Asoma riesgo de una “espiral de la muerte” para el sistema eléctrico con los dramáticos aumentos propuestos a la tarifa
Un informe del economista Ramón Cao alertó que los consumidores no podrán sostener el ajuste solicitado, provocando mayor migración a sistemas solares propios
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com
Al decidir sobre la petición para revisar la tarifa base, el Negociado de Energía (NEPR) tendrá en sus manos la posibilidad de evitar el fenómeno de la “espiral de la muerte” que se produciría en el sistema eléctrico si se acogen los aumentos que proponen LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), advirtió el economista Ramón Cao García en un análisis comisionado por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE).
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En lo que representa el primer informe conocido sobre el impacto económico de la revisión tarifaria en curso, Cao García alertó que dar paso a costos cercanos a los 40 centavos por kilovatio hora (kWh) –como se plantea ante el NEPR– desencadenaría una reducción dramática en el consumo eléctrico, acelerando la migración a sistemas solares en techos y, como consecuencia, redundando en precios aún más altos para los clientes que no tengan la posibilidad de instalar sus propios equipos de generación.
“La propuesta tiene un efecto negativo significativo sobre la equidad, haciendo a los pobres más pobres. Más aún, también fortalece el incentivo para que clientes residenciales que puedan costear generación fotovoltaica sustituyan la energía de la AEE al generar su propia electricidad en el hogar. Esto tiene las consecuencias relevantes esperadas a largo plazo sobre las finanzas de la AEE, toda vez que puede acelerar la espiral de la muerte para la empresa eléctrica”, señaló Cao García, en un informe de 33 páginas preparado a nombre del ICSE, una de las entidades interventoras en el procedimiento tarifario.
El economista reconoció en el reporte que, por limitaciones de tiempo, en la información pública disponible y la documentación provista por LUMA, no fue posible estimar cuál sería el efecto de las tarifas propuestas sobre las tasas de empleo o sobre el crecimiento económico medido por el producto interno bruto.
No obstante, Cao García –quien previamente ha estudiado las repercusiones económicas del proceso de reestructuración de deuda de la AEE– señaló que, con las tarifas vigentes hasta el pasado año fiscal, los hogares ya estaban destinando un 6.3% de ingreso disponible al pago de la factura de luz, superando el umbral de 6% que la Junta de Supervisión Fiscal ha estimado como el “máximo razonable”.
“Cuando el aumento propuesto a los cargos de la tarifa de electricidad se toma en cuenta, encontramos que, bajo la solicitud ‘óptima’, la factura incrementará al 10.1% del ingreso de la mediana de los hogares, mientras que, bajo la solicitud ‘restringida’, la factura aumentará a un 8.7%”, sostuvo Cao García.
Para iniciar el proceso de revisión tarifaria, el NEPR pidió a LUMA, Genera y la AEE que presentaran una propuesta “óptima”, que permitiera cubrir todos los gastos que, a juicio de cada empresa, se requieren para llevar el sistema eléctrico a un escenario ideal, así como una alternativa “restringida”, que limitara el impacto sobre los consumidores y se enfocara en inversiones esenciales para la operación de la red.
A base de la documentación provista por LUMA al NEPR, Cao García calculó que los clientes residenciales enfrentarían una factura de 37.1 centavos por kWh en el escenario “óptimo” y de 32.1 centavos bajo el cuadro “restringido”. Para los clientes comerciales, los costos estarían entre 40.7 y 35.1 centavos por kWh, mientras que, a los industriales, les aplicarían tarifas entre 40.2 y 34.7 centavos por kWh.
Bajo la tarifa base que estuvo en vigor desde 2017, los clientes en las tres clases principales pagaron, de ordinario, entre 20 y 25 centavos por kWh. Desde el 1 de septiembre, los abonados están sujetos a una tarifa provisional que impuso un aumento de 3.4 centavos el kWh al cargo base, que estará vigente hasta que el NEPR defina, entre febrero y abril de 2026, la tarifa permanente aplicable hasta 2028.
A base del análisis de Cao García, la implantación de la tarifa “óptima” tendría el efecto de “triplicar” la tasa de inflación en Puerto Rico, que desde 2016 ha crecido a ritmo de 1.5% anual.
Metodología en tela de juicio
El economista, no obstante, cuestionó las metodologías utilizadas por LUMA para proyectar el consumo energético, señalando que, incluso en pasados años, los estimados se han distanciado hasta en un 20% de la demanda real.
“Si los pronósticos de demanda son tan deficientes, también lo son los ingresos y la mayoría de los gastos presentados en la solicitud. Considero que eso invalida la solicitud (tarifaria) presentada”, señaló Cao García.
En declaraciones escritas enviadas a este diario en pasados días, el principal oficial regulatorio de LUMA, Alejandro Figueroa Ramírez, afirmó que “la tarifa propuesta está basada en las necesidades del sistema, no en un análisis de impacto económico”. “Sin embargo, sí se toma en consideración el costo estimado de no atender la degradación del sistema y, por ende, no prevenir o reducir la frecuencia y duración de interrupciones de servicio”, advirtió el ejecutivo.
El ICSE, como parte de la moción que acompañó el informe de Cao García, subrayó la “ausencia absoluta” de un análisis de elasticidad de la demanda energética, es decir, el efecto que los aumentos en el costo del kWh tendrían sobre los niveles de consumo.
“Esto hará imposible establecer una tarifa que produzca suficientes ingresos con riesgos cada vez más grandes de evitar (el consumo de la) red y una reducción en demanda”, alertó la organización, por medio de los abogados Fernando Agrait y José Pou Román.
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Manuel Guillama Capellamanuel.guillama@gfrmedia.com
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