El dato que ejemplifica la especulación con la vivienda: 571 empresas son dueñas de 271.000 pisos
Los datos del catastro muestran que, además, hay 70 asociaciones, fundaciones y entidades religiosas que suman en total 15.471 viviendas en su cartera inmobiliaria.
- En 2025, las empresas compraron 78.823 viviendas, la cifra más alta desde 2007. Y también vendieron mucho: 124.064 pisos. Ambas cifras muestran su uso como bien de mercado con el que hacer negocio.
Madrid-04/10/2026 20:30-Actualizado a05/10/2026 07:15
A pesar de que el artículo 47 de la Constitución encarga a los poderes públicos «impedir la especulación», el mercado de la vivienda en España se concentra en cada vez menos manos. Un dato extraído del catastro estatal (que no incluye a Navarra y Euskadi) confirma, sin lugar a dudas, esa realidad: 571 empresas poseen 270.854 viviendas. Esas sociedades mercantiles comparten una circunstancia entre sí: todas ellas tienen más de cien casas en propiedad.
Las empresas son quienes más acaparan, pero en total hay 843 propietarios de diferente condición jurídica que poseen cada uno de ellos más de 100 casas. Suman entre todos 528.868 viviendas, el 2,18% de todo el parque en España. Entre ellos están 117 administraciones públicas –desde comunidades autónomas a ayuntamientos, cabildos o diputaciones–, que poseen en total 210.057 casas. Además, hay 70 asociaciones, fundaciones y entidades religiosas que suman 15.471 viviendas en su cartera.
Por contra, solo constan en el catastro 13 personas físicas que son dueñas cada una de ellas de más de 100 viviendas, hasta sumar en total 2.409 casas. La media es llamativa: cada una de estas personas particulares tiene 185 pisos en propiedad. Pero, en realidad, lo verdaderamente llamativo es que existan esas 13 personas físicas que tienen los inmuebles directamente a su nombre. Desde el punto de vista tributario, poner las viviendas a nombre de una empresa permite pagar muchos menos impuestos.
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Bien de mercado
En el siguiente tramo del catastro, el de los propietarios que tienen entre 26 y 100 viviendas, los particulares sí que dan un salto: hay 644 personas físicas en este apartado, a una media de 35 casas por personas. Aun así, las 3.295 sociedades mercantiles que poseen entre 26 y 100 viviendas representan el 74% de los propietarios de este tramo y tienen en su cartera 143.642 viviendas. Con 25 o menos inmuebles, 246.027 empresas son dueñas de 642.993 casas.
Lo cierto es que en los últimos años ha crecido de manera notable el número de empresas en el sector inmobiliario. «El mercado del alquiler se ha convertido en un gran negocio. La propiedad inmobiliaria se ha ido concentrando en los últimos años. Tenemos que atacar las causas que permiten que la vivienda sea tan rentable y tan lucrativa para ciertas empresas», advierte Manuel Gabarre, abogado experto en vivienda.
Muchas empresas se han lanzado a comprar inmuebles. Las estadísticas aportadas por el Consejo General del Notariado confirman esta tendencia: las empresas acaparan el 10% de las compraventas anuales de vivienda en España. Esa tendencia, como dice Gabarre, se ha acelerado: en 2025, las empresas compraron 78.823 viviendas, la cifra más alta desde 2007. Pero también vendieron mucho: 124.064 viviendas. Ambas cifras muestran su uso como bien de mercado con el que hacer negocio. En España, sin contar Navarra y País Vasco, 263.619 empresas poseían 1.076.753 viviendas en 2025.
La media sale a 4,08 inmuebles residenciales por empresa. En realidad, el reparto de la propiedad de la vivienda en manos de empresas es más desigual y evidencia esa concentración del mercado. Algunos datos son inapelables. Las 571 empresas que acaparan casi 271.000 viviendas representan solo el 0,2% del total de sociedades que hacen negocio en el sector inmobiliario. Además, las empresas que a efectos legales son consideradas grandes tenedores son apenas el 5% del total. Aún así, el 52% de las viviendas de las empresas —en concreto, 562.513— está en manos de sociedades que tienen más de diez inmuebles, frente a las 178.000 de los particulares que de cara a ley también son «grandes tenedores», concepto que se utiliza para quienes tienen más de diez inmuebles.
Es cierto que el número de viviendas que pertenecen a empresas apenas representa el 4,44% de las 24.235.764 que hay en toda España. Pero lo cierto es que las empresas representan el 1,54% de los propietarios pero poseen más del 4% de las viviendas. El catastro es la mejor herramienta para conocer en manos de quiénes están las viviendas en España. Sin embargo, no ofrece información sobre el uso que se da a esas viviendas.
Las zonas donde más acaparan
Un vistazo al mapa también puede ayudar en este sentido. Las empresas con intereses en el mercado de la vivienda se concentran en las zonas turísticas y en las comunidades autónomas más habitadas. Canarias es el territorio donde las empresas más viviendas tienen a su nombre en proporción: el 7,5% del total, por delante de Catalunya y Balears —6,6% en ambos casos— y de Madrid, con el 5,6%. En números absolutos, Catalunya, Andalucía, Madrid y País València concentran el 69% de todas las viviendas a nombre de empresas.
También ayuda un informe de Provivienda titulado Prevención y atención de la exclusión residencial. Radiografía de la provisión de vivienda en España (PDF). Publicado a finales de 2025 afirmaba que un 55% de las rentas del alquiler de bienes inmuebles para uso residencial u otros usos terminan en las sociedades. Según Provivienda, ese porcentaje era del 30% en los años noventa. Es la prueba irrefutable de que el alquiler está cambiando de manos.
Según datos obtenidos en 2024 por la Fundación Civio, organización sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas, CaixaBank era el mayor casero privado de España, con cerca de 22.000 viviendas alquiladas con fianza depositada. Le seguía de cerca el fondo Blackstone, con 19.600 viviendas alquiladas, 13.000 de ellas en Madrid, donde era el mayor arrendador privado de la capital.
Sobre la firma
Jorge Otero
Redactor de Economía
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La acampada en Sol supera su primera semana y promete aguantar: «Si estamos más tiempo que el 15M, nos sentiremos orgullosas»
Las tiendas de campaña continúan un domingo más en el kilómetro cero madrileño tras una noche en vilo por la amenaza de grupos ultra.
Madrid-04/10/2026 20:30-Actualizado a04/10/2026 20:35
Un segundo domingo ha llegado a la acampada por la vivienda. Amanecen los nuevos vecinos del kilómetro cero tras una noche tensa marcada por la presencia de agitadores ultra que dejó en vilo a los de la Puerta del Sol. Aunque muchos de ellos apenas pegaron ojo por la noche, un ambiente animado se eleva desde la mañana entre las quechuas.
En la Plaza Marika x Maricarmen, ubicada en el casco antiguo del asentamiento, un grupo de siete acampantes conversan mientras fuman un cigarro detrás de otro. Juegan a las cartas y comentan sobre otras las ciudades que se hacen eco del movimiento, mientras un compañero sigue durmiendo al lado con los pies fuera de la tienda.
Interrumpen su conversación con un saludo entusiasta Susi y Gabi, una pareja de octogenarios de Segovia que felicitan al grupo y les cuentan emocionados y con orgullo que ellos mismos participaron en el 15M. Ella bromea diciendo que «le va a dejar acampar» a su marido porque «cuando vengan los ultras» él sabrá cómo actuar. Charlan un buen rato y se despiden con un abrazo después de hacerse una simpática foto grupal.
Por la Plaza de Gaza, la Travesía Travesti o la Calle Naty Camacho ya no merodean solamente quienes pernoctan. Como Susi y Gabi hay muchas personas -de todas las edades, incluso niños que disfrutan de la libertad de poder dibujar sobre el suelo con sus lápices de colores- que dedican su tarde de domingo a darse un paseo por la acampada. Algunos se animan a acercarse a los acampantes: preguntan, felicitan, cuestionan en desacuerdo, cuentan su propia experiencia, o simplemente observan. Varios de ellos simplemente son turistas que tuvieron la suerte -o el infortunio- de aterrizar en Madrid en el uno de los pocos momentos en que la Puerta del Sol ya no se ofrece a ellos.
Una noche en tensión
Por la tarde del sábado, la organización neonazi Núcleo Nacional convocó una concentración, lo que hizo que la acampada se organice ante un eventual enfrentamiento, cuenta María, una de las presentes, a Público. Las directrices sobre cómo actuar ante las inminentes provocaciones se fueron pasando por grupos de Telegram, WhatsApp, Signal y el boca en boca. Eran cuatro y estaban claras: «No violencia y no provocar»; «defensa solo ante violencia»; «no enfadar a la Policía»; y «recomendar no entrar y salir» de la acampada.
Se dividieron en dos «cordones humanos»: uno externo para proteger con una cadena humana el asentamiento. Y un segundo cordón para que quien «no quiera poner el cuerpo» grabe vídeos «disuasorios» de los posibles altercados. Cientos de manifestantes permanecieron durante horas coreando «aquí están los antifascistas». Los restos de tensión mantendrán esta noche a los acampantes alerta.
Dudas sobre el futuro de la acampada
Rubén, que participa en la Comisión de Urbanismo, está haciendo malabares logísticos para que las esperadas lluvias no sacudan los quechuas esta noche. Explica a este diario que, con la llegada cada día de más tiendas, el asentamiento continúa creciendo y expandiéndose por las calles que convergen en la Puerta del Sol.
Rubén actualmente no tiene un hogar donde vivir y él, como otras personas que se acercan a los voluntarios, ha encontrado en estas calles improvisadas una comunidad dispuesta a garantizarle un techo donde arroparse y una red de apoyo. «Yo tengo la esperanza de que esto valga para algo, además que la esperanza nunca se pierde en la vida, sobre todo cuando ya vives la experiencia de dormir literalmente en un banco en la calle».
Varios obstáculos ha logrado sortear el movimiento en Sol: amenazas de militantes ultras, fuertes lluvias, la amenaza de Ayuso o las denuncias de Almeida. Ante todos estos ha resistido con su arquitectura hecha de lonas, tiendas de campaña y miles de manos dispuestas a poner el cuerpo. Pero ahora es la falta de consenso la que tensiona el futuro de la acampada. Las dudas comenzaron a correr en el vecindario cuando el Sindicato de Inquilinas -que convocó la acampada en un primer momento- dejó claro que disminuiría su presencia en él para enfocarse en la huelga general que tiene en el punto de mira.
Rubén lo ha hablado con sus compañeros de Comisión y asegura que hay consenso sobre permanecer allí: «Todo lo que podamos. Si podemos estar más de 28 días acampando, que es el tiempo que hizo el 15M, nos podemos sentir orgullosas», opina. Pretende quedarse hasta que «se permita que toda persona, independientemente de su situación económica, pueda acceder a un piso. Básicamente regirnos con la Constitución española».
Aquí difiere la Coordinadora Juvenil Socialista, una de las organizaciones presentes, que sobre su continuidad en la acampada solo puede dejar claro que no lo tiene claro. Carlota, portavoz del CJS, explica a Público que su continuidad se va «viendo día a día».
Mientras tanto, los voluntarios siguen ofreciendo su trabajo pese a no cobrar ni un euro de ello, ni tener a un jefe que le respire en la nuca, mantienen la limpieza, sirven cientos de platos de comida al día, prestan atención sanitaria o se encargan de la infraestructura. Como Jorge, un joven de 28 años que vive en Barcelona y a quien la acampada le sorprendió de vacaciones visitando a su padre en Madrid.
Jorge se abanica mientras corre de una punta a otra, llevando y trayendo enseres. Un poco agitado pero con una sonrisa de oreja a oreja, cuenta a Público que no se imaginaba que acabaría pasando sus días de descanso dedicando «unas siete horas, a veces cinco, a veces ocho o nueve» diarias a preparar comida para desconocidos, yendo y viniendo para conectarse a las clases online del máster. La noche anterior había estado trabajando a ese mismo ritmo hasta la madrugada, asistiendo con prioridad a aquellos que volvían del «cordón humano», pero no le pesa el cansancio: «Esto me da fuerzas y esperanza».
«Es algo tan bonito, con tantas ganas de que no se acabe, que al final es como pum, pum pum«, dice haciendo el gesto de mover rápidamente cosas de un sitio al otro, «lo vamos coordinando entre nosotras». «Somos gente que quiere que esto se haga bien, que tira para adelante, que no tenemos idea de volver, al menos ahora, hasta que todo empiece a regularizarse, y que estamos hasta el coño». Para que esto siga funcionando, sostiene, «la utilidad es la mejor manera».
Jorge expresa que llevaba «muchos años» viendo la actualidad con pesimismo, pero que este movimiento le ha hecho cambiar su perspectiva: «Creo otra vez en la puta humanidad».
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La resistencia de la última inquilina de un corralón de Sevilla acosada por una empresa desokupa: «No debe costar la vida tener una casa»
Estefi Yeah ha puesto ya más de una decena de denuncias por agresiones e intimidaciones para que se vaya del inmueble situado en el casco histórico, donde tiene arrendada una vivienda desde hace años y ahora se proyecta la construcción de un hotel y pisos turísticos.
Sevilla-04/10/2026 20:30-Actualizado a05/10/2026 07:17
La batalla por el derecho a una vivienda digna que se ha desatado en toda España tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo nombre se le ha puesto hasta un decreto ley, tiene en el corazón de Sevilla una de sus contiendas más heroicas: la última inquilina de una antigua edificación, donde se pretende construir hotel y pisos turísticos, resiste desde hace muchos meses contra el acoso diario de una empresa desokupa que se ha instalado en los bajos de su vivienda, contratada por la propietaria del inmueble para, supuestamente, vigilarlo.
Esa inquilina irreductible se llama Estefanía, aunque ella prefiere identificarse con su nombre artístico, Estefi Yeah, con el que firma sus obras de pintura, imaginería contemporánea y carpintería. Y su casa está en los corralones de la calle Castellar, unas antiguas edificaciones industriales de baja intensidad, características de la vieja estructura urbana de Sevilla, con patios interiores en torno a los cuales se disponen locales para talleres artesanales y viviendas en régimen de arrendamiento. Ella tiene un contrato de alquiler de renta antigua y nunca, asegura, ha recibido comunicación judicial alguna para desahuciarla. Lo único que ha recibido son ataques de la empresa que vigila el inmueble, García Seguridad -especialista en la desocupación de viviendas- mediante insultos, agresiones, cambios de cerradura y pintadas en la que la tachan de okupa y piden que se vaya, motivos por los que ha puesto ya más de una decena de denuncias.
Pero Estefi no está sola en esto. Tiene una red de amigos, vecinos y activistas que se ponen en marcha en cuanto ella da la alarma por una agresión, porque le han puesto silicona en la cerradura de su casa, porque le han quemado el contador de la luz, la han zarandeado o han impedido entrar en el inmueble a personas que iban a verla. La lista es muy larga. Esta semana, la red se ha ampliado aún más, ya que desde la cercana acampada por la vivienda que se ha instalado en la Plaza de la Encarnación se acercó a los corralones de Castellar un grupo de jóvenes para apoyar a una mujer a la que personal de la empresa desokupa impedía que entrara en la propiedad, donde iba a participar en un taller de danza.
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«Estamos en un momento magnífico para reflexionar sobre la importancia de tener una casa, que no debe costar la vida tener una casa. Yo estoy aquí gracias a una asamblea y a que mis vecinas me han cuidado. Lo más importante es estar juntas, vivir con tu barrio», dice Estefanía a Público.
El gas pimienta que tanto ha esgrimido el PP en el Congreso en relación a Ceuta fue el arma que usó el personal de la empresa desokupa de los corralones en uno de sus últimos ataques contra Estefi y su red de apoyo, que se saldó con ocho heridos y la detención de tres de los agresores. Ocurrió el pasado mes de julio, cuando la inquilina salió a buscar agua, porque la tenía cortada al igual que la luz, a causa de un incendio intencionado debajo de los contadores, y de pronto irrumpieron desde la azotea seis hombres provistos con palos y botes de gas pimienta, que se introdujeron en su vivienda y agredieron a las tres personas que había dentro en ese momento.
Una cuerda por la fachada para subir a su casa
El acoso contra esta inquilina ha llegado al punto de que durante dos meses la empresa desokupa le impidió acceder a su casa, situada en la primera planta, a través de las zonas comunes del inmueble. Para entrar y salir, tanto ella como quienes la iban a visitar tenían que subir y bajar por una cuerda tirada por la fachada principal desde la ventana de su vivienda y con la protección de una línea de vida, polea, arnés y casco de seguridad, como si estuvieran trabajando en una obra de altura. «Estuvieron así hasta que vino la Policía por el allanamiento de morada y el ataque con gas pimienta y les dijeron que no podían prohibir el acceso por las zonas comunes», explica Estefi.
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Esta mujer ya ha perdido la cuenta de cuántos ataques ha sufrido desde que la empresa propietaria, Garajes Santa Inés SL, con sede en Huelva, dejó de cuidar el inmueble, hasta el punto de llegar a cortar el suministro de luz y agua en plena ola de calor en Sevilla. El hostigamiento directo empezó, según ella, cuando la empresa desokupa se instaló en los bajos de su casa, algo que el Sindicato de Inquilinas y la Asamblea por la Vivienda de la capital andaluza han calificado como «un acoso inmobiliario extremo» para que se marchen los últimos inquilinos de la propiedad.
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El dueño de la empresa desokupa, Miguel Ángel García, reconoció en abril a este periódico que había sido contratado por la propietaria del inmueble para vigilarlo y evitar que «se meta gente», porque, según él, había peligro de derrumbe. García Seguridad se publicita como «especialista en seguridad y desokupación, siempre dentro del marco legal y con un enfoque resolutivo», y asegura que son ellos los que sufren el acoso, no la inquilina.
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Estefanía, sin embargo, recalca que ella no ha hecho nada ilegal y que no hay ningún mandato judicial que le obligue a abandonar su vivienda. «Yo no he recibido ninguna carta ni burofax ni whatsapp siquiera. Yo no tengo que arreglar nada -advierte-. Lo que tiene es que haber justicia con esa gente que ha creado una mafia».
El Sindicato de Inquilinas considera, por su parte, que lo que está sufriendo Estefi es un «símbolo de la violencia y el acoso inmobiliario» que se está dando en muchas partes de Sevilla. «Si un propietario quiere echarte, y no tiene a la ley de su lado, intenta presionarte para que te vayas. A nosotros nos han llegado varios casos, aunque ninguno tiene el alcance de lo que está pasando en los corralones, que es la madre de todos los acosos», dice a Público Jaime Jover.
A juicio de este portavoz del sindicato en Sevilla, el caso de los corralones de Castellar es un síntoma de lo que está ocurriendo en el mercado del alquiler de viviendas, como lo ha sido el de Maricarmen en Madrid por otros motivos. «Lo que no se entiende es que nadie haga algo contra esto», se lamenta.
Una investigación de la Universidad de Sevilla sobre los corralones, de la que es autora la doctora en Arquitectura María Barrero-Rescalvo, refleja que el aumento de los precios de los alquileres, la falta de mantenimiento y la llegada de nuevo vecindario con mayor poder adquisitivo o «decisiones políticas directamente relacionadas con la gentrificación» han provocado la marcha de muchos de los artesanos e industriales que tenían sus talleres en esas edificaciones, entre ellos quienes se dedicaban al arte sacro relacionado con las imágenes de las cofradías de la muy popular Semana Santa sevillana.
«Los propietarios de Castellar se han dedicado a buscar la mayor rentabilidad económica, alquilando espacios incluso para vivienda o más bien infravivienda», señala la investigadora en un artículo donde advierte: «Otro factor clave sería el emplazamiento, puesto que el corralón de Castellar se encuentra en una zona con dinámicas de gentrificación y turistificación más consolidadas».
Los inquilinos de las viviendas de Castellar se han ido, salvo Estefanía y un hombre que, según ella, tiene cortadas la luz y el agua, y también se han marchado los artesanos que arrendaban los locales, pero, en cambio, se ha mantenido un aparcamiento en el patio de los corralones que se ha publicitado como si se tratara de apartamentos turísticos: «Colindando con los muros del Palacio de Dueñas, propiedad de la Casa de Alba, en pleno corazón del casco antiguo de Sevilla, se encuentra uno de los espacios con más personalidad de la ciudad: los corralones de la calle Castellar (…), patios y edificios que forman parte del antiguo tejido productivo del barrio de San Luis».
Hace nueve años, en 2017, el Ayuntamiento de Sevilla comunicó que había sancionado por tercera vez a la propietaria de los corralones por haber incumplido el acuerdo que ordenó en 2012 la erradicación del uso del patio para el estacionamiento público de vehículos. La decisión de suprimir el aparcamiento obedecía a que los corralones de Castellar gozan de una protección parcial de grado dos dentro del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla.
Sobre la firma
Santiago F. Reviejo
Periodista, especialista en temas sociales
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Sánchez hará una declaración institucional a las 09.00 desde Moncloa
- Está previsto que el presidente del Gobierno anuncie su decisión sobre si lleva a las urnas la indignación por el bloqueo de la derecha a las medidas sobre vivienda.
- Desde que anunció el pasado viernes un periodo de reflexión durante el fin de semana para tomar la decisión, el presidente ha estado en conversación permanente con ministros y dirigentes del PSOE.
Madrid-04/10/2026 20:30-Actualizado a05/10/2026 08:22
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9:00 horas en el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.
El Ejecutivo ha informado de esa comparecencia después de un fin de semana en el que Sánchez ha analizado la situación y ha mantenido múltiples contactos con ministros y dirigentes del PSOE para recabar su opinión al respecto, que fuentes socialistas aseguran que de forma mayoritaria han sido favorables a ese adelanto. Si ha optado por acelerar el final de esta legislatura deberá comunicar si la fecha elegida para acudir a las urnas es la primera de las posibles, el 29 de noviembre.
Desde que anunció el pasado viernes un periodo de reflexión durante el fin de semana para tomar la decisión, el presidente del Gobierno ha estado en conversación con ministros y dirigentes del PSOE para poner en común la situación. Según aseguran fuentes de la formación, en el partido es mayoritaria la opinión de que se convoquen elecciones, aunque también señalan que las dos opciones –llamar a las urnas o seguir con la legislatura– tienen un 50% de posibilidades, informa EFE.
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Sánchez ha cambiado la agenda que tenía prevista para este lunes. Sobre las 9.30 horas iba a inaugurar el Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar.
Si finalmente decide anunciar el adelanto electoral, debería publicarse el decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente, este martes. Tras esto, la ciudadanía sería llamada a las urnas el próximo 29 de noviembre, pues la ley fija que deben contarse 54 días desde ese momento.
En el otro lado está la posibilidad de que Sánchez decida continuar con el Gobierno, una situación en la que se prevé que intente volver a llevar al Congreso medidas en materia de vivienda como los dos decretos que ya fueron rechazados el pasado viernes con los votos en contra de la derecha (PP, Vox, Junts y UPN). Fuentes del Gobierno afirman: «Convocar elecciones sería ya una medida en favor del derecho a la vivienda, este Congreso no está a favor de desarrollar políticas de vivienda como las que necesita la ciudadanía».
Una tercera opción sería que el Consejo de Ministros del martes aprobara de nuevo un decreto (o dos) en materia de vivienda y que ya estando este vigente convocara las elecciones. Algún ministro consultado por Público ve bien esta opción y cree que el presidente se despediría de esta manera de su equipo ejecutivo. En todo caso, este lunes Sánchez tiene la opción de apretar el botón del adelanto electoral o no hacerlo.
A todo esto se suman las protestas de la ciudadanía. El desenlace de los decretos ha desembocado en una respuesta insólita de las calles. Desde el pasado viernes, en más de 50 ciudades ha habido manifestaciones —multitudinarias en muchos casos— para reclamar el derecho a una vivienda digna y el fin del rentismo. En Madrid tuvo lugar la marcha principal, que reunió a 500.000 personas según los organizadores y a más de 70.000 personas según Delegación del Gobierno.
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En esta última semana, la crisis de Ceuta ha sido desplazada por la vivienda en la agenda pública, algo que, según las fuentes socialistas, les beneficia. Sin embargo, en el PSOE también asumen que un adelanto electoral tiene riesgos. «Las elecciones van a ser un referéndum sobre Sánchez«, cuentan a este medio.
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Público también ha tenido conversaciones con la izquierda alternativa, que deja claro que existen muchas dudas sobre el potencial beneficio de mandar a la ciudadanía a las urnas. «No saben qué hacer y un reflejo de ello es que nos consultan sobre el tema», señalan. El Frente Amplio se ha dado hasta el 17 de octubre para lanzar la candidatura en unas próximas generales. Este lunes, 5 de octubre, mantendrán otra reunión los partidos integrados en el grupo parlamentario de Sumar para analizar el escenario y debatir opciones.
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Dentro del Frente Amplio, IU es la formación que se ha mostrado más contundente sobre el posible adelanto electoral. Su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, sí ha pedido que «el pueblo tome la palabra» si el Gobierno es «incapaz de sacar adelante medidas» para proteger el derecho a la vivienda.
Más allá del Frente Amplio, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dejado claro su postura este domingo. «La gente no quiere elecciones, sino soluciones» al problema de la vivienda, ha asegurado.
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Según Feijóo, Sánchez está alargando «una agonía a la que está arrastrando a un país entero». «Solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes», recalcó. El líder popular dejó claro que pide elecciones «no por revanchismo», sino porque el Estado «no aguanta más».
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Desde el PSOE, numerosos dirigentes han mostrado sin tapujos su indignación con el giro de guion de los catalanes respecto a los decretos, denunciando que las medidas propuestas incluían gran parte de las propuestas de Junts.
A pesar de aparentemente tenderle la mano a los socialistas, Turull recalcó que «es fácil» que el presidente acabe convocando elecciones si quiere hacer «electoralismo a costa de los más vulnerables» y moverse «en el terreno de la demagogia».
Más allá de las posiciones del resto de formación, solo Sánchez tiene la llave para decidir este lunes si la inacción del Congreso de los Diputados frente al clamor de la ciudadanía pidiendo soluciones a la crisis de la vivienda aboca al país a las urnas.
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Maricarmen vuelve a casa y nada volverá a ser lo mismo
Por Sindicato de Inquilinas de Madrid
04/10/2026 20:53-Actualizado a04/10/2026 21:20
Maricarmen va a volver a su casa. Hace apenas unos días esta frase habría parecido una ingenuidad, quizá incluso una crueldad. La habíamos visto salir en camilla del piso en el que había vivido durante más de setenta años, después de un despliegue policial que consiguió finalmente ejecutar aquello que durante tanto tiempo habíamos intentado evitar. La cerradura había cambiado, el desahucio se había producido y todo el aparato institucional que acompaña estos procesos parecía haber pronunciado su última palabra. Habíamos llegado al final del recorrido, a ese punto en el que tantas veces se nos dice que ya no queda nada que hacer. Pero Maricarmen va a volver.
Conviene detenerse un momento ahí, porque en estos días todo está ocurriendo tan rápido que corremos el riesgo de pasar de una cosa a otra sin entender siquiera la dimensión de lo que hemos conseguido. Después de años de cartas, procedimientos judiciales, incertidumbre y miedo, después de varios intentos de desahucio y después, incluso, de que ese desahucio llegara finalmente a ejecutarse, Maricarmen volverá a cruzar la puerta de su casa con un alquiler que no podrá superar el 30% de sus ingresos y una serie de mejoras en una vivienda cuyas deficiencias llevaba demasiado tiempo soportando.
No ha ocurrido porque de repente apareciera una solución técnica que antes nadie hubiera sabido encontrar, ni porque quienes habían decidido expulsarla descubrieran súbitamente la injusticia de lo que estaba pasando. Entre el momento en que Maricarmen salió de su casa en camilla y el momento en que se alcanzó el acuerdo ocurrió otra cosa: cientos de personas habían puesto el cuerpo en su desahucio, miles habían salido después a las calles, la Puerta del Sol se había llenado de gente que quería hacer algo y un caso que durante años había podido ser tratado como un asunto privado entre una arrendataria y una empresa se había convertido en una cuestión política imposible de ignorar. Todo eso entró con nosotras en la sala de negociación.
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Al principio Urbagestión no quería que el Sindicato de Inquilinas estuviera allí. Maricarmen y nosotras teníamos claro que no íbamos a aceptar una negociación en esas condiciones. Puede parecer un detalle comparado con todo lo sucedido durante estos días, pero probablemente sea una de las cosas más importantes que han ocurrido. Porque buena parte del poder de los rentistas se sostiene sobre la ficción de que lo que sucede entre quien tiene más casas de las que necesita y quién necesita vivir en ellas es una relación estrictamente individual y que, cuando aparece un problema, cada inquilina debe resolverlo sola.
Sola cuando llega una subida que no puede pagar. Sola cuando recibe una carta diciéndole que su contrato termina. Sola frente a la inmobiliaria, frente a los abogados de la propiedad y, llegado el caso, frente a un procedimiento judicial. Nos parece normal que una trabajadora no tenga que sentarse sola a negociar con su empresa, pero durante demasiado tiempo hemos asumido que una inquilina sí debe hacerlo frente a una empresa que posee su casa. Nosotras llevamos años diciendo que eso tiene que terminar.
Por eso importaba entrar en aquella sala con la camiseta del Sindicato. No por la camiseta en sí, sino por todo lo que representaba. Quienes estaban sentados al otro lado de la mesa sabían que detrás de las personas que negociaban había cientos que habían intentado parar el desahucio, miles que habían llenado Madrid y muchas otras sosteniendo una movilización que no da señales de querer desaparecer. Nosotras también lo sabíamos, y esa sensación cambia por completo una negociación.
Hay momentos en los que palabras que repetimos continuamente dejan de ser conceptos abstractos y adquieren una forma muy concreta. “Poder popular” puede sonar grandilocuente hasta que una se sienta a una mesa y descubre que puede negociar de otra manera porque hay miles de personas detrás. Entonces significa algo muy sencillo: tener suficiente fuerza colectiva como para que quien normalmente puede ignorarte tenga que escucharte. Eso es lo que ocurrió allí y, por eso, la vuelta de Maricarmen importa mucho más allá de Maricarmen.
Durante años nos han enseñado que el proceso de perder una vivienda avanza en una única dirección. Primero llega el burofax, después las llamadas, los abogados, la demanda, el juicio. Más tarde aparece una fecha en un papel y, si todavía te quedan fuerzas y logras no tirar la toalla, un día llegan los furgones de Policía para, finalmente, sacarte de casa. Ahí se supone que todo ha terminado y, sí, puedes protestar por lo sucedido, quizás denunciar la injusticia, pero la realidad ya se ha impuesto. Esta vez hemos conseguido caminar en sentido contrario.
Hemos logrado que una mujer expulsada de su vivienda pueda regresar a ella. Evidentemente eso no significa que cualquier desahucio pueda revertirse simplemente acumulando voluntad o indignación, pero demuestra que las relaciones de fuerza importan y que algunas de las cosas que se nos presentan como inevitables dejan de serlo cuando somos capaces de construir suficiente poder para disputarlas.
Hay una escena de estos días que probablemente recordaremos durante mucho tiempo. Cuando le comunicaron a Maricarmen que existía un acuerdo para que pudiera volver a casa, después de todo lo que había pasado y mientras seguía recuperándose en el hospital, una de sus primeras preguntas fue qué iba a ocurrir con las demás. Qué pasaba con el decreto, que había que seguir luchando, que la movilización continuara.
Tiene algo de extraordinario y, al mismo tiempo, resume perfectamente por qué estamos aquí. Después de siete años peleando por conservar su propia casa, en el momento en que finalmente sabe que podrá recuperarla, Maricarmen sigue pensando en quienes todavía pueden perder la suya. Por eso, queremos celebrar su regreso como merece. Queremos verla volver a atravesar ese portal acompañada por quienes han peleado a su lado y queremos disfrutar, aunque sea por unas horas, de una victoria que nos ha costado muchísimo. Necesitamos también aprender a celebrar, porque ningún movimiento puede sostenerse solamente sobre derrotas, urgencias y sacrificios.
Pero después habrá que continuar. Habrá que volver a los barrios y a los bloques, hablar con las vecinas que todavía piensan que el problema de su alquiler es únicamente suyo, organizar nuevos conflictos, fortalecer los sindicatos y conectar la pelea por la vivienda con las demás luchas que determinan nuestras condiciones de vida. Habrá que conseguir que la enorme energía que ha aparecido durante estos días no dependa eternamente de una acampada, de una plaza o de un caso excepcional, sino que eche raíces.
Quizá esa sea la verdadera medida de lo que ha ocurrido. Hace una semana, la historia parecía haber terminado con una mujer de 87 años saliendo en camilla de su casa mientras la Policía ejecutaba su desahucio. Hoy sabemos que Maricarmen va a volver y que nada volverá a ser como antes.
No hemos solucionado la crisis de vivienda, no hemos conseguido todavía buena parte de aquello por lo que llevamos años peleando y no sabemos hasta dónde podremos llegar. Pero sí sabemos algo que antes era mucho más difícil demostrar. Que cuando nos organizamos, la realidad se mueve. Y una vez has comprobado eso con tus propios ojos, es mucho más difícil volver a aceptar que las cosas son así porque no pueden ser de otra manera.
Más vivienda social y menos especulación, el doble desafío de Europa ante la crisis habitacional
En España, la crisis de la vivienda es más grave que en buena parte de Europa. Los precios de compra han aumentado un 90% frente al 65% de media en la UE, mientras que el parque de vivienda social apenas representa el 1,7% del total, frente al 7% en el conjunto de la Unión.
Bruselas-03/10/2026 19:30
El problema de la vivienda no es exclusivo de España. En Bruselas se habla de «emergencia» para describir la situación en el conjunto de la Unión Europea.
Los precios de compra se han disparado hasta un 64% en la última década, mientras que los alquileres han aumentado más de un 21%. Y en España las cifras están muy por encima de la media europea. Según el INE, el aumento de precios de venta durante el mismo periodo sería del 90% mientras que el del alquiler se situaría en el 23%.
El caso de Maricarmen es también un reflejo de dos de los problemas que padece Europa. «En primer lugar, la falta de vivienda pública, porque no había ningún lugar al que ella pudiera ir», explica Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe. «Y, por otro lado, la entrada de capital y de financiación especulativa, que ha aumentado considerablemente desde 2008″.
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En lo que se refiere a la vivienda social, España está claramente a la cola. A nivel europeo la cifra ya es baja: solo el 7% del parque de viviendas de la UE es vivienda social. Pero en España el porcentaje de alquiler de titularidad pública apenas alcanza el 1,7%.
La construcción de vivienda social es evidentemente parte de la solución, aunque requiere una visión a largo plazo. Prueba de ello es el caso de Viena, que muy a menudo se presenta como uno de los modelos de buenas prácticas. Más de la mitad de la población vive en viviendas municipales o subvencionadas.
Austria ha creado además un sistema de vivienda «de beneficio limitado» en el que los alquileres cubren los costes y los excedentes se reinvierten en construir y mantener viviendas asequibles, en lugar de repartirse como beneficios. «Han conseguido construir a una escala muy grande viviendas de buena calidad y de beneficio limitado, donde la clave está precisamente en que los beneficios se reinvierten», explica Edwards.
También Dinamarca cuenta con un Fondo Nacional de la Vivienda, el Landsbyggefonden. La idea es que el propio sector de vivienda social genera un fondo común con recursos procedentes de las viviendas existentes y utiliza ese dinero para rehabilitar y construir vivienda social. «Los alquileres vuelven a un fondo que trabaja en favor del interés general, de modo que los recursos se reinvierten», añade Edwards. «Este es, por así decirlo, el mejor ejemplo de buenas prácticas«.
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La falta de vivienda disponible es parte del problema, especialmente en las zonas de alta demanda. La Comisión calcula que, para satisfacer la demanda actual, Europa necesita construir más de dos millones de viviendas al año. Y en el caso español, el Banco de España calcula que se arrastra un déficit de 750.000 viviendas.
Pero la crisis de vivienda en la Unión Europea no se explica únicamente por la falta de oferta: un estudio encargado por el Parlamento Europeo señala que la «financiarización» debe abordarse con la misma atención. Los autores de la investigación Housing speculation in the EU sostienen que la vivienda funciona cada vez más como un activo financiero y menos como un hogar.
Aunque los grandes inversores aún controlan una parte relativamente pequeña del parque residencial, su presencia se ha disparado desde la crisis de 2008 y se concentra especialmente en determinadas ciudades y barrios. «Desde la crisis, el sector ha crecido rápidamente», señala el informe. El valor de los activos tangibles cotizados de los fondos residenciales de la UE se ha multiplicado por más de cuarenta en dos décadas: pasaron de 4.800 millones de euros en 2004 a 198.700 millones en 2024.
España es, según el estudio, «el caso más claro» de entrada de grandes propietarios en el mercado a través de activos en dificultades. La deuda hipotecaria se disparó del 30% del PIB a más del 110% en 2009. Y tras el estallido de la burbuja inmobiliaria los grandes inversores aprovecharon la oleada de impagos y ejecuciones para construir su cartera de viviendas.
Como consecuencia, el mercado ya no lo mueve tanto el crédito hipotecario como la riqueza inmobiliaria acumulada y la búsqueda de rentabilidad, con modelos de negocio que dependen más de la revalorización de los activos que de la provisión de vivienda.
«Estos inversores operan en función de lo que sucede en los mercados financieros globales, se mueven según los tipos de interés y la evolución de otros mercados financieros«, explica Rodrigo Fernández, uno de los autores de la investigación. «Su objetivo es resultar atractivos para los inversores. No les interesan las viviendas en sí, ni las reformas, ni la sostenibilidad, ni la eficiencia energética, ni prácticamente ningún otro aspecto».
La Comisión Europea no tiene competencias en materia de vivienda, pero dada la magnitud del problema presentó en septiembre un reglamento que propone un criterio para definir las zonas tensionadas. Y en esos casos, dar cobertura legal para que las autoridades competentes tomen medidas para limitar los alquileres turísticos de corta duración.
Pero los expertos consideran que la Unión Europea también tiene un papel que desempeñar en términos de financiación. «Lo que hace falta es que se creen instituciones de propiedad pública o semipública y que, en cualquier caso, estén financiadas con fondos públicos», explica Fernández. Cree que es necesario desempolvar los mecanismos que existían en Europa en el periodo de posguerra y que permitieron construir viviendas a gran escala.
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