Frente Amplio en España: La tercera reconstitución de las izquierdas alternativas
La presentación de la candidatura de Frente Amplio en Madrid el 17 de octubre, pocas horas después de que se cerrase el registro oficial de coaliciones y se constatase la negativa de Podemos a incorporarse, sitúa el desafío de la izquierda alternativa para las elecciones del 29-N a doce puntos de la mayoría del bloque PP-Vox.
Gustavo Buster
La presentación de la candidatura de Frente Amplio en Madrid el 17 de octubre, pocas horas después de que se cerrase el registro oficial de coaliciones y se constatase la negativa de Podemos a incorporarse, sitúa el desafío de la izquierda alternativa para las elecciones del 29-N a doce puntos de la mayoría del bloque PP-Vox. Pero la constitución de un tercer gobierno progresista exige no solo que el PSOE recupere más de cinco puntos, sino que el Frente Amplio supere el 6,5% de sus expectativas actuales para acercarse al 12% de Sumar en 2023. En su intervención, citando a Federica Montseny y la necesidad de frenar al fascismo en las calles y desde el gobierno, Ada Colau lo ha fiado todo a la capacidad de movilización popular estos 45 días, a los movimientos por la vivienda, la educación y la sanidad públicas, por el aumento del SMI y de los salarios en los convenios colectivos para hacer frente a la inflación, confluyendo en la huelga general del 11 de noviembre y proyectándose en un tsunami electoral contra el peligro de un gobierno PP-Vox y una involución reaccionaria, que ya amenaza con un sistema público-privado de pensiones.
No ha sido solamente la izquierda alternativa la que ha querido pasar página de las lamentables negociaciones pre-electorales. El PSOE ha convertido la aprobación de sus listas en un acto de campaña centrado en la movilización, la polarización contra PP-VOX y una judicatura reaccionaria que ha intentado acabar civilmente a golpe de lawfare con Pedro Sánchez y su círculo más cercano. “La fuerza de la gente” ha sido el lema del mitin, frente al llamamiento de Feijoo a los “sacrificios”, la llegada de Milei para agitar a la extrema derecha con su motosierra y la exclusión del voto de 160.000 españoles descendientes del exilio por las medidas cautelares del Tribunal Supremo.
Frente al nuevo ciclo político reaccionario que anuncian Feijoo y Abascal tras el 29-N -y que preludian las cargas de los antidisturbios contra los enseñantes y las provocaciones de jóvenes fascistas contra los acampados en Sol-, las izquierdas pretenden resistir y revertir una tendencia electoral de perdida de voto que se remonta a 2015, la crisis del bipartidismo, la división interna del PSOE y el ascenso y crisis de Podemos. En este sentido, la constitución en el último momento del Frente Amplio, el liderazgo de Ada Colau y el acuerdo con el PSOE para la candidatura conjunta de Senadores por el Progreso son todos pasos en la buena dirección.
El declive de las izquierdas en estos once años y cinco elecciones generales -en dos ocasiones (2015 y 2019) por falta de mayorías parlamentarias para formar gobierno-, el PSOE pre-sanchista cayó al 22%, once puntos por detrás del PP, para recuperar en las posteriores elecciones el 28% y en 2023 el 31%, obligándole a gobiernos de coalición progresistas con Unidas Podemos y su sucesora Sumar. La izquierda alternativa, que tras su pináculo de 2016 del 21,5% y 71 escaños bajó al 12,31% y 33 escaños en 2023, a perdido más del 2% desde las elecciones de abril de 2019, en un voto útil al PSOE que, sin embargo, le permitió negociar su participación en el gobierno como una fuerza de presión sin cuestionar la hegemonía de Sánchez.
La naturaleza del ciclo reaccionario que quieren PP y Vox no solo estaría determinado por la situación internacional -dominada por un trumpismo que manifiesta sus primeras señales de crisis, el ascenso de la extrema derecha en Europa, la debilidad del multilateralismo y una carrera armamentística con el trasfondo de las guerras de Ucrania y Oriente Medio-, sino también por una recesión internacional por los precios de la energía y la vuelta a las políticas de austeridad. Pero a ello hay que sumar los mecanismos internos y de hegemonía de una coalición en la que el PP de Feijoo parece anclado en el 33% del voto, mientras la extrema derecha de Vox crece en las encuestas de cerca del 13% al 18% y cuestiona ya en las movilizaciones la estrategia del PP para imponer su “prioridad nacional” y una revisión reaccionaria del régimen del 78.
No existe por lo tanto posible paralelismo entre la campaña defensiva para mantener los avances reformistas de los gobiernos progresistas y la ofensiva reaccionaria. Una ofensiva apoyada en once comunidades autónomas y sectores del aparato del estado, en especial el judicial, de un PP que parece haber tocado su techo de apoyo, mientras Vox continúa su crecimiento, llega y condiciona los gobiernos autonómicos, aunque las clases dominantes le asignen, cada vez con mayores dificultades, un papel subordinado.
La lenta crisis de la izquierda alternativa
En el largo periodo de reflujo del 15-M indignado y el 1-O del soberanismo catalán -marcado por los mecanismos destituyentes y la corrupción del gobierno Rajoy-, las diferentes izquierdas alternativas no tuvieron otro horizonte político que presionar por la izquierda al PSOE. Socialmente, para ampliar el eco de una movilización que se atenuaba. Políticamente, para evitar una recomposición de la alternancia bipartidista como quería la derecha filipista, que desbancó a Pedro Sánchez en 2016, pero que los resultados electorales de junio de aquel año impidieron, dejando a Unidas Podemos a un 1,5% del PSOE. Se abrió así el horizonte de los gobiernos de coalición progresista, de la presión a través de la participación en el gobierno que había sido la aspiración eurocomunista desde la Transición dentro de los límites del régimen del 78. Para que ello fuera posible, sin embargo, sin amenazar la hegemonía del PSOE, ahora ya sanchista, Unidas Podemos tuvo que caer del 21,15% de los votos de 2016 al 12,86% de noviembre de 2019.
La experiencia de la participación en el primer gobierno progresista de Unidas Podemos, tras los abrazos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, estuvo marcado por la gestión de la crisis de la COVID. Al PSOE le correspondió la negociación con la Unión Europea de los fondos comunitarios que permitieron sustituir la austeridad por los ERTEs, la reforma de las pensiones, la “excepción ibérica” energética, los impuestos temporales sobre la banca y las compañías de energía o la Ley de Vivienda de 2023. Pero de las cuatro grandes propuestas de Unidas Podemos, la Ley de Libertad Sexual, la Ley Trans, el Ingreso Mínimo Vital y la Reforma Laboral de 2021, solo está última fue incuestionable en su éxito. El PSOE pudo atribuirse además otros dos ejes de inflexión decisivos: la Ley de Memoria Democrática de 2022 y los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo como consecuencia del procés (que convirtió al PSC en el partido más votado en Cataluña).
El primero en constatar los límites reformistas de la presión al PSOE en el gobierno de coalición fue Pablo Iglesias, que en marzo de 2021 dejó la vicepresidencia segunda para encabezar la candidatura de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid. Fue un doble error táctico, que se acabó convirtiendo en estratégico. Su candidatura enconó aún más la división de las izquierdas madrileñas, en las que un Más Madrid errejonista se había convertido en mayoritario, sin capacidad para frenar el ascenso del PP. La designación como sucesora de Yolanda Díaz, con el principal éxito de la legislatura desde el Ministerio de Trabajo y el apoyo de las direcciones sindicales, permitía la cogestión con Sánchez de la subordinación funcional de Unidas Podemos.
La creación de Sumar para las elecciones de 2023, pretendió un cambio de dirección en el conjunto de la izquierda alternativa que sustituyese el bonapartismo de Pablo Iglesias y el aparato electoral de Podemos por una federación bajo la autoridad de Yolanda Díaz y la gestión de Iniciativa per Catalunya desde los Comuns. Una formula que respetase las cuotas e influencia de IU y el resto de los componentes de la coalición, pero evolucionase progresivamente hacia una sola estructura política en su funcionamiento, tanto en el grupo parlamentario como en la organización territorial.
Más allá de las resistencias iniciales de los aparatos territoriales, la cadena de derrotas electorales, tras el éxito en buena medida inesperado del segundo gobierno progresista, erosionó la autoridad de Yolanda Díaz y su capacidad de arbitraje en el conjunto del espacio de la izquierda alternativa. Las elecciones autonómicas de Galicia, con la negativa de ANOVA de convertirse en el eje de la recomposición frente al BNG, la presentación gratuita de candidatos frente a Bildu en Euskadi y la pérdida del candidato de IU en las elecciones europeas provocaron que las resistencias iniciales de IU y Más Madrid al proyecto de Sumar se convirtieran en una presión abierta para sustituir la dirección de Yolanda Díaz y su equipo por una mesa de las cuatro fuerzas de la coalición presentes en el gobierno. Pero nunca llegó a constituirse en dirección política sino en un espacio de reparto de cuotas, vaciando además de iniciativa a la dirección del grupo parlamentario donde si estaban representadas el conjunto de fuerzas de la coalición.
Cuando Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas el 5 de octubre tras el rechazo de los decretos sobre vivienda, con la crisis migratoria de Ceuta a las espaldas y el bloqueo de la hoja de ruta anunciada el 24 de junio para el fin de la legislatura, Sumar no existía ya. El espacio electoral de la izquierda alternativa carecía de un proyecto de coalición más allá del nombre de Frente Amplio sugerido por IU, no tenía liderazgo y carecía de balance de su gestión de gobierno o de programa electoral. Con la presión externa del movimiento por la vivienda, la acampada en Sol y otras plazas, con la huelga general del 11 de noviembre convocada, se iniciaron las negociaciones públicas y privadas entre los aparatos de las fuerzas territoriales que han acabado con las candidaturas separadas de Frente Amplio y Podemos. A pesar del clamor y la necesidad funcional de una sola papeleta del espacio, que permitiese frente al ascenso de Vox, revertir el declive y recuperar la mayor parte del 12% de los votos de 2023.
Las limitaciones del diseño y la gestión de Sumar como coalición han sido patentes, pero la responsabilidad de la ruptura del espacio corresponde en buena medida a Podemos. Primero en la división de la izquierda en Madrid, segundo en la negativa a participar en el segundo gobierno de coalición si no era con Irene Montero en el ministerio de igualdad, tercero en la ruptura del grupo parlamentario de Sumar y su paso al grupo mixto y, por último, en la operación Montero-Rufián frente al resto de las izquierdas, exigiendo recuperar una primacía sin hegemonía, que no se correspondía en ningún caso con el peso electoral de Podemos.
Si ha habido una estrategia de mal menor electoral al borde del abismo, y a partir de la presunción de la victoria del PP-Vox, ha sido la de la dirección de Podemos. Con el único objetivo de asegurar uno o dos diputados por Madrid; aunque fuese a costa de perder uno de los posibles diputados adicionales del espacio y ahondar las diferencias entre las izquierdas catalanas, ERC y Comuns, a favor de Junts y el PSC. La concatenación de narrativas exculpatorias -desde la del feminismo radical de Irene Montero como motor imprescindible del gobierno progresista, hasta la crítica de este como un ejemplo de militarismo en la época de Trump-, en ningún momento han cuestionado una estrategia de participación en el gobierno que, en buena medida, es diseño suyo desde la asamblea de Vistalegre 2.
Unidad en la resistencia y los derechos conquistados
Hemos analizado en Sin Permiso las dificultades y limitaciones de gestión del segundo gobierno progresista durante estos tres años. A pesar de ellas, su balance positivo en relación con la reforma laboral que ha permitido un crecimiento económico superior a la media de la UE y al mayor registro de población activa con contratos de trabajo, el incremento del SMI hasta los 1.221 euros mensuales, el control de la temporalidad, el reconocimiento del estado de Palestina, la resistencia a la imposición de un gasto militar del 5% de la Administración Trump, los cuatro paquetes de ayudas frente a los efectos de las guerras de Ucrania e Irán y la aprobación de la Ley de Amnistía, le sitúan como una excepción en el contexto de la Unión Europea y la ofensiva reaccionaria global de la Administración Trump.
Que se mantenga un horizonte favorable para las clases trabajadoras depende de una correlación de fuerzas determinada por la movilización popular -de ahí la importancia de la huelga general del 11 de noviembre y la posterior electoral- y el contexto internacional. Mientras la movilización popular va en aumento desde las luchas por la vivienda, los servicios públicos y los salarios frente a la inflación, las fisuras geopolíticas del Trumpismo -que apuntan el estancamiento de la guerra de Irán y los acuerdos de energía con Putin-, pueden convertirse en una reducción de sus márgenes de maniobra con unos resultados en su contra en las elecciones de medio término de noviembre en EEUU. Pero en esta época de tensiones geopolíticas e inestabilidad económica y política operan otros muchos factores. Sin ir más lejos este mismo mes serán decisivos los resultados de las elecciones en Brasil e Israel. Como lo serán los de las elecciones el 29 de noviembre en el reino de España.
Esos resultados pueden hacer que la resistencia a los efectos internos del cambio de régimen global del Trumpismo se hagan en las condiciones favorables de una orientación anti-neoliberal y progresista desde el gobierno o con la aplicación de las medidas de austeridad y la economía de guerra impulsadas desde Bruselas y Washington como pretenden PP y Vox, con la represión implícita de una relectura reaccionaria del régimen del 78.
La consecuencia más importante de la polarización política y social de estos años es la conciencia popular, pero también en las clases dominantes, de lo que supone este pulso por la correlación de fuerzas en términos de clase. El populismo de hace una década esté siendo sustituido por un clasismo que es patente en las movilizaciones y en los nuevos sujetos políticos juveniles que apuntan al nuevo ciclo de resistencias y a la reconstitución del espacio de las izquierdas alternativas. Pero este proceso será más profundo y llegará más lejos si el conjunto de las izquierdas son capaces de resistir unidas y de obtener el mejor resultado posible el 11-N con la huelga general y el 29-N en las elecciones.
Es co-editor de Sin Permiso.Fuente:
http://www.sinpermiso.info, 18 de octubre 2026
Temática:
Desigualdad, biología y libertad republicana: por qué necesitamos un suelo y un techo
Daniel Raventós
18/10/2026
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La desigualdad económica no es un problema estable que simplemente persiste: está creciendo, y lo hace con datos duros, ya se comparta la opinión, por ejemplo, de Clara Mattei (2023) para quien la “pobreza es inherente a la naturaleza misma de la sociedad capitalista” o, por el contrario, ya se considere que todo mejorará, pobreza incluida, porque el crecimiento económico lo hará posible, como cualquier economista mainstream defensor del status quo defiende. Según el World Inequality Report 2026, el 10 % más rico de la población mundial posee actualmente cerca del 75 % de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre se reparte apenas el 2 %. En el extremo superior, el 0,001 % más rico —menos de 60.000 personas— posee hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad junta. Oxfam, por su parte, calcula que la fortuna conjunta de los multimillonarios del planeta creció más de un 16 % solo en 2025, hasta un récord de 18,3 billones de dólares, un ritmo tres veces más rápido que la media de los cinco años anteriores; desde 2020, esa fortuna conjunta ha crecido un 81 %.
La desigualdad se ha estudiado sobre todo desde la economía, la sociología y la ciencia política —fiscalidad, mercados de trabajo, financiarización, concentración de la riqueza, clases sociales, movilidad…—. Son marcos imprescindibles, pero dejan relativamente al margen unas preguntas: ¿Qué hace la desigualdad al cuerpo y a la mente de quienes la viven, y qué nos dice esto sobre por qué debería importarnos? La biología aporta conocimiento muy útil para las ciencias sociales. Y no solamente en una dirección: biología-sociedad. También lo aporta en la dirección contraria: sociedad-biología.
Antes de entrar en materia aclaremos una suspicacia que viene de lejos. ¿Por qué las ciencias sociales han mirado tradicionalmente con recelo cualquier explicación biológica de los fenómenos sociales? Desde el darwinismo social (fue Herbert Spencer quien introdujo el concepto “supervivencia del más apto”, pero en biología “más apto” significa más descendencia en un entorno dado, no más fuerte o más valioso o mejor) hasta la eugenesia de comienzos del siglo XX, las explicaciones biológicas de la desigualdad se habían usado sistemáticamente para justificar el racismo, el sexismo y el colonialismo, presentando como “naturales” e inevitables jerarquías que eran, en realidad, elaboraciones históricas y políticas sin respaldo científico cuando no directamente pura verborrea pseudoacadémica. Un caso fantástico de falacia naturalista sobre la que más adelante se volverá.
Las cautelas políticas a la biología
Este recelo se reactivó con fuerza en 1975, cuando el biólogo Edward O. Wilson publicó Sociobiology: The New Synthesis, extendiendo la teoría evolutiva a la conducta social humana (solamente en el último capítulo del libro). La reacción fue inmediata: Stephen Jay Gould y Richard Lewontin, junto con otros científicos de Boston, formaron el Sociobiology Study Group y denunciaron públicamente que este tipo de teorías corrían el riesgo de servir, una vez más, de coartada científica para el racismo, el sexismo y el statu quo social, atribuyendo a la genética lo que en realidad eran desigualdades de origen histórico y político. Conviene matizar, sin embargo, que la propia sociobiología no era políticamente homogénea, y que reducir la controversia a “sociobiólogos conservadores frente a críticos de izquierdas” sería una simplificación injusta, además de grosera. Robert Trivers, uno de los sociobiólogos más influyentes de esta primera generación, aunque él rechazase el nombre de la sociobiología y siempre se definió como biólogo evolutivo, —autor de las teorías del altruismo recíproco y de la inversión parental (Trivers, 1971) que siguen siendo centrales en la disciplina—, era él mismo un militante de izquierdas y antirracista declarado: llegó a afiliarse al Partido de las Panteras Negras en 1979 y mantuvo una estrecha amistad con su fundador, Huey Newton, con quien coescribió un texto sobre el accidente del vuelo 90 de Air Florida de enero de 1982 (Trivers y Newton, 1982). La controversia de 1975, por tanto, no oponía necesariamente una ciencia reaccionaria a una crítica progresista[1], sino que reflejaba un desacuerdo genuino, también entre científicos de izquierdas, sobre cuánto peso explicativo podía atribuirse a la biología sin abrir la puerta a su mal uso político. Ese desacuerdo, bien entendido, sigue siendo legítimo y saludable hoy: la cautela metodológica no debería depender de la orientación política de quien investiga, sino del rigor con que se interpreten los resultados.
Trivers expuso claramente que el divorcio de las ciencias sociales con la biología “tiene unos efectos devastadores”. Así, buena parte de los científicos sociales, según Trivers, “tienen la libertad de fundamentar sus argumentos en cualquier cosa que se les ocurra y de proseguir con esa política todo el tiempo” (2013: 323). No como las ciencias naturales: “La física se apoya en las matemáticas; la química, en la física; la biología, en la química”. Las ciencias sociales del siglo XX prefirieron dejar la biología completamente al margen (Mundó y Raventós, 2000). Alguna investigación reciente (Ghirardi y Bernardi, 2025) muestra por qué merece la pena superar ese reflejo, y no simplemente invertirlo: la mejor evidencia biológica actual no habla de destinos fijados por los genes, sino de una interacción constante entre disposición genética y contexto social, en la que el contexto —la familia, la política pública, el grado de desigualdad de una sociedad— determina cuánto llega a pesar, en la práctica, esa disposición. Dicho de otro modo: incorporar la biología no debilita a quien defiende tesis igualitaristas, sino que aporta otra vía de evidencia, independiente de la economía y la sociología, para sostenerlo, y permite además distinguir con precisión entre lo que la ciencia realmente muestra y las lecturas deterministas —tan atractivas mediáticamente como infundadas— que históricamente se han hecho de ella. Las lecturas deterministas fuertes son hoy minoritarias en la academia, aunque no han desaparecido del debate público.
Reivindicando la biología para entender la sociedad
Algunas investigaciones apuntan en la dirección de la incorporación biológica a la comprensión de realidades sociales. Una muestra de algunas pocas, pero significativas, puede ser la siguiente. Sarah Brosnan y Frans de Waal demostraron en 2003 que los monos capuchinos rechazan una recompensa —incluso una que antes aceptaban de buen grado— si observan que otro individuo recibe una recompensa mejor por el mismo esfuerzo (Brosnan y de Waal, 2003). La aversión a la inequidad parece tener según los autores, así, un origen evolutivo anterior a la especie humana.
Robert Sapolsky ha observado, tras más de treinta años de estudio de babuinos salvajes en Kenia, que los machos de rango social bajo presentan niveles crónicamente elevados de cortisol, la llamada hormona del estrés, y peor salud cardiovascular que los de rango alto, no por carencia de recursos sino por su posición subordinada en la jerarquía (Sapolsky, 2004 y 2005). Con sus palabras: “La jerarquía tiene que ver con el dominio, no con la simetría y la igualdad.” Incluso el “último” Sapolsky (2023), negador del libre albedrío[2], declara por activa y por pasiva que no es determinista genético puesto que los genes pueden producir efectos muy distintos según diferentes entornos. Un patrón análogo encontró Michael Marmot en los estudios Whitehall de 18.000 funcionarios varones británicos, a partir de 1967, y de 10.000 funcionarios hombres y mujeres, a partir de 1985: a menor rango jerárquico, peor salud y mayor mortalidad, incluso sin pobreza ni diferencias de acceso sanitario (Marmot, 2004). Bruce McEwen dio nombre técnico a este desgaste acumulado: allostatic load, o carga alostática (McEwen y Stellar, 1993; McEwen y Seeman, 1999). En breve: La “carga alostática” es el concepto para describir el desgaste fisiológico acumulado que sufre el cuerpo cuando sus sistemas de adaptación al estrés se activan de manera repetida o crónica. La relación de un bajo nivel socioeconómico con una elevada carga alostática también interesa a Sapolsky “ya que el cuerpo se encuentra en una batalla constante e infructuosa por volver a un estado normal y sin estrés.” La cuestión que importa es que “mientras que el nivel socioeconómico de un adulto predice el desgaste alostático, el nivel socioeconómico durante la infancia deja una huella más profunda que perdura toda la vida” (Sapolsky, 2018).
Nancy Krieger ha propuesto la teoría ecosocial, ya en 1994, y el concepto de embodiment —incorporación biológica— “que se refiere a cómo incorporamos literalmente, a nivel biológico, el mundo material y social en el que vivimos, desde la concepción hasta la muerte; un corolario es que ningún aspecto de nuestra biología puede entenderse sin el conocimiento de la historia y de los modos de vida individuales y sociales” (Krieger, 2001: 672). Es el marco que evita reducir la salud a la genética individual o, al contrario, hablar de desigualdad sin ningún correlato físico medible.
Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir sostienen que la escasez de recursos consume una parte significativa de la capacidad cognitiva disponible —el llamado “impuesto al ancho de banda mental”—, de modo que quien vive con incertidumbre económica constante toma peores decisiones no por falta de capacidad, sino porque buena parte de sus recursos mentales están ocupados gestionando la propia escasez (Mullainathan y Shafir, 2013). Como ellos mismos apuntan: “es fácil confundir una mente ‘cargada de escasez’ con una mente por naturaleza menos capaz”. O “la escasez reduce directamente el ancho de banda mental; no la capacidad inherente de una persona, sino la capacidad disponible en un momento.”
Richard Wilkinson y Kate Pickett (Wilkinson y Pickett, 2009 y 2018) sostienen que un mecanismo emparentado, el estrés vinculado a la comparación y al estatus, opera a escala de sociedades enteras: las más desiguales, medidas con el coeficiente de Gini, tendrían peores indicadores de salud media, incluso entre los ricos. No son asociaciones que estén libres de debate metodológico.
La investigación más reciente en sociogenómica, cómo los genes influyen en nuestra vida social y cómo la vida social influye en nuestros genes, va por el mismo camino. Un estudio publicado en 2025 en Nature Human Behaviour sostiene que el estatus socioeconómico es una realidad social con componentes heredables y consecuencias genéticas: las personas heredan trasfondos genéticos vinculados a rasgos que ayudan a alcanzar o conservar una posición social, pero esos mismos efectos genéticos dependen del contexto en que se despliegan (Visscher et al., 2025). Un estudio de 2025 sobre trayectorias educativas muestra, en efecto, que el peso del factor genético en el éxito escolar se reduce cuando los progenitores tienen más estudios, lo que indica que una familia con recursos puede compensar una menor predisposición genética, mientras que una familia sin recursos tiene dificultades para hacerlo del mismo modo (Ghirardi y Bernardi, 2025).
Hay una vía más directa por la que la desigualdad se incorpora al cuerpo sin necesidad de que cambie una sola letra del ADN: la epigenética, es decir, las modificaciones químicas —sobre todo la metilación del ADN— que regulan si un gen se activa o permanece silenciado, sin alterar la secuencia genética subyacente. La sociogenómica y la epigenética son al fin y al cabo complementarias. En humanos, Thomas McDade y su equipo encontraron en 2019, a partir de una muestra filipina de casi 500 personas, que haber vivido en la pobreza durante la infancia se asociaba con patrones distintivos de metilación en cerca de 2.500 posiciones del genoma —en torno al 10 % de los genes estudiados—, muchos de ellos relacionados con el desarrollo inmunológico y neurológico (McDade et al., 2019). Y un estudio con población estadounidense de origen diverso encontró que la posición socioeconómica a lo largo de toda la vida, no solo en la infancia, se asocia con la metilación de genes implicados en la reactividad al estrés y la inflamación (Needham et al., 2015). Es, en cierto modo, la confirmación molecular más concreta de la idea de Nancy Krieger: la desigualdad no solo se “incorpora” metafóricamente, sino que puede dejar una marca química rastreable en el genoma. Hay que ser cautelosos en lo que todo ello “predice”. Es difícil a veces poder evaluar con precisión si estos estudios distinguen con suficiente solidez una señal biológica real de un artefacto del diseño experimental. También la pangenómica puede aportar algo a la relación entre biología y desigualdad, pero en otra dirección: no sobre cómo la desigualdad afecta a nuestros cuerpos, sino sobre cómo ha podido sesgar las herramientas con que se estudia la biología humana (Rozas, 2023). El genoma de referencia humano no es el de una persona típica ni una media de la humanidad, sino un mosaico construido a partir de un número reducido de donantes, y las poblaciones de ascendencia europea han estado sobrerrepresentadas en algunos de los estudios genómicos. Los pangenomas intentan corregir parte de ese sesgo, aunque hoy ya no existe una única referencia.
Lo que es, pero…
La ciencia en general, y la biología como parte de ella, nos dice lo que se puede y no se puede hacer, no lo que hay que hacer. Ni, por supuesto, lo que es o no justo. La biología describe un daño medible, pero no dice por sí sola por qué ese daño es injusto. Para definir lo que se considera injusto y para obtener una respuesta a la injusticia, se precisa de una concepción determinada de lo que es o no justo. De no ser así podemos incurrir en la falacia naturalista a la que antes se ha aludido. La falacia naturalista es un error lógico que se comete cuando se deduce un valor o un principio ético a partir de una descripción de la realidad natural sin una justificación adecuada. Deducir el darwinismo social a partir de la evolución por selección natural darwinista es una de las falacias naturalistas más campanudas. Ejemplo claro de la falacia del “es-debe” (Hume): de una descripción de lo que ocurre no se sigue lo que debe ocurrir. En sentido estricto, la “falacia naturalista” de G. E. Moore, dirigida precisamente contra Spencer, consiste en identificar “bueno” con una propiedad natural. La naturaleza no describe lo que es justo o no. Lo que pueda o no ser justo lo responde, o intenta hacerlo, una teoría de la justicia. Y, en mi opinión, la tradición de la libertad republicana y en particular su versión republicano-socialista, lo hace especialmente bien.
Voy a resumir la tradición republicana y su versión republicano-socialista tomando algunas referencias: (Domènech, 2004), (Casassas, Martínez-Cava y Raventós, 2020), Leipold (2024), (Casassas y Raventós, 2025) y (Bollain y Raventós, 2026). A su vez las referencias de la mayor parte de estos autores son de Aristóteles (2000), Maquiavelo (2000), Jefferson (1785), Robespierre (1793) y muchos teóricos socialistas, destacadamente Marx y Engels. Nadie es libre si depende de la voluntad arbitraria de otro, si tiene que pedir permiso para existir socialmente. Esta idea tiene una consecuencia que debe enfatizarse: si depender de la voluntad ajena imposibilita la libertad, entonces poseer un poder desproporcionado sobre los demás —como el que otorgan las grandes fortunas— convierte a quien lo posee en una amenaza estructural para la libertad ajena, con independencia de que llegue a ejercer ese poder de forma efectiva. Basta con que pueda hacerlo a su voluntad, arbitrariamente. La crítica republicano socialista de la desigualdad no es una preferencia igualitarista abstracta, sino una extensión directa del argumento republicano clásico contra el poder arbitrario: el capital concentrado en pocas manos no es solo una injusticia distributiva, es una forma de dominación que priva de libertad a quienes dependen de él para vivir. La crítica republicano socialista de la desigualdad es, de forma meridianamente clara, una defensa de la libertad. De ahí la incompatibilidad de la democracia y las grandes fortunas que podemos encontrar en el pensamiento republicano. La defensa republicana de la libertad debe operar necesariamente en dos frentes a la vez: garantizar una base material que otorgue poder de negociación a todas las personas, y controlar las grandes acumulaciones de riqueza y poder económico mediante interferencias no arbitrarias de los poderes públicos. Es decir, la propia tradición republicano socialista ya identificaba, antes de que la biología aportara evidencias, que el problema tiene dos caras: la carencia de los de abajo y el poder de los de arriba. La tradición republicana habla de dominium cuando la dominación se da en los ámbitos privados de la vida social —el mercado de trabajo, el hogar—; habla de imperium cuando la dominación arraiga en la capacidad de los poderes públicos de abandonar la promoción del interés colectivo para ponerse al servicio de intereses particulares. Quien ejerce dominium sobre personas y objetos, amparado en una supuesta soberanía absoluta sobre su propiedad, suele adquirir también la capacidad de ejercer imperium, poniendo a su servicio a los poderes públicos y a sus conciudadanos: de ahí que el republicanismo democrático haya insistido siempre en que la propiedad no es un derecho natural, sino un poder reconocido socialmente que debe estar regulado por el derecho público. El socialismo aportó al republicanismo la actualización de los principios de la libertad republicana a las condiciones del siglo XIX donde la estructura de la propiedad había sido transformada y, aportación decisiva, el desarrollo del capitalismo hacía imposible la universalización de la propiedad.
Recapitulemos. ¿Por qué es moralmente deplorable, entonces, la desigualdad extrema y la gran riqueza? No solo porque deje a algunos sin lo necesario —el argumento de la pobreza—, sino porque otorga a unos pocos un poder que ninguna comunidad libre debería tolerar que existiera, se use o no de forma manifiestamente abusiva. La posibilidad de hacerlo es suficiente. Un esclavista exquisito con sus esclavos no supone que siempre sea tan magnánimo, puede cambiar de parecer a voluntad. Por un simple cambio de humor, por ejemplo. Un esclavo no es libre porque su amo le haga la vida más fácil. La incompatibilidad de las grandes fortunas con la libertad republicana es un argumento sobre la estructura del poder, sobre el dominio, sobre la explotación. No solo sobre el reparto de bienes.
Las líneas biológicas y filosófico-políticas, y más concretamente la republicano socialista, convergen en dos propuestas de política pública que no compiten entre sí, sino que se necesitan mutuamente. Estas dos propuestas las resumió, en una entrevista de 2018 Antoni Domènech, con una fórmula que merece citarse en extensión: “pocas cosas contribuirían tanto a frenar la capacidad de los imperios privados para desafiar a los poderes públicos democráticos como una renta básica que, al garantizar un mínimo de existencia social para todos, se batiera también por limitar a un máximo compatible con la vida política republicana normal el volumen de ingresos de cada ciudadano”.
El suelo. Una renta básica que beneficie a la inmensa mayoría de la población no rica (Arcarons, Raventós y Torrens, 2020), al eliminar la dependencia forzosa de un empleador, una pareja o una administración, ataca directamente el elemento que tanto la biología del estrés y de la salud mental (falta de control, imprevisibilidad), como la filosofía republicana (dominación) señalan como más dañino. Una tesis doctoral del año 2016 (S. Raventós, 2016) era muy explícita sobre el primer aspecto en el mismo título: “Desigualtat socioeconòmica i salut mental: la proposta d’una renda bàsica per a protegir i promoure la salut mental.”
El techo. Una renta y una riqueza máximas son propuestas que limitan, respectivamente, la renta y el patrimonio neto total que una persona puede acumular y conservar, con independencia de cómo lo haya obtenido. Diversos autores y autoras (Bertomeu y Raventós, 2020; Pizzigati, 2018; Robeyns, 2019 y 2024), entre otros, proponen unos umbrales determinados por encima de los cuales la riqueza adicional deja de aportar bienestar a quien la posee y empieza a aportar, en cambio, un poder político y social desproporcionado. Para poner en su justo lugar la situación: con números estrictamente oficiales, menos del 1 % de la población del reino de España dispone de un patrimonio superior a 500.000 euros, y ese mismo grupo concentra el 8,3 % de la renta total de esta economía (Arcarons y Raventós, 2024).
Si Wilkinson y Pickett, entre otros, tienen razón en que lo que enferma a una sociedad es el gradiente de desigualdad, y no solo la existencia de un mínimo garantizado, entonces una renta básica sin techo en la parte alta de la distribución dejaría ese gradiente “demasiado vivo”. Y si el republicanismo socialista tiene razón en que la gran riqueza es una forma de dominación con independencia de cómo se reparta la pobreza, entonces ningún suelo, por generoso que sea, resuelve el problema por sí solo. Se necesita un techo. La renta básica ataca la falta de control desde abajo; la renta y la riqueza máximas atacan el exceso de poder desde arriba debido a la acumulación de riqueza. Es la misma lógica aplicada a los dos extremos sociales: a los que no tienen la existencia garantizada y a los que la tienen de forma desproporcionadamente opulenta. Es Wilkinson (2020) que finaliza uno de sus libros con esta contundente sentencia: “las dimensiones importantes del entorno social para el bienestar humano son la libertad, la igualdad y la fraternidad”. Lo que suena como música genuinamente republicana.
(Agradezco a Julio Rozas los comentarios que me ha hecho llegar de este artículo, incluidos los realizados mientras dábamos buena cuenta de excelentes comidas, aunque la responsabilidad del resultado con los errores que pueda haber es solamente mía).
Referencias
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[1] Rechazar esa dicotomía no implica negar que la ciencia sea una actividad social, cosa evidente. Las condiciones sociales influyen en qué se investiga, con qué muestras, con qué prioridades y quién lo financia, y las desigualdades pueden dejar huella en las herramientas mismas de la investigación (como se verá más adelante con la pangenómica). Ahora bien, una cosa es el contexto en que se produce el conocimiento y otra su validez: que una teoría surja de ciertos intereses, o que sea usada políticamente, no decide si es verdadera ni falsa, y por eso la crítica ideológica no puede sustituir a la evaluación de la evidencia (inferir la falsedad o la verdad de una teoría por su origen es incurrir en la llamada falacia genética, que no tiene que ver con los genes, sino cuando se juzga la validez, verdad o calidad de una idea, persona, objeto o institución basándose únicamente en su origen, su causa inicial o quién la creó). Lo que debe rechazarse es la idea de que existan métodos o ciencias propios de una clase, un sexo, una raza o un “sistema”. El caso paradigmático es la contraposición entre “ciencia burguesa” y “ciencia proletaria” (Raventós, 2003: 144) promovida en la URSS en pleno estalinismo, que sirvió para perseguir a genetistas (como es el caso destacado de Nikolái Vavilov, que murió de hambre en la prisión de Saratov en 1943 a los 55 años) y para frenar la genética durante décadas, cuando el delirante lysenkismo se impuso como doctrina oficial del estalinismo. La física “aria” promovida en la Alemania nazi, frente a una supuesta física “judía”, es otro ejemplo de la misma lógica. En ambos casos se sustituyó la contrastación empírica por una etiqueta política. Rechazar estas aberraciones que poco tienen que ver con la ciencia es compatible con reconocer que los valores influyen en la elección de problemas y en algunos supuestos de fondo, como ha señalado buena parte de la epistemología feminista, sin que ello implique una “ciencia femenina”.
[2] Sapolsky despliega esta idea en una secuencia que va de fracciones de segundo a millones de años (esquema elaborado a partir de Sapolsky, 2017 y 2024). Los niveles se solapan y no forman una cadena lineal, sino una red:
Segundos o milisegundos antes: actividad de la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo; disparo de neuronas concretas y liberación de neurotransmisores.
Minutos a horas antes: niveles hormonales (cortisol, adrenalina, testosterona), hambre, sueño, estrés agudo y estado inmediato del entorno (ruido, olores, presencia de otras personas).
Días a semanas antes: ritmos circadianos, calidad del sueño acumulada, enfermedades leves y experiencias recientes que alteran el estado de ánimo.
Meses o años antes: experiencias significativas, estado emocional sostenido, plasticidad neuronal (nuevas sinapsis, hábitos aprendidos) y efectos del estrés crónico.
Infancia y adolescencia: crianza, apego, trauma, nivel socioeconómico y maduración de la corteza prefrontal, que se prolonga hasta la veintena (la cifra de 25 años es aproximada). Las conductas arriesgadas de la adolescencia se atribuyen además a una mayor sensibilidad del sistema de recompensa, no solo a esa inmadurez.
Vida fetal: exposición hormonal y nutricional en el útero y estrés materno, que modifican el desarrollo del cerebro antes de nacer.
Genética: la combinación concreta de variantes heredadas de los padres y su regulación epigenética, es decir, cómo el entorno modula la expresión de los genes sin cambiar la secuencia. Actúa a lo largo de toda la vida, no solo en un momento.
Generaciones anteriores (décadas a siglos): el entorno y el trauma de padres y abuelos condicionan la crianza y el entorno intrauterino. Que ese condicionamiento se transmita también por vía epigenética a través de generaciones es, en humanos, una hipótesis con evidencia limitada y muy discutida.
Cultura (siglos a milenios): tradiciones, religión, normas sociales y lenguaje. Se ha propuesto, por ejemplo, que un pasado pastoril o agrícola, o más individualista o colectivista, deja huella en las actitudes actuales, pero son hipótesis debatidas y no siempre replicadas.
Evolución (miles a millones de años): la selección natural que moldeó el genoma humano y las predisposiciones comunes de nuestra especie.
La cultura influye en la crianza, la crianza en la neurobiología y la evolución en la capacidad misma de tener cultura. Por eso Sapolsky insiste en que no puede aislarse una capa como “la causa”.
Su negación del libre albedrío no implica un determinismo genético, ni afecta a la libertad republicana, a la que me refiero al final de este artículo, que no depende de si nuestras decisiones son el resultado de causas previas, sino de que nadie esté sometido a la voluntad arbitraria de otro.
Doctor en Economía. Profesor titular del departamento de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es presidente de la Red Renta Básica y editor de Sin Permiso.Fuente:
http://www.sinpermiso.info, 18-10-2026
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