Factible el retorno de la red eléctrica a manos públicas, alega la Utier
En una solicitud para participar como “amigo de la corte”, el sindicato dijo al Tribunal Supremo que puede ayudar en el proceso de transición si se cancela el contrato de LUMA
Editora de Negociosjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com
Al plantear que llevan años participando activamente del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como del proceso que resultó en la contratación de LUMA Energy, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) aseguró al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) que puede asistir al alto foro para que la gerencia y operación de la red eléctrica regrese a manos públicas.
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“El T&D OMA (Acuerdo de Operación y Mantenimiento de la Red de Transmisión y Distribución) contempla la devolución de funciones a la AEE, identificada como Owner (dueño)”, reza la solicitud de autorización del sindicato para comparecer en calidad de amicus curiae (amigo de la corte) en el pleito incoado por el gobierno y que busca cancelar el pacto con el consorcio estadounidense-canadiense.
Según la Utier, la Sección 4.9(a)(ii) del acuerdo suplementario entre la AEE y LUMA modificó la Sección 16.1 del OMA para incorporar “la terminación automática del acuerdo suplementario como supuesto de comienzo de la transición”. Esto, desde la perspectiva del gremio, sentaría las bases para que, en un escenario de terminación promovido por cualquiera de las partes, la gerencia y operación de la red eléctrica regrese a manos de su titular, es decir de la AEE, o a un nuevo operador sucesor.
El planteamiento de la Utier ofrece otro matiz a la controversia entre LUMA y la administración de Jenniffer González Colón, quienes, desde finales del año pasado, se disputan por la validez de la extensión del acuerdo suplementario.
LUMA sostiene que su pacto, suscrito inicialmente a mediados del 2020 y extendido de manera indefinida mediante una carta del 30 de noviembre de 2022, es válido. El operador plantea que, de cancelarse el pacto, ello costará al menos $1,300 millones, incluyendo en la cifra al menos $726 millones en pagos obligatorios; anticipa que Puerto Rico se corre el riesgo de perder fondos federales para la reconstrucción de la red y que podría agravarse la ya precaria condición del sistema.
El gobierno alega, en contraste, que la extensión del OMA no se llevó a cabo correctamente y que la AEE no tendrá que desembolsar la multimillonaria cifra.
En su escrito, la Utier se aleja de los tecnicismos relacionados a la extensión del contrato, para centrarse en contestar la inquietud del TSPR: cómo la terminación del OMA no resultaría en un caos si LUMA sale del panorama.
“La cuestión no es si el sistema puede existir sin LUMA, sino cómo utilizar los mecanismos contractuales, la estructura operacional existente y la capacidad pública disponible para asegurar que continúe funcionando cuando cese -por cualquiera de las vías contempladas- la participación del operador actual”, argumentó la Utier en el escrito presentado el pasado viernes, 9 de octubre.
Memoria “histórica”
Grosso modo, según el OMA, las responsabilidades de LUMA se distribuyen entre dos entidades: ManagementCo y ServCo.
La primera podría describirse como la matriz a cargo de diseñar presupuestos, presentar informes a la AEE, al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) u otros, ayudar en el diseño de métricas de desempeño, y preparar diversidad de planes, desde cómo se gestiona el sistema en situaciones de emergencia y el manejo de vegetación hasta los planes de entrada y salida del operador. ServCo es la entidad que instrumenta el día a día de la operación de la red y por ende, bajo la que laboran los miles de empleados a cargo del sistema.
Según la Utier, el OMA requiere transferir a su dueño (la AEE) o futuro operador toda la memoria financiera y temas relacionados a la gerencia o administración del sistema. Y si LUMA cesa sus funciones también vendrá obligada a transferir los equipos y otros activos que recibió de la AEE al suscribir el OMA.
Pero además, en el caso de los empleados bajo ServCo, si bien estos no gozan de una garantía de permanencia individual, la sección 4.2(i) del OMA requiere “prever la posible contratación por un sucesor y el trato de empleados no contratados”, aseguró la Utier.
Según el sindicato, el plan de transición debe contemplar la continuidad de aquellos que realizan el trabajo técnico como por ejemplo, quienes están a cargo de las líneas y subestaciones eléctricas.
Agregó la Utier que el proceso de transición tampoco tiene “que empezar de cero”, pues junto a los 1,800 empleados que todavía mantiene la AEE, y quienes poseen “décadas de experiencia acumulada en la operación, mantenimiento, reparación y administración del sistema eléctrico de Puerto Rico” sería factible la transferencia operacional de la red eléctrica.
“Dentro de la propia corporación pública subsiste una memoria histórica, técnica y operacional de enorme valor, construida a través de años de trabajo directo con las plantas, líneas, subestaciones, sistemas de despacho, procedimientos de emergencia, protocolos de mantenimiento y demás componentes del sistema”, reza el escrito.
Según la Utier, el OMA sienta las bases para “concebir una transición ordenada encaminada a evitar una interrupción de la operación”.
En una etapa inicial, LUMA -como operador saliente- tendría que continuar cumpliendo sus obligaciones mientras “la nueva dirección” se “familiariza” con los sistemas hasta que se transfieran -de manera gradual- las distintas facultades y responsabilidades del operador a la AEE o el operador sucesor.
“Esa secuencia es jurídicamente distinta de ‘cerrar LUMA y comenzar otra compañía’”, expuso la Utier.
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Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@gfrmedia.com
El “mal de fondo” detrás de los escándalos de contratación gubernamental en Puerto Rico: ¿qué es lo que tiene que cambiar?
Falta de transparencia, manipulación de licitaciones y una normativa fragmentada ahuyentan la participación de empresas competentes y dificultan la fiscalización, según expertos
15 de octubre de 2026 – 11:10 PM
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Uno de los contratos que es objeto de pesquisas a nivel estatal y federal es el concedido a Power Expectations para proveer unos 400 megavatios en energía temporal a 10 años, valorado en $5,887 millones. (Ramon «Tonito» Zayas)
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com
Las supuestas irregularidades que han rodeado múltiples contrataciones gubernamentales durante los pasados meses podrían responder a un problema político-partidista más profundo, caracterizado por la manipulación de los procesos, la falta de transparencia y la influencia de intereses políticos en la adjudicación de contratos públicos, según expertos consultados por El Nuevo Día.
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José González Taboada, profesor de Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, explicó que las irregularidades en los procesos de contratación gubernamental no radican en los métodos, leyes o sistemas, sino en un “mal de fondo” que data de más de 20 años atrás: falta de transparencia de sus políticos.
“El problema no es el método ni las políticas de contratación, el problema es cómo los políticos manipulan esos métodos. Es un asunto de falta de transparencia, por eso, tenemos casos escandalosos”, indicó González Taboada en entrevista telefónica.
Este medio identificó que, desde el 2 de enero de 2025 al presente, al menos seis procesos de contratación -particularmente por el mecanismo de Solicitud de Propuestas (RFP, en inglés), distinto al proceso de subasta- han resultado en señalamientos que incluyen alegadas presiones indebidas, falta del debido proceso competitivo y potenciales actos fraudulentos en cinco agencias y dependencias públicas.
El número de escándalos contractuales es ínfimo en relación a los miles de contratos que el gobierno, como un todo, suscribe cada año, pero los procesos de contratación identificados -que incluyen desde Xuvo Technologies hasta Power Expectations- tienen impactos directos en la prestación de servicios y suman casi $6,000 millones de compromisos públicos. Aunque no todos los acuerdos llegaron a materializarse o fueron cancelados, son objeto de sendas pesquisas en la Legislatura y de autoridades de ley y orden a nivel estatal y federal.
González Taboada reconoció que las presuntas irregularidades en ciertos procesos de contratación pública no son nuevas, pero aseguró que los señalamientos a la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón “han roto récord”.
“Esto es un mal de fondo, de los administradores que ha tenido Puerto Rico en los últimos 20 años”, dijo el profesor universitario.
“En menos de dos años se han creado situaciones bien embarazosas para el gobierno y para el pueblo de Puerto Rico. Esto aunque no es nuevo es algo que no habíamos visto a ese nivel. Tan mala está la cosa que no se hablan internamente”, continuó González Taboada.
Un sistema para “evitar” la competencia
De acuerdo con Issel Masses Ferrer, directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido, uno de los principales problemas en el sistema de contratación pública es que existen más de 60 leyes y reglamentos para regir los procesos, lo que dificulta entender los procesos y facilita su manipulación.
“Si se compara con Latinoamérica tenemos países que tienen máximo ocho leyes y reglamentos. Cuando tienes muchas leyes y reglamentos dictando es bien difícil conocerlos todos y se te pueden colar muchas inconsistencias”, dijo Masses Ferrer.PUBLICIDAD
La organización analizó más de 400 auditorías de contratos públicos y encontró que las cinco deficiencias más comunes en la contratación estatal y municipal son los pagos no sustentados o en exceso; manipulación de los procesos para evitar la competencia; expedientes incompletos; evaluación y adjudicación inadecuada; y manejo indebido de fondos.
“Hay poca seriedad por parte de la Legislatura, de la Junta (de Supervisión Fiscal) y de los gobiernos de turno de realmente atender el problema. Vemos respuestas a los escándalos del momento, […] pero no vemos seriedad en las propuestas para atender las vulnerabilidades del sistema”, señaló Masses Ferrer.
Un sifón en los contratos de menor cantidad
Aunque los contratos que cobran mayor impacto público son aquellos valorados en millones de dólares, la mayoría de los casos que suelen ser manipulados son de menor cantidad como aquellos de servicios profesionales, subcontratistas y manejo de desperdicios.
De acuerdo con José Efraín Hernández, catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), la delegación de los procesos de evaluación y adjudicación de contratos gubernamentales a entidades privadas podría estar debilitando los mecanismos de fiscalización y transparencia.
“El privatizar ese proceso ha demostrado que no ha resuelto lo que han sido las críticas históricas al proceso de contratación de servicios públicos, de subastas y demás”, sostuvo Hernández.
A su juicio, controversias como la del fallido contrato con Power Expectations evidencian los riesgos de delegar a la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) la evaluación de propuestas, en lugar de mantener los procesos de licitación bajo las estructuras gubernamentales que cuentan con juntas de subastas, empleados de carrera y mecanismos de fiscalización.
El precio de la prisa
Hernández atribuyó parte de las deficiencias a decisiones administrativas dirigidas a acelerar las contrataciones y obtener resultados políticos inmediatos, en detrimento de los controles establecidos.
“Estos procesos de adjudicación de contratos gubernamentales […] deben regresar a la administración pública”, afirmó Hernández.
Antonio Fernós Sagebién, catedrático de la Facultad de Empresas del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, advirtió que la falta de credibilidad en los procesos de contratación gubernamental ha fomentado la percepción de que las adjudicaciones favorecen a quienes realizan aportaciones políticas, una práctica conocida como inversionismo político.
El también economista mencionó que en un análisis que realizó hace unos años, concluyó que en Puerto Rico, las personas hacen más aportaciones a campañas políticas que a planes de retiro.
“¿Qué te dice eso? Que es más rentable donarle a un político, porque aunque solamente fundamentalmente hay dos partidos, la tasa de rendimiento de tú hacer un donativo político se presume que es más alta que tu aportar a tu propia jubilación”, dijo Fernós Sagebién.
“No hay ningún interés de parte de los políticos de reformarse y tampoco hay interés de elector de pedir rendición de cuentas”, sostuvo por su parte, González Taboada.
Desalienta al sector privado
En tanto, Fernós Sagebién subrayó que las irregularidades en las contrataciones gubernamentales afectan la confianza del sector privado y representan un obstáculo para la actividad económica.
“Es que el sistema está hecho para no funcionar y entonces, pagan justos por pecadores”, sostuvo, al señalar que los antecedentes de corrupción han provocado que se impongan requisitos adicionales que complican los procesos.
González Taboada advirtió que las controversias en los procesos de contratación gubernamental desalientan la participación del sector privado, particularmente de aquellos empresarios que prefieren evitar cualquier vínculo con posibles escándalos de corrupción.
“Eso es muy penoso, porque la competencia es lo mejor que se ha creado, y si fuera una competencia justa sería bueno para Puerto Rico pero lamentablemente la competencia no está siendo justa”, aseveró González Taboada.
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