“La academia y la sociedad civil tienen un rol vital y urgente en el proceso de descolonización”

Entrevista a Javier A. Hernández

Wilkins Román Samot

Javier A. Hernández, originario de Río Piedras, Puerto Rico, es autor, artista, lingüista, emprendedor y defensor de los derechos indígenas, así como de la descolonización. Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, una maestría en Comunicación Internacional de la Universidad Americana, y un máster en Educación del Lehman College. Además, ha obtenido diversas certificaciones en áreas como Diplomacia de Pequeños Estados, Gestión de Emergencias, Planificación de Seguridad Nacional, Problemas de Seguridad Global y Conflicto No Violento y Resistencia Civil. Su compromiso con la justicia social, el activismo cultural y los derechos indígenas es evidente en su trabajo diario.

Como lingüista, Javier es uno de los pocos en Puerto Rico y Estados Unidos que forma parte de la Asociación Internacional de Hiperpolíglotas, hablando nueve idiomas y teniendo la capacidad de leer trece más. En 2018, llevó a cabo un proyecto de reconstrucción y revitalización de una variante moderna del idioma taíno, publicando un manual que se ha integrado en varios programas escolares indígenas en Puerto Rico. En su papel como defensor de los derechos taínos, la educación y el desarrollo cultural, ocupa el cargo de Director de Asuntos de la Diáspora en la Comunidad Taína Naguaké de Puerto Rico, y promueve el uso del alfabeto pictográfico taíno. En la actualidad, colabora en un proyecto para revitalizar el Aljamiado (عَجَمِيَة), el guion árabe modificado utilizado por los moriscos españoles para escribir en español hace más de cinco siglos.

Javier fundó FlagArts.co, donde se dedica a la creación artística de banderas, habiendo diseñado propuestas como el Escudo Nacional de un Puerto Rico Soberano (2013), la Bandera de la Diáspora Puertorriqueña (2018), y otras banderas culturales y regionales. En 2017, estableció Editorial Libros El Telégrafo, una editorial boutique. Además, Javier apoya iniciativas agrícolas en Puerto Rico y sus intereses abarcan la vexilología, la política comparada, la educación lingüística, la geografía política y la geopolítica, así como el desarrollo nacional y la construcción de un estado nacional. Hernández ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros. 

1.1 Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Por qué?

1.2 Javier A. Hernández (JAH, en adelante)- Sí, ha llegado el momento de exigir sin ambigüedades el fin del colonialismo en Puerto Rico y de abrir una conversación seria, estructurada y global sobre las reparaciones económicas que Estados Unidos le debe al pueblo puertorriqueño. Han pasado más de 125 años desde que EE.UU. invadió Puerto Rico sin consentimiento del pueblo y lo transformó en una colonia disfrazada de “territorio no incorporado” bajo el nombre perfumado de “Estado Libre Asociado”. Este régimen colonial ha impuesto estructuras económicas, legales y políticas que han beneficiado al poder metropolitano mientras empobrecen y marginan sistemáticamente a nuestra nación.

No se puede hablar de democracia ni de justicia mientras un país le impone a otro su modelo económico, sus leyes, su moneda, su sistema judicial y su subordinación política. Las reparaciones no son una dádiva, son una obligación moral y legal por los daños acumulados: desplazamiento poblacional, saqueo de recursos, experimentación médica, marginación política, imposición de la Junta de Control Fiscal, y la negación del derecho a decidir nuestro propio destino. 

No obstante, reconociendo la realidad política de Estados Unidos, considero que, en una negociación por nuestra independencia, debemos evitar el uso del término “reparaciones”, ya que genera una reacción adversa entre muchos sectores del Congreso estadounidense. Si ni siquiera han respondido adecuadamente a las demandas de justicia histórica de los pueblos indígenas o de la comunidad afroamericana, es poco probable que contemplen compensaciones bajo ese concepto para el pueblo puertorriqueño. En cambio, lo que sí es viable y estratégico es negociar un paquete de apoyo económico sustancial para la República de Puerto Rico, con el fin de garantizar una transición política y económica estable, ordenada y duradera. El pueblo puertorriqueño tiene derecho a vivir libre y con dignidad, y esa dignidad incluye reclamar justicia económica como componente esencial del proceso de descolonización.

2.1 WRS – ¿Qué relación si alguna ves entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico?

2.2 JAH – La migración puertorriqueña no ha sido simplemente una búsqueda individual de oportunidades, sino una respuesta estructural a las políticas coloniales impuestas por Estados Unidos. Desde principios del siglo XX, Washington ha promovido un modelo de desarrollo que genera dependencia y expulsa población. Operaciones como «Manos a la Obra» incentivaron, con el apoyo del PPD, la migración masiva como válvula de escape ante la falta de empleos dignos en el país, mientras se creaban condiciones óptimas para que las corporaciones estadounidenses explotaran recursos, mano de obra y ventajas contributivas sin comprometerse con el desarrollo económico sostenible del país.

El Congreso ha actuado con doble moral: por un lado, niega derechos políticos plenos a los puertorriqueños, y por otro, permite que seamos usados como mano de obra barata, mercado colonial cautivo y zona fiscalmente explotable. Esta migración forzada tiene raíces en la explotación sistémica: nuestras comunidades migran por necesidad, no por elección libre. Y mientras tanto, las corporaciones continúan beneficiándose de leyes hechas a su medida, sin respetar ni al trabajador ni al pueblo puertorriqueño como sujeto político soberano.

3.1 WRS – ¿Cuál debería ser el rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico en la descolonización de Puerto Rico, si alguno? ¿Qué deberían hacer?

3.2 JAH – La academia y la sociedad civil tienen un rol vital y urgente en el proceso de descolonización. No se puede transformar una realidad si no se comprende y se denuncia con rigor intelectual y compromiso ético. Las universidades, centros de pensamiento, escritores, artistas, periodistas y líderes comunitarios deben asumir su responsabilidad histórica: educar, desmitificar el coloniaje, generar conciencia crítica y abrir espacios de diálogo sobre la soberanía nacional puertorriqueña. La descolonización empieza en la mente y el corazón del pueblo, y ese despertar requiere de una intervención activa y estratégica del sector académico y cultural.

En la diáspora, ese rol es aún más crucial. Hay casi 6 millones de puertorriqueños en Estados Unidos que pueden y deben ser parte del cambio y el futuro de Puerto Rico. Desde sus espacios profesionales, sociales y políticos pueden presionar al Congreso, visibilizar la causa libertaria, apoyar esfuerzos organizativos, y participar activamente en iniciativas como el proyecto de Orden Ejecutiva por la soberanía nacional. La sociedad civil, tanto en Puerto Rico como fuera de ella, es la semilla de un país libre: sin ella, no hay liberación duradera ni transformación real.

4.1 WRS – ¿Cómo el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño podrían ayudar a resolver los problemas económico-sociales creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico?

4.2 JAH – El Comisionado Residente y los congresistas de origen puertorriqueño deben comenzar por reconocer la raíz del problema: Puerto Rico continúa bajo un régimen colonial impuesto por el Congreso de los Estados Unidos. Pretender resolver los problemas económico-sociales del país sin transformar las estructuras coloniales que los perpetúan es una ilusión. Por ello, su primera obligación debería ser utilizar su plataforma política para denunciar con claridad la condición colonial y respaldar un proceso genuino de descolonización basado en la justicia histórica y la soberanía plena.

Lamentablemente, el Comisionado Residente — quien lidera al Partido Popular Democrático — persiste, incluso a estas alturas del siglo XXI, en negar que Puerto Rico sea una colonia. Peor aún, algunos líderes del PPD parecen vivir atrapados en una ficción política, como si aún estuviésemos en la era de Muñoz Marín, defendiendo un Estado Libre Asociado que ya no existe ni jurídica ni políticamente. Esta desconexión de la realidad los convierte en figuras irrelevantes – dinosaurios políticos – frente al futuro del país, pues su única propuesta, como siempre, es una mayor dependencia de fondos federales en lugar de un proyecto de liberación nacional y desarrollo económico.

Durante décadas, muchos se han conformado con administrar la colonia desde una lógica de acomodo y politiquería, sin cuestionar ni confrontar el sistema de subordinación que ha facilitado el saqueo y el estancamiento del país. No obstante, la responsabilidad histórica recae con más fuerza sobre los congresistas de origen puertorriqueño: les corresponde impulsar legislación, convocar audiencias, educar a sus colegas, dar visibilidad a la causa de Puerto Rico en el debate nacional y respaldar iniciativas como la propuesta de Orden Ejecutiva por la soberanía nacional.

Ser puertorriqueño en el Congreso no debe limitarse a una representación simbólica o identitaria. Debe ser un compromiso activo con la defensa de los derechos de su pueblo y con la transformación democrática de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.

5.1 WRS – ¿Por qué los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Qué deberían hacer?

5.2 JAH – El movimiento estadista, en su esencia, no confronta al poder colonial de Estados Unidos porque depende de él. Su proyecto político parte de la premisa de integración plena a la nación estadounidense, sin cuestionar el sistema de subordinación que ha despojado a Puerto Rico de su soberanía. En lugar de denunciar la condición colonial, la aceptan, la normalizan y, en muchos casos, la celebran. Han demostrado una profunda incapacidad para exigir justicia con dignidad, porque su estrategia está centrada en lograr aceptación y validación del poder colonial, no en ponerle fin.

Si los líderes estadistas verdaderamente aspirasen a actuar con responsabilidad histórica, el primer paso sería reconocer una verdad elemental: ningún pueblo puede aspirar a la igualdad dentro de otro país sin antes haber conquistado su libertad. Promover la estadidad bajo un régimen colonial es, en sí mismo, una contradicción. En el contexto actual, la estadidad representa la negación de la nación puertorriqueña y la renuncia a nuestra identidad histórica, cultural y política.

Además, si los defensores de la estadidad fueran honestos consigo mismos, aceptarían que Estados Unidos no ha mostrado voluntad alguna de admitir a Puerto Rico como estado. Ha ignorado todos los plebiscitos recientes — incluso aquellos en los que los estadistas afirman haber triunfado — porque el Congreso no ve en Puerto Rico una prioridad estratégica, ni política, ni económica, ni cultural para su federación.

Si reconocen que el Estado Libre Asociado es una colonia, y que Estados Unidos no desea la estadidad, la única alternativa democrática y viable que queda es la independencia. Sin embargo, la mentalidad colonial profundamente arraigada en muchos sectores estadistas los incapacita para apoyar la libertad ni ser lideres de la futura República de Puerto Rico. Prefieren mantenerse aferrados a un modelo de dependencia y subordinación política que perpetúa el yugo colonial que, en el fondo, se rehúsan a cuestionar.

6.1 WRS – ¿Qué ha hecho, si algo, la presidencia de los Estados Unidos, y los dos partidos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, para mitigar el desastre que ellos y los estadounidenses ayudaron a crear dentro de Puerto Rico? 

6.2 JAH – Ambos partidos principales de Estados Unidos han fallado al pueblo puertorriqueño. Históricamente, tanto el Partido Demócrata como el Republicano han sido cómplices en la perpetuación del régimen colonial que oprime a Puerto Rico. Bajo administraciones de ambos partidos se han aprobado leyes que han restringido la soberanía fiscal, económica y política de nuestra nación. Se han impuesto medidas y legislaciones que priorizan los intereses corporativos y estratégicos de Estados Unidos, mientras se castiga al pueblo puertorriqueño con políticas de austeridad, abandono institucional e indiferencia sistemática.

La imposición de la Junta de Control Fiscal es solo el ejemplo más reciente de una política colonial paternalista, presentada falsamente como “asistencia técnica”. Lejos de brindar soluciones sostenibles, esta intervención ha profundizado la dependencia, debilitado la “democracia” local y acrecentado la desigualdad.

Las presidencias estadounidenses, sin importar si están encabezadas por un demócrata o un republicano, han mantenido una postura ambigua, evasiva y cobarde ante la cuestión del estatus político de Puerto Rico. Hablan de democracia en foros internacionales, pero se niegan a aplicarla cuando se trata de nuestra nación. Algunos candidatos, por cálculos electorales, expresan un supuesto respaldo a la estadidad; sin embargo, una vez en el poder, ignoran el tema y relegan a los puertorriqueños al olvido.

Lo cierto es que ningún partido ha querido asumir el costo político de reconocer que Puerto Rico es una nación sometida a un régimen colonial, y que merece ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación y la soberanía. Para comenzar a remediar esta situación, el paso mínimo y urgente es admitir esa responsabilidad histórica, iniciar un proceso genuino de transición hacia la independencia, y respaldar esa transformación con recursos financieros y cooperación institucional.

7.1 WRS – ¿Cuál sería la forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico? ¿Debería Puerto Rico y los puertorriqueños ser reparados económicamente por Estados Unidos?

7.2 JAH – El ciclo del coloniaje no se rompe con promesas ni con dependencia; se rompe con organización, conciencia y acción colectiva. El pueblo puertorriqueño debe recuperar su sentido de nación y reconocerse como sujeto político con derecho propio. No podemos seguir esperando que los cambios provengan desde Washington, porque ningún imperio ha liberado jamás a sus colonias por voluntad propia. La transformación debe construirse desde abajo, desde nuestras comunidades: organizándonos, educando, movilizando, conquistando espacios políticos y exigiendo soberanía con dignidad.

La independencia no es una fantasía ni una reliquia del pasado. Es una urgencia histórica, una necesidad vital para poder vivir con justicia, ejercer la responsabilidad colectiva y forjar un futuro digno para las próximas generaciones.

Y sí, Puerto Rico debe ser reparado. Una descolonización auténtica exige justicia económica. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha acumulado beneficios a costa del pueblo puertorriqueño: ha explotado nuestros recursos, utilizado nuestras tierras, cobrado impuestos sin representación, extraído vidas para sus guerras, y menoscabado nuestra dignidad nacional. Esa deuda no es solo moral, es también fiscal, estructural y política.

La reparación debe expresarse en formas concretas: un paquete sustancial de apoyo económico directo, la cancelación de la deuda colonial odiosa e ilegítima, la transferencia tecnológica, el acceso preferencial a mercados internacionales, y el respaldo diplomático a nuestra nueva república. Solo así se podrá hablar de una descolonización justa. Solo así puede haber verdadera justicia.

8.1 WRS – El economista francés Thomas Piketty considera que Francia debería reparar en más de 28 mil millones de dólares americanos a Haití. ¿En cuánto debería Estados Unidos reparar económicamente a Puerto Rico y a los puertorriqueños?

8.2 JAH – Las reparaciones económicas a Puerto Rico deben calcularse considerando una variedad de factores históricos y estructurales: el saqueo sistemático de recursos naturales, la imposición de leyes y políticas que han obstaculizado el desarrollo económico, la utilización militar de la isla como enclave estratégico, la explotación de la fuerza laboral, la destrucción ambiental, particularmente en zonas como Vieques, décadas de persecución política contra independentistas, la imposición de una deuda colonial ilegítima, y las consecuencias sociales y demográficas de políticas migratorias forzadas.

Al analizar el impacto económico acumulado de estas acciones a lo largo de más de un siglo, estimaciones razonables proyectan que un marco de reparación justo, distribuido en un periodo de 20 años, podría superar los 500 – 600 mil millones de dólares. Sin embargo, más allá de la cifra específica, lo esencial es el principio que la sustenta. Sabemos que EE. UU. no nos van a transferir tal monto, pero sí podríamos negociar ese monto final de transición económica. 

Reparar no significa simplemente “dar dinero”; implica asumir una responsabilidad histórica. Es reconocer que Puerto Rico ha sido utilizado, marginado y despojado, y que las condiciones de pobreza, dependencia y crisis que enfrenta hoy son consecuencias directas de un régimen colonial que nunca fue elegido por su pueblo.

Por ello, cualquier política de reparación debe integrarse a una transición ordenada hacia la soberanía nacional. Ese capital de reparación – que podríamos llamar “fondos de desarrollo y fomento económico” – no debe entenderse como caridad, sino como inversión en justicia. Su objetivo debe ser reconstruir la infraestructura del país, revitalizar la producción nacional, fortalecer los servicios públicos esenciales y sentar las bases de una sociedad justa, resiliente y autosuficiente.

9.1 WRS – Muchos puertorriqueños viven en la diáspora, bien en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Otros puertorriqueños han sido y son partícipes del saqueo estadounidense dentro de Puerto Rico. Todos, los primeros y los segundos son estadounidenses. ¿Por qué deben ser o no ser recompensados? ¿Son todos los puertorriqueños sujetos coloniales a los que se les ha robado su futuro en su propia tierra? ¿Se les debe devolver su futuro estén donde estén, sean quienes sean?

9.2 JAH – Todos los puertorriqueños, sin importar dónde vivan o su afiliación política, son víctimas del coloniaje, porque han nacido en un sistema diseñado para limitarnos como nación. Incluso aquellos que han servido o colaborado con el sistema colonial lo han hecho, muchas veces, dentro de una estructura donde las opciones son restringidas y las oportunidades condicionadas. El coloniaje ha secuestrado el futuro de nuestro pueblo, tanto dentro como fuera de la isla, y esa pérdida debe ser reconocida.

La devolución del futuro no es una simple promesa, es una obligación. Eso implica el derecho a un país soberano, donde los puertorriqueños — del archipiélago y la diáspora — puedan aportar, regresar, participar y reconstruir su nación. Seamos honestos: nuestra gente no emigró por gusto, sino por necesidad. Nos robaron el país y nos obligaron a buscar vida afuera. Devolvernos el futuro es devolvernos el país. Y eso debe incluir a todos.

10.1 WRS – Recientemente ha estado moviéndose un proyecto de Orden Ejecutiva para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico por parte del Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le falta a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Por qué los Estados Unidos merecen algo mejor? ¿Por qué Puerto Rico merece algo mejor?

10.2 JAH – El borrador de la Orden Ejecutiva que propone el reconocimiento de la soberanía nacional de Puerto Rico por parte del presidente de los Estados Unidos constituye un paso audaz y sin precedentes. Por primera vez en la historia contemporánea, se contempla una vía ejecutiva para abrir formalmente un proceso de descolonización y transición hacia la independencia o la libre asociación, con respaldo político y financiero por parte de Estados Unidos. Sin embargo, este instrumento requiere fortalecerse: necesita mecanismos claros de implementación, garantías firmes de cumplimiento y participación internacional que legitime y acompañe el proceso.

Puerto Rico merece mucho más. Ha esperado demasiado. Son ya 126 años bajo el peso de un coloniaje impuesto, y no se puede seguir depositando esperanzas en el mismo Congreso que ha fallado repetidamente al pueblo puertorriqueño. Paradójicamente, lo que más ha captado el interés de ciertos sectores del poder en Washington no ha sido el reclamo de justicia, sino el argumento económico contenido en el borrador: los miles de millones que Estados Unidos gasta actualmente en Puerto Rico, los aún mayores costos que implicaría la estadidad, y el ahorro proyectado de más de $617 mil millones que la independencia podría representar para las arcas federales.

En tiempos de recortes presupuestarios, discursos conservadores y prioridades internas, esta narrativa económica ha comenzado a resonar con fuerza, particularmente entre sectores conservadores y republicanos. Y es precisamente esa combinación de pragmatismo fiscal con principio democrático lo que ha abierto una ventana de oportunidad real. Mientras que los populares y los estadistas van al Congreso a pedir y mendigar fondos federales con cabilderos costosos y traductores, los independentistas van a resolverle su problema colonial con la solución de la independencia. 

Esta Orden Ejecutiva puede marcar el inicio de un nuevo capítulo histórico para Puerto Rico, pero debe estar acompañada de voluntad política sostenida, un plan de transición integral con financiamiento adecuado, garantías multilaterales que aseguren su cumplimiento, y el reconocimiento inmediato de nuestra soberanía como nación.

También Estados Unidos, si quiere honrar su promesa democrática, debe actuar con dignidad: poner fin al coloniaje más prolongado del hemisferio, reconciliarse con sus propios principios fundacionales y dar paso a una relación justa, libre y entre iguales. Ha llegado la hora de cerrar este capítulo vergonzoso de la historia. Puerto Rico no puede esperar más.