La rebelión por la vivienda toma las calles y apunta a una huelga general: «No hay vuelta atrás»
Una semana después del inicio de la acampada en la Puerta del Sol, y tras la derogación de los decretos sobre vivienda en el Congreso, miles de personas han salido en numerosas ciudades para protestar.
- «Estamos haciendo historia en este país», dice la portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río.
Madrid-03/10/2026 16:26-Actualizado a03/10/2026 21:45
El clima de descontento social se ha intensificado tras el resultado de la votación en el Congreso en contra de los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros esta semana. La derogación de ambos textos que pretendían alivianar los efectos de la crisis habitacional, con medidas consideradas de «mínimos» e «insuficientes» por el Sindicato de Inquilinas, encendió el pasado viernes un clamor que ni las fuertes lluvias lograron apagar.
Por ello, el Sindicato de Inquilinas había convocado este sábado manifestaciones en más de 50 ciudades del Estado, con el lema Hacia la huelga general por la vivienda. Bajadas de alquileres al 50% y expropiación de fondos buitres Ya.
«La fuerza está en las calles, está en las luchas, y no en los ministerios», ha manifestado la militante de CRT Natalia Lago en declaraciones a Público, y es por ese motivo que las distintas organizaciones presentes reclaman que CCOO y UGT -que han apoyado las protestas- convoquen una huelga general como la «única manera» para poder acceder a una vivienda «digna», algo que los grandes sindicatos aún no han terminado de evaluar.
En Madrid, un manifestante de 26 años que forma parte de una plataforma vecinal en Chamberí -quien ha preferido ocultar su nombre- ha contado a Público que él mismo se vio afectado cuando un fondo de inversión «echó a todos los vecinos de casa» tras comprar el edificio en el que vivía, en la calle Galileo del barrio de Chamberí. Si bien ha conseguido volver al barrio, alquilando con su madre un piso «más caro y más precario», ha lamentado que muchos no lo hayan logrado: «Ya no tengo amigos de toda la vida, que se han tenido que ir precisamente por la subida abusiva de los precios y la inacción del Gobierno».
«Esto no va solo de vivienda. Esto va sobre las condiciones de miseria en las que vive la clase trabajadora», ha manifestado a Público Carlota, portavoz de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS). Es por ello que desde la organización abogan por «una respuesta mayor» al problema habitacional: «Es hora de aglutinar luchas, de ir más allá», ha apuntado la portavoz.
Relacionado con este tema
La factura de tumbar los decretos de vivienda: 626 millones más en gastos de alquiler y 8,4 millones de inquilinos sin escudo
En una jornada donde el reclamo por soluciones a la crisis de la vivienda -como rebajas a los alquileres o contratos indefinidos- ha sido protagonista, también se han visto representadas otras luchas, como la educación infantil o la sanidad pública. «Rentistas, Quirón, la misma mierda son», gritaban los manifestantes en la Plaza de España madrileña.
En la capital, donde la acampada en la Puerta del Sol ha comenzado a expandirse tras una semana instalada en el kilómetro cero de la capital, la Delegación del Gobierno contabiliza unas 70.000 personas que han acudido a la convocatoria, aunque los organizadores estiman unas 500.000. Mientras tanto, la organización neonazi Núcleo Nacional ha convocado una concentración frente al Banco de España a las 19.30 horas, a la vez que el Sindicato de Inquilinas ha llamado a «defender» la acampada «contra el fascismo».
Relacionado con este tema
La ciudad ambulante
El Sindicato de Inquilinas desde Cibeles: «Estamos haciendo historia en este país»
Ante la multitud aglomerada alrededor de la fuente de Cibeles, la portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río ha tomado la palabra sobre un pequeño escenario para recordar la «victoria» que ha supuesto que la vecina octogenaria de Retiro Maricarmen pueda ahora volver a su hogar tras su desahucio, un hito que atribuye a la presión de la movilización social. En este sentido, ha asegurado que desde la acción sindical han logrado «más que el Gobierno que se dice progresista», mientras que el Congreso, ha censurado, está «secuestrado por los rentistas».
«Estamos haciendo historia en este país», ha expresado la portavoz, quien ha asegurado que «ya no hay vuelta atrás». «No vamos a caer en la apatía y el descontento porque hemos aprendido que juntas podemos cambiar las cosas«, ha añadido del Río y ha insistido en su apuesta por una huelga general para construir «la verdadera legislatura de la vivienda».
Del Río ha finalizado su discurso con un mensaje alentador «de todo corazón»: «Cogeos de la mano. Abrazad a vuestras compañeras. Permitid que el amor inunde vuestros corazones. Permitid que la rabia os llene el pecho. Y sobre todo, mantened la cabeza alta porque estamos mirando un horizonte más justo». «Porque merece la pena vivir», ha concluido.
A última hora de la tarde, unos cuatrocientas ultras, según la Delegación del Gobierno en Madrid, convocados por el grupo de ultraderecha Indignados por España, se concentraron en la calle de Alcalá, frente al Banco de España, con un gran despliegue policial que impidió que pudieran avanzar hacia la acampada en la Puerta del Sol.
Los manifestantes, en su mayoría varones jóvenes, han coreado «Viva España», «Aquí están los nacionalistas», «Fuera guarros de nuestros barrios», «Esta es nuestra tierra y hay que defenderla», «Ayudas sociales para los nacionales», o «Rectificación inmigración». Algunos de los asistentes portaban banderas de España.
Su objetivo era llegar a la acampada de la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda, donde se también se han desplegado grupos antifascistas, pero un dispositivo formado por agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) ha desplegado un cordón en torno a las personas concentradas. A la protesta se ha adherido la organización Núcleo Nacional.
Altercados en València y una movilización suspendida en Barcelona
En València, miles de personas se han sumado a la convocatoria que culminó en el Palau de Les Arts, donde se celebra un congreso de inversión inmobiliaria. Sin embargo, según informa EFE, la manifestación ha concluido con disturbios al final de su recorrido y se ha saldado con nueve policías nacionales heridos y una persona detenida. Un grupo de manifestantes ha roto el cordón policial que custodiaba el acceso tras derribar las vallas, a lo que los antidisturbios respondieron con el lanzamiento de pelotas de goma y de botes de humo.
En Málaga, una ciudad especialmente tensionada por la vivienda, varios miles de personas se manifiestan desde las 19.00 horas por las calles del centro reclamando una solución a la crisis de la vivienda, marchando hacia una huelga general que reclaman para noviembre. La portavoz del sindicato en Málaga, Carmen Olmedo, ha dicho a los periodistas que es «un clamor popular que ha inundado las calles del país» para «llamar la atención a todas las administraciones públicas, que no han hecho absolutamente nada»
Por su parte, en Granada miles de personas se han sumado a la movilización estatal con una manifestación convocada por el Sindicato de Vivienda con el lema «Organiza tu rabia contra el negocio de la vivienda», que ha abierto la pancarta principal. Los asistentes han exhibido pancartas con lemas como «Techo de menos», «Ni gente sin casas ni casas sin gente», «No trabajo para engordar tu herencia» o «Tener casa no es un lujo, es un derecho».
Por otro lado, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha anunciado que trabajará para impulsar una huelga general a nivel nacional tras la manifestación celebrada en la capital gaditana en defensa del derecho a la vivienda, que, según los organizadores, ha reunido a unas 10.000 personas.
Mientras, miles de personas han recorrido este sábado las calles de Zaragoza para reclamar el derecho a una vivienda y denunciar la especulación inmobiliaria. «El barrio no se vende, se defiende», «Fuera rentistas de nuestros barrios» o «Mi casa no es tu cartera de inversión» han sido algunos de los mensajes que han acompañado a los manifestantes durante el recorrido.
En Santander, más de 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido a la calle para reclamar que la vivienda deje de ser un negocio y la convocatoria de una huelga general. En San Sebastián y en Vitoria han sido cientos de ciudadanos los que se han respondido a la convocatoria de la central abertzale LAB y otros colectivos sociales, y en respuesta al llamamiento del Sindicato de Inquilinas.
En Palma, alrededor de 3.000 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado por el centro de la ciudad reivindicando la vivienda como derecho y con pancartas pidiendo una huelga general, en plena alerta por lluvias. Mismo escenario de lluvias en León, que no ha impedido que 1.500 personas hayan recorrido las calles de la ciudad en una protesta a la que se han sumado sindicatos y organizaciones juveniles de izquierda.
La plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela ha sido el escenario de una concentración que ha reunido también a miles de personas, mientras que en Oviedo, representantes de la acampada que se estableció durante la noche del viernes en la plaza de La Escandalera, han denunciado «agresiones verbales» amenazantes y un encontronazo con un «grupúsculo fascista» durante su primera noche de protesta.
Hasta Huelva también ha llegado la protesta bajo el lema Hacia la huelga general contra el Gobierno del rentismo, en la que personas de diferentes puntos de la provincia han participado y coreado consignas como ¡Ayuso, te aviso, te voy a quitar el piso!», «¡Ministro rentista, estás en nuestra lista!».
En cambio, las movilizaciones previstas para esta tarde en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat han sido suspendidas debido a las adversas condiciones meteorológicas.
Etiquetas
Las leyes del PP adelantan su política de vivienda: más ladrillo, facilitar desahucios y eliminar zonas tensionadas
- El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha llevado al Congreso, esta legislatura, propuestas de ley para derogar los puntos de la Ley de Vivienda que fijan las zonas de mercado residencial tensionado.
- Los ‘populares’ también han incluido en iniciativas legislativas medidas para agilizar los desahucios, endurecer los requisitos de vulnerabilidad o, como Junts, combatir la okupación, que consideran una de las principales lacras.
Madrid-03/10/2026 19:30-Actualizado a03/10/2026 19:58
El Partido Popular (PP) tiene un problema en materia de vivienda. El tensionamiento del sector inmobiliario ha desembocado, finalmente, en un estallido social cuya máxima expresión es la acampada en la madrileña Puerta del Sol que comenzó el pasado sábado, 26 de septiembre, y que no ha parado de crecer desde entonces. A corto plazo, a quien se le exige poner en marcha medidas —a poder ser, estructurales— que solucionen la crisis es al Gobierno de coalición. Sin embargo, la chispa que se ha prendido en los últimos días puede convertirse, a la larga, en un problema para los populares. No en vano, las soluciones que proponen para afrontar la crisis habitacional van en la dirección exactamente opuesta a lo que reivindica la masa social que se ha echado a las calles.
Público ya informó este lunes de que el PP ha promovido esta legislatura distintas leyes para facilitar los desahucios y endurecer los requisitos para que los inquilinos puedan alegar su situación de vulnerabilidad en procesos de desahucio. Ninguna de ellas ha prosperado, aunque una sí que fue admitida a trámite gracias al voto favorable de Vox y Junts. Pero la receta del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo va más allá. Un recorrido por las leyes que ha registrado, de forma oficial, el PP en la Cámara Baja es útil para observar sus planes en este campo.
Una máxima de los populares es la derogación de buena parte de la Ley de Vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 y que, por otro lado, las comunidades en las que gobierna el PP no aplican. Lo que proponen los de Feijóo en varias iniciativas —por ejemplo, en la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda— es eliminar todos los puntos en los que se habla de las zonas de mercado residencial tensionado, que es el mecanismo que se creó con la citada Ley de Vivienda para poder intervenir el mercado en aquellos territorios donde se extreme el riesgo habitacional. El PP lo fulminaría y apostaría por un modelo en el que el mercado inmobiliario no tenga ninguna cortapisa tampoco en las zonas particularmente tensionadas, como los centros de las grandes ciudades.
Relacionado con este tema
La compra conjunta de pisos entre Govern y ciudadanos y un fondo antidesahucios, las nuevas vías de Illa para resolver la crisis de la vivienda
Es algo, en cualquier caso, que no sorprende. Figuras importantes en el PP —sin ir más lejos, Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez Almeida, presidenta de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital, respectivamente— llevan mucho tiempo jactándose de cuestiones como la no regulación de los alquileres. En los últimos días, el ministro de Transportes, Óscar Puente, recuperó un tuit de 2021 de Almeida en el que respondía «Exacto» a otra publicación de Más Madrid en la que le acusaban de no hacer «nada» para regular el mercado del alquiler.
La reacción de Ayuso a la acampada en la Puerta del Sol fue también muy ilustrativa. Lo que lamenta la baronesa popular no es la situación de dificultad que atraviesan miles de madrileños a la hora de pagar el alquiler o independizarse, sino que la imagen que daba una plaza tomada por las protestas por la crisis de vivienda podía genera un «clima de tensión» que «no favorece a la inversión«. Es precisamente esa «inversión» inmobiliaria que alienta el PP uno de los grandes motivos de la propia protesta.
Menos trabas y más ladrillo
Otra de las grandes apuestas del PP para poner remedio al problema de la vivienda es el ladrillo. Construir. No en vano, uno de los eslóganes que más repiten remite a esa idea: Objetivo: un millón de viviendas. Y algo de ello llevan también algunas de las leyes que han registrado en el Congreso. Tanto la propuesta citada párrafos arriba como otra que llegó desde el Grupo Popular del Senado incluyen puntos para aligerar los procesos de obtención de permisos de construcción. A nivel programático, el PP lo resume así: «Menos trabas y menos burocracia«.
Relacionado con este tema
Maricarmen acepta el acuerdo con Urbagestión y volverá a su casa cuando reciba el alta
En concreto, las leyes presentadas incluyen reformas, entre otras cosas, para que el «silencio administrativo» sea positivo —es decir, que la falta de respuesta de una Administración no bloquee los proyectos inmobiliarios—, para poner plazos para que se entreguen los informes estatales sobre dichos proyectos o para que los defectos formales no den al traste con los mismos. El PNV también propuso una ley con algunas de estas medidas. La registró con el PSOE, aunque los socialistas acabaron descolgándose. La iniciativa, en cualquier caso, fue rechazada por la mayoría del hemiciclo. El PP alegó que, aunque la propuesta tenía «una base lógica», era demasiado limitada.
Con todo, la fórmula mágica del PP es la construcción. De hecho, nueve de las 14 medidas estrella de Génova en materia de vivienda —de acuerdo con lo que ellos mismos promocionan en su página web— tienen como misión construir más y más. Obvian, por lo tanto, las evidencias que apuntan a que el ladrillo no es suficiente para solucionar la crisis habitacional, especialmente si no se introducen topes o regulaciones como la de los alquileres habitacionales o de temporada, que sí incluye uno de los dos decretos que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y el Congreso votará el viernes.
Relacionado con este tema
Los ministros de Sumar llaman a la movilización social para que «la voz de la ciudadanía» se abra paso este viernes en el Congreso
Okupación: leyes para el 0,055% de las casas
Otro de los grandes caballos de batalla del PP es la lucha contra la okupación. De hecho, los de Feijóo presentaron una ley específica con una batería de medidas solo en ese ámbito. Por su parte, Junts per Catalunya registró la suya propia. Es un campo que las derechas saben fértil, aunque en realidad los datos dicen que el porcentaje de personas afectadas es muy bajo. El Ministerio del Interior cifró en 14.875 el número de hechos conocidos por okupación ilegal. Teniendo en cuenta que el parque de viviendas en España se sitúa en algo más de 27 millones (datos de 2024), y dando por bueno que las 14.875 okupaciones corresponden cada una de ellas a un inmueble y que ese inmueble sigue okupado, el porcentaje de casas en esa situación se situaría en el 0,055%.
Sin embargo, ese 0,055% ocupa —valga la redundancia— bastante tiempo de debate en el Congreso. ¿Qué es lo que propone el PP en su ley? Entre otras cuestiones, establecer un plazo de 24 horas para que se ejecuten los desalojos; aumentar las penas por usurpación y extenderlas a quienes alienten las okupaciones (no a solo a quienes okupan viviendas); prohibir el empadronamiento de los okupas o que se devuelva a los propietarios de las viviendas lo que hayan pagado de IBI y de Impuesto sobre el Patrimonio durante la okupación.
Relacionado con este tema
Diez medidas clave de los decretos ley de vivienda aprobados este martes por el Gobierno
Junts propone en su ley algunas cuestiones parecidas a las que incluye la del PP: que el inmueble sea devuelto a los propietarios a las 48 horas, que en casos «flagrantes» la Policía pueda desalojar el inmueble de inmediato o que la vulnerabilidad de las personas que okupen el inmueble no pueda impedir el desalojo.
Vox, por su parte, también ha llevado leyes en el ámbito de la vivienda al Congreso, aunque van por otros derroteros. Una de ellas propone que los inquilinos tengan derecho preferente a la hora de comprar un inmueble en el momento en el que el propietario ha vendido la finca entera. Otra, de carácter más burocrático, busca facilitar las obras en las comunidades de vecinos. La formación de extrema derecha no ha llevado ninguna de las dos leyes, por el momento, a su toma en consideración.
Sobre la firma
Samuel Martínez
Redactor parlamentario.
Etiquetas
Más vivienda social y menos especulación, el doble desafío de Europa ante la crisis habitacional
En España, la crisis de la vivienda es más grave que en buena parte de Europa. Los precios de compra han aumentado un 90% frente al 65% de media en la UE, mientras que el parque de vivienda social apenas representa el 1,7% del total, frente al 7% en el conjunto de la Unión.
Bruselas-03/10/2026 19:30
El problema de la vivienda no es exclusivo de España. En Bruselas se habla de «emergencia» para describir la situación en el conjunto de la Unión Europea.
Los precios de compra se han disparado hasta un 64% en la última década, mientras que los alquileres han aumentado más de un 21%. Y en España las cifras están muy por encima de la media europea. Según el INE, el aumento de precios de venta durante el mismo periodo sería del 90% mientras que el del alquiler se situaría en el 23%.
El caso de Maricarmen es también un reflejo de dos de los problemas que padece Europa. «En primer lugar, la falta de vivienda pública, porque no había ningún lugar al que ella pudiera ir», explica Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe. «Y, por otro lado, la entrada de capital y de financiación especulativa, que ha aumentado considerablemente desde 2008″.
Relacionado con este tema
Cientos de personas se concentran frente al Congreso durante la votación de los decretos de vivienda: «No nos vamos, nos quedamos»
En lo que se refiere a la vivienda social, España está claramente a la cola. A nivel europeo la cifra ya es baja: solo el 7% del parque de viviendas de la UE es vivienda social. Pero en España el porcentaje de alquiler de titularidad pública apenas alcanza el 1,7%.
La construcción de vivienda social es evidentemente parte de la solución, aunque requiere una visión a largo plazo. Prueba de ello es el caso de Viena, que muy a menudo se presenta como uno de los modelos de buenas prácticas. Más de la mitad de la población vive en viviendas municipales o subvencionadas.
Austria ha creado además un sistema de vivienda «de beneficio limitado» en el que los alquileres cubren los costes y los excedentes se reinvierten en construir y mantener viviendas asequibles, en lugar de repartirse como beneficios. «Han conseguido construir a una escala muy grande viviendas de buena calidad y de beneficio limitado, donde la clave está precisamente en que los beneficios se reinvierten», explica Edwards.
También Dinamarca cuenta con un Fondo Nacional de la Vivienda, el Landsbyggefonden. La idea es que el propio sector de vivienda social genera un fondo común con recursos procedentes de las viviendas existentes y utiliza ese dinero para rehabilitar y construir vivienda social. «Los alquileres vuelven a un fondo que trabaja en favor del interés general, de modo que los recursos se reinvierten», añade Edwards. «Este es, por así decirlo, el mejor ejemplo de buenas prácticas«.
Relacionado con este tema
El 68% de los ciudadanos aprueba limitar los precios para que la vivienda sea más accesible
La falta de vivienda disponible es parte del problema, especialmente en las zonas de alta demanda. La Comisión calcula que, para satisfacer la demanda actual, Europa necesita construir más de dos millones de viviendas al año. Y en el caso español, el Banco de España calcula que se arrastra un déficit de 750.000 viviendas.
Pero la crisis de vivienda en la Unión Europea no se explica únicamente por la falta de oferta: un estudio encargado por el Parlamento Europeo señala que la «financiarización» debe abordarse con la misma atención. Los autores de la investigación Housing speculation in the EU sostienen que la vivienda funciona cada vez más como un activo financiero y menos como un hogar.
Aunque los grandes inversores aún controlan una parte relativamente pequeña del parque residencial, su presencia se ha disparado desde la crisis de 2008 y se concentra especialmente en determinadas ciudades y barrios. «Desde la crisis, el sector ha crecido rápidamente», señala el informe. El valor de los activos tangibles cotizados de los fondos residenciales de la UE se ha multiplicado por más de cuarenta en dos décadas: pasaron de 4.800 millones de euros en 2004 a 198.700 millones en 2024.
España es, según el estudio, «el caso más claro» de entrada de grandes propietarios en el mercado a través de activos en dificultades. La deuda hipotecaria se disparó del 30% del PIB a más del 110% en 2009. Y tras el estallido de la burbuja inmobiliaria los grandes inversores aprovecharon la oleada de impagos y ejecuciones para construir su cartera de viviendas.
Como consecuencia, el mercado ya no lo mueve tanto el crédito hipotecario como la riqueza inmobiliaria acumulada y la búsqueda de rentabilidad, con modelos de negocio que dependen más de la revalorización de los activos que de la provisión de vivienda.
«Estos inversores operan en función de lo que sucede en los mercados financieros globales, se mueven según los tipos de interés y la evolución de otros mercados financieros«, explica Rodrigo Fernández, uno de los autores de la investigación. «Su objetivo es resultar atractivos para los inversores. No les interesan las viviendas en sí, ni las reformas, ni la sostenibilidad, ni la eficiencia energética, ni prácticamente ningún otro aspecto».
La Comisión Europea no tiene competencias en materia de vivienda, pero dada la magnitud del problema presentó en septiembre un reglamento que propone un criterio para definir las zonas tensionadas. Y en esos casos, dar cobertura legal para que las autoridades competentes tomen medidas para limitar los alquileres turísticos de corta duración.
Pero los expertos consideran que la Unión Europea también tiene un papel que desempeñar en términos de financiación. «Lo que hace falta es que se creen instituciones de propiedad pública o semipública y que, en cualquier caso, estén financiadas con fondos públicos», explica Fernández. Cree que es necesario desempolvar los mecanismos que existían en Europa en el periodo de posguerra y que permitieron construir viviendas a gran escala.
Etiquetas
La calle adelanta por la izquierda a los partidos: quién capitalizará la indignación por la vivienda
- Los movimientos por la vivienda llevaron la rabia a las calles y plazas de todo el país desde el desahucio de Maricarmen a manos de Urbagestión. El Gobierno aceleró para presentar dos decretos que no salieron adelante este viernes por los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.
- «Los gobiernos de izquierdas son especialmente susceptibles frente a las protestas», reconoce la socióloga Patricia García Espín. «El malestar tiene un efecto inmediato sobre quien gobierna, pero todo puede cambiar en función de cómo gestione ese incendio», advierte Lluís Orriols.
- La posibilidad de un adelanto electoral y una campaña marcada por la indignación podrían agitar de alguna manera el tablero político. «El espacio de la izquierda transformadora puede salir beneficiado si consigue conjurar el problema de la abstención», considera Gonzalo Velasco.
Madrid-03/10/2026 19:30
Maricarmen Abascal fue desahuciada el 23 de septiembre de la casa en la que llevaba viviendo más de setenta años. La imagen de la inquilina saliendo de su edificio en camilla y ambulancia dio la vuelta al mundo. El Sindicato de Inquilinas convocó esa misma tarde una manifestación frente a la vivienda de 6,3 millones que compró la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí. «El ático de Ayuso, para Maricarmen«, gritó la multitud. Los movimientos por la vivienda llevaron la rabia a las calles de todo el país durante los días posteriores al lanzamiento. El sábado 26 convocaron una protesta multitudinaria en la capital que terminó con varias decenas de manifestantes haciendo noche en la Puerta del Sol. La plaza se fue llenando de tiendas, toldos, pancartas y sacos de dormir a lo largo de la semana. Y no se ha vaciado desde entonces. «Luchad, defended lo que es vuestro, seguid hasta que vuestro cuerpo aguante«, reivindicó Maricarmen desde el Hospital Gregorio Marañón.
El objetivo no era otro que hacer presión para que la anciana recuperase su casa. Y conseguir -sobre todo- una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio de Vivienda presentó una batería de medidas a las que dio forma mediante el llamado decreto Maricarmen, finalmente dividido en dos para facilitar su aprobación en un Parlamento de mayoría conservadora. Los socialistas incorporaron al texto algunas de las peticiones de Junts y PNV, sin renunciar a las demandas que había planteado el Sindicato de Inquilinas y habían canalizado partidos como Sumar. El primero de los objetivos lo cumplieron. Urbagestión cedió al clamor popular y terminó aceptando la vuelta de Maricarmen a su piso en el Retiro. El segundo se desbarató este viernes tras el voto negativo de las derechas -PP, Vox, Junts, UPN- en el Congreso. El malestar sigue en las calles y corre el riesgo de ir en aumento, mientras empieza a cobrar fuerza la posibilidad de un adelanto electoral. ¿Quién puede capitalizar todo este descontento? ¿Cómo pueden impactar las protestas en el tablero político? ¿Qué futuro le deparan a PSOE, Sumar o Podemos? ¿Y hasta qué punto le afectan a Feijóo y Abascal?
Las calles marcan el camino a los partidos
La Puerta del Sol se ha teñido de naranja -color del movimiento por la vivienda- y azul -por los toldos- durante la última semana. El Gobierno tardó menos de diez días en negociar con sus socios, redactar dos decretos, presentarlos en el Congreso y someterlos a votación. Las protestas sirvieron como una suerte de acelerador, pese a que -finalmente- no han logrado salir adelante las medidas que planteaba el Ejecutivo. «La movilización y las acampadas han provocado cambios inmediatos y decisiones clave en los partidos políticos que están en el poder. El mejor ejemplo es el PSOE, un partido que antes de verano se mostraba reacio a la prórroga de los alquileres y que hace dos semanas se abstuvo ante una proposición para prohibir que empresas y fondos buitre pudiesen comprar viviendas», defiende Imanol Telleria, profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco (EHU) e investigador en Parte Hartuz, grupo que estudia la interfaz entre la democracia y la participación ciudadana.
Relacionado con este tema
La factura de tumbar los decretos de vivienda: 626 millones más en gastos de alquiler y 8,4 millones de inquilinos sin escudo
Esta es una de las medidas que ahora -con matices- sí respaldaron los socialistas, igual que lo hicieron con la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, la renovación automática de los contratos y la limitación de los alquileres por habitaciones y de temporada. «Maricarmen y su desahucio han servido para que personas que quizá no son las que tradicionalmente más se movilizan por cuestiones sociales hayan tomado conciencia de que, con un mercado de la vivienda desregulado, tener trabajo y un buen sueldo no te garantiza disponer de un hogar o poder jubilarte en tu barrio. Esta reivindicación es transversal porque representa una preocupación de personas de diferentes ideologías y niveles económicos. Los partidos han tenido que definir sus posturas porque cuando las calles toman el control de la agenda política, no posicionarse tiene un coste«, señala Rosa M. Navarrete, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y directora del proyecto Political Deception in the Digital Era.
“Los cambios históricos recientes han sido generalmente fruto de potentes movilizaciones. Los gobiernos de izquierdas son especialmente susceptibles frente a las protestas», señala Patricia García Espín
Gonzalo Velasco, profesor de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid, considera que existe una cierta «concordancia» entre la «indignación subjetiva de mucha gente» y los datos objetivos acerca de las dificultades para acceder a una vivienda. Por eso, insiste, las protestas de estos días son «reconocidas por casi todos los actores como legítimas» y representativas. «Estas movilizaciones se pueden interpretar como una lucha contra la injerencia de los grandes inversores en la soberanía de los Estados, pero también como una reivindicación del derecho a la ciudad y como un mecanismo de presión para generar políticas públicas, como las que recogen los decretos. La política se ve obligada a salir de sus círculos autorreferenciales y acelera la producción de medidas», desliza el profesor. «Los cambios históricos recientes han sido generalmente fruto de potentes movilizaciones. Y tal es la capacidad de la protesta en España que, hace una década, el desalojo de la Corrala Utopía en Sevilla fue detonante para la caída del Gobierno de Andalucía y la convocatoria de elecciones. Los gobiernos de izquierdas son especialmente susceptibles frente a las protestas», coincide Patricia García Espín, profesora de Sociología en la Universidad de Granada.
Relacionado con este tema
La mayoría progresista que nunca existió
¿La campaña de la vivienda?
El no del Congreso a los dos decretos de vivienda que se han votado este viernes ha allanado el terreno para un posible adelanto electoral, tal y como han reconocido varias fuentes del Gobierno a Público. Pedro Sánchez contempla esta posibilidad para llevar así a las urnas la indignación de los votantes por la crisis de la vivienda. «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan», reivindicó el líder del Ejecutivo tras conocerse el rechazo a los decretos de PP, Vox, Junts y UPN. Los socialistas creen que puede ser buen momento para convocar elecciones y culpar de la falta de medidas en materia de vivienda a las derechas, aprovechando, de alguna manera, la rabia que ha inundado en los últimos días la Puerta del Sol y otras cincuenta ciudades de España.
“El malestar y la indignación tienen normalmente un efecto inmediato sobre quien gobierna. El partido que está en el poder suele ser el primer damnificado, pero todo puede cambiar en función de como gestione ese incendio», advierte Lluís Orriols
«Los partidos siempre intentan sacar rédito de cualquier movimiento o cosa que sucede en las calles. Y esto forma parte de su lógica de funcionamiento. El pesimismo está bastante extendido entre la izquierda electoral de cara a las próximas elecciones y las perspectivas no son buenas. Esto es importante porque las protestas pueden dar un soplo de esperanza a las fuerzas progresistas«, sostiene Imanol Telleria. «El malestar y la indignación tienen normalmente un efecto inmediato sobre quien gobierna. El partido que está en el poder suele ser el primer damnificado, pero todo puede cambiar en función de como gestione ese incendio», advierte Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. «En España, ningún partido es propietario de la cuestión de la vivienda y seguramente veamos una pugna en las izquierdas por hacerse con esa bandera. El Gobierno tiene además una buena oportunidad para desplazar la insatisfacción de la gente hacia las derechas» continúa el también autor de Democracia de trincheras: por qué votamos a quienes votamos (Península).
“Las protestas representan el final de la legislatura, pero las fuerzas progresistas pueden verse en un escenario más favorable del que tenían hace un mes [cuando el foco estaba puesto en Ceuta]», sostiene Rosa M. Navarrete
Esta es una tesis con la que coinciden el resto de las voces consultadas por Público. «Es cierto que no existe una asociación clara y exclusiva entre el problema de la vivienda y un determinado espacio ideológico, ningún partido puede atribuirse de forma indiscutible la capacidad de resolverlo y es un conflicto que afecta a distintos sectores sociales y puede movilizar a votantes con sensibilidades diferentes», suscribe Antonia González Salcedo, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. «Las izquierdas tienen una oportunidad para movilizar a personas que en otro contexto habrían permanecido en la desafección política. Las protestas representan -en mi opinión- el final de la legislatura, pero las fuerzas progresistas pueden verse en un escenario más favorable del que tenían hace un mes [cuando el foco estaba puesto en la crisis de Ceuta]», sostiene Rosa M. Navarrete. La también investigadora cree que los socialistas pueden decir que «han escuchado a la calle» y «señalar a quienes han bloqueado» los dos decretos que precipitó el desahucio de Maricarmen.
Sumar, por su parte, tiene que lidiar con las críticas que puede recibir por el hecho de tener cinco asientos en el Consejo de Ministros mientras saca pecho de haber presionado para incluir las medidas más ambiciosas y radicales en las dos patas del decreto Maricarmen. «Esta posición le permite al socio minoritario marcar diferencias dentro del Gobierno y puede abrirle una ventana para tratar de capitalizar políticamente el descontento generado en torno a la vivienda», responde Antonia González Salcedo. «El espacio de la izquierda transformadora puede verse claramente beneficiado en la medida en que consiga conjurar el problema de la abstención. Sumar ha sabido combinar cierto realismo respecto a la complejidad de la aritmética parlamentaria con una apuesta decidida por algunas de las políticas que ha exigido el Sindicato de Inquilinas», defiende Gonzalo Velasco. Los expertos consultados por este diario ponen además el foco en Podemos, toda vez que «la izquierda que está actualmente en la oposición parte -en ocasiones- mejor preparada» para exprimir las olas de indignación.
La derecha y la extrema derecha también pueden verse salpicadas por una eventual campaña en la que la vivienda sea el elemento vertebrador. El PP lleva toda la semana intentando devolver las miradas a Ceuta, sin hablar de las demandas sociales ni del desahucio de Maricarmen. Y Vox se ha centrado en intentar ridiculizar a los manifestantes de las acampadas y mostrar su rechazo al enfoque de los dos decretos. «La insatisfacción social beneficia a priori a las derechas como base comunicante, pero la cosa cambia cuando coincide con una campaña centrada en las políticas sociales y la vivienda. Estos no son temas atractivos para el PP y Vox«, reconoce Lluís Orriols. «La vivienda incomoda a la derecha mainstream porque incluso sus votantes están pidiendo más intervención pública en bienes esenciales, pero debemos tener en cuenta que una parte del malestar juvenil ha sido canalizado por la ultraderecha y no está claro que el beneficio aquí pueda ser automático para las fuerzas progresistas», termina Rosa M. Navarrete.
“La vivienda es una cuestión que afecta a distintos sectores sociales y tiene capacidad para generar una movilización amplia, pero no tengo tan claro que estemos ante un movimiento tan transversal como lo fue el 15M», explica Antonia González Salcedo
El movimiento por la vivienda, ¿otro 15M?
El desempleo, los desahucios y los recortes en educación o sanidad también llenaron las plazas de indignación hace ahora 15 años, un 15 de mayo de 2011. «Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo«. El Gobierno lo presidía entonces José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares consiguieron uno de sus mejores resultados en las elecciones de ese mismo noviembre. El movimiento y la indignación dieron tres años más tarde el salto a las instituciones y aterrizaron en los ayuntamientos del cambio. El colofón llegó cuando varios de sus promotores lograron entrar en el primer Gobierno de coalición de la historia de España. El escenario es ahora un tanto diferente, pero son muchas las voces que miran -inevitablemente- al 15M. «El contexto no es el mismo. El PSOE gobernaba en ambos casos, pero hace quince años el marco era la gran crisis económica, mientras que ahora es una acumulación de crisis parciales -pese a los datos económicos estables-. Las movilizaciones actuales pueden influir en las orientaciones de voto dentro de las izquierdas, pero no parece probable que se reúnan las condiciones para que cambie significativamente el régimen de partidos», confiesa Patricia García Espín.
«Es importante diferenciar entre la transversalidad del problema y la transversalidad de la movilización. La vivienda es una cuestión que afecta a distintos sectores sociales y tiene capacidad para generar una movilización amplia, pero no tengo tan claro que estemos ante un movimiento tan transversal como lo fue el 15M», compara Antonia González Salcedo. «El peso de la organización y la movilización lo tiene ahora -sobre todo- el Sindicato de Inquilinas. Esto dificulta que los partidos políticos, incluso los más afines, puedan capitalizar como propias sus reivindicaciones. Hay un respeto a la autonomía del movimiento y, en ese sentido, todos los partidos quedan de alguna manera retratados ante sus demandas», subraya Gonzalo Velasco. Lo que sí creen los expertos consultados por este medio es que la vivienda ha irrumpido con fuerza en el clima de opinión pública y eso puede tener efectos en el ciclo electoral que está a punto de comenzar: «La ciudadanía posiblemente la tenga en cuenta en sus decisiones electorales«.
Sobre la firma
Víctor López
Redactor de Investigación
Etiquetas
Descubre más desde Nueva Pensamiento Crítico
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
