La ofensiva del Gobierno y los medios para desarmar la enorme marcha a Comodoro Py

El Ejecutivo busca impedir que lleguen a medios internacionales imágenes de la expresidenta rodeada por cientos de miles de personas. La presión al Poder Judicial, en público y en privado. 

Por Raúl Kollmann  y Irina Hauser

De forma pública y en diálogos reservados, la Casa Rosada trata de desmontar lo que se prevé como una de las más gigantescas movilizaciones de los últimos años, esta vez acompañando a Cristina Kirchner a Comodoro Py. Para el gobierno libertario la imagen de la multitud en los diarios, los noticieros y los medios del mundo entero será un durísimo impacto. La sola idea de que se concrete ya es una pesadilla. Les resultará muy difícil explicar cómo es que esa multitud descree del Poder Judicial y respalda a una expresidenta condenada. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue explícito: “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por zoom”. Pero, además, la versión es que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, estaría negociando con los jueces del Tribunal Oral número 2 (TOF 2) para que le otorguen la prisión domiciliaria a CFK en el transcurso del martes y, de esa manera, suponen, se desarmará la marcha del miércoles.

Cerca de Amerio desmienten el rumor y aseguran que si la movilización se concreta “no pasa nada”. Al menos por ahora, los magistrados afirman que no tomarán una decisión sobre la modalidad para el cumplimiento de la pena hasta que los fiscales se pronuncien, algo que debería ocurrir en las próximas horas. Además, sostienen que sostienen el criterio ya planteado cuando se estableció el plazo de cinco días hábiles, que es que Cristina vaya a Comodoro Py a entregarse. Lo concreto es que la marcha está reafirmada: la marea humana parte a las 10 del domicilio de CFK e irá hasta el edificio de Retiro. En el sistema penitenciario argentino no se registra ninguna mujer mayor de 70 años detenida en cárcel común: sólo había una, pero porque no tenía domicilio. A las demás se les concedió la prisión domiciliaria.

Durante todo el lunes se cruzaron versiones y operaciones para debilitar la convocatoria a acompañar a la expresidenta hacia Comodoro Py. Con las horas, la inquietud de la Casa Rosada fue creciendo y se agudizaron los movimientos para desalentar la marcha. En los tribunales federales se fue instalando la idea de que los jueces concederían la prisión domiciliaria y harían el trámite de notificación por zoom para evitar ver centenares de miles de personas frente a sus oficinas. Desde los despachos judiciales dejan trascender que los magistrados tomarían la decisión porque “impera la razonabilidad” y no por un pedido del Gobierno.

Hasta última hora, voceros cercanos al TOF 2 sostenían que, al menos por ahora, no hay cambios en lo previsto: CFK deberá presentarse y la previsión es que lo haga cerca del mediodía del miércoles. Eso explica por qué la marcha sale a las 10 desde la calle San José. El Tribunal mandó oficios para que se garantice la seguridad en toda el área cercana a Comodoro Py y dentro del edificio: uno, al gobierno porteño, otro al Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, y otro a la Cámara Federal de Casación Penal. Dicen que es «ante el vencimiento próximo del plazo establecido (…) para que las personas condenadas en autos se constituyan en detención». Las realización de las detenciones en sí, a medida que los condenados en «Vialidad» se presenten ante el tribunal, fueron encomendadas a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer paso este martes será la presentación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los mismos que intervinieron en el juicio oral y que querían que CFK fuera condenada a 12 años en lugar de seis. De acuerdo a la línea dura que vienen sosteniendo (pidieron dos veces, por ejemplo, la detención inmediata, algo que el tribunal rechazó), podrían decir que a Cristina Fernández de Kirchner no le corresponde la prisión domiciliaria y que que ese beneficio no se otorga sólo por edad sino que tiene que haber razones de salud. Es previsible que destinen frondosos párrafos a enumerar la gravedad de los delitos, pese a que ninguno se probó, ni remotamente, durante el juicio.

Como ya señaló este diario, un indicio de la postura de los fiscales es que se opusieron a conceder la prisión domiciliaria con el solo argumento de la edad del extitular de Vialidad, Nelson Periotti, que cumplirá 80 años el 3 de julio. Luciani y Mola sostuvieron que volverán a opinar sobre Periotti cuando vean los informes médicos, algo que se va a demorar porque los forenses tienen turnos recién a fin de mes. O sea, mientras tanto, los fiscales dicen que debe ser alojado en calabozo un hombre de esa edad, a quien ni siquiera se acusó de haberse llevado un peso a la casa con las rutas de Comodoro Py. Su dictamen no es vinculante. Es posible que después que lo presenten, casi de inmediato los jueces den a conocer su decisión. Los criterios a tener en cuenta a veces varían según el tribunal. Según cuentan en el sexto piso del edificio de Retiro, el TOF2 ya está elaborando la resolución, en principio firmada sus tres integrantes, pese a que sólo el presidente, Jorge Gorini, está a cargo de la ejecución de las penas.

El viernes último, informó Página/12, dos miembros de este tribunal (Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu), le dieron la domiciliaria al Héctor Horacio Marc, un exintegrante del Servicio Penitenciario Federal de 74 años, condenado a 25 de prisión, por una combinación de razones de edad, humanitarias e informes de salud.

Desalentar la marcha

El gobierno simula que la condena a Cristina y la marcha le son ajenas, que es una cuestión de la justicia y, tácitamente, del macrismo. Pero desde el fin de semana se van sucediendo las operaciones para presionar a los jueces, en especial, desalentar la marcha, lo que revela el gran dolor de cabeza que les genera. Francos dejó el mensaje bien en claro: “Esta movida ahí en la vivienda de la expresidenta por ahí dura unos días. Irá menguando, como es natural. Respecto del miércoles, creo que los jueces tienen la responsabilidad de tomar las medidas que generen la menor convulsión posible. A mí me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación pueden hacerse sin que la expresidenta concurra a los tribunales. Eso no va a generar nada positivo: habrá momentos de tensión, de cortes, de movilización de fuerzas federales. Intentemos que no haya una tensión social”.

Mientras Francos explicaba el escenario sin rodeos, se multiplicaban versiones acerca de contactos entre el Ministerio de Justicia y los integrantes del TOF 2, sugiriéndoles a los jueces exactamente lo mismo: que evitaran una marcha que, es indudable, sería de enormes proporciones. En la Casa Rosada insisten en que ellos no intervienen, pero está claro que la convocatoria tendrá un fuerte impacto nacional e internacional. Ninguna figura política del mundo reúne una multitud hoy en día y, más aún, en defensa de una expresidenta condenada por la justicia. No hubo movilizaciones ni remotamente similares para defender, por ejemplo, a Lula cuando ingresó de manera injusta a la cárcel en Brasil. Lo de CFK será inédito y de proporciones nunca vistas.

El planteo de Cristina

El pedido de prisión domiciliaria de Cristina está basado en diversos argumentos, entre los cuales la edad (tiene 72 años, es apenas uno). Por empezar, como exmandataria tiene una custodia permanente de la Policía Federal, que el Estado está obligado a proporcionar a quienes ocuparon la presidencia de la Nación. Se considera, entre otras cuestiones, que han manejado decisiones sensibles, de seguridad e incluso de soberanía, y que guardan secretos de Estado. Su abogado, Alberto Beraldi, recordó además que sufrió un intento de magnicidio durante la recta final del juicio «Vialidad». «Lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal, y mucho menos en el caso de nuestra defendida, quien fue víctima de un intento de magnicidio cuyos autores intelectuales hasta podrían tener algún tipo de relación con las máximas autoridades políticas a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación», señaló en el escrito. Quien fue mano derecha de la ministra, el diputado Gerardo Milman, está imputado por la presunta autoría intelectual del hecho.

El punto CFK no puede prescindir de la custodia y dado que requiere seguridad, suponiendo que estuviera en un penal, debería estar en una situación de aislamiento, que es considerada por el derecho internacional con rango constitucional, cruel, inhumano y degradante. Es muy difícil argumentar una negativa a la domiciliaria. Llegado el caso también es previsible que la fiscalía plantee restricciones de visitas y lo que parece quitarle el sueño a muchos es que Cristina salga al balcón.

No está claro aún qué hará el tribunal. Los jueces tomaron algunas decisiones estos días, como pedir que el Cuerpo de Peritos tasadores actualice el monto del decomiso, que habían fijado en 86.000 millones de pesos en 2022. También pidieron un estudio socioambiental ampliado, y el domicilio ofrecido por la expresidenta en la calle San José 1111, donde se encuentra por estas horas, fue aprobado como apto para el cumplimiento de la detención. La Corte Suprema con la sentencia que confirmó la condena en esta causa plagada de irregularidades, ya demostró que cualquier cosa es posible. La expectativa es que en esta ocasión cuanto menos se respeten los derechos.