Dos sentencias ordenan poner en libertad a Abrego Garcia y lo protegen de una deportación precipitada
Kilmar Abrego Garcia podría volver pronto como hombre libre a Maryland, donde vivía con su familia antes de su calvario de meses de detención, deportación y encarcelamiento en El Salvador.
Por Alan Feuer
24 de julio de 2025 a las 00:02 ET
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Un juez federal de Tennessee dijo el miércoles que Kilmar Armando Abrego Garcia, el migrante deportado por error a El Salvador, debía ser puesto en libertad en su causa penal, al mismo tiempo que un juez de Maryland emitía otra orden para protegerlo de una nueva expulsión precipitada del país.
La convergencia de las dos resoluciones judiciales, que se produjeron con pocos minutos de diferencia, significó que Abrego Garcia podría regresar pronto como hombre libre a Maryland, donde vivía con su familia antes de que comenzara en marzo su calvario de meses de detención, deportación y encarcelamiento en El Salvador.
Durante las últimas semanas, se ha proyectado una profunda incertidumbre sobre el futuro de Abrego Garcia, ya que el Departamento de Justicia había señalado que tenía la intención de iniciar de inmediato gestiones para volver a deportarlo si quedaba en libertad en su causa penal, que se utilizó a principios de junio para traerlo de vuelta de su expulsión errónea a El Salvador.
Los fiscales lo acusaron ante el Tribunal Federal de Distrito de Nashville de participar en una conspiración de un año de duración para introducir clandestinamente migrantes ilegales en Estados Unidos como miembro de la violenta pandilla callejera transnacional MS-13.
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Pero en la orden que exigía la liberación de Abrego Garcia, el juez Waverly D. Crenshaw Jr., que supervisa la causa penal, arrojó serias dudas sobre lo que describió como “pobres intentos del gobierno de vincular a Abrego con la MS-13”.
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Crenshaw señaló en particular que no había pruebas de que Abrego Garcia tuviera “marcas o tatuajes que mostraran su afiliación a una pandilla”, una afirmación que socavaba directamente las acusaciones que han hecho funcionarios, incluido el presidente Donald Trump.
El juez también señaló que los fiscales no habían ofrecido ninguna prueba que respaldara las afirmaciones de que Abrego Garcia “tiene relaciones laborales con conocidos miembros de la MS-13; le haya dicho alguna vez a alguno de los testigos que es miembro de la MS-13; o haya estado afiliado alguna vez a algún tipo de actividad de pandillas”.
Además, Crenshaw planteó dudas sobre la veracidad del testigo estrella del gobierno en el caso, Jose Ramon Hernandez Reyes, un hombre de Texas que dirigía la operación de contrabando que supuestamente empleaba a Abrego Garcia.
La orden de Crenshaw marcó la segunda vez que un juez federal consideraba que faltaban pruebas del gobierno sobre los vínculos de Abrego Garcia con una pandilla. El mes pasado, una magistrada de Nashville, Barbara D. Holmes, hizo esa determinación en su propia orden, afirmando que Abrego Garcia debía ser puesto en libertad.
Después de que la decisión de Holmes planteara la posibilidad de que Abrego Garcia saliera en libertad, el Departamento de Justicia hizo una notable admisión. Los abogados del departamento dijeron que el gobierno de Trump seguiría adelante con la causa penal solo si Abrego Garcia permanecía tras las rejas a la espera de juicio. Si quedaba en libertad, dijeron, lo más probable era que el gobierno retirara los cargos, lo pusiera inmediatamente bajo custodia de migración e iniciara el proceso para expulsarlo del país por segunda vez.
Sin embargo, esa posibilidad quedó bloqueada —al menos de momento— por la orden dictada en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland por la jueza Paula Xinis, quien se ha ocupado del caso original de deportación errónea de Abrego Garcia.
En su orden, Xinis prohibió a los funcionarios federales de migración que detuvieran inmediatamente a Abrego Garcia cuando fuera puesto en libertad en Tennessee. La orden también lo restituye a la situación legal en la que se encontraba antes de ser detenido en Maryland el 12 de marzo y enviado a El Salvador tres días después.
En ese momento, Abrego Garcia vivía libremente con su esposa y sus hijos, y estaba como aprendiz de trabajador de metal al amparo de una orden judicial previa que le prohibía expresamente ser devuelto a su patria porque tenía motivos para creer que allí sería perseguido.
Como medida final, la orden de Xinis exigía al gobierno que iniciara cualquier nuevo procedimiento de expulsión contra Abrego Garcia en Maryland. Además, le ordenó al gobierno que avisara a Abrego Garcia y a sus abogados con al menos tres días hábiles de antelación si pretendían iniciar el proceso para solicitar su expulsión a un país distinto de El Salvador.
Del mismo modo que el juez Crenshaw reprendió al Departamento de Justicia en el caso penal de Abrego Garcia, Xinis criticó al departamento por su gestión del caso de deportación civil. De hecho, su orden se emitió unas dos semanas después de que, en una audiencia celebrada en Maryland, fustigara al Departamento por haber “destruido” los tradicionales lazos de confianza que los tribunales suelen otorgar a los abogados del gobierno.
En su orden, Xinis acusó al Departamento de Justicia de “desobediencia y dilación” en el cumplimiento de su decisión inicial, dictada en abril, de que debían “facilitar” la puesta en libertad del acusado bajo custodia salvadoreña. Esa contumacia, señaló, está en el centro de la petición de los abogados de Abrego Garcia de que se impongan sanciones a los funcionarios de Trump.
Xinis también reprendió al gobierno por el modo en que devolvió a Abrego Garcia a Estados Unidos tras acusarlo en Nashville.
“Los demandados devolvieron a Abrego Garcia prácticamente de la misma forma en que lo habían expulsado”, escribió, “en secreto y sin previo aviso”.
Xinis expresó además su frustración por el modo en que los abogados del Departamento de Justicia se habían negado en tres audiencias distintas celebradas este mes a darle una idea clara de lo que planeaban hacer con Abrego Garcia. Incluso un testigo que fue llamado a una de las audiencias para que le diera información específica sobre el plan del gobierno, escribió Xinis, “no sabía prácticamente nada sobre Abrego Garcia más allá de lo que había visto en la prensa”.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
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