“Estaríamos consultando a todas las partes”: sobre la mesa opciones ante posible anulación de contrato de New Fortress Energy
Mientras avanzan trámites que abren la puerta a la cancelación del acuerdo de suplido de gas, una empresa ofreció al gobierno financiar la readquisición del muelle donde ubica el terminal



Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com
El término inicial de 10 días laborables para que New Fortress Energy (NFE) “subsanara” las aparentes violaciones contractuales por la interrupción en el suministro de gas natural licuado (LNG, en inglés) venció el lunes, señaló la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), colocando un paso más cerca la alternativa de anular el acuerdo de suplido con la gasífera.
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“El 3PPO continúa ejecutando los pasos que requiere el contrato en casos de incumplimiento. Hoy (martes), se trabaja en una carta notificando (el vencimiento de) los 10 días para corregir. Los 28 días de terminación se cumplirían el 2 de diciembre”, expresó, por escrito, Osvaldo Carlo Linares, presidente del organismo. “No tenemos una solicitud de extensión al término de 10 días ni un plan para subsanar el incumplimiento. El ‘tolling agreement’ (acuerdo de peaje) no es una alternativa al cumplimiento, sino una herramienta para mitigar daños”, abundó.
Al cierre de esta edición, no se había recibido una reacción solicitada a NFE por medio de una oficial de prensa. Desde inicios de noviembre, el 3PPO y NFE intentan pactar un acuerdo de peaje o “tolling” con un suplidor alterno de LNG para las centrales termoeléctricas de San Juan y Palo Seco, en un procedimiento supervisado por el Tribunal Federal.
La capacidad de NFE de entregar el combustible se ha visto comprometida ante la avería de su planta distribuidora en Altamira, México, cuya reanudación de operaciones no se proyecta hasta finales de año.
El 3PPO emitió una notificación inicial de incumplimiento el 30 de octubre, justo antes que se agotara el último cargamento de LNG entregado por NFE a su terminal en la bahía de San Juan. La notificación, de acuerdo con el memorial que el ente sometió la semana pasada a la Cámara de Representantes, se presentó bajo la sección 17.1 (vi) del contrato, que dispone para que NFE subsane la violación en 10 días laborables, o en un máximo de 30 días o “cualquier período más largo que el vendedor (NFE) demuestre al comprador que sea razonablemente necesario para subsanar el incumplimiento relevante”.
La sección 17.1, en términos generales, concede a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el derecho a dar por terminado el acuerdo mediante una notificación de cancelación con 28 días de anticipación, sujeto a que se materialice alguno de los eventos de incumplimiento enumerados.


En fotos: tras casi un mes de retrasos y controversias, llegó el Amur River a San Juan. El tanquero Amur River entró este martes a la bahía de San Juan y ancló en el terminal de la empresa New Fortress Energy (NFE), para así suplir gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) a plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). – Suministrada
Según Carlo Linares, actualmente, se encuentra “en discusión” si el presunto incumplimiento estaría sujeto al término extendido de 30 días o si la corrección pudiera producirse dentro de los 28 días posteriores a una hipotética notificación de terminación.
“Cuando culmine el proceso, estaríamos consultando a todas las partes interesadas, que incluyen a la AEE, la AAPP, la Junta de Supervisión Fiscal y La Fortaleza. Ejecutaríamos lo que resulte de estas consultas”, abundó el abogado.
Compañía propone financiamiento
Las gestiones que pudieran redundar en la cancelación del contrato de suministro se producen mientras Javelin Global Commodities –una de tres compañías que han participado de las reuniones dirigidas a identificar un suplidor alterno– ha propuesto a La Fortaleza alternativas que van desde financiar la expropiación del muelle arrendado a NFE –y potencialmente asumir las operaciones del terminal de LNG– hasta pactar un acuerdo a largo plazo para entregar el combustible.
La empresa –que previamente participó sin éxito de la licitación de generación temporal– también sugirió, en una carta del 27 de octubre a la secretaria a Gobernación, Norma Burgos Andújar, que el gobierno adquiera buques antiguos de LNG y los rehabilite para cumplir con los requisitos de las llamadas leyes de cabotaje.
De acuerdo con la comunicación de Javelin –a la que El Nuevo Día tuvo acceso–, el financiamiento para que el gobierno readquiera el muelle rondaría los $65 millones.

“Seguimos interesados en proveer este financiamiento”, sostiene la carta, suscrita por el presidente de Javelin, Spencer Solan.
Para la compra de buques cisterna, Javelin –empresa que se desenvuelve en el mercado de transporte internacional de materias primas– ofreció prestar hasta $70 millones.
“Estas oportunidades son independientes entre sí. Puerto Rico podría utilizar a Javelin para cualquiera de estos servicios, o para cualquier combinación de ellos, dependiendo enteramente de lo que el gobierno determine que redunda en el mejor interés de la isla”, sostuvo Sloan, quien también reiteró el interés de su empresa de proveer opciones de generación temporal y discutir la concesión a la AEE de una carta de crédito de hasta $250 millones.
Este medio solicitó entrevistas tanto con Sloan como con Burgos Andújar, pero, al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.
¿Intervención legislativa?
Mientras, el ex director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos Joel Pizá Batiz, subrayó que el gobierno dio pasos “en la dirección correcta” al llevar al Tribunal Federal la controversia por NFE, pero que deben explorarse alternativas que limiten los riesgos a largo plazo, independientemente del desenlace del pleito.
Si la administración de Jenniffer González no se inclina a iniciar un proceso de expropiación del muelle donde ubica el terminal de NFE, la Legislatura podría intervenir mediante medidas para activar disposiciones de contingencia ante escenarios como el actual, en que se interrumpen las entregas de combustible.
“Aquí, en teoría, la Legislatura y la gobernadora tendrían que firmar una ley suspendiendo el requisito de exclusividad del contrato con un elemento de temporalidad. No es que estés dejando sin efecto el contrato, sino que, cuando NFE no pueda (cumplir sus obligaciones), haya una ley en vigor que derrote la exclusividad”, sostuvo Pizá Batiz, quien considera que los precedentes judiciales admiten el ejercicio de “menoscabar” contratos en contextos de emergencia, lo que permitiría superar las previsibles impugnaciones.

Aunque no favoreció la idea de que el gobierno adquiera una flota de embarcaciones, sí apuntó al beneficio de que un ente público –como la AEE– se haga cargo de alquilar los buques que importan el combustible para la generación eléctrica, independientemente de que el cargamento sea propiedad del suplidor.
“(El suplidor) pudiera estar envuelto en la compra (del combustible), junto con Genera (PR, administrador de la flota de generación), pero el contrato de ‘charteo’ (alquiler) del barco que lo haga el gobierno. Que el dueño del barco le responda al interés público”, señaló Pizá Batiz.
“Esto es una batalla contra términos contractuales que no se deben emular con ninguna entidad, ni negociar cláusulas similares de amplio control. El precio tiene que ser uno justo. (…) También, aprendimos que tiene que haber desde sanciones cuantiosas hasta razones de cancelación cuando la AAPP o el 3PPO está pidiendo información y no se produzca”, añadió.
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