El impacto en la salud mental de vivir con un alquiler por las nubes: «Me quedaban 50 euros para el mes»
La muerte de Maricarmen vuelve a poner sobre la mesa el desgaste de vivir con miedo a perder la casa, encadenar trabajos precarios y llegar con dificultad a fin de mes.
- Los trastornos mentales ya son la segunda causa de baja laboral en España. Mientras la derecha cuestiona el «absentismo», expertos señalan el peso de la presión económica y la sobrecarga laboral.
Madrid-09/10/2026 21:30-Actualizado a09/10/2026 21:50
Porque perder tu casa también enferma. Vivir esperando una carta, una subida del alquiler o una orden de desahucio, enferma. No saber dónde vas a dormir dentro de unos meses, enferma. Ver llegar a la Policía para arrancarte del lugar donde has construido tu vida, destroza. Y, en demasiadas ocasiones, mata.
Este fragmento forma parte del obituario escrito por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y publicado este jueves en Público. El colectivo rinde homenaje a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio ha desencadenado movilizaciones en todo el país en defensa del derecho a una vivienda digna. Su historia representa la de tantas personas cuyas vidas quedan atrapadas en una crisis habitacional que amenaza su estabilidad y su derecho a vivir con dignidad.
Esther (nombre ficticio para preservar su anonimato) tenía 21 años cuando empezó a buscar piso en Madrid. Quería dejar de depender económicamente de su familia y pagarse sus gastos con el dinero de sus prácticas universitarias. Pronto se topó con una realidad difícil de sostener: «Si me pagaban unos 400 euros y mi habitación costaba 350, me quedaban 50 euros para hacer la compra de todo un mes«. Desde entonces, pasó por seis mudanzas. Con cada cambio, las condiciones empeoraban: habitaciones más caras, de peor calidad y convivencias con desconocidos que terminaban pasando factura a su bienestar emocional. «Cada vez me pedían más dinero por peores habitaciones. Para mi salud mental, la convivencia también era un poco terrible», confiesa a Público. La sensación de la joven era la de vivir permanentemente al límite, tratando de resolver una urgencia tras otra. «Sentía que estaba apagando fuegos todo el rato».
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La precariedad también se colaba en su vida laboral. Esther recuerda la perspectiva de encadenar jornadas agotadoras por seis euros la hora, llegar a casa a las diez de la noche y volver a empezar al día siguiente. «Estás reventada después de haber estado apagando fuegos en el trabajo de mierda que te toque y repites una y otra vez». A ese agotamiento se sumaba la culpa por «quejarse»: «Mirarte al espejo y decirte: ‘Tienes que estar agradecida porque, en realidad, estás en una situación mucho mejor que otras personas'». Dormía poco, vivía sin saber qué ocurriría al día siguiente y llegaba ahogada a fin de mes. «¿Está la gente realmente aceptando esta puta mierda?«, se preguntaba. Fue entonces cuando aparecieron las primeras ideas suicidas y un intento de suicidio. «Pensaba que no valía la pena vivir la vida que estaba viviendo», dice.
Esther fue diagnosticada con depresión y ansiedad. Para recibir ayuda, tuvo que recurrir a unos ahorros que ya eran limitados y pagar a un profesional. Pese a su formación académica —estudió un doble grado universitario y un máster—, no encontraba la manera de construir una vida independiente sin que el coste de la vivienda y la precariedad laboral condicionaran cada decisión. Ahora, con 27 años, considera que su situación es «privilegiada». Vive en Madrid en un piso comprado por sus padres gracias a una herencia familiar. Mientras prepara unas oposiciones, reconoce que, sin esa ayuda, difícilmente habría podido quedarse en la capital. «Si mis padres no se hubieran comprado la casa, habría tenido que volver a vivir con ellos. No podría haber asumido una vida en Madrid«.
La factura emocional de la precariedad
La vivienda marca cada vez más el límite de quienes aspiran a emanciparse. El año pasado, el 44,3% de los jóvenes de entre 26 y 34 años seguía viviendo con sus padres y, entre quienes querían cambiar de vivienda pero no podían hacerlo, el 67,2% señalaba el precio como principal barrera, según el INE. La presión del alquiler tampoco da tregua: el Banco de España calcula que el 32,5% de los hogares arrendatarios destina más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda, un porcentaje que se eleva hasta el 41,3% en Madrid.
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A la dificultad para acceder a una vivienda se suma una economía doméstica cada vez más tensionada. El 8,5% de la población llega a fin de mes con mucha dificultad y el 25,7% se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. De acuerdo con los últimos datos disponibles, en el mercado laboral, el salario medio mensual alcanzó los 2.385,6 euros en 2024, pero la mitad de los asalariados cobraba menos de 2.001,4 euros y el 87% de quienes trabajaban a tiempo parcial no superaba los 1.582 euros brutos al mes.
A esta presión se añade otra carga menos visible: los cuidados. El 18,3% de las personas ocupadas que cuidan de familiares o de su pareja dedica al menos 40 horas semanales a estas tareas, según el INE, una proporción que asciende al 20,5% entre las mujeres. Al mismo tiempo, el sistema de dependencia cerró el año pasado con 152.693 personas pendientes de recibir una prestación, de acuerdo con el IMSERSO. De hecho, el Ministerio de Sanidad incorporó al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 una línea específica sobre salud mental y trabajo, que aborda los riesgos psicosociales, el acceso a psicoterapia y la coordinación con los servicios sociales.
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Rosana Pereira, psicóloga: «Importa mucho cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo de apretados llegamos a fin de mes»
¿Y si el malestar no estuviera solo en nuestras cabezas, sino también en las condiciones en las que vivimos? Rosana Pereira, codirectora de Haztúa Psicología Positiva, explica a Público que «importa mucho cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo de apretados llegamos a fin de mes». La psicóloga señala que «la precariedad, las deudas o la inseguridad con la vivienda se asocian con más ansiedad y depresión». No obstante, advierte que las dificultades económicas no conducen automáticamente a desarrollar un trastorno mental: «Son situaciones que aumentan el riesgo, pero no determinan el resultado». La clave, apunta, está también en la posibilidad de recuperarse. «El problema es cuando falta la parte imprescindible para afrontar la situación: el periodo de recuperación. Cuando dejamos de tener periodos suficientes para recuperarnos». Las personas, explica Pereira, podemos soportar etapas prolongadas de exigencia y esfuerzo si sabemos que, tarde o temprano, llegará un momento para reponernos.
Bajas laborales: ¿fraude o trabajadores al límite?
En los últimos días, las bajas laborales han vuelto al centro del discurso de la derecha política y de la patronal. Alberto Núñez Feijóo ha planteado ampliar las competencias de las mutuas para que puedan dar el alta médica en determinadas patologías y ha reclamado combatir el supuesto «fraude» en las incapacidades temporales. Días después, volvió a poner el foco en el volumen de bajas y cuestionó que muchas se produzcan «los lunes y los viernes».
Ya en julio, el líder del PP había definido el «absentismo laboral» como un «cáncer que no podemos pagar» y había cuestionado que una persona pudiera cobrar lo mismo estando de baja que trabajando, aunque posteriormente su partido matizó que se refería a los «casos de fraude». El planteamiento de los populares coincide con el de la patronal, que centra parte del debate en el coste económico de las incapacidades temporales y la sospecha de fraude. Los sindicatos, en cambio, ponen sobre la mesa otros factores para explicar el aumento de las bajas: desde el deterioro de la sanidad pública hasta el envejecimiento de la población trabajadora, pasando por la precariedad y la intensificación de los ritmos laborales.
En España, los trastornos mentales ya son la segunda causa de incapacidad temporal. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) apuntan a un incremento entre 2018 y 2024: las bajas relacionadas con síntomas emocionales crecieron casi un 490%, las vinculadas al estrés «grave» un 230% y las de ansiedad un 120%. En 2024 se registraron 671.618 procesos de incapacidad temporal por trastornos mentales y del comportamiento, según los últimos datos administrativos recogidos por Sanidad y el INSS.
Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que las patologías mentales se encuentran entre las que generan incapacidades más prolongadas y el INSST sitúa la depresión como el motivo más frecuente de las bajas de más de 15 días, con una duración media de 167,9 días. En conjunto, la incapacidad temporal supuso para la Seguridad Social un gasto de 16.500 millones de euros en 2024, según dicha organización.
El INSST identifica entre los principales factores de riesgo psicosocial las altas demandas y la sobrecarga, el escaso control sobre el trabajo, la falta de apoyo y la inseguridad laboral. En el registro de patologías reconocidas específicamente como causadas o agravadas por el trabajo, los trastornos de ansiedad no especificados representaron el 59,4% de los casos registrados en 2024, mientras que el estrés postraumático supuso otro 32,9%. Ese año se contabilizaron 170 patologías mentales en Patologías no Traumáticas causadas o agravadas por el Trabajo (PANOTRATSS) y el 92,9% fueron consideradas causadas por el trabajo.
Erick Pescador, sociólogo: «Sin una mano de obra tranquila y vitalmente sostenible ninguna empresa puede prosperar»
«El mal llamado turbocapitalismo exige el máximo de las personas que trabajan en empresas sometidas a una evolución constante de la producción, la eficiencia y la formación», explica a Público el sociólogo Erick Pescador. Opina que «el mundo va más rápido que la capacidad de las personas para formarse y adaptarse a una realidad en permanente cambio». Una situación que, razona, contribuye al aumento de las bajas laborales, especialmente por depresión y ansiedad.
Pescador critica que los sectores «más conservadores, competitivos y centrados en la extracción de beneficios» tachen estas bajas de «absentismo». «La única forma de hacer sostenible cierto nivel de producción es tener sanas a las personas que forman parte del sistema productivo, y ahora mismo no es el caso». El sociólogo plantea hasta cuándo podrá mantenerse este modelo y cuándo quienes concentran la riqueza —entre ellos, los grandes magnates tecnológicos— entenderán que «sin una mano de obra tranquila y vitalmente sostenible ninguna empresa puede prosperar». «Hay demasiadas personas dentro de la olla a presión», zanja.
El 024 es la línea de atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas del día, todos los días del año y de forma gratuita y confidencial. Ofrece apoyo inmediato a personas con ideación suicida, a familiares y a personas allegadas, con atención especializada y en varios idiomas.
En caso de emergencia vital inminente se debe llamar directamente al 112. También se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, existe la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Sobre la firma
Rocío Cruz
Redactora de Sanidad, Educación y Servicios Sociales
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Marx es tendencia en plena revuelta por la vivienda
Google Trends registra un repunte en las búsquedas del ‘Manifiesto comunista’ o términos como «marxismo-leninismo» desde finales de septiembre, coincidiendo con el estallido de movilizaciones.
Madrid-09/10/2026 21:30-Actualizado a10/10/2026 10:10
«Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo». Con esta célebre frase comienza el Manifiesto comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848. Sus búsquedas en Google desde España han tenido un destacado repunte en las últimas semanas, coincidiendo con el estallido de protestas por la vivienda. También han aumentado las consultas de otros textos de la misma tradición política, como El capital, la obra en la que el autor alemán sienta las bases de su sistema de pensamiento. Y es que el marxismo ofrece un marco teórico fértil para comprender la crisis habitacional que ha encendido la llama en las calles.
«En momentos de crisis económica, y sobre todo de movilización popular ante la misma, hay un retorno a buscar explicaciones materialistas de estos procesos«, apunta a Público César Rendueles, filósofo y sociólogo, actualmente investigador en el CSIC y autor de obras como Contra la igualdad de oportunidades (2020) o A la sombra de Marx. Fragmentos de materialismo accidental (2025). La coyuntura política actual refleja «un modelo de acumulación económica que, de pronto, deja ver sus costuras«.
Clara Ramas también es filósofa, ha traducido El 18 Brumario y es autora de Fetiche y mistificación capitalistas: La crítica de la economía política de Marx (2018). En conversación con este medio, explica que el análisis del pensador alemán «es muy abstracto, porque trata de un objeto que es muy abstracto: el capital». Sin embargo, la tesitura de la vivienda «es un caso claro de cómo esa lógica tan abstracta no es compatible con criterios mínimos de bienestar«. Aquello que puede ser muy complejo de entender, queda a la vista de todos cuando se aterriza sobre un ejemplo concreto. Esto es lo que estaría pasando con la incapacidad de acceder a un hogar. «La gente busca respuestas para intentar entender un poco mejor por qué estamos gobernados por esta lógica abstracta que no responde a nociones mínimas de que la vivienda debería ser un derecho, o que deberíamos tener tiempo libre, o que debería haber unas condiciones de reparto de la riqueza mínimamente razonables«.
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Otra manera de comprender el mundo
El marxismo «no es una varita mágica», dice Rendueles, pero «aporta algo muy importante en estos momentos, que es romper con la normalidad«, matiza. «Nos hace ver que cosas que damos por sentadas, como aceptadas, como propias de personas de orden y gente responsable, en realidad no lo son. Al revés, son dinámicas muy nihilistas que conducen a situaciones catastróficas«. Ante estas consecuencias, Ramas destaca que «todos intuimos que la política va siempre detrás de la economía, que lo que de verdad importa no se está decidiendo en el Parlamento, sino en otra parte, y que la capacidad de la política para decidir acerca de lo que ocurre en los mercados, en realidad, es muy pequeña». La filósofa señala que las lecturas marxistas permiten dar un marco explicatorio a esta incapacidad de las izquierdas institucionales para responder a los malestares sociales.
«La gente busca una explicación mejor y un tipo de acción política más eficaz», incide la investigadora. «Tenemos la sensación de que, pese a que haya mejoras, siempre siguen ganando los mismos«. El sentir de las calles recupera esta idea, y muestra el hartazgo frente a los desahucios y la crisis habitacional, que en este caso se revelaría como una crisis de acumulación de capital, según explica Rendueles. Es por ello que la ciudadanía cobra un renovado interés por los textos marxistas que arrojan luz sobre estos procesos.
Auge del interés tras un verano de poca atención
Los números de búsqueda no son muy diferentes con respecto a otros períodos del año. Según los datos consultados en Google Trends, las consultas del Manifiesto se encuentran en un 58%. Se trata de una escala relativa en la que el 100% representa el pico de popularidad, que en este caso tuvo lugar en el 2004 –y no se han vuelto a repetir los mismos niveles después–. El término «marxismo-leninismo» también ha tenido un notorio repunte desde finales de septiembre y se encuentra en un 78% –alcanzó su punto máximo en el 2008, durante la crisis financiera, aunque también lo hizo este mismo año, entre febrero y marzo–.
Si se mira solo el período inmediatamente anterior, estas cifras relativas crecen. En el caso del Manifiesto, este repunte es del 5.000% con respecto al mes anterior. Cabe subrayar que es un comportamiento habitual, tal y como registra Google Trends a lo largo del tiempo. No obstante, el último disparo de búsquedas llega después de un verano en el que el interés ha sido casi nulo. Esta renovada popularidad ha sucedido en la última semana de septiembre, cuando Maricarmen, fallecida este miércoles a los 87 años, fue desahuciada de su hogar de toda la vida. Esto prendió la chispa de una oleada de protestas por la vivienda que ha agitado a todo el Estado.
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Semanas en las que pasan décadas
«Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas», dijo Lenin. El Manifiesto comunista se publicó por primera vez en 1848, año en el que ocurrió la llamada Primavera de los pueblos. En Francia proclamaron su Segunda República, hubo revueltas en el Imperio Austríaco e intentos de unificación de Alemania y de Italia. Estos movimientos lucharon por la democratización de los estados y las mejoras laborales de las nuevas sociedades industrializadas en Europa. El historiador Eric Hobsbawn llamó al período entre 1789 y 1848 la era de la revolución. En su libro homónimo, publicado en 1962, escribe: «Todo un continente esperaba, dispuesto a transmitir al instante las primeras noticias de la revolución, de ciudad en ciudad, por los hilos del telégrafo eléctrico».
Las condiciones materiales son distintas, pero la era actual también cuenta con movilizaciones por toda Europa. Las protestas estudiantiles contra los recortes de la educación pública en Francia siguen peleando el pulso contra el Gobierno galo, con cerca de 6.900 personas detenidas, en su mayoría estudiantes menores de edad. 30.000 personas se han manifestado este viernes en Bruselas contra las políticas de austeridad del Gobierno belga. También en Atenas miles de personas salieron a las calles contra la visita de Marcos Rubio, secretario de Estado de EEUU. «Estamos viviendo ciclos políticos muy efervescentes, donde cosas que poco antes parecían imposibles, de pronto, en apenas unos meses, se hacen factibles», reflexiona Rendueles. Y esto mismo se aplica en España, donde el mundo también tiene puesta la mirada.
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El 23 de septiembre la Policía expulsó a Maricarmen Abascal de su casa. Era miércoles. El 26 de septiembre, sábado, una manifestación masiva recorrió las calles de Madrid. Aquella misma noche, el Sindicato de Inquilinas comenzó una acampada en la Puerta del Sol, donde el número de tiendas de campaña no para de crecer. La iniciativa se ha ido replicando en todos los territorios del Estado. La presión obligó a que el Consejo de Ministros aprobara dos decretos de vivienda con medidas urgentes el martes, 29 de septiembre. Ambos fueron tumbados en el Congreso el viernes, 2 de octubre. Al día siguiente, los sindicatos de vivienda convocaron protestas multitudinarias en 50 ciudades. La sociedad civil reclamaba con más y más fuerza una huelga general.
Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y una llamada a las urnas para el 29 de noviembre. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, convocaron este miércoles una huelga general por primera vez en 14 años, que tendrá lugar el 11 de noviembre. Maricarmen murió en el hospital ese mismo día. 20.000 personas caminaron desde Sol hasta su portal en su honor este jueves. Continúan las asambleas y los trabajos de organización, con la mirada puesta en la jornada del 11N. Todo esto ha ocurrido en apenas tres semanas.
¿Qué ofrece el marxismo a la crisis de la vivienda?
«Toda la legislación en torno a la vivienda, todo el modelo de desarrollo urbanístico, la estructura inmobiliaria… es una receta para el caos y el empobrecimiento de las clases populares«, describe Rendueles. La cuestión de clase y el antifascismo están muy presentes en las movilizaciones actuales, que han servido de escenario para extender la visibilidad de discursos y organizaciones netamente comunistas. Ejemplo de ello es la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), que ha llenado las calles de sus características banderas rojas. El marxismo vuelve a marcar tendencia porque en esta tesitura «da un asidero, una cierta perspectiva para entender qué pasa cuando un bien de primera necesidad, como es la vivienda, se usa como un bien de inversión para incrementar los beneficios especulativos«, apunta el filósofo y sociólogo.
Recuperar el marco teórico marxista es útil porque «Marx es el único que ha hecho un análisis definitivo de qué significa el capitalismo», remarca Clara Ramas. «Y cada vez lo tenemos más claro, hay muchos síntomas: la crisis climática, el problema de la vivienda, la crisis de cuidados… Todo el mundo empieza a darse cuenta de una manera intuitiva de que el capitalismo es un problema«. En este contexto, «es normal que intenten surgir respuestas». De acuerdo con la filósofa, «está bien intentar elaborar una respuesta que vaya a la raíz del malestar».
¿Significa esto que nos encontramos a las puertas de una nueva revolución socialista? Para Rendueles todo depende de la capacidad de los grupos más a la izquierda para ocupar el centro mediático. Cuando esto sucede, los discursos que hasta entonces se entendían como «radicales» adquieren una mayor aceptación. Pero hasta ahora la balanza ha estado más bien en el otro lado, con la sombra del auge reaccionario. «Estamos peleando para que no haya un gobierno de extrema derecha con vínculos con organizaciones neonazis internacionales«, expresa el investigador. Por este motivo, sus expectativas no son demasiado altas. «Dentro de seis meses, no tengo la menor idea de si vamos a tener masas proletarias tomando el Palacio de Invierno, pero a día de hoy, diría que es un horizonte un poco lejano», vaticina. «Ojalá me confunda, lo digo sin ninguna ironía».
Sobre la firma
Adhik Arrilucea
Redactor de Ciencias, Medio Ambiente y Animalismo.
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De la conspiración al insulto: las cinco fases de la campaña de odio contra Maricarmen
Madrid-09/10/2026 21:30
En este vídeo explicamos las cinco fases que componen la campaña mediática contra Maricarmen. Medios, agitadores y espacios de la derecha y la ultraderecha han tratado de criminalizar a la mujer que fue desahuciada y falleció el miércoles 7 de octubre. También han vertido mensajes y discursos para ridiculizar la protesta iniciada por el Sindicato de Inquilinas.
Sobre la firma
Chema Molina
Redactor de vídeo e información política.
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Las calles y las urnas
Por Antonio Antón
Sociólogo, politólogo y escritor
09/10/2026 21:30
Estamos asistiendo a la combinación de dos procesos cívicos que se condicionan mutuamente y tienen ambos un fuerte impacto sociopolítico: la movilización social por la vivienda y la gestión gubernamental y parlamentaria progresista.
Supone una acción transformadora doble. Por una parte, la de los movimientos sociales, con su capacidad movilizadora y articuladora en calles y plazas, así como con la incorporación de los grandes sindicatos laborales y la dinámica conjunta de huelga general.
Por otra parte, la representación partidista de las distintas izquierdas, derrotada por las derechas en el Parlamento y volcada en su refuerzo socioelectoral en las próximas elecciones generales para continuar con su proyecto reformador, condicionada por los augurios mediáticos de la victoria de las derechas.
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La amplia movilización social promovida por el Sindicato de Inquilinas, con fuerte presencia femenina, ha sido apoyada por múltiples organizaciones sociopolíticas, con acampadas en las plazas y manifestaciones multitudinarias este fin de semana en más de cincuenta ciudades. Junto con la de Barcelona, se puede destacar, por su masividad, la de Madrid, con más de doscientos mil participantes, según mis propios cálculos, y superior a otras concentraciones promovidas por las derechas que, con la mitad de participación, habían divulgado medio millón de asistentes.
Sus objetivos reivindicativos y su acción colectiva expresan la amplitud de demandas sociales como el derecho a la vivienda, consiguiendo una fuerte reactivación cívica para regular e intervenir en el mercado habitacional, con una participación directa, sobre todo, juvenil pero también intergeneracional, y con el aval de una mayoría social, según diversos estudios demoscópicos.
Es parcialmente diferente a las otras dos grandes experiencias movilizadoras con importante impacto sociopolítico e institucional: el amplio proceso de indignación y protesta social -incluidas tres huelgas generales y las mareas sectoriales-, conocido como Movimiento 15M (2010/2014), contra los recortes sociolaborales y por la democracia real -y el derecho a la vivienda-, y la cuarta ola feminista -incluidas las huelgas de cuidados- contra la violencia machista (2017/2020); con una participación directa en ambas entre cuatro y cinco millones de personas y una simpatía de más de dos tercios de la sociedad.
Esta movilización tiene un carácter nítidamente progresista y comunitario, por unas condiciones (materiales) decentes para el acceso a la vivienda, de alquiler o propiedad, como componente básico de un escudo social completo, que afecta más a las capas populares, especialmente juveniles, y dentro del derecho universal a una vida digna. Está vinculada al resto de derechos sociolaborales, como la sanidad y la educación públicas, la protección social, la mejora laboral y salarial o la sostenibilidad medioambiental.
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Prefigura una defensa colectiva por un Estado de bienestar avanzado y una democracia con capacidad reguladora de los mercados, especialmente, de los que afectan a las condiciones vitales de la ciudadanía. De fondo, se trata de la pugna por la igualdad en todos los campos, incluido el feminista, el antirracista, el antifascista y el territorial, y la garantía de unas libertades públicas sustantivas, frente a la amenaza de la involución política y la regresión socioeconómica. Por todo ello, reaccionan tan agresivamente las derechas y ultraderechas.
Esta trayectoria cívica ha derivado en una recolocación representativa de las izquierdas políticas, que han tenido que adoptar una mayor iniciativa institucional en el Congreso para dar suficiente respuesta normativa al clamor cívico. Condicionado y aprovechando esta amplia marea ciudadana, el Ejecutivo ha aprobado dos decretos intervencionistas para paliar ese problema. Tras su fallida convalidación parlamentaria por el bloqueo mayoritario de las derechas y tras la disolución de las Cortes por el presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, han sido aprobados nuevamente y presentados a la Diputación Permanente, más favorable para su implementación. Es previsible su aprobación definitiva tras el apoyo, junto con los grupos progresistas, del PNV que comparte, al menos, uno de ellos, el más general, y frente al bloqueo, esta vez minoritario, de PP, Vox y Junts.
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En consecuencia, esta amplia movilización social, amparada en una gran legitimidad popular, ha permitido un impulso reformador concreto en un tema crucial para la mayoría social, y de gran alcance material, sociopolítico, cultural y simbólico. Ha estado estancado en las últimas décadas, con algunos retoques como la Ley de Vivienda en la pasada legislatura, y la relativa impotencia o inacción de las izquierdas institucionalizadas ante el bloqueo de las derechas y los poderes fácticos.
La responsabilidad principal recae en la imposición de los grandes poderes económicos, financieros e institucionales, en particular los Gobiernos de las Comunidades Autónomas dirigidos por el Partido Popular, que siempre han boicoteado los avances en este derecho fundamental.
El beneficio para esa minoría especulativa se basa en la dominante dinámica de desigualdad social y transferencia de rentas hacia el capital rentista, especialmente de los grandes inversores y sus acompañantes políticos neoliberales, que han aparecido como los responsables fundamentales de la persistencia de esta profunda lacra social.
Esta victoria social progresista todavía es limitada y frágil. No obstante, la aprobación de los decretos ha sido muy positiva y meritoria, incluido el llamamiento inicial de la confederación de Sindicatos de Inquilinas, frente a otras interpretaciones escépticas sobre su alcance.
Constituye un primer paso básico, más débil si decae el decreto que regula los alquileres indefinidos. Pero ha supuesto un cambio de tendencia respecto del derecho a una vivienda digna y ha abierto una nueva dinámica de protagonismo cívico, compromiso reformador de las izquierdas y nuevas expectativas socioelectorales.
En definitiva, se ha producido una interacción beneficiosa entre, por un lado, el activismo cívico en calles y plazas y, próximamente, en barrios y centros de trabajo y estudio, con el foco de la huelga general -posiblemente en la segunda semana de noviembre-, así como con la mayoritaria conciencia social y democrática de la sociedad española, y, por otro lado, la rápida y básica respuesta normativa y política del Gobierno y demás fuerzas progresistas, en esta coyuntura.
Ha permitido una convergencia complementaria de las dos dinámicas respecto de esta relevante reforma social, en un difícil contexto sociopolítico, institucional y mercantilizador, amenazado por la involución democrática y la regresión de lo público.
Esta doble experiencia no está exenta de disparidades en las prioridades respectivas y dentro de cada campo. Es lo que hay que solventar consolidando una respuesta firme y colaboradora, respetando la autonomía de cada parte y sus dinámicas específicas, para asegurar una nueva etapa de progreso, con los dos retos inmediatos, en las calles y en las urnas: la ampliación temática y la continuidad movilizadora, con una huelga general masiva por una agenda social ambiciosa, y la articulación de una oferta electoral creíble y cooperativa de las distintas izquierdas para ganar las próximas elecciones generales o, en caso de derrota, evitar su crisis político-orgánica y preparar la remontada en las elecciones municipales y autonómicas.
A pesar de los malos augurios demoscópicos y el empoderamiento derechista y ultra, se ha demostrado la existencia de suficientes energías democratizadoras para iniciar un renovado ciclo político y social progresista. Veremos el acierto colectivo en su articulación.
Sobre la firma
Antonio Antón
Sociólogo, politólogo y escritor
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Razones para estar del lado de las inquilinas, aunque seas propietario
Periodista
09/10/2026 21:30
Es imposible no darse cuenta del desequilibrio en la balanza de la vivienda a favor de los intereses de los arrendadores. Los datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales hablan claro: los caseros representan solo un 4,9% de la población total, frente al casi 21% de los inquilinos. Más de la mitad del alquiler en España está en manos de multiarrendadores que tienen dos o más viviendas en alquiler y que no dejan de incrementar sus propiedades en detrimento de los pequeños caseros. Por eso, por más que seamos o aspiremos a convertirnos en rentistas de baja frecuencia (pequeño propietario, si prefieren), no debemos olvidar que la mayor parte de la población ha pasado, o pasará, por el inquilinato, y que defender sus intereses no solo es una cuestión moral, también es una estrategia de supervivencia colectiva. Pensémoslo bien, puedes ser propietario, puedes haber sido propietario incluso toda tu vida pero si tienes hijos, o piensas tenerlos, el alquiler es, en el 90% de los casos, la primera vía para su emancipación. ¿Alguien le compra una casa a la criatura cuando se va a estudiar a la Universidad? ¿Y cuándo empiezan a trabajar, en precario, como hemos empezado casi todos? ¿Cuándo cambian de destino por un contrato temporal o mientras no consolidan la plaza? ¿Cuándo tienen que buscarse las habichuelas en el extranjero? Y ¿qué pasa cuando nos separamos? Aún en el caso de gozar de una buena posición económica, ¿quién es la guapa que se compra una casa al día siguiente de salir de la suya con el divorcio en la mano? Mucha gente vuelve a casa de sus padres y, el resto de los mortales, se van de alquiler una temporada. Eso, sin olvidar que no todo el mundo tiene la posibilidad de gozar de una red familiar que lo cobije: ahí están las personas huérfanas que son echadas de los centros de menores a las calles con una mano delante y otra detrás, las personas desplazadas o migrantes, las mujeres que escapan de los malos tratos.
A las que fuimos jóvenes en los primeros 2000 se nos vendió el alquiler como sinónimo de libertad. No pagabas por arraigo y estabilidad, pagabas por libertad y por oportunidades. Y con esa idea metida a fuego en la cabeza, algunas vivimos en una cantidad absurda de pisos, compartiendo techo con algunas personas de las que no recordamos siquiera el nombre. Me mudé a Santiago de Compostela para estudiar Periodismo en 2004 y estuve en la ciudad hasta 2009, tiempo en el que viví en tres casas. Fue una época radiante en donde el alquiler no cercenaba las posibilidades de estudiar en una universidad pública a la mayor parte de la población. Tras un breve periodo en casa de mis padres, en septiembre de 2009 me fui a vivir a Madrid. Allí di con un piso compartido cerca de Avenida de América. Tenía 6 habitaciones y yo pagaba 500 euros por la más pequeña que era, básicamente, un espacio robado al salón. El negocio lo regentaban dos treintañeros cuyo único oficio conocido era administrar patrimonio familiar mientras los que allí vivíamos estudiando, trabajando, o ambas cosas a la vez, nos dejábamos nuestro dinero o el de nuestros padres por un sueño o una oportunidad. Una noche, uno de ellos, que tenía llaves de nuestra casa y entraba allí cuando le apetecía, me puso un fajo de billetes sobre la cama después de aparecer por sorpresa en mi habitación. Significaba exactamente lo que parecía. Me fui del piso apresuradamente apenas dos semanas después de aquel incidente con dos de mis compañeros, y conseguimos alquilar otro piso en Ventas por un precio asumible para los tres. Si esto me ocurriese a día de hoy, probablemente no habría conseguido un piso con la premura ni con el precio de entonces. Probablemente, me habría tenido que comer el acoso en aquella casa, o me habría tenido que volver a Galicia con mis padres. Finalmente, me fui de Madrid por motivos personales y en 2016 regresé a trabajar a Santiago de Compostela. Entre mudanzas y rupturas, pasé por 4 pisos diferentes, el último, un habitáculo interior de 35 metros cuadrados por el que pagaba 500 euros. En esta segunda etapa, los pisos ya habían subido muchísimo en comparación a mi época universitaria debido, sobre todo, al impacto salvaje que el turismo tiene en la capital de Galicia, pero nada que ver con lo que vendría después del COVID. Tras el estallido de la pandemia regresé a mi ciudad, Pontevedra, donde quise echar de nuevo raíces y no volví a pagar un alquiler, cosa que sería inviable sin el soporte familiar.
Sé, por mi experiencia, que el alquiler puede suponer la libertad y la oportunidad, y también sé que puede ser un lastre y un muro para no avanzar. Hasta en dos ocasiones a lo largo de la última década he rechazado ofertas de trabajo en Madrid porque el precio de la vivienda (digna) es simplemente incompatible con los salarios de la mayor parte de los periodistas. No soy la única, claro. Y aunque no todo el mundo tiene que trabajar en Madrid, que bastante gentrificado está, ni siquiera en Santiago, tal y como están los alquileres en todo el Estado, a este paso la gente normal no va a poder vivir en ninguna ciudad en donde haya un puesto de trabajo a menos de 50 kilómetros. Por eso, pensar que ni tú ni tus hijos vais a necesitar vivir nunca de alquiler es simplemente ignorante. Y creer que con la acumulación de casas irás pagando las rentas hinchadas por el mercado inasumible para la mayor parte de la población no es solo es ignorante, también es profundamente avaro, y la avaricia de unos pocos no puede estar sufragada con los impuestos de la clase trabajadora.
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Es una anomalía del Estado de Derecho que a los trabajadores se nos retenga el 15% de nuestro salario en la nómina para dotar al país de servicios públicos que gozamos todos, mientras que los que utilizan el rentismo como principal actividad económica no aporten prácticamente nada por ello. El problema de la vivienda nos impacta a la mayoría, incluso a aquellas empresas que con su actividad económica pretenden fomentar el consumo de la población, porque tener a trabajadores ahogados que destinan la mayor parte de su salario a tener un techo sobre sus cabezas es una estrategia pésima para la prosperidad del propio sistema capitalista.
El caso de Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión no solo para darnos cuenta de la situación de desamparo que viven millones de inquilinos en este país, sino también porque ha sido una lección de rebeldía sobre una sociedad profundamente anestesiada. Por eso Maricarmen no pidió clemencia, pidió justicia. Y la justicia social nos atañe a todas las personas normales, seamos propietarias o inquilinas. Aquellos que han tumbado los Decretos de Vivienda no merecen ni un solo voto de la clase trabajadora.
Sobre la firma
Diana López Varela
Periodista
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Del desahucio de Maricarmen a una campaña de odio contra la lucha por la vivienda | Informe Público
Madrid-09/10/2026 17:30
El equipo de Informe Público arranca este episodio analizando la cronología de la situación que llevó al desahucio de Maricarmen, fallecida el pasado 7 de octubre. Laura Prieto repasa los cuatro intentos de desahucio que sufrió la vecina del barrio del Retiro y las consecuencias que este tipo de situaciones conllevan para las víctimas. Más allá de lo material, los desahucios constituyen una emergencia social con un impacto directo en la salud que deriva en cuadros de estrés crónico, agrava otras patologías y aumenta el riesgo de suicidio.
Maricarmen se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda en España al mismo tiempo que medios de la derecha la colocaban en el centro de una campaña de criminalización y demolición. Empezaron señalándola como instrumento para desviar la atención de la crisis de Ceuta mientras que el tono iba escalando hasta acusarla de aprovecharse de sus «privilegios» para llegar finalmente a ataques personales e insultos. Herman Tertsch, diputado de Vox en el Parlamento Europeo, llegó a pedir una autopsia para conocer las causas exactas de su «súbita muerte» y descartar una supuesta «trama del Gobierno de Pedro Sánchez».
La crisis de vivienda ha sido el motor para la convocatoria de una huelga general el próximo 11 de noviembre. Impulsada por el Sindicato de Inquilinas, otras organizaciones sindicales, como UGT o CCOO han coincidido en que sobran los motivos para convocarla. El equipo de Informe Público repasa los detalles de esta jornada, la posición de los distintos sindicatos y la respuesta política, tanto de la izquierda como de la derecha, que la percibe como un ataque a la oposición.
Para cerrar esta edición, hablamos del primer libro de Isabel Díaz Ayuso, con fecha de publicación prevista para el 2 de diciembre. En Íntimo, la presidenta madrileña repasa su infancia y su trayectoria política en el Partido Popular además de adentrarse en sus aficiones y episodios más personales.
Sobre las firmas
Chema Molina
Redactor de vídeo e información política.
Helena Margarit
Redactora de vídeo
Carmen Aparicio
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