Pistoletazo de salida para la recuperación real del derecho a la vivienda
Aprobación del real decreto de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.
Este fundamental RD de vivienda que se ha convalidado hoy da pasos de gigante para mejorar la situación habitacional de millones de personas en nuestro país.
Las medidas que se han aprobado incluyen, entre otras:
-Limitación de compra de vivienda por parte de los fondos buitre hasta finales de 2030.
-La prórroga de los contratos en vigor, que será de dos años para todos aquellos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
– Ampliación de la protección frente a los desahucios, que impide ejecutarlos a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
-Congelación de las subidas de alquiler, a un 0% por encima del índice de Vivienda.
-Préstamos de hasta 50.000 euros o el 20% del valor del inmueble, a interés cero y sin comisiones a aquellas personas que afronten la compra de su primera vivienda. Asimismo, se mantienen las nuevas deducciones para inquilinos con rentas medias y bajas.
-Subida del IVA a los pisos turísticos hasta el 10%. Se eliminan las ventajas fiscales de los alquileres turísticos de corta duración para favorecer el uso residencial de la vivienda.
-Fomento de movilización de vivienda vacía. Los ayuntamientos podrán poner más IBI a las viviendas desocupadas
-Más derecho de tanteo y retracto para las personas inquilinas
-Supresión de ventajas fiscales de las socimi. Pagarán un 25% de los beneficios no distribuidos, favoreciendo fiscalmente las carteras de alquiler asequible.
– Prórrogas extraordinarias para determinados inquilinos. En concreto, permite ampliar hasta un año los contratos de arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica y social
-Regulación de la publicidad de los alquileres, que obliga a incluir en los anuncios información relevante para los potenciales arrendatarios, como son los límites legales aplicables a la renta o la situación del inmueble en relación con las zonas tensionadas
-Refuerzo del papel de Casa 47, que adquirirá miles de inmuebles que actualmente pertenecen a la Seguridad Social. Además, las viviendas propiedad de la entidad estarán sometidas a límites de precio para evitar que puedan terminar vendiéndose por encima de los máximos establecidos para la vivienda protegida.
Finalmente, se introduce la más que necesaria reforma de los alquileres de temporada y por habitaciones. La norma establece que cualquier contrato temporal que no justifique de forma expresa y acreditada la causa de la temporalidad pasará a considerarse automáticamente un alquiler de vivienda habitual, quedando sometido a las mismas garantías y límites que el resto de los arrendamientos residenciales. El nuevo marco normativo también impide que la suma de los alquileres por habitaciones supere la renta que correspondería a la vivienda completa e introduce límites específicos en las zonas de mercado residencial tensionado para evitar que estas fórmulas se utilicen para sortear los controles de precios previstos por la legislación estatal.
Todas estas reformas y modificaciones son muy relevantes e imprescindibles para empezar a doblarle el pulso al rentismo pero no son todo lo que nos hubiera gustado conseguir. Esta modificación se queda muy corta en asuntos como los impuestos a las viviendas turísticas (inferior aún al 21% pedido), no atreverse con las declaraciones de Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) de manera subsidiaria por municipios, ni en expropiaciones, ni grandes tasas e impuestos al rentismo y los fondos buitres. Además, probablemente lo más sangrante sea la omisión de la regulación sobre los alquileres indefinidos (o automáticamente prorrogables), que vinieron de nuevo separados en el RD 28/2026, que lamentablemente decaía hoy.
Es también evidente que, a pesar de las críticas o las aspiraciones que tengamos, ha quedado demostrado que este tipo de medidas desafortunadamente se tienen que ver coartadas por la necesidad de su convalidación parlamentaria mediante el voto favorable de fuerzas de la derecha catalana y/o vasca, por lo que, en nombre del pragmatismo, se puede entender la tibieza de alguna de ellas.
También se puede entender, que, a la vez que conocemos los equilibrios de fuerzas, y que las fuerzas transformadoras de izquierda no han tenido mayoría suficiente en esta legislatura para cambiar todo lo que aspiramos a cambiar, el 29 de noviembre tenemos la oportunidad de dar el poder político a las personas y coaliciones que son lo suficientemente capaces y coherentes para conseguir la fuerza política en el Congreso de la que se ha carecido esta legislatura.
La vivienda, y el hogar, es un mínimo imprescindible para el desarrollo de la vida, sin el cual no podemos aspirar a construir ningún proyecto personal ni profesional. El 29 de noviembre es la ocasión perfecta para no sólo reforzar en los derechos y mejorar que se han conseguido hoy, sino profundizar y llegar a la raíz de los problemas; la mercantilización de la vivienda, la acumulación obscena y la turistificación y precarización de nuestros barrios.
Hoy ha supuesto el pistoletazo de salida para la recuperación real del derecho a la vivienda. El 29 de noviembre la sociedad española hablará democráticamente y conquistaremos los espacios políticos necesarios para garantizar que no haya más gente sin casas, ni casas sin gente.
(*) Técnico de IU en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados
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CC.OO. y UGT destacan el éxito de la Huelga y advierten de que el 11-N es el comienzo de una nueva etapa de movilización
Los sindicatos exigen que la vivienda, los salarios y los precios ocupen el centro de la agenda política y reclaman respuestas inmediatas a las demandas expresadas en la huelga general.
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12/11/2026
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Fuente: CC.OO.
«La movilización de hoy tiene que ser oída. El 11N no es el final de nada. Es el comienzo de una nueva etapa en la que el bienestar de la mayoría social, a la que no se le pueden pedir sacrificios para que se enriquezcan los de siempre, tiene que estar en el centro de la política. Ese es el lado correcto, y en él seguiremos». Con este mensaje concluyen CC.OO. y UGT su comunicado conjunto de valoración de la huelga general del 11 de noviembre, en el que califican la jornada de éxito y anuncian que mantendrán la movilización para conseguir que las reivindicaciones de vivienda, salarios y precios se traduzcan en medidas políticas concretas.
Ambas organizaciones expresan su «enorme satisfacción» por una convocatoria que, según señalan, ha superado las expectativas, pese a las dificultades meteorológicas y a las presiones empresariales y administrativas que denunciaron durante la jornada. Los sindicatos destacan que el seguimiento ha sido especialmente elevado en las zonas donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema más acuciante y en los sectores y empresas con mayor presencia sindical.
La huelga ha conseguido situar en el centro del debate público tres reivindicaciones que CC.OO. y UGT consideran inseparables: que la vivienda deje de ser un instrumento de especulación y se garantice como un derecho; que los salarios recuperen el poder adquisitivo perdido y permitan vivir dignamente; y que se adopten medidas para controlar los precios y hacer que la bonanza económica alcance al conjunto de la población.
Denuncias por los servicios mínimos y las cargas policiales
Las organizaciones sindicales vuelven a denunciar los servicios mínimos que consideran abusivos, especialmente los establecidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo que intervenir de urgencia para suspender cautelarmente las dotaciones fijadas en Justicia, Educación y determinados transportes, sustituyéndolas por las aplicadas en la huelga general de 2012. Para CC.OO. y UGT, que los tribunales tengan que corregir la actuación del Gobierno autonómicode de Isabel Díaz Ayuso evidencia su falta de respeto al derecho constitucional de huelga.
También denuncian las actuaciones policiales desproporcionadas en diferentes ciudades, con especial referencia a las cargas y al empleo de gas pimienta contra los piquetes informativos en Madrid. Los sindicatos habían anunciado que estudiarían acciones judiciales para esclarecer estos episodios y exigir responsabilidades.
CC.OO. y UGT destacan asimismo la dimensión social de la movilización, que, a su juicio, ha trascendido las reivindicaciones estrictamente laborales. El comunicado menciona a los jóvenes que quieren emanciparse, a las personas mayores que ven amenazadas sus pensiones y a quienes necesitan prestaciones por incapacidad temporal para recuperarse de una enfermedad. También reivindica la defensa de los servicios públicos como parte de una misma lucha por unas condiciones de vida dignas.
La vivienda, primera exigencia a las fuerzas políticas
El comunicado reclama a las fuerzas políticas, a las administraciones con competencias en vivienda y a las organizaciones empresariales que atiendan las demandas expresadas en la huelga. El primer examen, señalan, debía producirse este jueves, 12 de noviembre, con la votación de los dos reales decretos-leyes de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.
En materia salarial, CCOO y UGT reclaman medidas para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación y exigen a las organizaciones empresariales que se sienten a negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Consideran que la mejora de los indicadores económicos debe traducirse en mejores condiciones de vida y no concentrarse en los beneficios empresariales.
La unidad sindical y social es otro de los elementos que las organizaciones destacan como resultado de la huelga. Ambas reivindican el trabajo conjunto realizado desde la convocatoria hasta las manifestaciones y agradecen la colaboración del resto de organizaciones sindicales y sociales, especialmente del Sindicato de Inquilinas.
«La unidad ha sido la gran fortaleza de esta jornada y es la mejor garantía de que la demanda que hoy ha salido a la calle no se apague mañana», señalan.
El mensaje final de CC.OO. y UGT es una advertencia a quienes tienen responsabilidades políticas y económicas: la movilización no termina con la jornada de huelga. La ciudadanía ha expresado sus demandas y ahora corresponde a las instituciones y a la patronal dar respuestas. «La movilización de hoy tiene que ser oída. El 11N no es el final de nada. Es el comienzo de una nueva etapa».
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11N Huelga General Comisiones Obreras UGT
Jornada de éxito de la huelga general se cierra con masivas manifestaciones por los salarios y el derecho a la vivienda
«La Huelga del 11N ya es historia de lucha de clase obrera organizada y de todo el pueblo».
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12/11/2026
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«La Huelga del 11N ya es historia de lucha de clase obrera organizada y de todo el pueblo». Así de contundente resumía la cuenta del PCE en su red social (X), el éxito de la jornada de huelga general y las masivas manifestaciones que a lo largo de la tarde noche cerraban una jornada de participación de los trabajadores y las trabajadoras en defensa de los salarios, el derecho a la vivienda y los servicios sociales.
Grandes ciudades de nuestro país como Madrid, Barcelona, València, Málaga, acogieron, en medio de condiciones meteorológicas más que adversas, a miles y miles de personas de todas las edades, incluidas familias, pero con una presencia mayoritaria de personas jóvenes, muy conscientes de su pertenencia de clase y dispuestas a seguir reivindicando y peleando en el futuro por los objetivos que llevaron a la jornada de huelga y movilización.
Tal y como afirmó desde la capital hispalense Enrique Santiago, secretario general del PCE y candidato del Frente Amplio por Sevilla, en su declaración de valoración del éxito de la jornada de huelga: «se trata de un éxito intergeneracional, pues esta primera huelga general por el derecho a la vivienda ha unido a personas jóvenes de este país con el movimiento sindical, con el movimiento obrero«.
Frente a los bulos de la derecha y la ultraderecha, su política de recortes en salarios, pensiones, derechos y su agenda racista, la clase obrera dio ayer un impulso para colocar como prioridad social y política: garantías de acceso a la vivienda, los servicios públicos, la subida de los salarios y la voluntad de que las pensiones públicas y las bajas por enfermedad no se toquen.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, reseñaba también el carácter histórico de la manifestación en Madrid, tanto por la participación masiva que desbordaba todas las previsiones como por el carácter unitario que aunaba el empuje del movimiento de inquilinos e inquilinas por la vivienda, las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales que se habían destacado en la preparación de la huelga.
Laboral y política
Desde la derecha política y mediática se ha cuestionado tanto días antes de la celebración de la jornada de huelga como después, dado el éxito de la misma, el carácter de la huelga, tachándola de política y cuestionando la legitimidad de realizarse en la proximidad de una elecciones generales.
El hecho de que los precios que se manejan de acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, estén impactando tan fuertemente en los salarios, devaluándolos pese a los incrementos en los convenios de empresa o tras la aprobación de las subidas del SMI, ha hecho que los sindicatos hayan incorporado la reivindicación del acceso a la vivienda como un objetivo de la huelga.
Como reconocía Unai Sordo en un artículo escrito para Mundo Obrero en vísperas de la jornada del 11N, «el 11 de noviembre pretende impulsar una gran movilización social y dotar de una dimensión laboral a la reivindicación de unas políticas de vivienda ambiciosas». Sordo, en declaraciones hechas a otro medio, ha señalado que la convocatoria de huelga era un input que se lanzaba para señalar que «el problema del acceso a la vivienda es el principal problema socioeconómico que tiene España». «Se trata de una huelga general heterodoxa —explica Sordo— no es una huelga general al uso… pretendía generar un paro en el ámbito laboral para impulsar una enorme movilización social en el entorno del problema de la vivienda, que no es una reivindicación estrictamente laboral pero que impacta de una manera enorme en la clase trabajadora».
Enrique Santiago, secretario general del PCE, justificaba plenamente el carácter laboral y político de la huelga, alegando que la vivienda es un derecho constitucional, que hay «muchos trabajadores y trabajadoras, incluso con salarios dignos, que no pueden pagar un alquiler», y que «los convenios colectivos debían incorporar medidas de acceso a la vivienda».
También Pepe Álvarez, secretario general de UGT, defendía en un artículo para Mundo Obrero, la incorporación sindical del acceso a la vivienda y su objetivo movilizador en la huelga: «la vivienda es una cuestión sindical de primer orden. Los logros que negociamos en los convenios pierden buena parte de su eficacia si acaba absorbido por el alquiler».
Cargas policiales, porras y gas pimienta
La intervención policial fue ampliamente cuestionada desde el comienzo de la jornada, con actuaciones desproporcionadas que ponían en cuestión el legal y legítimo desempeño de los piquetes informativos en la madrugada del 11 de noviembre.
Los sindicatos anunciaban acciones judiciales por la actuación de la Policía contra los piquetes en la misma mañana del día 11N en la primera rueda de prensa ofrecida por las centrales sindicales para informar de los datos de evaluación e impacto de seguimiento y participación e ironizaban sobre la no tan casual coincidencia por la utilización antirreglamentaria de esprays de gas pimienta, al margen del protocolo policial, por parte de las fuerzas del orden con el reciente uso de este material por parte de una diputada del PP en sede parlamentaria y del influencer de extrema derecha Ndongo en su tarea no periodística ni informativo de acoso.
Agresiones policiales en Mercamadrid, en la localidad vizcaína de Zamudio, en Mercamálaga, donde nuestro compañero Ernesto Alba, secretario general del PCA y diputado de Por Andalucía fue agredido, y el uso desproporcionado de la fuerza contra los piquetes y al término de algunas manifestaciones de la tarde, tratando de impedir el derecho de huelga y de manifestación, han levantado indignación y un gran interrogante acerca de quién y cómo se autorizan dichas intervenciones.
Enrique Santiago exigía responsabilidades, tachaba de inadmisible el uso excesivo de la fuerza atribuyéndolo a algunos policías descontrolados y recordaba que las manifestaciones y los piquetes no son delito.
Por su parte Unai Sordo ha anunciado ejercer actuaciones penales ante los tribunales por la violencia policial y ha declarado que «no hay sociedad democrática sin una policía democrática».
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