A pesar de legislación laboral antidiscrimen, no hay esfuerzos para integrar a la población trans al mercado de empleo

Se desconoce cuántas personas trans están en el mercado laboral formal en Puerto Rico, lo que dificulta la identificación de las necesidades específicas de esta población y obstaculiza el diseño de políticas públicas adecuadas.

Omarys Santiago Torres

El activista trans Justin Jesús Santiago ha visto cómo se repite la experiencia de personas transgénero que, luego de presentar una querella por algún problema laboral, no regresan a sus empleos debido al miedo, la inseguridad y la sensación de desprotección que enfrentan. Según explicó, estos incidentes con frecuencia convierten el entorno laboral en un espacio hostil. 

Al revelar su identidad trans, Santiago asegura que los empleadores simplemente dejan de comunicarse con esos empleados, lo que les que empuja a recurrir a trabajos informales, incluso al sexo a cambio de dinero, para poder subsistir ante la falta de oportunidades. Algunos “hacen sexo al servicio y OnlyFans para buscarse el peso y poder sobrevivir… de eso es que se trata, lamentablemente, por la coyuntura histórica que estamos viviendo”, afirmó. 

La Radiografía de las comunidades trans en Puerto Rico realizada en 2016 hace referencia a un estudio de TRANSforma Project, un equipo conjunto entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Internacional de Florida, que reveló que el 81% de las mujeres trans indicó que el trabajo sexual es su única fuente de ingresos. El estudio advierte que, aunque se debe de tener cautela en no propiciar una visión estereotipada de la mujer trans como trabajadora sexual, es importante reconocer que la mayoría recurre a este oficio ante la falta de opciones laborales que existen en Puerto Rico. “No se refiere al trabajo sexual lucrativo y glamoroso que se nos presenta con frecuencia en las películas de cine, sino al que ocurre en los rincones más aislados de nuestras calles”, establece la investigación. Esta situación, según Santiago, no ha cambiado significativamente en la pasada década.

Puerto Rico carece de estadísticas oficiales sobre la cantidad de personas transgénero, y se desconoce cuántas están en el mercado laboral formal. Esta falta de datos dificulta la identificación de las necesidades específicas de la población trans y obstaculiza el diseño de políticas públicas adecuadas, coincidieron seis entrevistados que pertenecen o le ofrecen servicios a este grupo. 

Santiago destacó la importancia de ser contado para poder existir en igualdad de condiciones: “Lo que no se cuenta, no existe, y por eso no nos quieren contar”. 

Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, aseguró que “las personas trans enfrentan serias dificultades para acceder al empleo, una de las principales problemáticas que afectan a la comunidad trans en Puerto Rico y en el mundo”. A pesar de que en Puerto Rico hay leyes que prohíben el discrimen laboral, Serrano afirmó que la población trans sigue siendo excluida del mercado de trabajo, lo que la coloca entre los sectores más empobrecidos y vulnerabilizados de la Isla. 

Investigaciones académicas respaldan esta afirmación. Por una parte, la Radiografía de las comunidades trans en Puerto Rico destacó que el 74% de las mujeres trans gana menos de $1,000 mensuales, y más de la mitad se encuentra desempleada, según TRANSforma Project. Y un estudio publicado en 2019 en Transgender Health reveló que el 67% de las personas trans y de género no conforme en Puerto Rico han experimentado discrimen laboral.

Serrano destacó que la ausencia de estadísticas oficiales sobre orientación sexual e identidad de género en Puerto Rico contribuye a la invisibilidad de la población trans. “No tenemos una estadística clara sobre cuántas personas trans viven en Puerto Rico, lo que impide una correcta identificación de sus necesidades y la creación de políticas inclusivas”, afirmó. Esta falta de datos, según Serrano, facilita que se impulsen medidas en contra de la comunidad trans, sobre la cual no hay cifras, pues representa un grupo reducido y vulnerable.

Rosa Seguí, abogada laboral, dijo que esta invisibilidad es un obstáculo para que la comunidad trans pueda acceder a los mismos derechos y protecciones que otras personas, y tiene un impacto directo en la discriminación: “No se quiere aceptar que existen y por eso se trata de invisibilizar. Es un nivel de discrimen muy violento el no poder encontrar [en los formularios] quién eres para existir y recibir el mismo trato que el resto de la población”.

Por su parte, Marielle de León Toledo, mujer trans que próximamente ocupará un escaño en la legislatura municipal de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), a través del mecanismo de representación establecido por la Ley de Minorías, destacó la importancia de contar con datos específicos para visibilizar la realidad de la población trans. “Es bueno tener esos datos para saber la verdad y poder ir en contra de los mitos que muchas personas usan en nuestra contra”, dijo.

Una protección legal que no se cumple del todo 

En Puerto Rico, el marco legal vigente establece algunas protecciones contra la discriminación en el empleo y reconoce el derecho a ciertas condiciones de trabajo justas para todas las personas. A lo largo del tiempo, algunas de estas leyes han sido enmendadas para ampliar sus protecciones  y adaptarse a los cambios sociales, incluyendo la protección de personas de la comunidad LGBTQ+ frente al discrimen en el entorno laboral y de empleo.

Desde la aprobación de la Ley 22 de 2013, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) está obligado a desarrollar un protocolo de cumplimiento, educación y capacitación para combatir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo. A preguntas del Centro de Periodismo Investigativo, la agencia aseguró que tiene el protocolo listo. 

Pero la agencia debe, además, proveer adiestramiento y capacitación sobre el tema a las entidades gubernamentales, corporaciones públicas y municipios, según el protocolo. A más de una década de la aprobación de la ley, no existe evidencia de campañas educativas ni capacitaciones específicas enfocadas en personas trans o en la población LGBTQ+ en general. Aunque estas acciones específicas para esta población no están contempladas explícitamente en el protocolo oficial, activistas señalan que son componentes esenciales para que la política pública tenga un impacto real en el entorno laboral. La agencia aceptó que, hasta el momento, no ha desarrollado programas, talleres ni iniciativas que promuevan la inclusión laboral de personas LGBTQ+. 

Entre los esfuerzos generales de inclusión que sí hace, el Departamento del Trabajo mencionó la campaña “Puerto Rico está faja’o” (2023), enfocada en promover la empleabilidad de mujeres, personas con diversidad funcional, recipientes de ayudas gubernamentales, adultos mayores y exconfinados, entre otros, y el programa “Vestido al éxito”, que ofrece vestimenta adecuada de forma gratuita a personas que asisten a entrevistas de empleo o que comienzan un nuevo trabajo. Ninguna de estas iniciativas incluye a la población trans.

Ivana Fred Millán, quien forma parte de la comunidad trans, sostuvo que muchas veces la Ley 22 de 2013 “está allí de adorno”, ya que no todos los patronos la aplican o conocen. Esta falta de conocimiento, señaló, obliga a muchas personas a recurrir a procesos legales para hacer valer derechos que ya están reconocidos. 

Para Fred Millán, los retos que enfrentan las personas trans, como tener que abandonar sus trabajos ante la falta de reconocimiento y aceptación durante sus procesos de transición, o incluso tener que acudir a instancias legales, evidencian no solo la ausencia de políticas inclusivas, sino una marcada insensibilidad en los espacios laborales y sociales. La falta de validación de la identidad de género, advirtió, puede truncar las aspiraciones educativas y profesionales de muchas personas. “Nadie sabe, más quien lo vive, el dolor y lo fuerte que es que uno se vea limitado a querer estudiar y querer trabajar por el simple hecho de que no validen tu identidad”, afirmó.

Por su parte, Santiago también expuso sus preocupaciones en el ámbito laboral: “Hay mucho miedo. No solo de que no te contraten, sino de que, si lo hacen, no respeten tu identidad, te acosen o te violenten”. A su juicio, “las leyes están ahí, pero la voluntad política y empresarial para cumplirlas es escasa”.

Esa percepción coincide con la visión de Seguí, quien afirmó que la ley “permite decir: ‘esta ley me protege’”, y reconoció su valor como herramienta para enfrentar el discrimen por identidad de género. No obstante, advirtió que su implementación efectiva aún enfrenta limitaciones: “Hacerla valer en todo el sentido técnico —presentar la querella, participar del proceso investigativo, lograr una resolución favorable y que el patrono cumpla— es bien cuesta arriba”.

Seguí recalcó que los cambios legales no son suficientes si no vienen acompañados por una transformación más profunda: “Tenemos que repensar la sociedad. En Puerto Rico existen muchas leyes y podemos hacer muchas, pero hace falta una transformación social”.

Entre el rechazo y la sobrevivencia

Más allá del plano legal, las experiencias de las personas trans en la búsqueda de empleo revelan una realidad marcada por el desconocimiento de sus derechos, muchas veces producto de la falta de educación y capacitación en temas de equidad e inclusión. A esto se suma el peso de décadas de lucha y la persistente marginación que enfrentan en distintos espacios. Aunque se reconocen ciertos avances en términos de visibilidad y acceso a oportunidades, las personas entrevistadas coinciden en que el discrimen laboral sigue siendo una barrera. Incluso hoy, tras años de activismo, continúan los rechazos y la exclusión que afectan directamente a esta población. Las personas trans enfrentan estigmas que obstaculizan su desarrollo profesional, a pesar de que, como cualquier otro ciudadano, deberían gozar de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de Puerto Rico, entre ellos el derecho a la igualdad ante la ley, a la dignidad, al trabajo y a la protección contra el discrimen.

Fred Millán, activista trans con 25 años de trayectoria, explicó que, aunque en su caso no ha enfrentado mucha discriminación directa en el ámbito laboral —en parte por su visibilidad   como líder comunitaria—, ha acompañado a muchas personas trans que han vivido experiencias profundamente dolorosas. A solicitud del Centro de Periodismo Investigativo, la Comisión de Derechos Civiles informó que, desde el 2013, ha recibido 10 querellas relacionadas con asuntos laborales presentadas por personas trans.

 “Cada vez va a ser más difícil… somos una minoría entre todas las minorías, pero nos han utilizado de punta de lanza para sus agendas de odio y de control. No nos van a poder controlar”, advirtió Fred Millán.

Desde su rol en el MVC, De León Toledo destacó la importancia de la educación para promover el respeto y la inclusión: “Es necesario tener alguna orientación para que las personas trans puedan saber sus derechos”. Señaló también que, en su experiencia, muchos empleadores suelen utilizar como “excusa” el que la persona “no haya hecho el cambio legal” para negarles el respeto o trato digno. 

“Dicen que no eres ‘lo suficientemente trans’ para respetarte, pero la realidad es que, si una persona decide de un día para otro usar otros pronombres, eso debe respetarse. Todo espacio de trabajo debería ser seguro para toda persona, no importa el empleo”, enfatizó. 

¿Existen programas de ayuda?

“No es que no tengan las capacidades, no es que no tengan los estudios; lo que no tienen son las oportunidades”, expresó Fred Millán. En ese contexto, la organización True Self Foundation ha impulsado diversas iniciativas para promover la inserción laboral de esta población en Puerto Rico.

Miguel Vázquez Rivera, director ejecutivo de la fundación, explicó que han establecido alianzas con empresas interesadas en diversificar sus entornos laborales y fomentar espacios más inclusivos para la población LGBTQ+, incluyendo personas trans. True Self Foundation no opera con fondos federales, lo que, a juicio de sus portavoces, representa una ventaja ante el panorama político actual.

“El panorama político no está fácil”, indicó Vázquez Rivera, quien también destacó la importancia de que los espacios laborales se construyan desde una base de inclusión. “Lo que queremos promover es que la gente [de la población trans] pueda tener espacios seguros que se creen para sí mismos por su compañía [o centros de trabajo], volviéndose un espacio seguro para las personas que en el futuro vayan a trabajar allí”, puntualizó.

Los retos para la población trans van más allá del marco legal. La falta de implementación efectiva de las leyes, la carencia de datos actualizados y el limitado respaldo institucional son factores que siguen dificultando su inclusión plena en el ámbito laboral.

Activistas y personas trans consultadas coincidieron en la urgencia de establecer protocolos concretos, desarrollar políticas públicas basadas en estadísticas reales y fomentar campañas educativas dirigidas a empleadores y a la población en general. Visibilizar las historias y retos de esta población no es solo un asunto de derechos humanos, sino una responsabilidad social, coincidieron.

Fred Millán criticó las contradicciones del discurso político hacia la comunidad trans: “Para unas cosas nos llaman minorías, mas sin embargo, para llamar la atención pública y menospreciar la identidad de nosotros, nos quieren ver como una mayoría… entonces, ¿dónde está la congruencia?”.

Respecto al futuro inmediato de la comunidad trans, Fred Millán mencionó:  “Si aquí acatan todo lo que Donald Trump estará proponiendo, nos veo mal…”.

Esta investigación fue posible mediante una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo, con el apoyo de True Self Foundation, la Coalición Orgullo Arcoíris y Amnistía Internacional de Puerto Rico.