Paraguay: tragedia neoliberal
El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue puesto en arresto domiciliario ayer, minutos después de que el Congreso lo destituyera mediante un juicio político exprés. El mandatario de ultraderecha había presentado su renuncia, pero los legisladores la rechazaron porque aceptarla lo habría convertido de forma automática en senador vitalicio con fuero
07 de noviembre de 2026 08:24
El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue puesto en arresto domiciliario ayer, minutos después de que el Congreso lo destituyera mediante un juicio político exprés. El mandatario de ultraderecha había presentado su renuncia, pero los legisladores la rechazaron porque aceptarla lo habría convertido de forma automática en senador vitalicio con fuero.
La caída de Peña se produjo en apenas tres días desde que el Banco Central interviniera Ueno Bank y de que éste cerrara, dejando a millones de personas sin acceso a sus ahorros, salarios, jubilaciones e inversiones. En pocas horas, la quiebra de la entidad financiera se reveló como el resultado de una cadena de decisiones corruptas y fraudulentas en perjuicio de los 3 millones de clientes, más de 60 por ciento de la población adulta del país.
Para entender la magnitud de la estafa urdida mediante el contubernio del ex presidente con el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, es preciso remontarse al inicio de su asociación. En marzo de 2019, Peña se convirtió en el cuarto mayor socio de Credicentro Saeca, firma de créditos personales y corporativos que luego se convirtió en Ueno Holding, a su vez parte de Grupo Vázquez, emporio familiar iniciado por el padre de Vázquez Villasanti. En julio de 2022, su participación accionaria creció 400 por ciento, y en agosto de 2023, ya como titular del Ejecutivo, hizo una nueva inversión. Ese mismo mes, puso al frente del Banco Central de Paraguay (BCP) a Carlos Carvallo, quien días antes todavía trabajaba como presidente de Ueno Holding. Un mes después de tomar posesión, Peña entregó a Financiera Ueno el equivalente a 202 millones de pesos en fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). En noviembre, Carvallo autorizó el inicio de operaciones de Ueno como banco. El presidente siguió siendo accionista de la entidad hasta 2025, cuando un escándalo mediático lo forzó a vender su participación.
La transferencia de fondos públicos a los Vázquez continuó hasta convertirse en un desfalco mayúsculo para una economía tan pequeña (su PIB es de 49 mil 278 millones de dólares, 36 veces menos que los 1.83 millones de millones de dólares de México). Para el momento del desplome, 5 billones de guaraníes (alrededor de 15 mil millones de pesos) del Estado quedaron atrapados sin posibilidad cierta de recuperación. De ese monto, dos terceras partes correspondían al IPS.
El gobierno de Peña hizo todo para provocar el desastre. Autorizó a Ueno adquirir un banco con una cartera incobrable de 300 millones de dólares, otra cantidad exorbitante en ese país. Cambió el reglamento de inversiones del IPS para que depositara sus fondos en entidades con baja calidad crediticia. Volvió a modificarlo para eliminar el patrimonio mínimo de las instituciones a las que se confiaba el dinero de los jubilados. Cuando alcanzó el tope de 10 por ciento del capital del IPS que puede ponerse en un solo banco, hizo que otros organismos del Estado le inyectaran liquidez, en una maniobra que sólo puede entenderse como un intento de aplazar la quiebra. En septiembre hizo que el Congreso pasara una ley para eliminar el citado techo del reglamento del IPS.
Por su parte, Vázquez Villasanti operó Ueno Bank como una verdadera máquina de pillaje. Su método de captación de clientes se diferencia poco de una estafa piramidal, como quedó demostrado con su quiebra, pero además usó los fondos públicos para otorgar préstamos a otras empresas de su mismo conglomerado. Como Ueno se encuentra registrada en Luxemburgo, una jurisdicción denunciada como paraíso fiscal, es posible que nunca se sepa dónde está el dinero desviado del patrimonio de más de la mitad de los paraguayos.
No es casual que el modus operandi de Grupo Vázquez recuerde a la privatización, quiebra y posterior conversión de los pasivos de la banca en deuda pública durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo: como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estos delitos de cuello blanco son la consecuencia directa y previsible de permitir la mezcla del poder político con el económico.
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