Pensionistas de todo el país se movilizan en Madrid para luchar contra la privatización del sistema público: «Nos estamos jugando el futuro»

Este sábado se ha convocado una protesta para reclamar una subida de las pensiones y los salarios que permita enfrentarse al aumento del coste de la vida y contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo.

Manifestación por las pensiones públicas, en Madrid.Juan Barbosa / Europa Press ARCHIVO
  • Las declaraciones de miembros de PP y Vox sobre la insostenibilidad del sistema público provocan «preocupación» entre los manifestantes a poco más de un mes de las elecciones.

Madrid-23/10/2026 21:31

Las pensiones vuelven a protagonizar la agenda política y mediática. A poco más de un mes de las elecciones, la precampaña ha puesto en entredicho la sostenibilidad del sistema público. En este convulso contexto, pensionistas de todo el país viajan este sábado a Madrid para exigir prestaciones que se adecuen al creciente coste de la vida y frenar los intentos de privatización. «Es de justicia social», resume Damián Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), una de las plataformas convocantes. A partir de las 12.00 horas, la protesta recorrerá el centro de la capital desde Atocha hasta la calle Alcalá.

A pesar de las revalorizaciones anuales, COESPE denuncia una pérdida de poder adquisitivo marcada por la «inflación disparada» y la subida de los precios de los productos básicos. Rodríguez explica que hay hogares que viven una «precariedad enorme». Aunque la pensión media por jubilación en España es de 1.574 euros, más de un tercio de los jubilados —2,4 millones de personas— cobra menos de 1.000 euros, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

«Estamos a final de mes y [la pensión] no llega», resume Rodri (Ontiyent, València; 67 años), portavoz de la Coordinadora de Pensionistes de la Vall d’Albaida que este sábado viaja hasta la capital en autobús para exigir unas prestaciones dignas. Como él, cientos de personas se han organizado desde Zaragoza, Mérida o Gijón. «Nos estamos jugando el futuro», asegura Rodríguez.

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El IPC no contrarresta el aumento del coste de la vida

El Gobierno de coalición liderado por Sánchez ha llevado a cabo en los últimos años diversas reformas. En 2021 eliminó el «factor de sostenibilidad», creado por el Gobierno Rajoy en 2013 para ajustar las prestaciones de jubilación según la esperanza de vida, y aprobó la revalorización anual de las pensiones según la tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Sin embargo, COESPE entiende que las revalorizaciones anuales no corresponden con el aumento real del coste de la vida. «Todo esto es mucho más caro que el IPC oficial», explica la coordinadora, que menciona la subida de gastos como la electricidad o alimentos frescos como la carne o el pescado. «Esta pérdida es devastadora. Cada vez se empuja a más personas mayores, trabajadoras y trabajadores hacia el umbral deC pobreza«, añade.

La subida de los precios lleva a personas con pensiones bajas a «incluso tener que acudir a centros como Cáritas donde dan comida», explica Félix Martínez (Zaragoza, 73 años). Como portavoz de COESPE en Aragón, confiesa que hay personas pasándolo «bastante mal» debido a las prestaciones bajas que reciben.

Ana Pérez, portavoz de COESPE en Madrid, recuerda una conversación reciente en la que una pensionista explicaba que ya no pone la calefacción debido al «desmesurado» coste de la factura. «Es triste, pero es real», admite.

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Cuando llegan los últimos días del mes, en el hogar de Rodri también van al supermercado «contando cada céntimo». «Esta semana lo hemos vivido en casa. Hay que ir viendo qué puedes comprar y qué no«, confiesa. A la subida de los precios se añaden cuestiones como la crisis de la vivienda, que también acaba golpeando a las personas mayores.

Ante esto, Rodríguez explica que la manifestación de este sábado exige una subida del 6% en 2027 que permita contrarrestar el aumento del coste de la vida. Además, el portavoz destaca que la lucha no se limita solo a las pensiones.

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La pérdida de poder adquisitivo de los salarios también es un eje central en la manifestación de este sábado. Junto con los sindicatos, COESPE pide un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 7%, alcanzando los 1.307 euros al mes en 14 pagas.

Las pensiones bajas tienen rostro de mujer

La brecha de género afecta en todos los aspectos de la vida, incluido en las pensiones. En agosto de 2026 la pensión media de jubilación de las mujeres fue de 1.267,48 euros. La de los hombres, de 1.795,65 euros, un 29,4% más.

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«Nuestro mercado laboral siempre ha sido mucho más precario y de ahí nuestros salarios», resume Pérez. «Nos han faltado siempre años de cotización porque hemos tenido trabajos feminizados que se han pagado y cotizado menos», añade. La pensión acaba reflejando todas esas desigualdades históricas.

Manifestación por las pensiones públicas en Madrid.

«Salvo que tengas una pensión máxima, que no es en el caso de la mayoría de las mujeres, cuesta mucho mantener la casa, sobre todo para las que vivimos solas», explica la portavoz.

Por ello, Pérez resalta la importancia de exigir que los trabajadores y las trabajadoras reciban sueldos dignos. «Cuando pedimos un aumento de los salarios, es precisamente para que no se vean en la situación que nosotras tenemos», declara.

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Más allá de las pensiones por jubilación, las prestaciones por viudedad —recibidas mayormente por mujeres— se sitúan en 976 euros de media al mes. «¿Tú crees que con eso se paga la vivienda, la luz, los alimentos…?», se pregunta indignado Rodri.

El temor a la privatización del PP y Vox

Las elecciones del 29N han puesto las pensiones en el centro de la conversación pública. Para COESPE, las recientes declaraciones de miembros del Partido Popular y Vox alegando la insostenibilidad del sistema público han dejado claro de qué lado están: «Defienden los intereses de la banca y los grandes capitalistas». Rodríguez denuncia que su objetivo es que el «pastel» de los miles de millones de euros que el Estado dedica anualmente a las pensiones –en 2025 fueron más de 189.500 millones– acabe en «fondos privados».

En Vox muestran su posición sin paliativos. «El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado», llegó a asegurar su diputado José María Figaredo en una entrevista en El Debate. Mientras tanto, el PP tratan de deshacer el caos causado el pasado 14 de octubre por la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, que advirtió de que el sistema «va a petar». La popular pidió medidas «valientes» para reformarlo. Poco después, Alberto Núñez Feijóo salió públicamente asegurando que las pensiones no son negociables.

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Damián Rodríguez (COESPE): «Quieren cambiar el sistema de reparto intergeneracional que funciona en España desde hace décadas»

«Están enseñando su verdadera cara», asegura Rodríguez. Según él, las políticas del PP y Vox buscan «congelar las pensiones» y llevar el sistema público a un «nivel de beneficencia» que «arruinaría la vida de millones de pensionistas». «Quieren cambiar el sistema de reparto intergeneracional que funciona en España desde hace décadas», explica.

COESPE denuncia que el planteamiento de la insostenibilidad del sistema público es «completamente falso». Además, asegura que el planteamiento de privatizar las pensiones a través de planes individualizados o colectivos no cuenta con garantías estatales.

En España ya contamos con ejemplos. Desde 2023, el sector de la construcción tiene un plan colectivo que complementa las prestaciones públicas y al que están adheridas unas 100.000 empresas. Rodríguez recuerda que la rentabilidad del plan actualmente es muy baja –en 2025 fue del 1,98%-.  «Las ganancias de las entidades financieras y los gestores de esos planes privados es enorme en relación con las pocas ganancias» que llegan a las personas que obtienen la prestación. «Es ridículo», sentencia.

El «miedo» a la privatización moviliza a los pensionistas

Las declaraciones incendiarias del PP y Vox han tenido, al menos, algo positivo: el aumento de la movilización. Las manifestaciones estatales para exigir pensiones dignas llevan realizándose cada octubre en Madrid desde hace cinco años, pero en esta ocasión COESPE cree que la afluencia será mayor debido al «miedo» provocado por las palabras de la derecha española, que podría gobernar el país tras las próximas elecciones.

«Todos sabemos que si entra al Gobierno [la derecha] van a haber recortes para todos y de todas las formas«, explica Rodri, que confiesa que en su entorno la situación se está viviendo con preocupación.

La movilización ha llegado incluso fuera del Estado español. En un contexto en el que las protestas frente al aumento del coste de la vida están recorriendo toda Europa, Rodríguez asegura que han recibido el apoyo de plataformas y representantes de los pensionistas en países como Francia, Alemania, Chile o Argentina.

Rodri tiene claro que los pensionistas se van a manifestar en Madrid por muchas causas más allá de las pensiones. Los salarios, la brecha de género, el deterioro de la educación pública o la privatización de la sanidad también los llevan hasta la capital: «Ningún derecho de los que se han conseguido con tanto sudor y lágrimas se puede perder».

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Lidia Narbona

Lidia Narbona

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La acampada de Sol afronta su final mirando hacia los barrios tras un mes de movilizaciones por la vivienda

Las manifestantes llegan ya a su cuarto sábado en el kilómetro cero de Madrid, donde organizan varias actividades, formaciones y cuidados. La asamblea prepara un manifiesto para darle un final simbólico.

Acampada por el ‘Decreto Maricarmen’ en la Puerta del Sol.
Acampada por el ‘Decreto Maricarmen’ en la Puerta del Sol.Gabriel Luengas / Europa Press

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Vitoria-Gasteiz-23/10/2026 21:30-Actualizado a23/10/2026 23:27

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid cumple su cuarto sábado. Ha pasado un mes desde que el desahucio de Maricarmen inspirara la rabia que inundó las calles en una manifestación masiva. La convocatoria de aquel 26 de septiembre culminó con las primeras tiendas de campaña en la concurrida plaza. Hoy son más de 1.500 las que componen la pequeña ciudad del campamento. Y no son pocos los logros que se han alcanzado desde entonces. La protesta se ha exportado a lo largo y ancho del Estado español y también del continente europeo. Los sindicatos mayoritarios han convocado la primera huelga general en casi tres lustros y unas elecciones generales se encuentran a la vuelta de la esquina.

Esta nueva urbe cuenta con calles, plazas y avenidas, además de carpas donde se celebran charlas, formaciones y talleres –ejemplo de ello es Uni en la calle, donde diferentes docentes celebran clases abiertas–. También hay diferentes puntos de servicio o información para atender las necesidades de las personas acampadas y de simpatizantes que apoyan la iniciativa. La acampada cuenta con el soporte de múltiples organizaciones con una cimentada base ideológica, como Anticapistalistas, Contracorriente, el Sindicato de Estudiantes, la Coordinadora Juvenil Socialista o el Sindicato de Inquilinas. Todo ello ha propiciado que la concurrida plaza se haya convertido en una comunidad que trabaja en armonía por el acceso a una vivienda digna, una educación y otros servicios públicos de calidad y, en general, por una vida mejor.

¿Cuándo desacampar?

De manera horizontal, también se ha construido una asamblea: la Acampada 26S, que se reúne prácticamente todos los días para dilucidar cómo proseguir con el campamento y garantizar que el movimiento no se limita a Sol, sino que llega a todos los barrios. Una pregunta emerge en la mayoría de reuniones: ¿Hasta cuándo? Las campistas saben que el proyecto no puede mantenerse in aeternum, pero el momento de desescalada es todavía una quimera. ¿Aguantar hasta la huelga general?, ¿tratar de superar al 15M?, ¿continuar como apoyo mientras duren las acampadas en el resto del Estado?, ¿o, por el contrario, trasladar cuanto antes los esfuerzos a los barrios?, ¿poner los recursos que mantienen las tiendas de campaña en garatnizar que el 11N es verdaderamente combativo?

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Alejandra es estudiante y comenzó a acampar el domingo 27 de septiembre en la bautizada plaza Marika por Maricarmen. Estuvo presente de manera muy activa durante las primeras dos semanas. Esta última no ha dormido en Sol, aunque sigue asistiendo a asambleas y otras actividades que tienen lugar a lo largo del día. Ha decidido desmontar su tienda de campaña este fin de semana. «Es un desgaste mental muy grande», declara a Público. Indica que el campamento ha avanzado a un ritmo acelerado y los objetivos políticos actuales rebasan los objetivos iniciales de la iniciativa, que comenzó por el desahucio de Maricarmen. «Me meteré en el sindicato de mi barrio, creo que tenemos que llevarnos la acampada a nuestras calles«, defiende.

En la asamblea extraordinaria que Acampada 26S celebró el pasado 15 de octubre, las personas presentes decidieron seguir con la instalación sin una fecha límite. Las manifestantes votaron a favor de crear una comisión política que elabore un manifiesto que sirva de hoja de ruta para organizar primero una desescalada gradual y consensuada y, posteriormente, un acto final que convierta esta acampada en un símbolo. La organización publicó este lunes en sus redes sociales la propuesta metodológica para la redacción del texto. El objetivo es aunar todas las sensibilidades para que todo el mundo esté representado en el documento.

Solidaridad internacional y entre luchas

Las campistas siguen muy de cerca todo lo que la iniciativa ha inspirado dentro y fuera de las fronteras del Estado. El proyecto ha sido replicado en Portugal, tanto en Lisboa como en Faro y Oporto. Sin embargo, la Policía cargó contra las manifestantes de estas ciudades en la madrugada de este martes para desalojarlas. En la capital crearon un cordón humano para proteger la protesta, mientras que en Oporto lograron expulsar a las activistas, dejando varias personas heridas y decenas de detenciones. Pese a ello, la ciudadanía portuense decidió recuperar la acampada este jueves, aunque en esta ocasión sin tiendas de campaña.

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«Queremos brindar todo nuestro apoyo a nuestres compañeres portugueses, que están luchando como nosotres por el derecho a una vivienda digna«, comunicaron ante lo ocurrido desde la Acampada 26S. «El derecho de manifestación es uno de los derechos recogidos en la Declaració Universal de los Derechos Humanos», defendieron, y citaron también el derecho de reunión y manifestación recogido en la Constitución portuguesa de 1976. «Manifestamos nuestro enérgico rechazo ante los actos de represión, hostigamiento y violencia ejercidos por las fuerzas y cuerpos de represión del Estado», añadieron. Denunciaron además que la brutalidad policial «supone un grave retroceso democrático que degrada nuestras libertades públicas».

La mirada está también puesta en los diferentes conflictos que afloran dentro del Estado español. Es el caso de las educadoras infantiles, en huelga desde el pasado mes de abril, que se acercan a la acampada para apoyarla y al mismo tiempo reivindicar sus derechos. «Estamos aquí apoyando el resto de causas», explica una de las huelguistas, en alusión a las inquilinas, sanitarias o bomberos forestales, entre otras profesiones en lucha. De igual manera, la acampada de Sol acogió este viernes un comunicado de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Esta defendió que «la vivienda es salud». De igual modo, el sindicato médico AMYTS anunció también varias jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales en la Comunidad de Madrid. La miniurbe del kilómetro cero ha servido así para concentrar toda una serie de reivindicaciones que responden a una necesidad de acabar con el malestar social.

El camino hacia la huelga general

Todo ello está presente en Sol, la cuestión es de qué manera puede seguir vivo en el momento de la desacampada. Mientras se delibera cuándo debe llegar este momento, parte de las tareas también están puestas en el camino hacia la huelga general. Se trata de una convocatoria histórica, la primera que los sindicatos mayoritarios secundan en casi tres lustros. Organizaciones como Anticapitalistas, Contracorriente, el Sindicato de Inquilinas o la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) han comenzado ya los preparativos para la que esperan que sea una jornada combativa.

El Sindicato de Inquilinas pone al servicio de la ciudadanía asesoría para montar comités de huelga en los espacios de trabajo. Quien lo necesite puede contactarles por correo electrónico o a través de redes sociales para recibir toda la información necesaria. También CJS –y otras organizaciones del Movimiento Socialista– realiza actos para explicar su lectura del 11N y asegurar que el contenido de la huelga tiene una reivindicación explícita de clase y por el acceso a la vivienda. Este viernes celebró un encuentro en Villaverde (Madrid) bajo el lema «Contra el rentismo, el Gobierno y el capital«.

Las labores de la huelga comienzan ya y se mantendrán con fuerza de cara al 11 de noviembre. Pero las organizaciones esperan que no se quede solo en esa fecha, sino que vaya más allá. En este sentido, comparte la misma estructura que la acampada de Sol. El objetivo es trasladar el espíritu de lucha a todos los barrios y todos los días. Por esta misma razón, después de un mes alojado en el kilómetro cero, el campamento de Madrid coordina una desacampada ordenada y que tenga un final a la altura de todo lo conquistado hasta ahora.

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Adhik Arrilucea

Adhik Arrilucea

Redactor de Ciencias, Medio Ambiente y Animalismo.

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