Los alquileres de los 559 inquilinos de Morgan Stanley en España terminan en Delaware tras pasar por Luxemburgo y Canadá
Mosaic Propco SL, la filial en España del banco estadounidense, tiene garantizado el cobro de 17 millones de euros por las rentas del alquiler de sus edificios en los próximos cinco años, según los documentos consultados por ‘Público’. Posee una cartera de inmuebles valorada en 105 millones.
- La empresa española que amenaza con desahucios en Madrid, Santander y Bizkaia forma parte de una red societaria de media docena de holdings en tres países que conduce hasta Morgan Stanley.
Mosaic Propco SL es una empresa inmobiliaria muy joven. Se creó el 6 de mayo de 2025. No tiene plantilla, pero en su primer año de funcionamiento facturó 1,38 millones de euros. Posee al menos cinco edificios en Madrid, Santander y Erandio (Bizkaia) sobre cuyos inquilinos se cierne la amenaza de un desahucio inminente. Mosaic Propco SL los compró en 2025 a Inmocaixa, la inmobiliaria de La Caixa, y se niega a renovarles los contratos de alquiler, todos ellos de viviendas a precio asequible para personas con dificultades económicas.
Según consta en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil, consultadas por Público, tiene una cartera de 559 inquilinos en las tres provincias citadas y en Córdoba. En 2025 ingresó 801.607 euros gracias a las rentas mensuales que le pagan sus arrendatarios, pero tiene garantizado un total de 17,12 millones de euros en «cobros futuros mínimos». Todos esos alquileres proceden de un número de propiedades que Mosaic Propco SL no revela, pero cuyo valor roza los 105,3 millones de euros. Unas cifras notables para apenas un ejercicio de vida, que pueden explicarse por la estructura que la sostiene.
El Registro Central de Titularidades Reales depende del Ministerio de Justicia e identifica a los verdaderos propietarios de una empresa para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal. Pero no sirve, sin embargo, para desvelar quién es el titular real de Mosaic Propco SL. En él sólo figuran sus tres administradores. Para averiguarlo, es necesario preguntar al Registro Mercantil de Luxemburgo. Porque el 100% del capital –3.000 euros, el mínimo legal para constituir una sociedad limitada– de Mosaic Propco SL pertenece a Mosaic JV SCSP, una sociedad en comandita especial con domicilio en el Gran Ducado. Este tipo de estructuras, sin personalidad jurídica propia, se ha convertido en uno de los vehículos preferidos por los fondos de inversión: no pagan el impuesto sobre sociedades si no llevan a cabo actividades comerciales y Luxemburgo no grava sus dividendos, además de concederles exenciones en el IVA.
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Pero Mosaic JV SCSP es sólo la primera matrioska del juego de muñecas que lleva hasta el auténtico propietario del negocio inmobiliario de Mosaic Propco SL: Morgan Stanley, el gigante financiero estadounidense. La segunda muñeca se llama Mosaic GP SARL, una sociedad limitada también domiciliada en Luxemburgo que es al mismo tiempo socio comanditario –el que aporta el capital– y gerente –la que gestiona– de la primera. A su vez, el 100% del capital de esta sociedad holding pertenece a NHREF X Masterco SARL, otra sociedad limitada luxemburguesa con 403,34 millones de euros en activos y que declaró 16,15 millones de beneficios en 2025, según figura en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo y consultadas por Público.
De Canadá a Delaware
Los mismos documentos establecen que el accionista único de esta tercera sociedad es North Haven Real Estate Fund X Global International Holding LP, otra sociedad en comandita, inscrita en el Registro Mercantil de Alberta (Canadá), pero con domicilio social en Nueva York.
En la misma dirección está radicado también el socio gestor de este vehículo de inversión inmobiliaria: MSREI X Global-GP LP, igualmente registrado en Alberta y que conduce al último eslabón de la cadena societaria, MSREI X GP LLC, domiciliada y registrada en el estado de Delaware (EEUU). Ambas sociedades forman parte de Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI), el brazo de inversión inmobiliaria de Morgan Stanley.
En resumen, el dinero que Mosaic Propco SL genere en España terminará en las cuentas de una sociedad limitada creada por una de las mayores multinacionales financieras del mundo y registrada en un territorio considerado un paraíso fiscal como Delaware.
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El respaldo de semejante red se traduce, por ejemplo, en los 31,61 millones de euros que la sociedad luxemburguesa Mosaic JV SCSP aportó a la filial española en su primer año de existencia. Aun así, Mosaic Propco SL tuvo que pedir un préstamo de 82,8 millones de euros al australiano Macquaire Bank Europe DAC, especializado en banca corporativa, mayorista y de inversión, para comprar inmuebles. Los que pertenecieron a La Caixa los adquirió en septiembre de 2025, apenas cuatro meses después de su constitución.
Sin estructura administrativa
Esa misma holgura le permite pagar en «servicios exteriores» una enorme factura anual, 850.749 euros. En realidad, Mosaic Propco SL es una cáscara; la gestión de esa gran cartera de activos inmobiliarios la ha subcontratado con otro grande internacional, TMF Group, que se encarga de prestar todo tipo de servicios administrativos a empresas. Así, el domicilio social de Mosaic Propco SL es el mismo que el de TMF Group en Madrid. La presidenta de Mosaic Propco SL es Eva Guisado Trueba, supervisora de GEM (Gestión Global de Entidades) en TMF Group. También trabajan en TMF Group tanto dos consejeros como la secretaria y el vicesecretario del consejo de administración de Mosaic Propco SL. En ese órgano ejecutivo, sólo se sienta un representante de la sociedad propietaria de la empresa, el belga Pascal Guillaume Brayeur.
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Pero la gestión directa de los inmuebles y los alquileres está en manos de otra empresa, Briks Real Estate Partners SL, una plataforma española de gestión de inmuebles. Finalmente, del trato directo con los inquilinos se encarga BservicerBásico, que ofrece «soluciones a medida a promotores de vivienda, fondos de inversión e instituciones financieras» para gestionar ventas y alquileres, pero también para «solventar situaciones complicadas». Ambas empresas son apoderadas de Mosaic Propco SL. Por ejemplo, los vecinos de Vallecas o Santander amenazados de desahucio sólo conocen a los empleados de BServicerBasico.
Estos últimos acaban de denunciar ante la Agencia de Protección de Datos a Administración y Gestión de Inmuebles SL (Imass) por la utilización de sus datos personales. Esta empresa ofrece un «servicio integral de desahucios» que incluye «la gestión de vecinos, altas y permisos, intervención prioritaria y urgencia, seguridad privada y cerrajería, instalación de alarmas, puertas antiokupa […]», y fue la que se puso en contacto con ellos y les instó a abandonar sus viviendas. Aunque ahora la página web de Imass está deshabilitada, en el archivo digital Wayback Archive puede encontrarse tal y como era cuando estaba activa. Prometía «procedimientos de negociación» con inquilinos u okupas «sin coacción ni violencia». Público ha preguntado a TMF Group, Briks Real Estate y BServicerBasico si han contratado a esta empresa, pero la primera no ha respondido y las dos últimas han rechazado hacer ningún comentario al respecto.
Sobre la firma
Begoña P. Ramírez
Redactora de Investigación
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Los decretos de vivienda bajo la lupa de expertos: «Recogen las demandas de la calle pero se quedan cortos»
Los expertos consultados por ‘Público’ reconocen grandes avances en la protección al inquilino, aunque dejan claro que los decretos son solo un primer paso en la lucha por el derecho a la vivienda.
30/09/2026 21:34-Actualizado a01/10/2026 07:39
Este miércoles se han hecho públicos los dos decretos que tendrá que votar el Congreso de los Diputados este próximo viernes. Uno de ellos, el más amplio, de 96 páginas, incluye el grueso de las que serían las nuevas políticas de vivienda. Los diputados también tendrán que votar este viernes un segundo texto «de urgencia», que pretende convertir los nuevos contratos de alquiler en indefinidos.
Aunque tras el Consejo de Ministros Isabel Rodríguez dio a conocer este martes algunos detalles, expertos consultados por Público analizan la letra pequeña que se esconde tras los grandes anuncios. Consideran que es un gran avance y una victoria de la movilización social que se está viendo estos días en las calles, aunque echan en falta más contundencia a la hora de frenar la especulación inmobiliaria o evitar desahucios como el de Maricarmen.
«Todo esto es una victoria de la calle. Todas estas cuestiones no estaban siquiera encima de la mesa hace unos días. El Sindicato de Inquilinas ha conseguido que tengan que debatirse en el Congreso exigencias de la ciudadanía que llevan planteándose en las asambleas desde 2017, como los alquileres indefinidos», explica el antropólogo experto en vivienda Jaime Palomera. «Hasta hace unos días, había partidos políticos que decían que no había nada que hacer en vivienda y ahora lo que resulta es inevitable no hacer algo, y han tenido que moverse de sus posiciones y negociar», añade.
¿Habrás más ‘maricármenes’?
No es fácil explicar la forma en que se va a dar respuesta a la suspensión de los desahucios prevista en el primer decreto. La medida estará en vigor hasta 2030 y se aplicará en el caso de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Cuando sea un fondo buitre el que desahucie, tendrá que suspenderse el lanzamiento aunque haya una sentencia judicial. Solo para los propietarios que no encajen dentro de esta definición se prevén compensaciones por impago, aunque de igual manera se paraliza el proceso hasta que se encuentre una alternativa habitacional. Si el desahucio se ha producido por no pagar el alquiler, los inquilinos tendrán la oportunidad de hacer frente a la deuda y quedarse en la vivienda.
¿Significa que no se repetirían situaciones como la de Maricarmen? Palomera es escéptico y, al igual que el jurista Víctor Palomo, recuerda que hasta el momento los jueces han sido muy restrictivos a la hora de paralizar desahucios por motivos de vulnerabilidad. «No queda claro si estos supuestos estarían protegidos, hay que acreditar muy bien la vulnerabilidad y que no exista una alternativa habitacional, pero hemos visto que los jueces son muy escépticos», detalla Palomera.
Los expertos subrayan que no hay una suspensión universal de los desahucios, sino que se circunscribe a unos requisitos que debe detallar un magistrado, que será también quien decida si la propiedad es un gran fondo o no lo es. También insisten en la importancia de evitar llegar hasta estas situaciones límite y recuerdan que el problema de Maricarmen comenzó en 2018 con la compra de su casa para fines especulativos por parte de una empresa.
¿Se pone coto a los fondos buitre?
El primer decreto incluye dos definiciones diferentes de lo que podría entenderse como fondo buitre: una en lo referido a los desahucios y otra para limitar la compra de viviendas a estas entidades. Esta última es la más concreta, ya que establece limitaciones a la compra de inmuebles a un precio inferior al 70% de su valor de tasación en el mercado (la medida estará en vigor hasta 2028).
Para Javier Gil, sociólogo e investigador del CSIC, todavía queda un reto por delante para que la vivienda deje de ser un negocio, aunque reconoce que hay muchas medidas de los decretos que pueden ayudar a hacer menos rentable la inversión de los rentistas. Además de la limitación de la compra a fondos buitre, se ha vuelto a activar el tope a los alquileres y la prórroga de los contratos, y se ha incluido un aumento de los impuestos a los pisos turísticos o las viviendas vacías. En el segundo de los decretos, queda aislada la propuesta de mayor interés para el experto, la de los alquileres indefinidos.
«Los alquileres indefinidos son la norma en Europa, somos la excepción. Y somos la excepción porque los contratos que tenemos aquí facilitan que suban los precios», explica. En caso de salir esta propuesta adelante, los contratos de arrendamiento se renovarían automáticamente a excepción de unos pocos supuestos. De no cumplir con ellos, si el propietario quiere recuperar la vivienda tendría que indemnizar al inquilino con doce mensualidades.
Jaime Palomera cree que la definición y los planteamientos para evitar la especulación son «demasiado difusos». «Quien conozca cómo funcionan las leyes de vivienda y cómo se implementan sabe que esto que se está presentando es papel mojado», sentencia. El antropólogo compara lo recogido en este decreto con la normativa que ha aprobado recientemente Catalunya, que «impide las compras especulativas»: «La norma catalana es muy simple, la vivienda es para vivir. Si se acredita que se va a adquirir para vivir, se tiene prioridad. Si se va a destinar a alquiler asequible o social, se tiene prioridad».
¿Se hace frente al fraude en los contratos?
Los intentos de controlar los anuncios fraudulentos en los portales inmobiliarios hasta la fecha no han sido muy efectivos y se estima que en ciudades como Madrid al menos un 90% de los pisos turísticos no cuentan con licencia. También es una crítica recurrente de los sindicatos de inquilinas la prevalencia de contratos temporales fraudulentos y el abuso en los contratos por habitaciones. Esta última modalidad, cada vez más frecuente debido al precio de las rentas, a partir de ahora estará sujeta a los mismos requisitos que los contratos de vivienda habitacional.
Sobre estas medidas, Javier Gil puntualiza que responden a las exigencias que llevaban meses planteando los sindicatos de inquilinos. Según explica, en las comunidades autónomas donde se aplica la ley de vivienda, el total de los contratos por habitaciones no podrá ser superior al precio que tendría la vivienda si se alquilara en conjunto. En el resto de territorios, de acuerdo a lo que también han confirmado fuentes del Ministerio de Vivienda, no se podrá realizar esta limitación, aunque los inquilinos ya no tendrán que pagar honorarios y tendrán la misma protección que el resto. «Son las únicas medidas estructurales, que vienen a tapar un agujero muy claro que se estaba utilizando para rotar a los inquilinos como si fueran paquetes de Amazon», apunta Palomera.
Además de estas cuestiones, el primer decreto (el que ya está publicado en el BOE) vuelve a poner en vigor la prórroga de los contratos de alquiler y establece un préstamo al 0% de hasta 50.000 euros para acceder a la primera vivienda. Para pedir este dinero, con el que se podrá hacer frente a la entrada de una hipoteca, no hace falta tener una edad concreta y se devolverá una vez se complete el pago de la deuda hipotecaria. Además de las prórrogas, se establece una congelación de los alquileres.
¿Son dos decretos ambiciosos?
Ambos expertos creen que es un primer paso en la lucha por el derecho a la vivienda y que se han recogido gran parte de las medidas que venía exigiendo el movimiento por la vivienda en los últimos meses. Aun así, insisten en que queda un largo camino por delante y que aún habrá que ver si se cuenta con las mayorías suficientes para sacar ambos decretos adelante.
«Yo diría que estos decretos son el Real Decreto Maricarmen, que es lo que proponían los sindicatos», defiende Javier Gil, pero advierte: «Siempre hemos dicho que este era el primer paso de algo mayor. Esto tiene que aprobarse, pero tiene que ser parte de un nuevo ciclo de políticas públicas que busquen transformar la situación de la vivienda. Por eso es muy importante que la calle se movilice». «Hay un malestar creciente y el otro día fue un punto de inflexión. La gente vio que se echaba a la calle a una mujer de 87 años para especular y dijo ‘basta ya, hay que movilizarse’», concluye.
En la misma línea, Palomera cree que este viernes se van a poder votar en el Congreso temas centrales en materia de vivienda, aunque la letra pequeña, bajo su punto de vista, «es un espejo deformado» del decreto planteado desde el Inquilinato: «Recogen las demandas de la calle pero se quedan cortos. Yo creo que tenemos encima de la mesa un conjunto de parches que responden a las demandas que estaban en Sol, pero que dejan muchas cosas fuera. Por ejemplo, más allá de los préstamos para la primera vivienda, que ayuden a acceder a una casa en propiedad».
Sobre la firma
Laura Prieto Gallego
Redactora de Vivienda y Memoria Histórica.
Las acampadas por la vivienda proliferan por España pese a los decretos: «Hay que subir la presión»
La escalada de protestas busca presionar la votación este viernes de los textos en el Congreso y allanar el camino hacia una huelga general que garantice el acceso a un hogar.
Madrid-30/09/2026 21:30-Actualizado a01/10/2026 07:39
Las tiendas de campaña se organizan ya por calles: Lucha de clases, Rosa Luxemburgo o la del Pronombre son algunas de ellas. La acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, no para de crecer y se ha erigido como una urbe de la protesta. La jornada de este miércoles fue la primera después de que el Consejo de Ministros aprobara los dos reales decretos-ley con medidas urgentes. Los textos recogen algunas de las reclamaciones más inmediatas del Sindicato de Inquilinas, que exigían un Decreto Maricarmen. Pero la protesta no termina aquí. Consideran que los textos son insuficientes y mantienen la presión sobre el Congreso de los Diputados, donde se votarán este viernes.
«No nos vamos, nos quedamos», exclaman, uno de los lemas más célebres del sindicalismo por la vivienda. Aunque cansados, los acampados mantienen el pulso y no tienen intención de abandonar las calles. «La acampada no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo de escalada de la presión y del conflicto», declara a Público Diego Fernández, uno de los campistas de Sol. Recuerda que este sábado habrá una nueva manifestación y espera que la organización popular sirva para «acumular gente y caminar hacia una huelga general que se trabajará en los próximos meses».
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La iniciativa de Madrid, que comenzó tras una manifestación masiva el sábado contra el desahucio de Maricarmen, ha inspirado más acampadas en diferentes puntos del Estado español. Este fin de semana se esperan movilizaciones en todo el país para presionar al Gobierno, exigir una mayor ambición política y revelar también sus limitaciones. Por el momento, hay acampadas activas en Galicia, Cantabria, Euskadi, Catalunya, Murcia, Andalucía, Illes Balears y Canarias. La intención no es solo apoyar a las manifestantes de Sol, sino reivindicar la crisis habitacional que sufren todos los territorios.
La Plaça Catalunya de Barcelona, abarrotada
Un centenar de personas pasan la noche en Plaça Catalunya de Barcelona desde este martes, después de una llamada a la acción que tuvo lugar el lunes. El Sindicat de Llogateres, el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya y otras organizaciones llevaron a cabo una concentración ante el Palau de Congressos este lunes contra Pedro Sánchez, que se desplazó allí para una entrega de premios. Una treintena de personas se reunieron en la plaza de la ciudad condal con la intención de acampar y finalmente ha sido este martes cuando han pernoctado por primera vez.
Según las últimas informaciones disponibles, este miércoles se han contado alrededor de 50 tiendas de campaña y un centenar de personas. «Hay años en los que no pasa nada, y semanas en las que cambia la historia. Esta puede ser una de ellas», declara el Sindicat de Llogateres en un comunicado. «Más allá de lo que diga el decreto, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para revertir décadas de mercantilización de la vivienda, y en los próximos días serán clave. Por eso es necesario subir la presión».
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Capitales andaluzas contra el rentismo
Andalucía es una de las comunidades autónomas donde las acampadas más han enraizado. Los acampados están presentes en Málaga, Sevilla y Cádiz. «Hay mucha gente con muchos ánimos», declara a este diario Iban Díaz, del Sindicato de Inquilinas de Sevilla. Se encuentran en la Plaza de la Encarnación, donde en la noche de este martes se calcularon alrededor de 40 tiendas. Precisamente entre el martes y el miércoles, «creció la acampada, vino más gente y hay muchas personas jóvenes con muchas ganas«, informa. El portavoz indica que desde el sindicato aguantarán «seguro hasta este viernes», que es cuando se realiza la votación de los decretos en el Congreso. Sobre el futuro de la protesta, apunta que se decidirá en asamblea con el resto de organizaciones implicadas.
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En Cádiz se estima medio centenar de personas acampadas. La convocatoria más multitudinaria es la malagueña, con alrededor de 70 tiendas instaladas y 150 personas que han pasado la noche en la plaza de La Constitución. Las movilizaciones continuarán a lo largo de la semana en unos plazos «normales» y con «muchas ganas de luchar», según ha explicado la portavoz de la plataforma Un Techo por Derecho en Málaga, Ysabel Torralbo, en declaraciones recogidas por Efe. Por su parte, Díaz recuerda a este medio que este sábado hay grandes manifestaciones convocadas con las que esperan culminar esta escalada de protestas.
Asambleas multitudinarias en Palma
La plaza de España de Palma acogió este lunes una asamblea multitudinaria a la que acudieron en torno a 150 personas. La intención es continuar con el campamento como «punto de organización» para continuar con la movilización. Así lo ha apuntado a Europa Press Joan Segura, portavoz de Stop Desnonaments Mallorca. Fuentes de la organización informan a Público que el Sindicato de Inquilinas no forma parte en este caso de la acampada. Acerca de una posible huelga general, Segura expresa que la ve «necesaria», pero desde la organización de la sentada no van a convocarla. El foco está puesto en la votación de los reales decretos en el Congreso. Recuerda que el equilibrio de la Cámara baja puede llevar a que no salgan adelante, por lo que han decidido centralizar la presión en las medidas más urgentes.
Gran Canaria se revela contra Clavijo
También la Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria se ha llenado de tiendas de campaña este lunes. «Nos quedamos aquí, no podemos más», aseguran desde Derecho al Techo, organización convocante. Aunque también se inspiran en las movilizaciones tras el desahucio mediático de Maricarmen, sus reivindicaciones no están tan vinculadas a los reales decretos-ley. En su lugar, se centran en los problemas específicos que sufre el archipiélago. «El Gobierno de Canarias lleva muchos años sin acogerse a la actual ley de vivienda, se niegan a la moratoria turística, no han apoyado las zonas tensionadas ni protegen la dignidad de las personas que habitamos este territorio«. La organización ya ha preparado la programación de la acampada hasta por lo menos este jueves.
La plaza Arriaga de Bilbo reclama soluciones
En Euskadi, una treintena de tiendas de campaña ocupan la plaza Arriaga, frente del teatro homónimo. En su caso, aseguran que se quedarán «hasta que haga falta». La iniciativa crece en la capital vizcaína sin prisa, pero sin pausa. Comenzó este martes con unas ocho tiendas. No se trata de una convocatoria anunciada por ninguna organización específica, sino que se ha llevado a cabo por redes sociales de manera independiente y autogestionada.
Galicia y Cantabria se suman a las protestas
De manera improvisada comenzó la sentada en Santiago. Tras una concentración con cientos de personas frente a la estación intermodal este lunes, varias personas decidieron acampar. El Sindicato de Vivenda de Compostela reivindica la acción «por todas las Maricarmen de nuestra ciudad y de nuestros barrios». Además, valoran que los decretos que votará el Congreso este viernes «no son siquiera un acercamiento». De igual modo, más de medio centenar de personas han acampado este martes en la Plaza Porticada de Santander. «Nos organizamos colectivamente porque sabemos que solo mediante la organización y la lucha podemos defender nuestro derecho a una vivienda digna», declararon ante los medios miembros del Movimiento Ciudadano de la Plaza Porticada.
La organización y la lucha colectiva conforman el espíritu de todas las movilizaciones que se propagan por el Estado. Muchas de ellas culminarán este sábado con una nueva gran oleada de manifestaciones que exigirán de nuevo garantizar el acceso a una vivienda digna. «Hay que ir viendo cómo apretarle las tuercas al Gobierno», expresa Diego Fernández desde la acampada madrileña. El objetivo último es que «las medidas sean favorables para las clases trabajadoras y no dejen ni un mínimo espacio al rentismo».
Sobre la firma
Adhik Arrilucea
Redactor de Ciencias, Medio Ambiente y Animalismo.
PSOE y Sumar borran sus diferencias y hacen piña para convencer a Junts y Podemos de que aprueben los dos decretos
- «No han dicho que votarán en contra, somos optimistas», señalan fuentes de Moncloa sobre la posición del partido que lidera Carles Puigdemont ante la votación del viernes en el Congreso.
- Tanto PSOE como Sumar mantienen la esperanza en que se convalide incluso la medida que va por separado para renovar automáticamente los contratos.
Madrid-30/09/2026 21:30
Tres preguntas de PP, Junts y PNV y una interpelación de ERC. A todo ello se tuvo que enfrentar este miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. La inminente votación, el viernes, de los dos decretos sobre vivienda marcó la jornada política de nuevo. Ante la ausencia de Pedro Sánchez, reunido en Moncloa con el presidente de Francia, Carlos Cuerpo marcó desde primera hora el mensaje del Ejecutivo y puso el foco en las medidas aprobadas ante los intentos del PP de introducir otros temas.
A falta de 48 horas para el Pleno Extraordinario las dos patas del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han redoblado la presión para que se convaliden los dos decretos que aprobó este martes el Consejo de Ministros. El martes escenificaron sus diferencias, los cinco ministros de Sumar contraprogramaron la rueda de prensa del Consejo de Ministros, reunión a la que no entraron hasta que no sellaron un acuerdo con el PSOE por los alquileres indefinidos. Por el contrario, el miércoles han unido fuerzas para centrar la mirada en dos grupos políticos, Junts y Podemos, que han sido los más reticentes no solo en este asunto sino en otros. Ninguno de ellos ha desvelado el sentido de su voto del viernes y se han mostrado muy críticos con las medidas o las formas de aprobarse los decretos.
Los grupos parlamentarios no recibieron los textos legales definitivos hasta este miércoles por la mañana. A partir de ahí se sucedieron los posicionamientos. El partido que lidera Carles Puigdemont denunció en un primer momento el «caos» y la «improvisación» del Gobierno a través de su diputada Marta Madrenas, que se lo afeó directamente a Rodríguez. Luego su portavoz, Míriam Nogueras, afirmó que su partido estaba «preocupado y decepcionado» porque considera que las medidas no sirven para «parar a los fondos buitre» ni proteger a las familias.
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Pero en ningún momento Junts ha confirmado el sentido de su voto ni han mencionado que este fuera ser en contra. En Moncloa, según las fuentes consultadas, se quedan con esto. «No han dicho que no, somos optimistas», afirman en el equipo de Sánchez. Una visión que comparten sus socios de Gobierno, de Sumar. «Va a ser muy difícil justificar oponerse a los decretos», dijo el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy.
Para Moncloa, el decreto principal «cumple con aquello que puede unir a todos». «Tienen que ser conscientes de que es eso o nada. No tienen argumentos reales para no votarlo. No podremos entender que ningún grupo lo haga», añaden. «Hemos trabajado mucho el decreto con ellos», apuntan en relación a Junts.
Tampoco ha desvelado del todo su voto Podemos. La fuerza morada ha sido también dura contra el Gobierno y su secretaria general, Ione Belarra, les acusó de «volver a hacer trampas» al dividir el decreto en dos. Desde el partido se anunció que este jueves se reunirían con representantes del Sindicato de Inquilinas y a raíz de ese encuentro decidirían su voto.
Esta organización cargó este miércoles en sus redes sociales contra el líder del PP Alberto Núñez Feijóo por su rechazo a votar los decretos. «Votar contra estos decretos no es votar contra un Gobierno. Es votar contra la gente. Feijóo no representa a España. Representa a los rentistas», añadieron
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Junts y Podemos no son los únicos partidos que no han desvelado su sentido de voto. Tampoco lo ha hecho el PNV de manera clara. En el Congreso, como contempló Público, se pudo ver al presidente del partido vasco, Aitor Esteban, salir de una reunión con el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños. Su portavoz, Maribel Vaquero, dijo ante Rodríguez que ellos «no estarán en la trinchera sino en la búsqueda de acuerdos». Fuentes de esta formación añaden que han dedicado la jornada a «analizar» el texto y ahora tienen que decidir el voto. En Moncloa, en todo caso, no preocupa la posición del PNV ya que consideran que será favorable.
Quienes sí han expresado de forma clara su apoyo a los textos han sido EH Bildu. «Es un avance insuficiente, sí, pero es un punto de partida para dar el siguiente paso», dijo el diputado Oskar Matute. El partido vasco votará que sí «por responsabilidad». Una posición muy similar es la que mantienen otros partidos de la izquierda del llamado bloque de investidura como ERC y BNG.
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Tanto PSOE como Sumar mantienen la esperanza en que se convalide incluso la medida que va por separado para renovar automáticamente los contratos aunque reconocen que está más cerca el otro decreto. Sánchez, durante la rueda de prensa ofrecida junto a Emmanuel Macron, proclamó su confianza en la aprobación completa. «Se han trabajado mucho los dos decretos, particularmente uno en el que llevamos muchos meses trabajando en él y yo espero que puedan ser convalidados el próximo viernes», dijo.
Posteriormente sí reconoció que el segundo decreto «lleva menos meses trabajándose» pero que es muy cercano al espíritu de la Ley de Vivienda impulsada durante la pasada legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos. «Es un debate, que ha sido suscitado por organizaciones civiles, también por partidos políticos y esperemos que pueda prosperar», dijo al respecto.
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El PP no se mueve
Mientras tanto, el PP no se mueve ni un milímetro. Es más, Feijóo confirmó en primera persona que votará en contra de los dos decretos de vivienda. «No voy a apoyar a un Gobierno tramposo. Los españoles no merecen un Gobierno tramposo«, dijo al respecto. Consideran en el PP que hay contradicciones entre los dos decretos aunque en el Gobierno afirman que son compatibles, como publicó este medio.
Fuentes de la dirección socialista consideran que ahora es necesario poner el foco en presionar al PP y retratar su posición política. «Se ve que Génova solo considera decente comprarse un aticazo con el dinero de los madrileños, regalar viviendas de protección oficial a familiares y amigos o los 100.000 desahucios que hubo en 2013, año en el que gobernaba Rajoy», transmitieron fuentes de Ferraz.
Sánchez denunció ante Macron, tras votar además el PP en contra del Tratado de Amistad con Francia, la «inhumanidad» e «insensibilidad» de los presidentes autonómicos del PP «que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio» de Maricarmen. El presidente se refirió también a las acusaciones de «traición» por parte de los populares. «¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses», remató.
Sobre la firma
Miguel Muñoz
Redactor de Política, Gobierno y PSOE.
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Casi 1,9 millones de contratos de alquiler podrán acogerse a la nueva prórroga
La aprobación del decreto de vivienda en el Consejo de Ministros permitirá extender hasta dos años determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Madrid-01/10/2026 08:00
Casi 1,9 millones de contratos de alquiler en España podrán beneficiarse de la nueva prórroga aprobada por el Consejo de Ministros, que permitirá a los inquilinos mantener durante un máximo de dos años adicionales las condiciones de determinados contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Concretamente, el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno permitirá acogerse a la medida a 1.895.676 contratos: 751.166 con vencimiento en 2026, 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028. Madrid suma más de 402.000 alquileres potencialmente afectados y Catalunya supera los 339.000, según datos del Ministerio de Consumo.
La prórroga de los contratos de alquiler, por comunidades
La prórroga, que forma parte del real decreto-ley en materia de vivienda aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, podría beneficiar a unos 4,7 millones de personas, si tomamos como referencia un tamaño medio de 2,5 personas por hogar, tal y como señala el Instituto Nacional de Estadística.
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Avances de calado, medidas temporales y una pieza clave en riesgo: expertos analizan los decretos de vivienda
La Comunidad de Madrid encabeza el listado, con 402.082 contratos susceptibles de acogerse a la prórroga, seguida de Catalunya, con 339.088. Barcelona concentra el grueso de los alquileres potencialmente afectados, con 248.053 contratos; seguida de Tarragona, con 37.470; Girona, con 34.864; y Lleida, con 18.701.
Andalucía ocupa la tercera posición, con 263.222 contratos prorrogables. Málaga es la provincia andaluza con mayor número, con 74.050 contratos, seguida de Sevilla, con 54.866, y Granada, con 40.069. A continuación le sigue el País Valencià con 224.372 contratos: 120.523 en València, 76.705 en Alacant y 27.144 en Castelló.
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En Galicia hay 111.175 contratos susceptibles de acogerse a la prórroga; en Canarias, 108.252; en Castilla y León, 94.994; en Illes Balears, 69.154; en Castilla-La Mancha, 65.797; en Aragón, 64.272; en Murcia, 46.819; en Asturias, 41.917; en Extremadura, 30.630; en Cantabria, 21.180; y en La Rioja, 12.721.
El real decreto-ley, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, deberá superar ahora el trámite parlamentario después de su aprobación por el Gobierno. Este viernes, el Congreso votará su convalidación en un pleno extraordinario. Si lo deroga, el decreto dejará de estar en vigor.
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El Gobierno deja en manos de los jueces decidir qué es un fondo buitre en los casos de desahucios
- Fuentes del Ministerio de Vivienda explican que en el caso de los desahucios, al haber un proceso judicial, «es el juez quien concreta si detrás hay un fondo buitre».
- El primer decreto sobre vivienda publicado en el BOE no define lo que es un fondo buitre por su tamaño o el número de viviendas que posee, sino por su manera de actuar.
Madrid-30/09/2026 21:30-Actualizado a30/09/2026 22:44
La protesta social que se ha desencadenado en la última semana tras el desahucio de Maricarmen ha devuelto al primer plano de la actualidad a los llamados fondos buitre. El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pretende limitar la especulación asociada a estos fondos, pero no define con claridad lo que son. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda intentó ser categórica el martes: «Vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con la vivienda», dijo. Pero tampoco fue capaz de dar una respuesta clara cuando le preguntaron qué era un fondo buitre. Ante estas palabras de la ministra, surgen algunas preguntas: ¿Qué es un fondo buitre? ¿A cuáles afecta este primer decreto? ¿Cómo los identifica la ley?
En realidad, en la legislación española no existe la figura jurídica de «fondo buitre». Ante la ley, existen los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII) o las Socimis (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario), que son instituciones de inversión colectiva no financiera que invierten principalmente en bienes inmuebles de naturaleza urbana para explotarlos en régimen de alquiler. Así operan fondos tan conocidos en España como Blackstone, Cerberus, Lone Star o Apollo, considerados a ojos de la ciudadanía como fondos buitre.
Alejandro García-Gil, portavoz de Vivienda de la ONG Oxfam Intermón, introduce un matiz inicial a la hora de definir lo que es un fondo buitre: «Normalmente se asocia la idea de fondo buitre a cualquier empresa, fondo, inmobiliaria o Socimi que gestione vivienda. Pero, técnicamente, no es estrictamente lo mismo. Un fondo buitre se correspondería más bien a lo que vienen siendo los fondos oportunistas, ya sean empresas, fondos de inversión o socimis, que se dedican a comprar viviendas a muy bajo coste para luego venderlas a muy alto precio o poner alquileres desorbitados, como puede ser ver el caso de la vivienda de Mari Carmen. Pero no todas las empresas del sector inmobiliario son fondos buitre».
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En esa misma línea, Javier Burón, experto en políticas públicas de vivienda y director gerente de la Sociedad Pública de Vivienda y Urbanismo de Navarra (Nasuvinsa), hace hincapié en la idea de que no es tanto una cuestión de quién hace las cosas, sino del cómo se hacen.
De hecho, el decreto aprobado por el Gobierno no define lo que es un fondo buitre por su tamaño o el número de viviendas que posee, sino por su manera de actuar, destaca este experto. «El decreto ha optado por una cosa que técnicamente me parece correcta: lo importante no es cómo te llamas, si eres una persona física o una persona jurídica ni cuántas viviendas tienes, sino que lo importante es el comportamiento«, explica Burón.
Esta teoría de Burón ayuda a entender por qué en las 96 páginas del decreto solo se utiliza dos veces —y solo en el preámbulo— la expresión «fondo buitre», un concepto más social y periodístico que económico o jurídico. El decreto pone el acento en las prácticas especulativas en las que puedan incurrir cualquier tipo de sociedades mercantiles. De hecho, la ministra habló el día anterior de «pymes buitre» al referirse a Urbagestión, la empresa propietaria del piso de Maricarmen. Es más, el decreto impone como prohibición comprar vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028 por debajo de un 70% de su valor de tasación de mercado a «las entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan en su objeto social la adquisición de inmuebles a título oneroso». No menciona expresamente los «fondos buitre».
Los jueces decidirán
Fuentes de Vivienda también señalan a Público que no es tan importante definir lo qué es un fondo buitre como evitar sus prácticas especulativas. Pero en el decreto publicado este miércoles, hay una diferencia muy relevante en sus dos primeros artículos. Mientras en el primero se establece un porcentaje concreto –el 70% del valor de tasación– para determinar que compras quedan prohibidas, en el segundo, que hace mención a los desahucios, no fija ninguna cifra concreta y se limita a señalar que la suspensión de los desalojos se aplicará a «toda entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado». ¿Qué es un precio «claramente inferior»? Se trata de un concepto indeterminado y, por tanto, sujeto a la interpretación que realicen los jueces en los procesos de desahucios.
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«Hay una diferencia principal. En caso de desahucio, hay un proceso judicial y es el juez quien concreta si detrás hay un fondo buitre. En la compra esto no pasa, no hay un tercero que decide si se es o no fondo buitre y no hay que interpretar nada entre las dos partes de la compraventa. Cuando hay un desahucio, participa un juez y no hace falta hacer una definición tan automática, por eso tiene un carácter más abierto», justifican las fuentes de Vivienda.
«La operación especulativa es el precio de compraventa del inmueble, no lo que haces con tus inquilinos. Y también hay que tener en cuenta que en este decreto a todos los grandes tenedores se les pone restricciones a los desahucios», ilustra Burón a este respecto.
Una de las dudas que suscita el decreto es si esa indefinición de lo que es un fondo buitre puede dar lugar a diferentes interpretaciones por parte de los jueces. Mucho tiene que ver en ello una redacción farragosa y confusa. Porque en el decreto también se hace referencia a las intenciones de los fondos buitre. Pero, ¿quién establece esa intencionalidad? Esa es la gran duda ante la falta de una definición clara de este tipo de fondos.
Javier Burón: «Esto no va de cuántas viviendas tienes, sino de qué haces con ellas»
Con una visión un poco distinta, Alejandro García-Gil cree que «la figura de fondo buitre queda bien definida en el decreto, pero quizá de una manera muy laxa». El portavoz de Oxfam Intermón lo justifica así: «Ese umbral del 70% del valor de tasación para comprar un inmueble debería haber sido más alto, del 80% o del 90%. Porque, al final, aquí estamos hablando de que estos fondos con la norma que se ha establecido están comprando casas con un descuento del 30% y eso ya es mucho. Yo creo que un descuento del 10% o del 20% encajaría más en la figura de haber encontrado un chollo y no en el hecho de especializarte en comprar viviendas de bajo coste. Además, de esa manera se restringiría más la consideración de lo que es un fondo buitre». «Lo que no nos gusta es que esta sea una medida temporal«, acota García-Gil.
«Desde nuestro punto de vista al menos creemos que el Real Decreto consigue definir parcialmente cuál es la figura de estos fondos buitres, pero a vez la entendemos que hacen falta más medidas para acabar con estas dinámicas especulativas de de los fondos de inversión, sean buitres o no sean buitres», señala En este sentido, el portavoz de Oxfam Intermón cita el nuevo tratamiento fiscal que se le va a dar a las Socimis.
Críticas al decreto
Aunque todas las fuentes consultadas reconocen los avances del decreto del Gobierno, lo cierto es que el texto no ha dejado contentos a todos. Desde la izquierda se critica mucho que el Gobierno, tras anunciar que iba a prohibir la compra especulativa por parte de estos fondos, ahora solo se limite a prohibir la compra de viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación. ¿Puede entonces comprar un fondo buitre un inmueble por el 71% de su valor de tasación?
Las críticas también se producen porque el texto contempla varias excepciones. El propio decreto las enumera: «La restricción no afectará a las adquisiciones destinadas a ampliar el parque de vivienda asequible o social, siempre que los inmuebles se alquilen con ese fin durante al menos cinco años. También quedarán fuera las adquisiciones para residencias de mayores o personas con necesidades sociosanitarias, para alojar a colectivos vulnerables a través de entidades del tercer sector o para recursos de atención y alojamiento de víctimas de violencia de género. Además, las entidades que se adhieran a un Código de Buenas Prácticas pactado con la Administración podrán seguir comprando viviendas, una condición que se da por cumplida en el caso de organismos públicos y empresas dedicadas a promover vivienda social o asequible».
«Podemos discutir si los comportamientos que se describen en el decreto son suficientes o no y lo mismo podemos decir de las excepciones, pero desde luego el Gobierno ha cruzado el Rubicón al plantear que esto no va de cuántas viviendas tienes, sino de qué haces con ellas. Yo creo que es por ahí por donde hay que ir. Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero la correlación de fuerzas en el Congreso es la que es», concluye Burón al respecto.
Sobre la firma
Jorge Otero
Redactor de Economía
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Dos decretos, una plaza y la clase parasitaria
Por Marga Ferré
Presidenta de Transform Europe
30/09/2026 21:30
El mismo sábado en el que miles de personas se manifestaron por el derecho a la vivienda e iniciaron la acampada en Sol, otra de signo muy opuesto recorrió las calles de la capital, racismo en alto, contra los migrantes de Ceuta. Lo que me escandalizó no fueron las fotos de Franco ni sus gritos de supremacismo hueco, sino el nombre de la organización convocante: “Sociedad Civil”.
Pretendían la enésima apropiación de un termino que designa el poder popular para vaciarlo de contenido y, posteriormente, llenarlo de otro, esta vez de corte thatcheriano. Me refiero a aquella teoría política que Margaret Thatcher impuso en el Reino Unido en los 80 que pretendía identificar la sociedad con el mercado. Una corrupción del lenguaje que han conseguido con otras palabras maravillosas, como libertad, para degradarla e impedir que sigamos usándola en sentido pleno y disruptivo.
Lo que quiero decir es que de las muchas cosas que la Acampada de Sol está consiguiendo, una de ellas, invisible pero importante, es cimentar las palabras al suelo para impedir que las usurpen. Hoy la sociedad civil está en Sol.
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Me parece relevante porque noto que es precisamente este hecho, que la derecha no representa a la sociedad, lo que les incomoda en el debate de la vivienda que el desahucio de Maricarmen ha detonado. Una detonación que, como la caja de Pandora, abre debates indeseados para el capital rentista y para quienes los defienden. Les encantaría seguir estancados en la época de Thatcher y sus teorías del capitalismo popular que pretendía sustituir a la clase trabajadora por una clase de propietarios y accionistas. Para justificarlo, solían recurrir a una metáfora que aún es muy usada por la derecha política y económica: la derecha representa a la sociedad y la izquierda al Estado, que ellos conciben en forma de opuestos irreconciliables. Todo falso, por supuesto, el capitalismo no es popular ni la sociedad son los empresarios, pero durante un tiempo el cuento les funcionó.
Ya no. El debate de la vivienda como un derecho recorre toda Europa y creo que lo hace sobre lo aprendido en las crisis financieras y las burbujas inmobiliarias que las provocaron: si algo nos enseñaron es que el capital rentista es el mejor camino a ninguna parte.
Keynes, que no era precisamente un radical, lo llamaba “economía parasitaria” y llegó a proponer su extinción, en lo que teorizó como “la eutanasia del rentista”. No le malinterpreten, Keynes no proponía eliminar físicamente a los rentistas, sino extinguir económicamente su función social mediante políticas públicas. Esa es la idea. Seguía un argumento económico tan lógico entonces (años 30) como hoy olvidado, y es que los que ganan dinero a través de la renta de otros, cobrando alquileres o intereses (los que conforman la economía parasitaria) no aportan nada al desarrollo productivo de un país, ni a la creación de empleo. Son, de hecho, un freno a la modernización.
Es un argumento más a sumar a los brillantes y abundantes usados esta semana para defender que la vivienda es un derecho y un bien de uso, y es que la clase rentista no solo no genera ningún tipo de desarrollo, sino que lo frena, lo impide, e incluso genera crisis, como toda especulación. Los economistas lo llaman “la trampa del rentismo”.
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He hecho mis cuentas sobre esa trampa. Tengo 58 años y desde que tengo 20 he pagado la mitad de mi salario a los distintos caseros que en mi vida he tenido por alquilar una casa en la que vivir. Como mucha gente. Es decir, que la mitad del dinero que he ganado trabajando ha acabado en la cuenta bancaria de alguien que no hace nada, que no produce nada y que recibe el dinero fruto de mi trabajo sin mover un dedo. Supongo que eso se refería Keynes con la definición de parásito.
A mis ojos, la lucha que hemos visto estos días dentro del Consejo de ministros y que veremos en el Parlamento este viernes escenifica más de lo que pudiera parecer. Uno de los argumentos que, imagino, usa el sector del PSOE que se opone a las reformas es que en España hay muchas personas trabajadoras que también alquilan una casa, usando nuevamente a la clase trabajadora para justificar políticas que solo favorecen al capital rentista. Que no nos engañen, el rentismo es un sistema que solo beneficia al capital.
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Por eso es tan importante lo que está ocurriendo y por eso celebro cada victoria, incluso las parciales, consciente como soy de lo difícil que es conseguir victorias totales; las valoro como pasos conquistados en la dirección correcta y para seguir andando con más fuerza; lo hago porque creo, firmemente, que hacerlo cambia el sentido común de época y vuelve a llenar de contenido a las palabras robadas.
Si algo demuestra esta lucha es que la sociedad civil no son ni los rentistas ni los racistas. Si algo se ha vuelto a hacer visible es que “las viviendas son para vivir, no para especular” y que estas palabras esbozan un tipo de sociedad en la que la renta de los trabajadores y las trabajadoras no sea usurpada. Perdón por ponerme clásica, pero es que es pura lucha de clases. El hecho de que haya dos decretos es el síntoma de esta lucha y se volverá a escenificar este viernes en el Parlamento.
Sigamos empujando. La lucha sirve.
Sobre la firma
Marga Ferré
Presidenta de Transform Europe
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Maricarmen, el Supremo y el fascismo
Por Mara Mahía / Luzes
30/09/2026 21:30
No queda alma en este país que no conozca la historia del injusto desahucio de Maricarmen. Salvo los fondos buitre, el círculo de Ayuso y la empresa que la echó de su casa, Urbagestión, que dice ser una pyme y está regida por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes.
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Para ellos, el desahucio fue la aplicación de una sentencia justa. En esta monumental tropelía, la justicia hizo tantas cosas mal que no cabe pensar que fuera cosa de ineptos, sino de un despropósito colectivo del Tribunal Supremo. Fueron los miembros de esta corte quienes, al final, después de cuatro instancias, dieron la razón a la MALDAD, con mayúsculas. Porque lo que le hicieron a Maricarmen en Madrid es la representación de lo que puede hacer la derecha neoliberal, capitalista y cruel, apoyada por un sistema de justicia que sigue respetando las leyes fascistas.
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Según los señores de Urbagestión, Maricarmen tenía que dejar el piso hace años. Como argumentaron los Alonsos, su contrato era una segunda subrogación y, como tal, solo puede extenderse durante 15 años. Y aquí está la trampa. Maricarmen tenía que tener la primera subrogación, que da derecho a vivir en la casa hasta morir.
El contrato lo firmó el padre de Maricarmen en el año 1956, cuando España estaba regida por un dictador fascista que tomó el poder mediante un golpe de Estado y una guerra. Es decir, el país estaba en manos de un Gobierno ilegítimo. Aquel poder ilegal no permitía que una mujer tuviera propiedades a su nombre. El padre de Maricarmen no pudo poner el nombre de su esposa en el contrato de arrendamiento. Como consecuencia de aquella ley promulgada por un Gobierno golpista, cuando el padre murió la madre tuvo que solicitar una subrogación. Esta es la subrogación que el Tribunal Supremo y los Alonsos cuentan como primera, la que da derecho al inquilino a quedarse en el piso para siempre.
Si el Tribunal Supremo hiciera justicia en vez de hacerle el juego a los fondos buitre y a la extrema derecha, Maricarmen estaría ahora en su casa. No entiendo cómo se permite que se utilicen las consecuencias de una ley fascista y sexista, que discriminaba brutalmente a las mujeres, como trampolín para seguir haciendo el MAL, con mayúsculas.
Hace unas semanas, el Tribunal Supremo también dictó la suspensión del derecho a votar para los nietos de los exiliados a causa del fascismo. Si suspender el derecho al voto de un ciudadano no es una medida dictatorial, entonces vamos a tener que redefinir el concepto de dictadura. Sin embargo, los nietos de los fascistas sí pueden votar. Y no solo votar. También pueden utilizar las leyes ilegítimas que promulgaron sus abuelos para poner en la calle a las mujeres que, por culpa del franquismo, no tienen derecho a morir en la casa donde vivieron.
El caso de Maricarmen tenía que llegar al Tribunal Constitucional, porque el hecho de que su madre no pudiera firmar el primer contrato de arrendamiento —un derecho de igualdad contenido en la Constitución de 1978— provocó que ella perdiera el piso. El Supremo debía considerar el contrato de Maricarmen como la primera subrogación. Obviamente, el fascismo no dio la opción de que firmaran el padre y la madre.
Los derechos constitucionales de Maricarmen fueron violados por la sentencia de un tribunal que respeta las leyes franquistas como si fueran legítimas. Es una aberración que la justicia del Supremo base sus sentencias ‘democráticas’ en leyes discriminatorias que les quitaron todos los derechos a las mujeres. Lo que le han hecho a Maricarmen es un crimen legal.
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La vivienda: cuando te señalan la luna no mires el dedo
Por Luis Ángel Hierro
Catedrático de Economía Pública de la Universidad de Sevilla
30/09/2026 21:30
Si hay algo que he aprendido después de tantos años estudiando la vivienda, es que los economistas seguimos dando palos de ciego. Publiqué mi primer artículo sobre vivienda allá por 1992 en la revista del Ministerio de Economía, Información Comercial Española. La investigación a nivel mundial estaba en un estado incipiente, en 1990 había nacido la revista Journal of Housing Research y en 1991 apareció la primera revista específicamente de economía dedicada a la vivienda, Journal of Housing Economics. Los Bancos Centrales de los países apenas le dedicaban atención a la cuestión de la vivienda en sus estudios y la vivienda solo aparecía en el ámbito económico cuando el precio se elevaba y la hacía inaccesible.
En ese momento, el manual de referencia de Macroeconomía era el de Rüdiger Dornbusch y Stanley Fischer. Había entrado con fuerza en las universidades de todo el mundo, incluidas las españolas, y a mí me tocó usarlo como manual de mis primeras clases como profesor en 1986. En ese manual, dentro del capítulo dedicado a la inversión, se incluía un apartado sobre inversión residencial, porque la construcción de nueva vivienda forma parte de la Formación Bruta de Capital de un país y por tanto de la Demanda agregada y del Producto Interior Bruto. En ese capítulo Dornbusch y Fischer daban una explicación básica pero muy acertada del funcionamiento del mercado de la vivienda. Con un modelo muy simple, explicaban acertadamente cómo se formaba el precio en el mercado de la vivienda. La demanda de vivienda se enfrentaba a una oferta rígida, que en cada momento es una cantidad fija (la vivienda que existe) y el precio que se formaba en ese mercado determinaba la construcción de vivienda. El objetivo de los autores no era aplicar el modelo a la vivienda si no explicar cómo las variaciones del precio de la vivienda influían en el PIB, en la parte de la inversión.
Sin embargo, para mí, el modelo era perfectamente aplicable para analizar el mercado de vivienda e incluía una enseñanza elemental. El mercado de vivienda se ajusta en precios, de forma que cualquier incremento de la demanda repercute inmediatamente en una subida de precios. Aumentar la vivienda construyendo nuevas viviendas es un proceso de muchos años y nunca va a ser efectivo para bajar el precio. Fin de la enseñanza. Como conoce cualquier estudiante de primero de economía, así son los mercados de oferta rígida.
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Pues bien, esta enseñanza elemental es la que muchos economistas se niegan a asumir y es lo que hace que instituciones de gran prestigio como por ejemplo FUNCAS, la fundación de las Cajas de Ahorros, o el propio Banco de España, sigan insistiendo en que el problema de la vivienda en nuestro país es un problema de cantidad, que se solucionará cuando construyamos casi un millón viviendas que faltan, es decir dentro de 10 años. Ese planteamiento, tan antiguo como las VPO franquistas, es el planteamiento de quienes obvian que, antes que la cantidad, el problema básico de la vivienda es el precio. He aquí la luna y el proverbio oriental que da título a este artículo, “cuando el sabio señala la luna el necio mira el dedo”. Mientras sigamos utilizando modelos erróneos, en los que establezcamos que el ajuste del mercado de vivienda se debe producir en cantidad, no encontraremos ninguna solución al problema de la vivienda. Estaremos mirando el dedo.
Obviamente, para quienes ven en la vivienda una oportunidad de negocio este error persistente de los economistas les viene de perlas. Como el precio de la vivienda no va a reaccionar a la cantidad, porque necesitaremos muchos años para construir las viviendas que bajarían el precio, el precio de la vivienda se va a mantener alto muchos años. Negocio para largo. Además, si las administraciones siguen el criterio de los “economistas dederos” saldrán los Moreno Bonilla de turno diciendo que lo que hay que hacer es desregular la construcción para acelerar el proceso y ofrecer el suelo público gratis para construir VPO, VPO que después la Esperanza Aguirre de turno venderá a fondos de inversión y especuladores. También saldrán los defensores de reducir los impuestos, política que no hace otra cosa que aumentar la rentabilidad de los tenedores de vivienda y atraer más capital y con ello aumentar la demanda de vivienda y el precio de la vivienda.
Ya en 1992 en ese primer artículo explicaba que había tres tipos de demanda de vivienda: demanda por motivo residencia (para vivir en ella), por motivo de inversión (para arrendarla o especular) y por motivo ocio (segundas residencias vacacionales). La demanda por motivo residencia es la básica, no es reducible y crece con la población, con los salarios y el empleo y cuando mejoran las condiciones financieras. La demanda motivo inversión crece con la rentabilidad, normalmente en procesos especulativos del tipo burbujas, y no porque suba el alquiler, ya que es el precio de la vivienda el que determina el precio del alquiler y no a la inversa. Finalmente, la demanda por motivo ocio crece en zonas muy concretas y sobre todo porque crezca la riqueza de nacionales y extranjeros, si estos últimos tienen derecho a adquirir viviendas.
Pues bien, utilizando esta perspectiva de la demanda, existe un fenómeno mundial que ha hecho crecer el precio de la vivienda en todo el mundo, se llama Airbnb, el “alquiler hotelero”. Con el desarrollo de las plataformas de alquiler turístico la rentabilidad de la vivienda se ha disparado, incluida la del alquiler residencial que se ve arrastrado, y ha convertido la vivienda en un atractivo activo para los inversores, especialmente para los fondos especulativos que además compran al contado y sin hipotecas. Como resultado ha crecido la demanda por motivo de inversión y ese crecimiento se ha trasladado inmediatamente al precio. En España, también crece la demanda residencial por el crecimiento de la población, nuestro éxito económico atrae mano de obra que a su vez alimenta el crecimiento. En este caso, salvo que nos instalemos en la estupidez económica de pedir que se vayan, es inexorable que necesitemos construir la vivienda de la que habla el Banco de España. Finalmente, en determinadas zonas como Baleares, Costa del Sol, … soportamos un incremento de demanda por motivo ocio, básicamente extranjera y que incluye fundamentalmente a europeos jubilados.
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¿Se puede hacer algo para bajar el precio de la vivienda desde ya? Pues sí, reducir la demanda por motivo de inversión. A corto plazo esto no va de construir, esto va de reducir drásticamente la rentabilidad de la vivienda. Dos son las vías fundamentales, la primera, más efectiva y permanente, prohibir la propiedad de la vivienda a las personas jurídicas. Las personas jurídicas no viven en viviendas, por lo que es perfectamente factible regular el derecho a la propiedad de la vivienda y otorgarlo solo a las personas físicas, que sí viven en viviendas. Eso sacaría del mercado a un porcentaje muy elevado de la demanda de inversión y se reduciría el precio. Obviamente, para ejecutarlo necesitaríamos un periodo de transición, para que las sociedades pudieran deshacerse de los inmuebles sin incurrir en pérdidas. Pero solo con la aprobación de la ley dejaría de afluir capital a ese mercado y ya sería efectivo.
La segunda opción, menos efectiva, es contraer el alquiler hotelero, aquí las posibilidades son múltiples: prohibirlo, como ya se está haciendo, una vivienda no es un hotel; profesionalizarlo, obligar al tenedor a darse de alta como autónomo, pagar el IVA, emitir facturas, …; y gravarlo de forma extraordinaria vía impuestos especiales, IRPF…
En el caso de las zonas costeras y la demanda ocio, se puede recurrir a prohibir el derecho de propiedad a los no europeos, a los europeos no podemos, no obstante, el efecto de esa medida será muy reducido y en zonas muy concretas. En España las zonas de costa tienen muy difícil solución y la solución aquí sí es a largo plazo, construcción periférica más transporte público.
Obviamente, si en lugar de hablar de cantidad, actuamos sobre la demanda y podemos reducir el precio, el efecto positivo se extenderá a otros problemas de vivienda. Las restricciones de ahorro (dar la entrada del 20%) y liquidez (no superar el pago de hipoteca el 30% de la renta anual) serán menores; será menor la demanda insatisfecha que requiere del sector público para disponer de vivienda; los desahucios serán menos; …
El problema de la vivienda es complejo, se manifiesta en muchos subproblemas, aunque el fundamental es la carestía. Solucionarlo es factible, pero para eso lo primero es mirar la luna y no el dedo. Os dejo este video de unas jornadas de vivienda realizadas el pasado 24 de septiembre en la Universidad de Sevilla donde contamos esto y muchas más cosas.
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