El 11N en el contexto del Otoño caliente del 26
Los medios importan. Lo tiene muy claro Feijoo cuando ha utilizado a los muertos del accidente del AVE para exigir a los sindicatos que desconvoquen la huelga general del 11 N, respaldado por la patronal. Sobre las cuestiones que llevan a la convocatoria de la huelga, ni una palabra. Ni sobre la vivienda, ni sobre el coste de la vida y los salarios, ni sobre la paralización del acuerdo marco de la negociación colectiva (AENC), ni sobre la gestión de bajas y altas laborales por las mutuas en vez de la sanidad pública. Pero tampoco son partidarios ni el PP ni la CEOE de la subida por decreto del salario mínimo interprofesional en 2027 un 5,3%, hasta los 1.286 euros, no cotizables en el IRPF, anunciada por el gobierno progresista.
Gustavo Buster Sin Permiso
07/11/2026
La convocatoria de la huelga general del 11 N, como de las elecciones generales del 29 N, nacieron como respuesta al éxito del bloqueo legislativo de PP, Vox y Junts. De la paralización de la Ley de la Vivienda por las Comunidades Autónomas del PP, de los “decretos Maricarmen” contra los desahucios -impulsados por la acampada de Sol y el Sindicato de Inquilinas-, del bloqueo de la negociación colectiva por la CEOE a la espera de un gobierno reaccionario. El poder adquisitivo desde la Covid ha perdido un 4,6%: la subida media de los salarios del 16% se ha visto desbordada por una subida de los precios del 22% entre 2020 y 2026. A esta erosión del nivel de vida general hay que añadir una segunda vampirización de rentas a través de los alquileres, que han subido un 27% en los últimos cinco años y un 94% en los últimos diez años. Más de un 30% de los hogares viven de alquiler, los sectores más precarios, y el 61% no llega a fin de mes tras pagarlo.
En un contexto macroeconómico de mayor crecimiento de la economía española que las de la OCDE y la UE, con un récord de población activa trabajando, la gestión microeconómica de los hogares se lleva a cabo por una cuarta parte de la población en los márgenes de la pobreza y la exclusión social (25,7%), con la mayor tasa de riesgo de pobreza infantil de la UE (33,2%). De hecho, el poder adquisitivo de los hogares en España sigue estando un 92% por debajo de la media de la UE.
Pero todo esto es conocido, así como las medidas del gobierno progresista: subida del SMI, aumento de subvenciones, incremento del gasto social, sucesivos reales decretos sobre los topes de los alquileres desde 2020 hasta el RD-Ley 29/2026…Pero la mejor prueba de su carácter coyuntural, ha sido su rápida erosión por las condiciones estructurales del mercado capitalista. El malestar social, el pesimismo recogido en todas las encuestas, ha ido dando paso a la conflictividad social. Si en 2025 hubo 382.700 jornadas de trabajo perdidas en huelgas y protestas, entre enero y agosto de 2026 esta cifra se ha triplicado hasta 1,37 millones, superando el máximo de 2012, en el pináculo del ciclo de protestas de la Gran Recesión, la crisis financiera, y la austeridad del PP de Rajoy. Mientras la administración central ha visto sus sueldos revalorizados, tras once años de congelación, la educación y la sanidad públicas, dependientes de las comunidades autónomas han visto degradarse sustancialmente sus condiciones de trabajo y, ante el bloqueo negociador de la CEOE, se han ido sumando los sectores con convenios colectivos (Airbus, metal, banca…). La densidad sindical y las tradiciones cuentan: el 35% de la conflictividad laboral se concentra en Cataluña y el 17,4% en Euskadi.
El “Otoño caliente del 26” europeo
Entre el 15 de septiembre y el 7 de noviembre, de acuerdo con los datos de PolDem, el número de protestas y manifestaciones en Europa ha superado las 220, por encima de las 190 del período 2010-2012. Miguel Salas intentó recopilar a mediados de octubre una primera lista de luchas por la vivienda en España y Portugal, contra la economía de guerra en Alemania, contra la carestía y por la educación pública en Irlanda, Italia y Francia, contra la corrupción en Albania y Serbia…Incluso la crisis migratoria de Ceuta puede ser interpretada como una continuación de las manifestaciones de la generación Z en Marruecos en 2025, más allá de manipulaciones políticas nacionalistas. Hemos intentado en SP aportar información y análisis caso por caso, que se pueden consultar en las ediciones de estas últimas semanas.
Tras el éxito y la masividad de la huelga del 5 N en Francia, el Otoño caliente del 26 se prolonga en una cadena de convocatorias: 11 N en España, 20 N contra la guerra en toda Europa, 21 N en Italia, 23 N en Bélgica. Y sin duda habrá más convocatorias, a medida que su éxito consolide un ciclo de protestas europeo que, además, se hace y encuentra eco en las que se están produciendo en la India, Bangladesh, Indonesia, Argentina, Bolivia…y las grandes movilizaciones electorales en Brasil, con la remontada de Lula, y en las de medio mandato de EEUU, con la perdida de Trump del control del Senado y la Cámara de Representantes.
Cualquier aproximación a esta oleada global de luchas de 2026 establece conexiones inmediatas con las grandes movilizaciones de Egipto y Grecia de 2011, con Occupy Wall Street en EEUU, con el 15-M de los indignados de Sol y el 1 de octubre soberanista catalán, con los “chalecos amarillos” franceses de 2018 y con la erupción de protestas de la generación Z en los últimos años. De hecho, contamos ya con los primeros estudios de esta genealogía de ciclos sucesivos de protestas que han estado marcadas por la Gran Recesión de 2007-08, la Crisis del Euro de 2011-12, la crisis de refugiados desde 2015, la crisis de la Covid y la posterior crisis de la carestía de vida como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y la guerra contra Irán. En el dirigido por Oana, Kriesi y Altiparmakis, referido a 30 países europeos para el período 2000-2021, lo que emerge es la modificación de actores y formas de protesta en adaptación a los propios cambios estructurales y políticos en las tres grandes crisis capitalistas acumulativas del siglo XXI.
En general, concluyen que los tres ciclos de protestas que identifican entre 2000 y 2021 fueron disminuyendo en intensidad, con picos pronunciados por protestas específicas, a pesar de la acumulación creciente de malestar social y pesimismo. Fue así por la implicación de actores institucionales (el cambio de las políticas de la UE de la austeridad de 2008-2012 al giro de los fondos Next Generation de 2020-2025), y de los propios participantes en las protestas, que estuvieron marcadas inicialmente por los “indignados” y la aparición posterior de la extrema derecha y las movilizaciones xenófobas contra emigrantes y refugiados, para dar paso en paralelo a una reactivación progresiva de los conflictos sindicales, que se incorpora a las protestas más masivas contra la carestía de la vida, que enlazan con el actual ciclo de movilizaciones.
Ligado a la gestión del gasto público, las fronteras entre los social y lo público, entre la protesta de la sociedad civil y la movilización electoral, con la búsqueda de rentabilización de los partidos políticos, se entrelazan. Movilizaciones como el 15-M o los Chalecos amarillos van a definir nuevos espacios políticos en los que crecen Podemos o La France Insoumise. Pero también las movilizaciones contra los refugiados y migrantes son el terreno de cultivo del ascenso de la extrema derecha. La polarización es doble, social -por la erosión continua de las capas intermedias de ingresos- y política, por la crisis del bipartidismo de alternancia y el surgimiento de bloques alternativos de derecha e izquierda, con una influencia creciente de la extrema derecha en la derecha conservadora y la crisis de la socialdemocracia europea.
El Otoño caliente del 26 tiene claramente un primer horizonte de proyección electoral en 2027 en la UE, en el marco de esta polarización y los debates sobre el presupuesto plurianual comunitario, la economía de guerra y la política emigratoria, con la prioridad declarada del ajuste del déficit mediante el recorte del gasto social. Antes del verano, las encuestas de la OCDE señalaban una marcada desconfianza frente a los poderes públicos del 31% de la población. Las elecciones se convierten en referéndums, como ha ocurrido ya en Serbia, y se plantea así el 29 N en España, en la primavera del 27 en las presidenciales francesas, y en Polonia, Italia, Letonia y la cadena de elecciones regionales en Alemania.
De nuevo hay que señalar la importancia del gasto público y de los diferentes intereses de clase en liza para su gestión, que se refleja en los debates en la movilización social de protesta y los procesos electorales. La media del gasto público en la UE es del 49% (con ingresos fiscales del 40%). Finlandia y Francia se sitúan cerca del 58%, Austria del 55%, Alemania e Italia del 51%, mientras que España está en el 45,3%. A la protección y el gasto social se destina el 41% del gasto público en la UE, con unos márgenes de deuda pública del 83%, producto de la crisis de la Covid. Pero que en el caso de Francia supera el 119% y en el de Italia y Grecia ronda el 140%. Como demuestra Polonia, con un rápido aumento de la deuda pública hasta el 65%, no es compatible el crecimiento de los presupuestos de defensa al 5% del PIB sin recortes sustanciales del gasto social y una nueva oleada de políticas de austeridad en el resto de los sectores.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, lo resumió en su reciente asamblea anual así: “Los países están desafiando la gravedad en todos los niveles de ingresos”. Sin duda, pero el eslabón débil de la resiliencia que se atribuye al sistema se está erosionando rápidamente por los sectores más pobres, que son los que necesitan, de entrada y a corto plazo, la regulación y la intervención del estado para asegurar niveles mínimos de vida en la policrisis, más allá de los problemas a medio y largo plazo de la deuda pública.
Tensiones geopolíticas en la Larga Depresión
La Gran Recesión y la crisis del euro de 2008-12 no solo tuvo efectos devastadores en la Unión Europea. Rusia, y en mayor medida Ucrania, sufrieron caídas en sus PIBs del -8% y -15%, respectivamente, como países exportadores de materias primas. Maidan, el fracaso de los acuerdos de Minsk y la anexión de Crimea y la guerra del Donbas en 2014 supusieron una huida hacia adelante que obligó a una reorientación geopolítica y a su conversión en economías de guerra.
La Primavera árabe de 2010-2011, que comenzaron en muchos casos como revueltas del hambre y contra la corrupción, derrocaron los regímenes neocoloniales de Tunez, Egipto, Yemen. Pero fue la intervención y partición de Libia, la campaña antiterrorista contra el Estado Islámico y la guerra civil de Siria lo que forzó una intervención imperialista generalizada para asegurar el control y los flujos de energías fósiles mediante los Acuerdos de Abraham y la normalización de relaciones de Israel con las petro-monarquías sunitas de la región. Su fracaso acabaría desencadenando el ataque del 7 de octubre de Hamas y el genocidio de Gaza.
Por si no fueran poco estos dos focos de conflicto geopolítico, en EEUU las clases dominantes desarrollaron un consenso bipartidista de poner coto al desarrollo económico de China, considerado el único desafío a su hegemonía regional en Asia-Pacífico y global, con una política de presión militar entorno a Taiwan y de competencia económica y financiera proteccionista, que ha ido estrangulando la globalización neoliberal.
La segunda administración Trump inició su mandato en enero de 2025 con el objetivo de llevar a cabo un “cambio de régimen global”, que asegurase las bases materiales de una hegemonía prolongada del nuevo bloque de clases dominantes de tecno-oligarcas, petroleros y financieros que habían financiado su campaña, tras el intento de golpe de estado contra Biden en 2021. En una continua caída tendencial de la tasa de ganancias desde 2006, que ha marcado la Larga Depresión de este siglo XXI, la utilización del predominio militar y geopolítico para asegurar su hegemonía han caracterizado un “capitalismo político” cuya última exigencia es el aumento del gasto militar al 5% del PIB, con su transferencia mayoritaria como renta militar a EEUU vía OTAN, y el mantenimiento de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.
Así que la conexión no puede ser más evidente. La nueva austeridad va de la mano de la economía de guerra y la gestión de los márgenes de la deuda pública de la prioridad del gasto armamentístico. Incluso se propone la reintroducción del servicio militar obligatorio en países como Alemania Y Francia, lo que, dada la tecnificación de las nuevas formas de combate, cuestiona su efecto práctico más allá de disciplinar a las nuevas generaciones, a las que se acusa de insumisión violenta al orden establecido.
En este Otoño caliente del 26 -más allá de las continuas movilizaciones en defensa de la causa palestina y contra el genocidio en Gaza del gobierno Netanyahu que lo han precedido y anunciado estos tres últimos años-, es significativo que hayan tenido este eje antimilitarista las movilizaciones estudiantiles en Alemania, la huelga de estibadores europeos del 30 de octubre y esté convocada una jornada de lucha europea contra la guerra el 20 de noviembre.
Cambiar la correlación de fuerzas
La huelga general del 11 N es el esfuerzo más decidido y consciente de cambiar a favor de las clases populares una correlación de fuerzas marcada por las elecciones de julio de 2023, que se ha ido erosionando en tres años de legislatura a través de la estrategia de la derecha y la extrema derecha de movilizaciones en la calle (de Ferraz a Ceuta…), acoso y derribo judicial y bloqueo de la acción legislativa y gubernamental. De lo que ocurra el 11 N dependerá sin duda si es posible una remontada a la brasileña en las elecciones generales del 29 N.
No es de extrañar, por lo tanto, que Feijoo, Abascal y Garamendi hayan exigido su desconvocatoria. Y es una señal de la polarización de clase que CCOO y UGT, junto a los sindicatos minoritarios, se hayan mantenido firmes en su convocatoria y hayan explicado lo que está en juego en sus exactos términos. La vida de la gente, su capacidad de organización para defender sus derechos, depende de que se cierre el paso a un gobierno reaccionario PP-Vox.
La victoria de Lula en Brasil, la pérdida del Senado y la Cámara de Representantes por los republicanos de Trump, con una importante contribución en la campaña de los candidatos demócratas socialistas, han reducido sustancialmente los márgenes de la ofensiva reaccionaria global. El Otoño caliente del 26 europeo es otro factor decisivo de la contraofensiva progresista en defensa de los derechos de las clases trabajadoras; el movimiento por la vivienda y la acampada en Sol han sido ya importantes contribuciones. Ahora se trata de masificar el movimiento, de enraizarlo no solo en los espacios ciudadanos de consumo sino también en los lugares de trabajo, en una nueva ola de sindicalización general, que ha iniciado el Sindicato de Inquilinas y la lucha de los enseñantes por la educación pública. Y proyectarlo políticamente con alianzas abiertas, para un control y utilización del gasto público que atenúe y revierta la redistribución de los ingresos hacia las clases dominantes -que ha acentuado la desigualdad a niveles sin precedentes- a favor de los intereses sociales de las mayorías.
El peligro de no hacerlo así es que la movilización, alimentada por el malestar y el pesimismo social, sea rentabilizada por la extrema derecha y la derecha extrema. Como ocurrió en 2004 -2005 contra las primeras medidas progresistas del gobierno Zapatero, como se repitió posteriormente en la vorágine españolista de 2019 contra las políticas del primer gobierno de coalición progresista en Cataluña y su continuidad en 2023 frente al gobierno PSOE-Sumar. Como han intentado los asedios durante tardes y noches de la sede del PSOE en Ferraz y de la presidencia del gobierno en Moncloa y la manipulación de la crisis migratoria de Ceuta en 2026 para alimentar el racismo y la xenofobia.
Si la respuesta es masiva, si crece la organización desde abajo y aumenta la sindicalización este 11 N, será posible cambiar la correlación de fuerzas, reforzar la resistencia a la derecha reaccionaria, asegurar la continuidad de la lucha por las reivindicaciones del 11 N y que las izquierdas remonten en las elecciones del 29 N.
Por eso ni Feijoo, ni Abascal, ni Garamendi son partidarios. Hay que cerrarles el paso.
Es co-editor de Sin Permiso.Fuente:
http://www.sinpermiso.info, 7 de noviembre 2026
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