El infierno de Jonathan: el joven paciente de salud mental encarcelado repetidamente que casi muere en prisión
Padece de esquizofrenia paranoide, una de las más graves enfermedades mentales, lo cual no ha impedido que, una y otra vez, sea tratado como un criminal común y enviado a prisión
Subdirector de Proyectos Especialesbenjamin.torres@gfrmedia.com
Johanna Jiménez no tardó mucho en intuir que su hijo Jonathan López Jiménez, el menor de sus dos retoños, quien hoy tiene 24 años, no era como los demás niños.
A los 3 años, hubo que medicarlo para manejarle una condición de salud; se resistió con tanta fuerza al tratamiento que hubo que sujetarlo entre varios adultos para poder suministrárselo. En tercer grado, durante un día de juegos, agredió a patadas a una maestra con la que tuvo un diferendo.
Ya para la intermedia, estaba más ausente que presente en su escuela. A los 15 años, atisbando que no iba a aprobar sus clases, dejó la escuela. En el camino, múltiples problemas de conducta, en el plantel y en otros ámbitos, incluyendo la casa, mantuvieron a Johanna y al resto de la familia permanentemente angustiados por años.
Solo en el fútbol, un deporte que jugó con gran pasión y talento por más de 10 años en el Club Bairoadel municipio de Caguas, donde se crio, Jonathan se encontraba en su elemento. Dentro de la cancha, durante los 90 extenuantes minutos que dura un partido, era como cualquier otro. Corría, sudaba, pateaba, goleaba, defendía, celebraba.
Eventualmente, sin embargo, sus problemas de conducta también le costaron el fútbol. Agredió a otro jugador durante un partido y fue expulsado cuando no asistió a una reunión en la que se le iba a exigir que se disculpara con sus entrenadores.
“Empezaron a excluirlo de todo, y él se volvió más retraído, más introvertido y más rebelde”, recuerda Johanna, quien es maestra de escuela elemental, pero, actualmente, se dedica a tiempo completo al cuidado de su progenitora.
La madre tenía sospechas de mucho peso desde el incidente de agresión a la maestra. Lo llevó a sicólogos que le diagnosticaron el Síndrome Oposicional Desafiante (SOD), una condición de salud mental que hace a quien la padece –generalmente niños y adolescentes– desafiar órdenes, retar la autoridad y ser irascible e irritable. El diagnóstico cayó como anillo al dedo a las conductas de Jonathan, pero Johanna seguía pensando que debía haber algo más.
Tras dejar la escuela, el muchacho fue admitido enYouth Puerto Rico Challenge Academy, un programa académico residencial de la Guardia Nacional para jóvenes que hayan dejado la educación regular o tengan problemas de conducta. La disciplina castrense tampoco era lo suyo; fue expulsado tras chocar con los militares a cargo del programa.
Parecía que nada daba resultado con Jonathan. A la madre, cada día se le hacía más difícil controlarlo.
Por un tiempo, Johanna atribuyó los problemas del muchacho a lo que vivió durante el difícil matrimonio de ella con su padre, con múltiples discusiones y tensión en la casa. El divorcio, que ocurrió cuando Jonathan no había cumplido 10 años, tuvo un efecto muy severo en él, que durante un tiempo durmió junto a una camisa del padre, indica Johanna.
La magnitud e intensidad de los problemas, no obstante, le decían a Johanna, cuya otra hija –dos años mayor que Jonathan– ha sido siempre una estudiante excepcional, que debía haber algo más. “Yo decía, ‘ya, esto no es normal’”, recuerda.
A los 18 años, hubo un deterioro dramático en Jonathan. Descuidó su aspecto físico y se le veía por el vecindario hablando solo, gritando, tirando piedras, discutiendo con vecinos, diciendo que alguien lo perseguía, metiéndose en las casas vecinas y sacando paneles de las ventanas. En 2019, Johanna logró internarlo en una institución mediante el mecanismo de reclusión involuntaria dispuesto por la Ley de Salud Mental 408.
Tras 14 días de reclusión, llegó el diagnóstico: Jonathan padece de esquizofrenia paranoide, una de las más severas enfermedades mentales, que hace al que lo padece tener pensamientos incoherentes, alucinar, delirar y creer que alguien o algo los persigue o les quiere hacer daño.
Empieza el infierno
A consecuencia de la misma condición, Jonathan rehusaba ir a sus citas y tomar sus medicamentos. Johanna lo subía al carro, lo llevaba a las oficinas médicas, pero no lograba que se bajara. Siendo ya adulto, y grande y fuerte, a ella se le hacía imposible obligarlo. Por no medicarse, su condición se agravó. Empezó a ponerse violento con familiares y vecinos.
En una ocasión, se puso agresivo con la abuela. El esposo de una tía intervino. Jonathan lo empujó, y el hombre cayó al piso. Era una crisis de salud mental. Pero, como suele suceder en Puerto Rico, cuando Johanna llamó a las autoridades pidiendo ayuda, llegaron policías, no médicos ni enfermeros. Jonathan terminó preso por cuatro semanas.
Fue la primera vez, pero no la última, en la que Jonathan sería encarcelado a consecuencia de eventos relacionados con su salud mental. Actualmente, de hecho, está preso desde diciembre por otro incidente con vecinos. Su caso no es ni remotamente único: en Puerto Rico hay, en este momento, decenas de enfermos mentales encarcelados por la crónica incapacidad del Estado para procurar que existan programas, instalaciones y profesionales suficientes para atenderlos.
Donald Milán, el director de la oficina de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) en Caguas, donde representan a Jonathan, dijo que solo en su región hay más de 30 pacientes mentales encarcelados esperando que se dilucide si están en condiciones de enfrentar juicio. Habiendo 13 oficinas de la SAL en el país –una por región judicial–, no es difícil advertir cuán alto es el número de enfermos mentales encarcelados como criminales comunes.
En 2010, el Tribunal Supremo decidió que el término máximo de seis meses para la detención preventiva que establece la Carta de Derechos de la Constitución se interrumpe cuando una persona es declarada no procesable, aun cuando no se encuentre recibiendo tratamiento en una institución adecuada.
El efecto de esto es que hay pacientes mentales a menudo bajo la custodia del Estado por meses, e incluso años, hasta cuando no hay veredictos en su contra. Los acusados en esta condición están sujetos a la Regla 240 de Procedimiento Criminal, que dispone que sean evaluados periódicamente por un psiquiatra que determinará si pueden o no enfrentar juicio.
Esos procesos suelen durar meses y hasta años. Jonathan, que está preso desde el 2 de diciembre, cumplió el término constitucional de seis meses el 2 de junio, pero su caso no tiene más señalamientos hasta septiembre, a nueve meses de su encarcelamiento. Mientras tanto, el joven está en la población penal regular, sin ningún tratamiento para su condición de salud mental, dijo el licenciado Milán.
Precisamente, el 2 de junio, el Senado aprobó por unanimidad una medida de los senadores María de Lourdes Santiago y Adrián González que prohibiría tener a alguien preso bajo la Regla 240 más allá del término constitucional de seis meses. La Cámara de Representantes no ha atendido el proyecto.
El caso de Jonathan es mucho más dramático que otros porque no ha sido imputado de ningún delito violento, ni se ha detectado que sea usuario de sustancias más allá de la marihuana que usaba para relajarse. Sin embargo, a pesar de su diagnóstico, ha estado preso en cuatro ocasiones, incluyendo una de dos años de la que salió encamado a causa de una grave enfermedad que, al parecer, no le fue tratada a tiempo en prisión.
Por años, la madre ha estado tratando, sin éxito, de procurarle el tratamiento residencial a largo plazo que la grave condición mental de Jonathan requiere. Entre 2016 y 2022, Jonathan recibió servicios de salud mental en 12 ocasiones. Lo más que logró, en algunos de los casos, fueron reclusiones de días o semanas.
Tenía medicamentos recetados, pero, a consecuencia de su condición, rehusaba tomárselos. Un medicamento inyectable, que sustituiría las pastillas que Jonathan rechaza tomarse, no fue aprobado por su aseguradora del Plan Vital.
En su caso, se ven, con una claridad que lastima, los problemas más profundos del tratamiento a pacientes mentales en Puerto Rico. Todo el mundo sabe que los actos de Jonathan son consecuencia de su enfermedad mental, pero el Estado carece de mecanismos para manejar estas situaciones fuera del ámbito penal, lo cual a menudo tiene graves consecuencias para los pacientes, como las tuvo ya en Jonathan, quien casi muere en prisión.
Así, pues, cuando Jonathan empujó al tío, la única alternativa disponible era llamar a la Policía. “Yo no quería radicarle cargos, pero los policías dijeron que ellos tenían que radicar los cargos. Yo les decía ‘es que él está enfermo, búsquenle ayuda’, pero ellos decían que no”, recuerda Johanna, quien dice que tras salir de la cárcel esa primera vez, su hijo “no era el mismo”.
Un “shock” absoluto
En junio de 2022, todo se agravó de maneras insospechadas.
Durante una crisis, Jonathan rompió a pedradas varias ventanas de cristal de la casa de una vecina. “Todos los vecinos estaban mirando, y nadie se atrevía a aguantarlo. Yo pedí ayuda para que me ayudaran a aguantarlo, y nadie pudo”, cuenta Johanna, sobre el tenso momento.
Los daños fueron estimados en $4,000. Fue acusado de daños agravados y portación de arma blanca, por las piedras que usó como proyectiles. El mismo día del incidente, fue encarcelado al no poder pagar la fianza de $20,000. Entre evaluaciones de Regla 240 y vistas y retrasos, estuvo preso hasta abril de 2024. Salió porque sus abogados de la SAL, para acelerar el proceso y lograr que fuera liberado lo antes posible de prisión, le recomendaron declararse culpable, a lo cual accedió.
Entró atormentado por su condición mental, pero físicamente sano. Salió encamado y sin colon, pues le había sido extirpado. Entró pesando 150 libras y salió con menos de 100. Tenía 23 años cuando salió, pero parecía un hombre mucho, mucho mayor.
Johanna, quien estuvo meses sin poder verlo porque no lograba que le informaran en qué prisión estaba, no supo que se había enfermado hasta que alguien la llamó de la cárcel para indicarle que había que hacerle una transfusión de sangre a Jonathan y que este se negaba.
Para ella, el “shock” fue absoluto. “Yo pregunté: ¿transfusión para qué? Entonces, me dijeron que él estaba teniendo unos sangrados rectales y que había que transfundirlo porque había perdido mucha sangre”, cuenta Johanna.
En prisión, Jonathan fue diagnosticado con colitis ulcerosa, una condición que afecta el colon y el recto, no del todo inusual en personas de su edad. Cuando le fue descubierta, el colon estaba tan dañado que el único tratamiento posible era extirparlo. “A mí, me dijeron que tenía el colon como el de un hombre de 80 años”, recuerda Johanna.
Johanna no olvida la primera vez que lo vio, en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA), en Bayamón, en noviembre del 2023. “Yo entro y lo que veo son los pies, blancos, blancos, blancos, y bien hinchados. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Él se había arropado completo hasta la cabeza y estaba delirando”, recuerda Johanna, ahogada en llanto. Le dijeron que Jonathan, a causa de los sangrados, tenía la hemoglobina en 4, lo cual demuestra un cuadro clínico sumamente crítico.
“La enfermera me dijo que no se explicaba cómo estaba vivo con la hemoglobina tan baja”, dice Johanna.
Antes de prisión, Johanna tenía algunas sospechas de que Jonathan podría estar padeciendo de algún problema intestinal. Pero, en vista de que él se negaba a ver médicos, no había podido atenderlo. La colitis ulcerosa, detectada a tiempo, es tratable. A Johanna, le dijeron que cuando le fue descubierta la condición, Jonathan tenía tantos pólipos que era imposible extirpárselos uno a uno.
Actualmente, Jonathan defeca a través de una bolsa que tiene permanentemente adherida al costado. Estando en el hospital, sufrió una caída intentando llegar al baño que lo dejó incapacitado durante un tiempo para caminar.
Volvió a casa encamado el 23 de abril del año pasado, liberado por razones humanitarias un mes antes de concluir su sentencia. Unos días después, aparecieron por su casa dos funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR); venían a ponerle un grillete como consecuencia de la secuela del caso de Hermes Ávila, un feminicida convicto que logró ser liberado por razones humanitarias fingiendo estar paralizado, para poco después asesinar a otra mujer. Jonathan estaba tan delgado que el grillete se le salía.
Durante el tiempo en que estuvo encamado, también desarrolló úlceras en los talones y en el coxis. “La persona que salió de la cárcel no fue la persona que entró”, se lamenta Johanna.
Ante la “justicia”, otra vez
De vuelta en casa, Jonathan comenzó a recuperarse. Y, en la medida en que se recuperaba, regresaban los problemas. Se le perdía a la madre y entraba en confrontaciones con los vecinos y con la propia familia. Entre su salida de prisión en abril y su regreso en diciembre, tras otro problema con los vecinos, estuvo dos veces recluido en instituciones mentales en virtud de la Ley 408.
El 2 de diciembre del año pasado, Jonathan se acercó a la casa de uno de sus vecinos, al cual hacía acusaciones absurdas producto de sus alucinaciones y delirios. Volvió a tirar piedras y romper cristales. Pero, esta vez, fue un poco más lejos: se masturbó frente a la casa, dentro de la cual había, según la denuncia, una menor de 16 años. Fue acusado de un cargo de daño y dos de exposiciones deshonestas, incluyendo uno agravado por haber sido visto por una menor.
El mismo día, fue apresado otra vez. Más de seis meses después, sigue confinado. La salida no está cerca. El licenciado Milán dijo que, tras una evaluación preliminar en mayo, que es la única que se le ha hecho desde diciembre, el psicólogo del Estado determinó que no es procesable. Pero tienen que hacerse varias evaluaciones más, incluyendo con un nivel de especialización mayor, para determinar que no es procesable permanente, a pesar de que ya tiene un diagnóstico vigente de esquizofrenia paranoide.
La próxima vista es en septiembre. La ley dispone que, si no es procesable permanente, se le archivan los cargos y se refiere a tratamiento en el ámbito civil, pero ese trámite puede durar años. “El gobierno no tiene los suficientes recursos para hacer las pruebas más rápido”, dijo Milán, quien cree que, en el mundo ideal, una determinación de procesabilidad no debe tardar más de dos o tres semanas.
Una persona en la situación de Jonathan debía estar en el Hospital de Siquiatría Forense, que es la institución preparada para atender a pacientes mentales acusados de delitos. Pero Siquiatría Forense solo tiene 162 camas y la lista de espera, por lo regular, supera el centenar, debido a las decenas de enfermos mentales presos en cárceles regulares que esperan por servicios.PUBLICIDAD
Johanna no pide para Jonathan nada que ninguna madre no pida para su hijo: atención para su situación de salud y comprensión acerca de los innumerables y enormes desafíos que entraña el manejo de personas con condiciones mentales tan severas como la esquizofrenia.
“Jonathan ha sufrido mucho. Toda la vida ha estado sufriendo. Yo quisiera que tuviera un sitio donde lo atiendan, le den sus servicios, sus medicamentos, que esté bien, tenga un patio, algo que lo ayude…”, dice, suspirando.
En el Puerto Rico del 2025, esa simple y justa aspiración es casi imposible de conseguir.
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