular». En América Latina, el argentino La Nación abrió este lunes su crónica desde Madrid vinculando la acampada con el precedente de 2011: «La sombra del 15-M […] avanza sobre el gobierno de Pedro Sánchez». Medios de México, Ecuador, Colombia o Chile siguieron el caso desde el 23 y el 24, en buena parte con despachos de EFE y AFP.
La ONU reprochó que el juzgado no suspendiera el lanzamiento para evitar un daño irreparable
La crítica llegó también desde Naciones Unidas. El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, reprochó al día siguiente que el juzgado no suspendiera el lanzamiento para evitar un daño irreparable. Según The Guardian, calificó de «imposible de entender» que la rentabilidad de una inversión inmobiliaria se antepusiera al derecho a la vivienda de Maricarmen.
Una imagen universal
El interés responde a una combinación reconocible. «El caso de Maricarmen lo tiene todo; en primer lugar, tiene un poder simbólico bestial, es universal», resume Bautista. «Una persona mayor con problemas de salud expulsada de su casa, con un movimiento social que la respalda, con un gobierno que se ve incapaz de actuar. […] Un David contra Goliat, la señora mayor que lleva 70 años en su casa frente a los especuladores». Una lucha en la que es fácil empatizar con Maricarmen «estés en Alemania o en Colombia», añade. Además, el escenario al que se han trasladado las protestas es reconocible para un público global que todavía recuerda el movimiento inidignados del 15-M de 2011. «A la gente todavía no se le olvida», apunta el periodista, cuyos editores alemanes le preguntaron estos días: «Oye, ¿qué está pasando?».
La vivienda se ha convertido en un malestar compartido por las grandes ciudades occidentales
Hay también un factor de cercanía. España recibió 96,8 millones de turistas internacionales en 2025, según el INE, y el ministro de Turismo daba en julio por probable superar este año los 100 millones. «España es un país en el que ha dormido casi todo el mundo», sostiene Bautista. Según él, en casi cualquier país del mundo se sigue la vivienda española como un asunto en el que los propios visitantes, «sin quererlo, como turistas han podido incidir». Y está la paradoja que subraya la AP: los costes y la escasez de vivienda están «expulsando del mercado a muchos españoles» pese al fuerte crecimiento de la cuarta economía de la Unión Europea.
Una crisis compartida
Que la noticia haya viajado tan lejos tiene una explicación de fondo: la vivienda se ha convertido en un malestar compartido por las grandes ciudades occidentales, y España ofrece una de sus versiones más agudas. El precio de la vivienda libre subió en el país un 12,2% interanual en el segundo trimestre, según el INE, y un 12,9% en la Comunidad de Madrid. Eurostat atribuye a España la mayor subida entre las grandes economías de la Unión: un 12,8% en el primer trimestre, frente a una media del 5,1% y una inflación del 2,3%. Los jóvenes se emancipan de media a los 30,2 años, casi cuatro más que el promedio europeo.
Entre 2010 y mediados de 2025, la vivienda se encareció un 60,5% en el conjunto de la UE
El fenómeno desborda España. Entre 2010 y mediados de 2025, la vivienda se encareció un 60,5% en el conjunto de la UE y los alquileres un 28,8%. En las ciudades europeas, casi uno de cada diez habitantes destina más del 40% de su renta a la vivienda, frente al 6% del medio rural. A escala global, ONU-Hábitat calcula que 2.800 millones de personas, cerca del 40% de la humanidad, sufren alguna forma de vivienda inadecuada. Entre ellas, 1.100 millones viven en asentamientos informales y más de 300 millones carecen de hogar. Su directora ejecutiva, Anacláudia Rossbach, sostiene que la pandemia y la inflación abrieron «la peor crisis de asequibilidad de la vivienda en más de una década».
Leídas en conjunto, las coberturas convergen en esa grieta entre proyección y realidad. La prensa anglosajona mide la distancia entre el discurso exterior de Sánchez y su margen de maniobra interior; la francófona pone el rostro humano; la latinoamericana, el eco de 2011. «Se espera mucho de España», advierte Bautista. «España tiene el listón muy alto en cuanto a la reputación internacional». Por eso la incógnita que planteaba el Times, si Sánchez logrará en el Congreso lo que un texto similar no consiguió en febrero, se sigue fuera como algo más que una votación doméstica: como la prueba de si el país está a la altura de la imagen que exporta.
La revolución de Sol ya no cabe en un decreto ni termina el martes
Si en 2011 los concentrados en la acampada del 15-M dejaban claro que no eran «mercancías en manos de políticos y banqueros», ahora el blanco son los especuladores inmobiliarios y los fondos buitre.
Madrid-28/09/2026 21:40-Actualizado a29/09/2026 07:55
Una chispa puede prender un día concreto la mecha de una revolución. En cambio, no se sabe cuándo se apagará. El quince de mayo de hace quince años, una manifestación en Madrid bajo el lema Democracia real ya cobró a su término forma de acampada. Duró casi un mes y su causa no se extinguió, sino que la reivindicación se trasladó de la Puerta del Sol a los barrios y pueblos. De aquel 15-M a este 26S, cuando este sábado, tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen, la plaza volvió a ser tomada y el Sindicato de Inquilinas, convocante de la marcha, llamó a acampar en el kilómetro cero por el derecho a la vivienda.
Si en 2011 los concentrados dejaban claro que «no somos mercancías en manos de políticos y banqueros», ahora el blanco son los especuladores inmobiliarios y los fondos buitre. «No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!», publicaba en sus redes sociales el Sindicato de Inquilinas, cuya portavoz Alicia del Río no daba abasto con la prensa este lunes pasado por agua. Como había advertido un día antes, la acampada seguirá adelante si el Consejo de Ministros de este martes no aprueba el decreto Maricarmen, que incluye la congelación de los alquileres y los contratos indefinidos.
Los acampados no estaban aquí hace tres lustros, porque la mayoría de ellos eran unos críos cuando el 15-M saltó de la plaza a las pantallas. Sin embargo, hay excepciones. Miriam tiene 47 años y trabaja como peluquera. En cambio, no puede pagarse ella sola un piso en Madrid y ha vuelto a vivir con sus padres en Alcorcón. «Un fondo buitre compró nuestro edificio en el barrio de Lucero, intentamos pactar alquileres y comprar los apartamentos, pero al mes nos echaron a la calle. Un drama». Por eso está aquí, comiendo de pie bajo las carpas, antes de irse a trabajar. «Se acabó, no podemos más».
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Si Miriam no la entiende como una revolución con fecha de caducidad, sino permanente, Teresa está convencida de que la protesta tampoco debe consumirse preferentemente el martes, ni de que el límite lo marque el decreto —de mínimos o, como exige el Sindicato, de máximos— que se apruebe en el Consejo de Ministros. «Dudo que de ahí salga una solución rotunda y absoluta a este gravísimo problema. Esto es algo de muy largo recorrido. Hay que mover media estructura del Estado», cree esta funcionaria jubilada, quien señala que sus hijos también están sufriendo la carestía de la vivienda.
Su hija tiene 47 años, vive en Rivas-Vaciamadrid, es madre monoparental y tiene una hipoteca que no terminará de pagar, si todo va bien, hasta bien entrada en los setenta. Su hijo dejó todo atrás y se fue a vivir a una aldea de Asturias, pero allí también encuentra dificultades para acceder a una vivienda porque, según ella, muchas casas son vendidas o alquiladas a extranjeros con dinero. «A un trabajador siempre le ha supuesto un esfuerzo comprar un piso, pero antes lo podía pagar», tercia Pepe, el marido de Teresa, quien asegura que cuando ganaba 40.000 pesetas al mes pagaba un alquiler de solo 5.000.
Si esta revolución pretende sobrevivir al martes, el relevo está garantizado. Lucía y Ana tenían siete años cuando un patchwork de toldos y lonas se convirtió en el símbolo del 15-M. «Muchas personas consideran que nuestra generación no se interesa por las cosas, por eso está bien que vean que sí nos movilizamos», comenta Ana, quien ha estudiado Escenografía en la RESAD. «Hoy muchísima gente, sobre todo mayor, nos ha dado la enhorabuena, porque ellos estuvieron en la misma situación y nos animan a seguir», añade. El detonante, confiesa, fue el desahucio de Maricarmen: «Había que hacer algo».
Lucía, su compañera en Arte Dramático, recuerda que antes del desalojo de la octogenaria —que no podía pagar el alquiler después de que la empresa que compró su piso multiplicase su precio— ya intentaba organizarse con otras compañeras. La respuesta masiva en la manifestación y en la acampada la ha animado a seguir batallando en un espacio idóneo, según ella, para “juntarse y crear comunidad». Ella no la contempla como una protesta perecedera: «Continuará, aunque quizás no de la misma forma, porque hay que defender el derecho a una vivienda asequible. Tendremos que seguir luchando».
Jose tiene 23 años, estudia Musicología en la Complutense y cree que la acampada es «el principio de muchos cambios» y que bajo los toldos se oculta «el hartazgo de la gente con las injusticias sociales», por lo que su principal fortaleza es unir diversas causas, como cuando este domingo algunos profesores de la manifestación en apoyo a la educación pública se sumaron a los defensores del derecho a la vivienda. «Todas las luchas van de la mano. Sin una casa no puedes ir a clase bien. Y sin una clase tampoco puedes estudiar para después poder pagarte una casa. Al final, todo confluye».
Su amiga Bie va todavía más allá y subraya que la revolución debe seguir adelante al margen de lo que decida este martes el Gobierno. «Se apruebe o no el decreto, esta acampada tiene que sentar un precedente de lo que continuaremos haciendo: defender los servicios públicos y la vivienda», sostiene esta joven de veinte años que alterna sus estudios de Trabajo Social en la Complutense con un curro en un McDonald’s. «La clave es avanzar hacia una huelga general y, con ese objetivo, desde Sol debemos pensar un plan de luchas que permita organizarnos ante cualquier ataque».
Sobre la firma
Henrique Mariño
Redactor de Culturas y Memoria
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¿Hemos fracasado como sociedad cuando ejecutan el desahucio de una mujer de casi 88 años? Tras cuatro intentos, Maricarmen tuvo que abandonar el piso donde ha vivido durante más de siete décadas en una ciudad dominada por la especulación inmobiliaria.
Dos días después del lanzamiento y tras varias protestas, Urbagestión -la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen-, ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que la anciana pueda volver a su casa. Se trata de un plan «de urgencia» para que el inmueble sea puesto a disposición de la Empresa Municipal de Vivienda Suelo (EMVS) y de los Servicios Sociales municipales con el objetivo de acordar un alquiler asumible para Maricarmen.
Este caso es la cara más cruda de la crisis de vivienda de España; es el reflejo voraz de un mercado inmobiliario que devora a sus propios ciudadanos al tiempo que contrasta enormemente con los 6,3 millones que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha gastado en el ático de Ayuso o con The District, la feria inmobiliaria internacional celebrada en la capital esta misma semana.
En los últimos años, el coste de la vivienda en España no ha parado de subir. Tanto, que el precio medio del metro cuadrado ha superado recientemente los niveles del pico de la burbuja inmobiliaria y se ha situado en 2.355 euros el metro cuadrado. Con este, ya van seis trimestres seguidos con el valor de la vivienda por encima de los 2.000 euros el metro cuadrado.
Pero eso no es todo; la crisis habitacional es transversal. Un reciente estudio sobre «El Coste de la Vivienda y la Pobreza Oculta en España» muestra la magnitud del problema. Señala que alrededor de 1,95 millones de personas en España se encuentran en sitaución de «pobreza oculta», es decir, que aunque por rentano pueden ser consideradas pobres, después de asumir el coste de acceso a la vivienda, caen por debajo del umbral de pobreza.
A esto, se suma la escasez de medidas de vivienda de estos últimos años de legislatura. Del total de 39 iniciativas presentadas, de las cuales 29 llevaban la firma del Gobierno o de alguna formación de izquierdas, tan solo cinco han visto la luz definitiva.
¿Quién puede permitirse comprar una vivienda en España? ¿Cuál es el papel de los fondos buitre? ¿Tenemos un problema porque faltan casas o porque la vivienda que existe no está llegando a quienes necesitan utilizarla para vivir? En este vídeo, analizamos la situación del mercado.
Sobre la firma
Helena Margarit
Redactora de vídeo
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